Abraham Ramírez Posadas
Expediente 1241/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1241/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Abraham Ramírez Posadas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase por alto que no se haya realizado el cómputo a la autoridad responsable para recurrir la resolución de mérito, pues en términos del segundo párrafo del artículo 87 de la Ley de Amparo, ésta carece de legitimación para impugnar la sentencia constitucional. 1.1. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Zamora, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la sentencia de amparo, cuyos efectos se constriñen a lo siguiente: Dictar la resolución interlocutoria dentro del incidente de previo y especial pronunciamiento de acumulación del expediente ordinario ********************, y proceda notificarlo a las partes. 1.2. Apercibimiento. Apercibida que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización equivalente a $********************, en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1241/2023, promovido por ********************, a través de su apoderado legal, por alegada violación de los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 103 y 107, de la Constitución Federal, atribuidas a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Zamora, al respecto, este órgano jurisdiccional ha decidido: CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN********************DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama: La omisión de dictar resolución interlocutoria en el incidente de previo y especial pronunciamiento de acumulación dentro del juicio laboral ********************.******************** SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclama un acto omisivo cuya demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, en donde este órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó demostrada. La Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Zamora, al rendir el informe con justificación, reconoció la existencia del acto que se le atribuye.********************Lo que se corrobora con la constancia que al efecto exhibió, a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. CUARTO. Causales de improcedencia. En el presente no se advierte causal de improcedencia, y las partes fueron omisas en invocar la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de fondo. Es fundado y suficiente para otorgar el amparo que solicita el quejoso, lo que aduce respecto a que la Junta responsable transgrede en su perjuicio el artículo 17 constitucional, al no haber dictado resolución interlocutoria en el incidente de previo y especial pronunciamiento de acumulación dentro del juicio laboral ********************. En el caso concreto, tenemos que la parte quejosa esencialmente aduce que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en el dispositivo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no ajusta su actuación a los plazos y términos que fija Ley Federal del Trabajo, omitiendo impartir justicia de manera expedita, en razón a que ha sido omisa en dictar el laudo. Es fundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, en virtud de que el artículo 17 constitucional establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa y expedita. En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo su resolución de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." En ese sentido, se considera fundado lo alegado por la parte quejosa, ya que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 763 dispone que se señalará hora para la celebración de la audiencia incidental, la que tendrá verificativo dentro de las veinticuatro horas siguientes, en dicha audiencia las partes podrán ofertar y desahogar pruebas de carácter documental e instrumental y hecho lo anterior de inmediato se resolverá la incidencia planteada. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al aceptar la existencia del acto que se le reclama, manifiesta que con data seis de octubre de dos mil veintiuno, fue celebrada la audiencia incidental, sin que a la fecha, haya emitido la resolución interlocutoria dentro del incidente de previo y especial pronunciamiento de acumulación; por lo que es evidente que existe una abierta dilación, ya que la última actuación procesal data del seis de octubre en cita, como se desprende de las constancias que acompañaron al escrito de demanda presentada por la parte quejosa y por la autoridad responsable, por lo que han transcurrido más de dos años, sin que se haya dado continuidad al proceso laboral. Lo que hace evidente que se ha excedido en los términos legales y no ha dictado la resolución correspondiente, lo que trajo como consecuencia la inobservancia del numeral 17 constitucional que establece que la impartición de justicia debe ser gratuita, pronta y expedita, violación directa que es considerada de ejecución irreparable y trasciende a los derechos de la parte quejosa. En las apuntadas condiciones, es incontrovertible la omisión de la Junta responsable para substanciar el procedimiento dentro de los plazos de ley, para decidir la incidencia sometida a su potestad; por ende, resulta violatoria del derecho fundamental de la parte quejosa a que se le administre justicia pronta y expedita contemplado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. Una vez relacionado lo anterior, se concluye que la omisión de la responsable en cumplir con los plazos legales para resolver el incidente planteado, ha ocasionado que a la fecha se paralice el procedimiento, con lo cual se priva a la parte quejosa del derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijan las leyes, los cuales, se reitera, han transcurrido con exceso en el presente asunto. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." Robustece lo anterior, la jurisprudencia IV.3o.T.J/575 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, que dispone: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 Constitucional". Así las cosas, la abstención que se reclama en esta vía constitucional resulta violatoria de la garantía que pregona el artículo 17 Constitucional relativa a la impartición de justicia pronta y expedita. Sin que pase inadvertido que no ha transcurrido el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, al recepcionarse en esta fecha, el informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues en el caso, no existe un fin práctico que pudiera favorecer a la quejosa, ya que no se advierte que una vez transcurrido el mismo, le genere beneficio, pues en esta fecha o en aquélla, el contenido del informe justificado, de existencia del acto reclamado, permite establecer que el sentido de la determinación sería el mismo, en tanto no ocurre supuesto de probar en contra de la "justificación" del mismo. Respecto al alegato formulado por la fiscal de la adscripción; este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, el informe y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen; por lo que legalmente no se está obligado a atender dichas manifestaciones. Consecuentemente, con fundamento en el precepto 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a la accionante de esta instancia constitucional. SEXTO. Efectos de la concesión. La Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Zamora, deberá realizar lo siguiente:******************** Dictar la resolución interlocutoria dentro del incidente de previo y especial pronunciamiento de acumulación dentro del expediente ordinario ********************, y proceda notificarlo a las partes. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra la omisión reclamada a la responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos precisados en el diverso sexto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.********************Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. 1. Responsable informa. Agréguense a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán; mediante el cual informa se encuentra imposibilitado de recabar las firmas de los representantes en el acuerdo de veintinueve de junio del año en curso, todas vez que dichos representantes se encuentran fuera de su alcance, sin embargo hará lo posible para realizar lo conducente a la brevedad. 2. Requerimiento. Por lo anterior, se requiere nuevamente a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días legalmente computado, realice lo siguiente: -Remita el acuerdo de veintinueve de junio del año en curso de manera completa, esto es, con cada una de las firmas de las que carece, el cual fue emitido dentro del juicio laboral de origen J-VI-240/2020. Esta precisión se realiza con el propósito de delimitar los alcances del fallo protector y facilitar su cumplimento lo que debe ser tomado en consideración por las autoridades obligadas de manera puntual. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a. XCIV/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." 2.1. Apercibimiento. En el entendido que, de no cumplir, le será impuesta multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. 1. Se reciben alegatos. Incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado; en atención a su contenido, formula alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 1.1. Solicita copias. Asimismo, solicita se le expidan copias certificadas de la sentencia que se emita en este expediente; al respecto, dígasele que una vez que ello acontezca, se le hará la entrega de las copias solicitadas. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
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