Abel Almanza Campos

Expediente 1111/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1111/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
12/07/2022

Partes del expediente

  • Abel Almanza Campos
  • Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano del Michoacán de Ocampo
  • Abel Almanza Campos y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil veintidós. Manifestaciones de la parte quejosa. Agréguese a los autos el escrito signado por el asesor jurídico federal, autorizado del quejoso, mediante el cual, realiza diversas manifestaciones relativas al cumplimiento de ejecutoria por parte de la autoridad responsable; las que se ordenan agregar a los presentes autos y tomar en consideración en el momento procesal oportuno. Estado procesal. Ahora bien, vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días, concedido a la parte quejosa, para desahogar la vista otorgada en auto de treinta de junio de dos mil veintidós, respecto de las actuaciones de la autoridad responsable en cumplimiento de la ejecutoria, haciendo lo propio únicamente la parte quejosa a través del escrito de cuenta; en consecuencia, de conformidad con los artículos 192 primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Efectos del fallo protector. Mediante sentencia emitida el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, por una parte, se sobreseyó el juicio, en otra, se negó la protección constitucional y, por último, se concedió el amparo de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para que el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: Dejar insubsistente el oficio CSPEMO/OC/539/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que se ordenó el cambio de adscripción del quejoso como custodio de adolescentes a elemento de custodia penitenciaria en la Dirección de Policía Procesal; así como todos los demás actos de ejecución que hayan derivado del comunicado impugnado. Sin que la concesión de la protección constitucional implicara que, en el futuro, no pudiera ordenarse un diverso cambio de adscripción respecto del quejoso; sino que, de considerarlo pertinente, la autoridad responsable deberá cumplir a cabalidad con los lineamientos que se estipularon en esa sentencia, en cuanto a la motivación que debe regir en el acto de molestia. La sentencia causó ejecutoria el dieciséis de junio de dos mil veintidós; y, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Actos realizados por la autoridad responsable. Mediante oficio CSPEMO/OC/606/2020 de veintisiete de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable, hizo del conocimiento que con data veinticuatro de junio del año en curso, a través del oficio CSPEMO/OC/592/2022, dejó sin efectos el diverso oficio de asignación CSPEMO/OC/539/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en el cual, se informó y notificó al quejoso Abel Almanza Campos, la cancelación y que dejó de surtir efectos el comunicado de que se trata, en el que se ordenó su cambio de adscripción como custodio de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, a elemento de Custodia Penitenciaria en la Dirección de la Policía Procesal; así como todos los demás actos de ejecución que hayan derivado del mismo; en consecuencia, debería presentarse con el Lic. Antonio Miguel Cano, Director de la referida Unidad, quien le instruiría lo conducente. Pronunciamiento. De todo lo anterior, es dable concluir que la sentencia de amparo se encuentra debidamente cumplimentada, ya que se realizaron los actos necesarios por la responsable para lograr su cabal cumplimiento. Es así, porque a través del oficio CSPEMO/OC/592/2022, dejó sin efectos el diverso oficio de asignación CSPEMO/OC/539/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en el cual, se hizo del conocimiento al quejoso Abel Almanza Campos, la cancelación y que dejó de surtir efectos el comunicado aludido, en el que se decretó su cambio de adscripción como custodio de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, a elemento de Custodia Penitenciaria en la Dirección de la Policía Procesal, así como los actos de ejecución que hubiesen derivado del mismo. Cuestión respecto de la cual, incluso el autorizado de la parte quejosa, al desahogar la vista otorgada con las actuaciones vertidas por la autoridad responsable, manifestó que se colmaron las obligaciones básicas impuestas a la autoridad responsable, manifestando su conformidad con el cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, de los efectos de la sentencia de amparo, contrastados con las actuaciones de la autoridad responsable, es válido concluir que la ejecutoria fue acatada en sus términos y por ende, lo procedente es tener por cumplido en su totalidad el fallo protector, sin que exista exceso o defecto. Notifíquese personalmente con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma, la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Autoridad cumple con ejecutoria de amparo. Agréguese a los autos el oficio enviado por la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, hace del conocimiento a este Órgano Jurisdiccional que en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dieciséis de junio del presente año, informa sobre el cumplimiento que da a la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio de amparo, remitiendo las constancias que así lo acreditan. En ese sentido, la autoridad responsable con data veinticuatro de junio del año en curso, a través del oficio CSPEMO/OC/592/2022, dejó sin efectos el diverso oficio de asignación CSPEMO/OC/539/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en el cual, se informó y notificó al quejoso ********************, la cancelación y que dejó de surtir efectos el comunicado de que se trata, en el que se ordenó su cambio de adscripción como custodio de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, a elemento de Custodia Penitenciaria en la Dirección de la Policía Procesal; así como todos los demás actos de ejecución que hayan derivado del mismo; en consecuencia, deberá presentarse con el Lic. ********************, Director de la referida Unidad, quien le instruirá lo conducente. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento aludido. Con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los documentos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma, la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Causa ejecutoria sentencia. De la certificación secretarial que antecede se advierte que ninguna de las partes impugnaron dentro del plazo legal la sentencia terminada de engrosar el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio, en otra, se negó la protección constitucional y, por último, se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a la parte quejosa; con fundamento en el artículo 77, último párrafo, de la Ley de Amparo, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de la Materia, se declara que ha causado ejecutoria. Se requiere cumplimiento de sentencia de amparo. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la citada Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; para que en el plazo de TRES DÍAS siguientes a la notificación de este acuerdo, informe sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, que se traduce en: Dejar insubsistente el oficio CSPEMO/OC/539/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que se ordenó el cambio de adscripción del quejoso como custodio de adolescentes a elemento de custodia penitenciaria en la Dirección de Policía Procesal; así como todos los demás actos de ejecución que hayan derivado del comunicado impugnado. Sin que la concesión de la protección constitucional implique que, en el futuro, no pueda ordenarse un diverso cambio de adscripción respecto del quejoso; sino que, de considerarlo pertinente, la autoridad responsable deberá cumplir a cabalidad con los lineamientos que se estipulan en esa sentencia, en cuanto a la motivación que debe regir en el acto de molestia. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en los artículos 192 y 193, en relación con el 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese en el Portal en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1111/2021; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, Abel Almanza Campos presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos del Gobernador del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. En la misma, narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 14, 16, 17, 116, fracción Vi y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito, al que por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, la admitió a trámite y registró con el número de juicio de amparo 1111/2021. Previos los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional el quince de marzo de dos mil veintidós, por lo que el juicio quedó en estado de resolución; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Así, reclama del Gobernador del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el proceso de creación normativa que culminó con la emisión de la siguiente porción normativa: El artículo 13, fracción XXIII, del Decreto de Creación de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, publicado el catorce de octubre de dos mil dieciséis; y, En tanto que, al Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, le atribuye la creación de la siguiente porción normativa: El numeral 8, fracción XXVII, del Reglamento Interior de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, publicado el uno de agosto de dos mil diecinueve Por otra parte, al Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, le reclama lo siguiente: El oficio CSPEMO/OC/539/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que se ordenó el cambio de adscripción del quejoso como custodio de adolescentes a elemento de custodia penitenciaria en la Dirección de Policía Procesal. Finalmente, al titular de la Dirección de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, con residencia en esta ciudad, le reclama lo siguiente: El tolerar el acto reclamado consistente en el cambio de adscripción TERCERO. Inexistencia del acto atribuido a la dirección especializada. Al momento de rendir informe justificado, el Director de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, con residencia en esta ciudad, negó el acto que se le atribuyó; además, el quejoso no aportó prueba alguna para desvirtuar la negativa, siendo que a él corresponde probar lo contrario, sin que ello aconteciera, por lo que no queda sino acoger esta última. Por tanto, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que hace al acto atribuido a dicha autoridad. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ya que al rendir informe justificado así lo manifestaron. Además, la certeza del acto combatido se corrobora con las copias certificadas del oficio CSPEMO/OC/539/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, que remitió el Coordinador responsable en apoyo al informe con justificación. Documental a la que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. En otro aspecto, el Gobernador y Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Michoacán, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen; sin embargo, debe indicarse que dichas negativas se desvirtúan, ya que no se les atribuye la aplicación y ejecución de las porciones normativas, sino lo que se les reclama es su participación en el proceso de creación normativa de los artículos impugnados. Por tanto, dichas negativas se desvirtúan y se tienen por ciertos los actos que les reclaman. Además, al tratarse de normas generales publicadas en un medio oficial de difusión, ésta no está sujeta a prueba. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador incluso de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Falta de expresión de conceptos de violación o agravios El Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad estima que el presente juicio de amparo es improcedente porque -en su opinión- la parte quejosa no expresó conceptos de violación en contra de las normas generales impugnadas Lo anterior es ineficaz, porque la improcedencia la hace descansar en una hipótesis incorrecta, consistente en que la parte quejosa no expresó conceptos de violación tendentes a impugnar la inconstitucionalidad de los preceptos legales combatidos; lo que resulta incorrecto. Contrariamente a lo sostenido por la responsable, de la simple lectura a la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló con precisión por qué las normas generales son ilegales, aduciendo las razones por las cuales presentan un vicio de origen; además, indicó los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se contraponen los numerales que impugna, así como los motivos por los cuales considera le agravian los actos reclamados. Por lo que los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa cumplen con los requisitos que para considerarlos de esa manera exigen las fracciones IV y V del numeral 108 de la ley en la materia; esto es, en ellos se expresa por qué se violan los preceptos constitucionales que se señalan como transgredidos, los cuales se relacionan con las tesis de jurisprudencia que estima aplicables al caso, mediante hechos, argumentos y razonamientos donde se hacen resaltar las violaciones a los derechos humanos que en su favor reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; razones por las que las tesis que la referida autoridad responsable invoca, no resulta aplicables en la especie. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia número 2a./J. 63/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el criterio formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la página 116, bajo el número 172, cuyo rubro es 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.', en la que, en lo fundamental, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación radican en que, por una parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no exige, en sus artículos 116 y 166, como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo". Definitividad Seguidamente, el coordinador responsable adujo que el juicio de amparo es improcedente porque, en su opinión, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que considera que en el caso procedía el juicio administrativo, en términos del artículo 154 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. Con base en esto, los argumentos para sustentar la causa de improcedencia alegada resultan infundados porque, para la actualización de dicha causa de improcedencia, es necesario que en contra del acto que se reclama proceda algún juicio, recurso o medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado; sin embargo, esta regla de improcedencia no es aplicable en los siguientes casos: El juicio, recurso o medio de defensa no se encuentra previsto en una ley. Lo anterior porque la porción normativa en consulta expresamente señala que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan. De ahí entonces que este medio de defensa deba estar regulado en una Ley desde el punto de vista formal y material. Si el juicio, recurso o medio de defensa no prevé, conforme a las mismas leyes que se suspendan los efectos de los actos de oficio o mediante la interposición del medio de impugnación, con los mismos alcances que los que prevé Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; y, Cuando se impugne la constitucionalidad de las normas generales que se invocaron como fundamento para la emisión del acto reclamado. En el caso concreto, por lo que hace al juicio contencioso administrativo, se actualizan excepciones previstas en los incisos b) y d), porque, por una parte, se reclama la inconstitucionalidad de normas generales; y, por otra, por la forma en que se encuentra regulado este juicio en el Estado de Michoacán, en el referido código se exigen mayores requisitos para otorgar la suspensión. Por tanto, que no es necesario agotar tal juicio antes de acudir al juicio de amparo y resulta infundada la causa de improcedencia en estudio. Es aplicable la jurisprudencia PC.XI. J/8 A (10a.) del Pleno del Décimo Primer Circuito, que establece: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. EL ARTÍCULO 240 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, AL PREVER MAYORES REQUISITOS PARA SU CONCESIÓN, HACE INNECESARIO AGOTAR EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Del citado precepto, se advierte que no se otorgará la suspensión del acto impugnado en el juicio administrativo, cuando ello pueda causar perjuicio evidente no sólo al interés social y al orden público, sino también a terceros, o bien, cuando con la medida se contravengan normas, sin especificar su naturaleza. En cambio, el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo sólo limita la concesión de la medida cautelar a que pueda causarse perjuicio al interés social o contravenirse disposiciones de orden público; por tanto, el artículo 240 citado exige mayores requisitos para suspender el acto reclamado, pues bastaría sostener que se contraviene una norma, cualquiera que sea su naturaleza, para convertir improcedente la medida. Además, en el juicio de amparo procede conceder la suspensión aun cuando pueda ocasionarse perjuicio a terceros, en cuyo caso, la Ley de Amparo sólo exige otorgar fianza para reparar el daño o indemnizar los perjuicios causados si no se obtiene sentencia favorable; en cambio, conforme al artículo 240 referido no se concederá la suspensión si con ello se causa perjuicio a terceros. De ahí que, conforme a la interpretación del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio constitucional contra actos administrativos que deban ser revisados de oficio o por virtud de algún recurso, juicio o medio de defensa que proceda contra ellos siempre y cuando -conforme a las leyes que regulen tal medio de defensa- se suspendan los efectos de los actos reclamados mediante su interposición por el agraviado, sin exigirse mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de ser suspendido, procede el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones administrativas de las autoridades del Estado de Michoacán, sin necesidad de agotar previamente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa local". Incluso en el supuesto de que efectivamente procediera el juicio contencioso administrativo local en contra del oficio combatido, operaría una excepción al principio de definitividad. Esto, ya que, en el caso concreto, además de combatir un oficio por el cual se ordena el cambio de adscripción, también se impugna la constitucionalidad de normas generales; lo que actualiza un supuesto de excepción y hace procedente el juicio de amparo que nos ocupa. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 1a./J. 35/2000 de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice lo siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA, TIENE COMO PRESUPUESTO QUE SE TRATE DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY. De la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XV y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que dichos preceptos tienen como objetivo primordial determinar la procedencia del amparo indirecto, sólo contra una resolución definitiva, entendiéndose ésta como aquella que sea la última, la que ponga fin al asunto; y que para estar en tales supuestos, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, o bien, todas las etapas procesales, en tratándose de actos emitidos en un procedimiento seguido en forma de juicio. Sin embargo, cuando la resolución dictada dentro del procedimiento, aun sin ser la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del promovente y se reclama también ésta, surge una excepción al principio de definitividad, en virtud de la indivisibilidad que opera en el juicio de garantías, que impide el examen de la ley, desvinculándola del acto de aplicación que actualiza el perjuicio. En este supuesto, el juicio de amparo procede, desde luego, contra ambos actos, siempre y cuando esté demostrada la aplicación de la ley, de manera tal que no basta la afirmación del quejoso en ese sentido para que el juicio resulte procedente contra todos los actos reclamados". Consentimiento tácito para impugnar la inconstitucionalidad de un precepto legal Es oportuno destacar que el quejoso combate por segunda ocasión la emisión del artículo 13, fracción XXIII, del Decreto de Creación de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, publicado el catorce de octubre de dos mil dieciséis; esto, dado que en el juicio de amparo 693/2018, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, se impugnó la inconstitucionalidad de dicha norma general con motivo de su aplicación en la emisión del diverso oficio CSPEM/4200/2018. Por lo que podría afirmarse la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; sin embargo, se estima que no se actualiza la misma, debido a que no existió un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del precepto legal impugnado. En efecto, de la revisión realizada al expediente electrónico del juicio constitucional 693/2018 que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE) -herramienta que permite cumplir con el esquema estricto de distanciamiento social y trabajo distancia como elementos centrales-, y que constituye un hecho notorio para esta juzgadora en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se aprecia que en dicho sumario, en primera instancia, se sobreseyó en torno a la constitucionalidad de dicha norma general. No obstante, en virtud de la inconformidad planteada, al resolverse el amparo en revisión 174/2018, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, levantó dicho sobreseimiento y procedió al análisis de los motivos de disenso respecto a la constitucionalidad planteada; mismos que calificó de inoperantes. Así, debe decirse que la inoperancia de los conceptos de violación implica un impedimento técnico para los juzgadores de analizar el fondo del asunto, ya sea porque no se combaten las consideraciones torales de una resolución, se trata de una mera cita de preceptos vulnerados, o bien, no lo hacen en su totalidad. Esto cobra relevancia, ya que la inoperancia de los agravios implica una imposibilidad jurídica de que impide al tribunal pronunciarse sobre el fondo del asunto. Así, al no existir un pronunciamiento de fondo sobre la aludida constitucionalidad del artículo 13, fracción XXIII, del Decreto de Creación de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, publicado el catorce de octubre de dos mil dieciséis, al existir un impedimento técnico en virtud de la inoperancia, es evidente que es viable su cuestionamiento en esta nueva instancia constitucional. Lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada (VII Región) 7 K (10a.) por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, que dice lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LEYES. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, SE REQUIERE QUE EN ALGUNO DE LOS JUICIOS DE AMPARO ANTERIORES SE HAYA DICTADO UNA SENTENCIA DE FONDO Y ÉSTA SE ENCUENTRE FIRME. La fracción mencionada contiene la regla consistente en que será improcedente el juicio de amparo cuando se reclamen normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y acto reclamado, aunque las violaciones sean diversas; no obstante, existe una condicionante si se trata de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos, ya que esa causal se actualizará cuando en alguno de los juicios se dicte sentencia en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales reclamadas y quede firme dicha resolución, esto es, se requiere que concurran dos requisitos, el primero, que en alguno de los juicios de amparo anteriores se haya dictado una sentencia de fondo, es decir, se haya analizado la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma general reclamada; y el segundo, que esa sentencia de fondo se encuentre firme, contra la cual no proceda algún medio de defensa; el alcance de la condicionante deriva del propio texto de la fracción X, ya que al utilizar los vocablos "...dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales..." implica que el legislador dispuso la necesidad de que se emitiera un fallo de fondo y que fuera inmutable, lo cual cobra sentido si se atiende a la última parte de la fracción citada, al establecer que si se declara la constitucionalidad de la norma general reclamada, la causal de improcedencia no se aplicará al acto de aplicación (que es distinto), si se impugna por vicios propios" Además, en atención a que la situación jurídica que motivó, en un primer momento, la impugnación del aludido precepto legal fue la emisión del oficio CSPEM/4200/2018; aspecto fáctico que es distinto al actual, ya que en este sumario se combate la constitucionalidad de la norma en virtud del diverso comunicado el CSPEMO/OC/539/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno,. Por lo cual, al existir una modificación a la situación jurídica que imperó en un primer momento, robustece la posibilidad de analizar la constitucionalidad de la norma general con motivo de este segundo acto de aplicación. Cobra aplicación la tesis aislada IV.1o.A.7 K del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que dice lo siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. PARA QUE PROCEDA TRATÁNDOSE DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA, SE REQUIERE DE LA MODIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA RESPECTO DEL PRIMERO O LA CREACIÓN DE UNA NUEVA. En términos de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, cuando se pretende impugnar una ley con el carácter de heteroaplicativa, solamente procederá la acción constitucional con motivo de su aplicación, lo que significa que únicamente es factible controvertir la ley cuando ésta se actualice, y no en relación con el segundo o posterior acto de molestia, a menos que los restantes se funden en leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero esto, sólo atañe a dicho acto y no a la ley; en tal virtud, cuando se intenta combatir una norma jurídica a través de la repetición del primer acto de aplicación o de uno relacionado con éste, pero no se modifica o crea una nueva situación jurídica distinta a la generada con el primero, es evidente, que sólo se está en presencia de uno relacionado con éste, lo cual no legitima al quejoso para controvertirlo a través del juicio de garantías". Motivo por el cual, se desestima la posible actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Inactualización de diversos motivos de improcedencia Realizado el estudio de las causas de improcedencia formuladas por las partes, esta juzgadora inadvierte que se actualice alguna diversa que impida el estudio de los conceptos de violación. Por tanto, procede su análisis, sin que para ello resulte indispensable transcribirlos ya que no existe en la Ley de Amparo alguna disposición que imponga tal formalidad. SEXTO. Estudio de fondo. Síntesis de los conceptos de violación. Los argumentos de inconformidad exteriorizados por el quejoso se encuentran dispersos en amplias disertaciones, los cuales pueden sintetizarse en los siguientes puntos: Los artículos referidos violan las garantías de seguridad jurídica, legalidad, motivación, congruencia, exhaustividad y la obligación, de que la legislatura local es la única que puede regular la relación de trabajo del quejoso en su calidad de custodio; por lo que existe una invasión de esfera competencial de las autoridades ejecutivas al ámbito legislativo. El oficio en el que se ordena el cambio de adscripción del puesto de custodio del quejoso es contrario a lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, ya que carece de fundamentación y motivación. Pronunciamiento preliminar Previo a analizar los tópicos anteriormente referidos, es necesario indicar que para dilucidar la problemática relativa a la prioridad del estudio de los conceptos de violación cuando confluyen en una demanda de amparo reclamos de inconstitucionalidad de normas, con diversos de legalidad de actos concretos de aplicación de éstas, es necesario acudir a la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí que, por regla general, la técnica adecuada para estudiar los conceptos de violación consiste en un estudio escalonado; por lo que, en primer orden, deberá efectuarse el estudio de la constitucionalidad de la norma impugnada; y, sólo cuando resulte negar el amparo con relación a la disposición legal de que se trate, proceder al estudio de los vicios de legalidad que se atribuyen al acto de aplicación. Análisis de la constitucionalidad de los artículos impugnados Respecto a este tema, debe decirse que resulta inoperante el concepto de violación sintetizado en el inciso a). En efecto, en la demanda de amparo indirecto refiere el quejoso, que de los artículos 1, 14, 16, 17, 116, fracción VI y 126, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, se establece entre otros principios la obligación de que sólo la legislatura local puede regular la relación de trabajo como custodio y la entidad federativa; por lo que se invade la esfera competencial de la legislatura estatal. Además, para sustentar lo anterior, invoca una serie de criterios y tesis jurisprudenciales. Sin embargo, este argumento resulta inoperante para que se pueda emprender el estudio de constitucionalidad planteado por el promovente del amparo, ya que solamente argumenta que el Gobernador y Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Michoacán, invaden las facultades del Congreso del Estado; lo que de manera alguna proporciona los requisitos mínimos que deben cumplir para hacer procedente tal estudio. Ello es así, dado que, si bien se señaló el precepto constitucional que se estima vulnerado, así como la disposición legal secundaria impugnada, lo cierto es que no existen motivos de disenso que traten de demostrar, jurídicamente, que la norma es contraria a la hipótesis normativa de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance. Así, la simple enunciación como disposiciones constitucionales dejadas de aplicar torna inoperante el argumento formulado, pues de ello no puede derivarse la eficiente impugnación de la constitucionalidad de leyes secundarias, en tanto que no existe la confrontación entre éstas y un específico derecho tutelado por la norma constitucional en su texto y alcance correspondientes. Es aplicable, por las ideas que contiene, la jurisprudencia 1a./J. 58/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA IMPUGNACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES LEGALES PRECISA DE REQUISITOS MÍNIMOS A SATISFACER. La impugnación suficiente de una norma jurídica, en función del aspecto de su constitucionalidad, requiere que se base en premisas esenciales mínimas a satisfacer en la demanda de amparo directo. Esto es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracciones IV y VII de la Ley de Amparo, se advierte la necesidad de que la norma jurídica señalada como reclamada, deba ser impugnada en confrontación expresa con una disposición específica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante concepto de violación suficiente. La causa requerida en tal situación se apoya en los siguientes elementos imprescindibles: a) señalamiento de la norma de la Carta Magna; b) invocación de la disposición secundaria que se designe como reclamada y, c) conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que la ley impugnada resulta contraria a la hipótesis normativa de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance. A partir del cumplimiento de precisión de esos requisitos esenciales, surgirá la actualización del problema constitucional, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a la ley secundaria. Si no se satisfacen los requisitos medulares que se han indicado, el señalamiento de la ley reclamada y el concepto de violación que no indique el marco y la interpretación de una disposición constitucional que pueda transgredir aquélla, resultan motivos de insuficiencia, que desestiman la actualización de un verdadero problema de constitucionalidad de ley. En este orden, a la parte quejosa, dentro de la distribución procesal de la carga probatoria, incumbe la de demostrar la inconstitucionalidad de la ley o de un acto de autoridad, excepción hecha de los casos en que se trate de leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales en las que exista jurisprudencia obligatoria sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cuando se esté en presencia de actos que sean inconstitucionales por sí mismos. Así la situación, deberá considerarse carente de la conformación de un verdadero concepto de violación, la simple enunciación como disposiciones constitucionales dejadas de aplicar, pues de ello no puede derivarse la eficiente impugnación de la constitucionalidad de leyes secundarias, en tanto que no existe la confrontación entre éstas y un específico derecho tutelado por la norma constitucional en su texto y alcance correspondientes" Y, por identidad jurídica sustancial, la tesis aislada 2a. XXXII/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE. Los agravios constituyen el conjunto de enunciados concretos respecto a cuestiones debatidas en un juicio, manifestados a través de razonamientos lógico-jurídicos tendientes a desvirtuar los argumentos y conclusiones del órgano jurisdiccional. Por tanto, la transcripción de los preceptos constitucionales o legales que se consideran violados no puede ser suficiente para formular un agravio, pues no basta la simple expresión de manifestaciones generales y abstractas, sino que es necesario precisar la manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere y explicar las consecuencias que, en su caso, se hayan producido. En ese sentido, si el recurrente únicamente se limita a manifestar que la sentencia impugnada viola en su perjuicio diversas disposiciones constitucionales o legales y las transcribe, careciendo de una estructura lógico-jurídica, dicho agravio debe calificarse de inoperante". Razones por las que, ante la ineficacia del concepto de violación, es innecesario examinar la aplicación de los criterios invocados por la parte quejosa. Cobra aplicación la tesis aislada VIII.1o. (X Región) J/3 (9a.) del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, que dice lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA. Del análisis a la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 14/2008-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 130/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 262, de rubro: "TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.", se advierte que la obligación que se impone al órgano jurisdiccional de fundar y motivar la aplicación o inaplicación de las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas en una demanda de amparo, parte del supuesto específico de que el tema planteado en ellas, haya sido efectivamente abordado por el tribunal constitucional; esto es, que el tribunal se pronuncie sobre el tema de mérito, expresando las razones por las que se acoge al criterio señalado o se aparta de él, pues en atención a la causa de pedir se estima que las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas constituyen o son parte de los argumentos de la demanda de amparo como conceptos de violación; de ahí que la obligación se actualiza, únicamente, cuando los temas contenidos en ellas son motivo de análisis por el órgano jurisdiccional, en cuyo caso el tribunal de amparo deberá resolver si el argumento que se pretende robustecer con dicho criterio, resulta fundado o infundado, conforme a las pretensiones del quejoso. Sin embargo, cuando exista una diversa cuestión que impida atender a las cuestiones efectivamente planteadas en los conceptos de violación, así como en las tesis aisladas y de jurisprudencia que se invocan, esto es, que tales argumentos resulten inoperantes o inatendibles, por causa distinta a la insuficiencia dado que el objeto de la invocación de las tesis aisladas o jurisprudenciales es robustecer su argumento con un determinado criterio, no sólo no resulta obligatorio abordar el análisis y desestimación pormenorizada de cada uno de los criterios invocados sino, incluso, demostraría una deficiente técnica en el estudio, pues los conceptos de violación y argumentos de fondo que se pretenden demostrar con la aplicación de los criterios invocados resultan inatendibles, precisamente por existir una cuestión diversa al tema que en dichos argumentos se plantea, que resulta suficiente para sustentar el sentido del fallo constitucional; de ahí que no proceda realizar pronunciamiento sobre la aplicación o inaplicación de las jurisprudencias o tesis aisladas invocadas en la demanda de amparo". Decisión en torno a la constitucionalidad de la norma general Por estas razones, al resultar inoperante el motivo de disenso, se niega la protección constitucional solicitada respecto del artículo 13, fracción XXIII, del Decreto de Creación de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, publicado el catorce de octubre de dos mil dieciséis; y, el numeral 8, fracción XXVII, del Reglamento Interior de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, publicado el uno de agosto de dos mil diecinueve. SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad del oficio de cambio de adscripción. Ahora, en torno al acto de aplicación de las porciones normativas combatidas, consistente en el oficio CSPEMO/OC/539/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que se ordenó el cambio de adscripción del quejoso como custodio de adolescentes a elemento de custodia penitenciaria en la Dirección de Policía Procesal; debe indicarse que resultan esencialmente fundado el concepto de violación sintetizado en el inciso b). Fundamentación y motivación El artículo 16 constitucional prevé el derecho fundamental de seguridad jurídica en favor de los gobernados, al exigir que, para la emisión de cualquier acto de autoridad ha de expresarse, con precisión, el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; cuestiones que se traduce en los tópicos de fundamentación y motivación. Además, deberá existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En ese tenor, la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad, aspecto imperativo que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. A su vez, la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuáles la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Caso concreto Ahora, en el oficio CSPEMO/OC/539/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó el cambio de adscripción del quejoso por las razones siguientes: ". En ese contexto y en ejercicio de las atribuciones conferidas legalmente al suscrito como Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, me he dado a la tarea de implementar acciones tendientes a reforzar las medidas de seguridad de los distintos Centros Penitenciarios, que conforman el Sistema Penitenciario en la Entidad, ya que con ello se actualiza la protección a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, en la constante de continuar con los programas de seguridad penitenciaria a cargo de esta Coordinación, de acuerdo con el artículo 4°, fracción III, así como el diverso 13, fracción X del Decreto de Creación de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, actuando de conformidad con el Orden Público, y con ello a en la salvaguarda del interés social, ya que la sociedad es una de las principales beneficiadas e interesadas en que las Autoridades de Seguridad ejecuten de manera eficiente las actividades correspondientes, contribuyendo en ese sentido al Estado de legalidad. Es por ello que advirtiendo las necesidades del servicio, le informo que deberá integrarse como de Elemento de custodia Penitenciaria en la Dirección de Policía Paraprocesal, contribuyendo así a la salvaguarda de la seguridad de la población penitenciaria, personal, visitantes, asistentes e instalaciones de dicho establecimiento penitenciario, así como al irrestricto respeto de los derechos humanos y proceso de reinserción social de las personas que ahí se encuentran privadas de su libertad." (Lo resaltado es de este juzgado). Por ello, con fundamento en los artículos que citó, se determinó el cambio de adscripción por necesidades del servicio del quejoso, a la Dirección de Policía Paraprocesal; el cual debería realizar un día posterior a la fecha de recepción del documento. Así, aunque en el oficio reclamado se indicó de manera que, por necesidades del servicio, el hoy quejoso debería presentarse a la nueva adscripción, la autoridad responsable omitió expresar los argumentos o razones que lo sustenten; es decir, no se expusieron los motivos por los cuales, acorde a la necesidad del servicio que se pretendía cubrir, se consideró que el quejoso reúne el perfil o resulta ser el funcionario idóneo para ello. Ello es así, pues por "necesidades del servicio" debe entenderse la actualización de supuestos jurídicos o de hecho que obligan al órgano del Estado a tomar determinadas acciones para iniciar, preservar, mantener o restaurar la prestación de un determinado servicio público; las cuales pueden ser de índole personal o material. Por lo que es evidente que éstas deben estar plenamente especificadas al momento de emitir el acto por el cual se pretende cambiar de adscripción a un servidor público, con la finalidad de que conozca los argumentos que llevaron a la autoridad a hacer uso de esa facultad que les confiere el ordenamiento legal citado; pues, de no ser así, se deja en estado de indefensión al interesado en contravención a lo establecido por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que, aun cuando las necesidades de cambio de adscripción deriven de una situación de urgencia para la seguridad pública en los Centros de Reinserción Social, debe expresarse en dicha orden, por lo menos, la razón que dé sustento a la existencia del supuesto relativo a las necesidades del servicio, incluyendo, además, los criterios de valoración que justifiquen la elección del integrante de la institución policial, para atender dichas necesidades; es decir, el porqué, atendiendo a las características propias de la persona en el desempeño de sus funciones, resulta tener el perfil idóneo para atender las necesidades del servicio que se requieren. Es aplicable la tesis aislada III.2o.T.83 L del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que dice lo siguiente: "TRASLADO O CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. ES ILEGAL EL ORDENADO UNILATERALMENTE, SIN CONSENTIMIENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO Y SIN ESPECIFICAR QUE SE DEBE A NECESIDADES DEL SERVICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Los artículos 19 y 20 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios establecen que el servidor público podrá ser cambiado de adscripción o trasladado de una entidad pública o población a otra, previa su anuencia, salvo que sea por solicitud del interesado o permuta, o cuando las necesidades del servicio lo requieran, caso este último en el cual deberá de comunicarse al servidor qué necesidad del servicio se presentó que haya provocado el traslado o cambio de adscripción. Consecuentemente, la orden de cualquiera de éstos sin que exista anuencia del servidor público es ilegal, a menos que ello obedezca a una necesidad del servicio y que tal circunstancia se le haya comunicado al servidor, lo que se traduce en que si al momento de dar aviso al servidor público sobre su cambio de adscripción o traslado a un lugar distinto del de su adscripción, no se menciona que es por necesidades del servicio y menos se dice cuál es esa necesidad, ni media su anuencia y consentimiento para ello, es ilegal el cambio de adscripción o traslado respectivo, pues se deja en estado de indefensión al empleado". Por ello, asiste razón al quejoso en sus motivos de disenso, puesto que el oficio reclamado carece de una debida motivación, porque no se precisaron cuáles son las necesidades del servicio que refiere. Habida cuenta que la simple manifestación de la autoridad responsable, en el sentido de que el cambio de adscripción se debía a necesidades del servicio, no puede tenerse por satisfecho el requisito de motivación que todo acto de autoridad debe revestir, pues para ello era necesario que señalara las razones por las que se estaba ante dicha circunstancia, pues, se insiste, la motivación no se limita a exponer de manera genérica y dogmática las razones que se consideren se ajustan a la determinación autoritaria; sino que deben ser bastantes para que tenga la fuerza convictiva de un verdadero acto de autoridad acompañado de los fundamentos en los que descansen los argumentos adoptados, para que el gobernado esté en aptitud de defenderse cuando considere que se le transgreden sus derechos, pues de otra forma desconocería cuáles fueron las consideraciones que pesaron en su contra. Orienta lo anterior la tesis aislada de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. CAMBIO DEL LUGAR DE ADSCRIPCION DE LOS, POR NECESIDADES DEL SERVICIO DEBEN JUSTIFICARSE ESTAS. De conformidad con lo establecido en el artículo 16, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, una de las causas por las cuales puede ordenarse el traslado de un trabajador de una población a otra, es porque así lo exigen las necesidades del servicio; pero si en la propia disposición se establece que éstas han de ser debidamente justificadas, debe considerarse que para que opere válidamente el cambio de adscripción, no basta con que el titular invoque la causa referida, sino que se requiere que demuestre los elementos concretos que constituyen esas necesidades del servicio". Lo que se robustece con el hecho de que, en el propio oficio impugnado, la autoridad responsable fue omisa en indicar si las funciones y condiciones que venía desempeñando anteriormente serían las mismas en la nueva adscripción, lo que incluye incluso la residencia del nuevo puesto; razón por la cual, le asiste razón al quejoso, puesto que la carencia de estos argumentos se traduce en una vulneración al artículo 16 constitucional. Esto, con base en la jurisprudencia 2a./J. 38/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevé lo siguiente: "SEGURIDAD PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES. La orden emitida por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo preventivo estatal de seguridad pública, conforme a las facultades que le confiere el artículo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando, en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquiera otra de separación del cargo, sin que en el caso, el agente policíaco tenga la titularidad del derecho a permanecer en la sede a que fue destinado, puesto que dicho derecho no se advierte a su favor ni en la propia Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, ni en su reglamento". (Lo resaltado es propio de este juzgado). Al igual que la jurisprudencia I.6o.T. J/53 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que estipula lo siguiente: "CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN POR NECESIDADES DEL SERVICIO. CASO EN QUE NO TIENEN QUE PROBARSE. No existe fundamento legal que obligue al titular a probar las necesidades del servicio, cuando el cambio de adscripción no implica el traslado de una población a otra, y la plaza está a disposición de determinada dependencia, esto es, si el nombramiento no menciona un lugar específico para prestar el servicio, el titular tiene la posibilidad de cambiar de adscripción a sus trabajadores dentro de la misma población, sin que tenga que acreditar las necesidades del servicio, en virtud de que resulta ser subjetiva la apreciación sobre tales necesidades". (Lo resaltado es propio de este juzgado). Decisión respecto al cambio de adscripción. En ese contexto, al ser fundados los conceptos de violación por lo que hace al acto de aplicación, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Abel Almanza Campos, contra el cambio de adscripción combatido. OCTAVO. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria la presente resolución o sea confirmada por un tribunal superior, el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, deberá: Dejar insubsistente el oficio CSPEMO/OC/539/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que se ordenó el cambio de adscripción del quejoso como custodio de adolescentes a elemento de custodia penitenciaria en la Dirección de Policía Procesal; así como todos los demás actos de ejecución que hayan derivado del comunicado impugnado. Sin que la concesión de la protección constitucional implique que, en el futuro, no pueda ordenarse un diverso cambio de adscripción respecto del quejoso; sino que, de considerarlo pertinente, la autoridad responsable deberá cumplir a cabalidad con los lineamientos que se estipulan en esta sentencia, en cuanto a la motivación que debe regir en el acto de molestia. Esto, con base en la tesis aislada 1a. XIII/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "SENTENCIA, TRATANDOSE DE UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE EMITE DE MANERA AUTONOMA, SI SE CONCEDE EL AMPARO POR FALTA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION PARA SU CUMPLIMIENTO BASTA CON DEJARLO SIN EFECTOS. Conforme a lo que prevé el artículo 80 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado es de carácter positivo, los efectos de la sentencia que concede la protección constitucional son los de restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que ocurriera la violación. Consecuentemente, si el amparo se concede ante la ausencia de fundamentación y de motivación de una orden administrativa que se emite de manera autónoma, es decir, sin atender a ninguna gestión, para su cumplimiento basta con que ese acto se deje sin efectos, pues tal era el estado que guardaban las cosas antes de que se cometiera la precisada violación constitucional". NOVENO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. DÉCIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Abel Almanza Campos, contra el acto atribuido al Director de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, con residencia en esta ciudad, por los argumentos expresados en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Abel Almanza Campos, por los actos reclamados al Gobernador y Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por los motivos asentados en el considerando sexto de esta resolución. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Abel Almanza Campos, por el acto atribuido al Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por las razones y fundamentos precisados en el considerando séptimo y para los efectos asentados en el considerando octavo de la sentencia. CUARTO. En términos del considerando noveno, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. QUINTO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a las partes, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitido por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo resolvió y firma Katia Orozco Alfaro, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, hasta el día de hoy veintiséis de mayo de dos mil veintidós, ante Osmar Iván Esparza Piñón, secretario con quien actúa y da fe.

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