Abraham Alejandro Salazar García

Expediente 406/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
406/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • Abraham Alejandro Salazar García

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. 1. Se recibe ejecutoria. Por recibido el oficio suscrito por el Secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta el testimonio autorizado de la ejecutoria emitida el uno de junio de dos mil veintitrés, dictado en el recurso de queja 116/2023, de la que se advierte declaró infundado dicho medio de impugnación, hecho valer en contra del auto que desechó la demanda interpuesta por Abraham Alejandro Salazar García. Háganse las anotaciones respectivas, y acúsese el recibo correspondiente. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 20, fracción IV, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que la parte quejosa no exhibió documentos originales con el escrito inicial de demanda. 4. Constancia. De conformidad con el natural 34 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. 1. Se admite recurso de queja. Agréguese a los autos, el oficio signado por la actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en autos, y quedó registrado con el número 116/2023; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Andrea Estephania Ortiz León.SSCH/AEOL/vmv

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de abril de dos mil veintitrés. 1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Abraham Alejandro Salazar García, por propio derecho, contra actos del Titular de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 406/2023. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: El punto quinto del acuerdo de diez de marzo de dos mil veintitrés, dictado dentro del Procedimiento de Reclamación de Responsabilidad Patrimonial número ********************, en el que ordenó girar oficio a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad a efecto de que señalara el nombre de la empresa responsable de la obra señalada en la que supuestamente por falta de señalización la parte quejosa sufrió daños en su vehículo particular, y una vez hecho lo anterior sea llamada a juicio como parte. 3. Causa de improcedencia. Cabe precisar que el numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que se deberá examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano; dispositivo que es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo, aunado a que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, de la lectura integra de la demanda se advierte que en relación con los actos reclamados atribuidos al Titular de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, resulta improcedente el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." " Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)"" Conforme al primero de los numerales transcritos, el juicio de amparo es improcedente cuando la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de la Materia. En tanto, el artículo 107 contiene los supuestos de procedencia del amparo indirecto cuando se reclamen actos que provienen de procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; siempre y cuando se cumplan las condicionantes que establecen los incisos a) y b). El inciso a), dispone que el juicio biistancial procede en contra de la resolución definitiva dictada en el procedimiento administrativo, por violaciones cometidas en la propia resolución, o durante el procedimiento si con motivo de ellas hubiere quedado sin defensa el quejoso, y que hayan trascendiendo al resultado de la resolución. Por su parte, el inciso b), restringe la procedencia del amparo indirecto tratándose de actos emitidos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, siempre y cuando sean de imposible reparación, esto es, que afecten directa y materialmente derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Conforme al primer supuesto, el juicio de amparo indirecto, por regla general, no es procedente en contra de actos que se emiten dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; sino que tal medio de defensa debe promoverse hasta que se pronuncie la resolución que le ponga fin, pudiendo hacer valer en ese momento tanto las violaciones en las que incurra tal resolución como las que se hayan actualizado en la etapa procedimental. La prohibición legal en cuestión encuentra su origen en la necesidad de limitar la procedencia del juicio de amparo y evitar su uso desmedido, partiendo de la idea de que en ocasiones, las violaciones que se cometen en el procedimiento pueden resarcirse al momento de que se emite la resolución definitiva, máxime si no implican de por sí una transgresión a derechos sustantivos de los gobernados. En el presente juicio de amparo, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el punto quinto del auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, dictado dentro del Procedimiento de Reclamación de Responsabilidad Patrimonial número ********************, siendo en dicho apartado en el que se ordenó girar oficio a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad a efecto de que señalara el nombre de la empresa responsable de la obra señalada en la que supuestamente por falta de señalización la parte quejosa sufrió daños en su vehículo particular, y una vez hecho lo anterior sea llamada a juicio como parte, lo cual sólo constituye una posible afectación a derechos adjetivos o meramente procesales y, para el caso de existir violación algún derecho, sólo impactaría en el resultado de la resolución, pero no implica que por sí misma tal determinación afecte un derecho sustantivo. Ello es así, pues la parte quejosa podría obtener resolución favorable en el procedimiento de origen, ya que de los antecedentes, puede advertirse que el procedimiento subyacente se encuentra en trámite, por lo cual, ante la posibilidad de un fallo en favor de sus intereses, quedarían reparadas las posibles violaciones que se cometieran a causa de lo acordado en el punto quinto del acuerdo administrativo del diez de marzo del año en curso. De ahí que se considere que el acto reclamado sólo implica violaciones formales reparables en la sentencia que llegue a dictarse en la reclamación sobre responsabilidad patrimonial del Estado 05/2022, promovida por el quejoso contra el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán; pues de la documental adjunta al libelo constitucional, relativa al acuerdo administrativo de diez de marzo de dos mil veintitrés, se obtiene que dicho procedimiento no ha sido resuelto. Lo anterior hace patente que el acto reclamado constituye una actuación dictada dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, derivado de diligencias que está obligada a realizar la autoridad, sin que se trate de una resolución definitiva; por lo cual, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, en virtud de que tratándose de actos que emanan de un procedimiento administrativo también es aplicable, para la procedencia del juicio biinstancial, el criterio que prevé el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, entonces debe dilucidarse si la actuación reclamada constituye un acto de imposible reparación. Para calificar un acto como tal, necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo, sino que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, para estar en condiciones de promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación, éstos deben afectar materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. Además, esos derechos afectados materialmente deben revestir la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Se entiende por derechos sustantivos aquellos derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad. En tanto que, los derechos procesales o adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo, que no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía en el goce de aquéllos. Es aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de voz y contenido siguientes: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." La intención del legislador de prever dentro de los supuestos de procedencia del juicio de amparo bi-instancial la impugnación de actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que su ejecución resulte irreparable, fue evitar la existencia de violaciones a las garantías individuales de los gobernados no resarcibles a través de medio de defensa alguno. Lo anterior, en razón de que, en algunos casos, la transgresión a la esfera jurídica de derechos ocasionada por un acto emitido en la etapa de instrucción de un procedimiento no puede subsanarse al pronunciarse la resolución que le ponga fin. La distinción entre actos dentro de un procedimiento que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y aquellos que solo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener tales características esos actos, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva. Sustenta lo expuesto, en lo relativo a la ejecución irreparable, la jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." . Retomando, el acto que el peticionario de amparo reclama en esta instancia constitucional, concerniente al punto quinto del acuerdo adminitsrtaivo de diez de marzo de dos mil veintitrés, dictado dentro del Procedimiento de Reclamación de Responsabilidad Patrimonial número ********************, en el que se ordenó girar oficio a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad a efecto de que señalara el nombre de la empresa responsable de la obra en la que supuestamente por falta de señalización la parte quejosa sufrió daños en su vehículo particular, y una vez hecho lo anterior sean llamados a juicio como partes. En esa temática, la resolución reclamada no trasciende de manera cierta e inmediata en alguno de los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya que su único efecto fue requerir a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad para que señale el nombre de la empresa responsable de la obra en la que supuestamente por falta de señalización la parte quejosa sufrió daños en su vehículo particular, para llamarla como parte en procedimiento natural, y por ende se continué con el procedimiento administrativo. De modo que, no le reviste el carácter de irreparable, pues no producen afectación material a derecho sustantivo alguno, sino que, en todo caso, pudiera generar violaciones adjetivas o intraprocesales reparables con el dictado del fallo correspondiente, pues su emisión no implica necesariamente el pronunciamiento de una sentencia o resolución desfavorable a los intereses de la parte quejosa. Es decir, tal actuación por sí sola no trae como consecuencia el impedir en forma actual el ejercicio de un derecho de naturaleza sustantiva, sino que, en su caso, únicamente generan lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegaran a trascender al resultado del fallo. Por lo que será hasta el dictado de la determinación que resuelva en definitiva el procedimiento de responsabilidad que se verá la trascendencia de la violación adjetiva de que se duele el quejoso, lo que redunda en que no se esté en presencia de actos de imposible reparación que afecten materialmente derechos sustantivos. Por lo tanto, el acto reclamado únicamente tiene por efecto girar oficio a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad a efecto de que señale el nombre de la empresa responsable de la obra en la que supuestamente por falta de señalización la parte quejosa sufrió daños en su vehículo particular, para que sea llamada al procedimiento de origen. Es aplicable al particular, por analogía jurídica sustancial la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto." 3.2. Desechamiento. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la cusa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), todos de la Ley de Amparo, así como el diverso precepto 113 de la misma, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se acuerda. 4. Usuario. Como lo pide el quejoso y con apoyo en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le autoriza la consulta del expediente electrónico, para lo cual, el personal relativo deberá dar de alta vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), el usuario ******************** que proporciona. 5. Notificación electrónica. Asimismo, como lo solicita, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones de carácter personal se realicen por la vía electrónica. 6. Oposición a la publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Andrea Estephania Ortiz León.

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