Abel De la Rosa Santos
Expediente 260/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 260/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Abel De la Rosa Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA III San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a este cuaderno de antecedentes para que surta sus efectos legales consiguientes el oficio 5748/2017, firmado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito en el Estado, mediante el cual informa que quedó firme el auto de siete de junio de dos mil diecisiete, por el que se desechó de plano la demanda de amparo directo promovida por el aquí quejoso; en atención a su contenido, téngasele informando lo anterior Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leonel Medina Rubio, ante la secretaria Ana Gabriel Toral Peralta, que autoriza y da fe. isam
- Principal
Mesa III-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de junio de dos mil diecisiete. En el oficio que se atiende, el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, transcribe el acuerdo de siete de junio de este año, dictado en el expediente de amparo directo 70/2017 de su índice e informa que acepta la competencia declinada a su favor y que se avoca al conocimiento de dicho asunto. Ahora, en cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que, no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del aludido Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Mesa III-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales consiguientes el oficio 2318/2017, del secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, por el que acusa recibo del diverso oficio 11120/2017 e informa que una vez que la autoridad responsable ordenadora cumpla con lo requerido en el oficio 2317 de su índice, se pronunciará respecto de la competencia legal planteada. Notifíquese...
- Principal
Mesa III-B * "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio 6516/2017, firmado por el secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, por el que remite el escrito aclaratorio por el que cumple con el requerimiento de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el juicio 217/2017, de su índice, por lo que acúsese recibo. Ahora bien, del texto integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de treinta de enero de dos mil diecisiete, en la que se revoca la sentencia condenatoria apelada en cuanto a la pena de destitución del aquí quejoso, se modifica en cuanto a la multa impuesta al acusado (la cual se fija en la cantidad de dos mil setecientos veintitrés pesos cincuenta centavos), y se confirma en lo restante. Ahora bien, los artículos 34, 47 y 170, de la Ley de Amparo vigente, en lo conducente señalan: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". Luego, de la interpretación sistemática de los artículos 34 y 170, de la Ley de Amparo, se concluye que la procedencia del juicio de amparo directo se limita a la impugnación de algunos actos provenientes de tribunales judiciales (comprendiendo entre ellos a los tribunales ordinarios civiles), administrativos o del trabajo, y que son: a) Sentencias definitivas o laudos. b) Resoluciones que pongan fin al juicio sin resolverlo en el fondo. En el entendido que por sentencia definitiva se comprende aquella resolución lato sensu, que resuelve el fondo de la cuestión debatida, es decir, que se pronuncia acerca de la relación material que constituye la litis; en otras palabras, en ella debe existir pronunciamiento referente a las acciones y a las defensas y excepciones opuestas (en su caso) dentro del procedimiento; y contra la que no proceda recurso ordinario alguno (principio de definitividad). En tanto que las resoluciones que ponen fin al juicio son aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden recurso ordinario por virtud del cual pueden ser modificadas o revocadas. En esa virtud, la resolución de treinta de enero de dos mil diecisiete, en la que se revoca la sentencia condenatoria apelada en cuanto a la pena de destitución del aquí quejoso, se modifica en cuanto a la multa impuesta a la acusado (la cual se fija en la cantidad de dos mil setecientos veintitrés pesos cincuenta centavos), y se confirma en lo restante, es de aquellas contempladas en el artículo 170, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es decir, que decide el juicio en lo principal y respecto de la cual no procede ningún medio ordinario de defensa por virtud del que pueda ser modificada o revocada. En esas condiciones, este juzgado se declara legalmente incompetente para avocarse al conocimiento de la demanda de amparo; y, estima que el legalmente competente para conocer la misma es el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, conforme a lo dispuesto en los artículos 34 y 47 de la Ley de Amparo; a quien deberá remitirse la demanda de mérito y copias que acompaña, para que en caso de considerarlo procedente, se avoque al conocimiento de ésta, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes. Sin que este juzgado esté facultado a realizar requerimiento de ninguna naturaleza a la promovente, en virtud que al declararse legalmente incompetente para conocer de la demanda intentada, acorde a lo previsto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, que dispone que cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declarará carecer de competencia y de inmediato remitirá la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Sin que obste que en proveído de seis de marzo de este año, se haya aceptado la competencia declinada por el juez Décimo de Distrito en el Estado, toda vez que era necesario que el quejoso cumpliera con la prevención formulada por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, a fin de que este órgano jurisdiccional estuviera en posibilidad de analizar de manera íntegra los actos y las autoridades señaladas en la demanda de derechos fundamentales. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y con las facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que para tal efecto refiere. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese.
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