Abel Cruz Jacinto

Expediente 978/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
978/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
26/11/2019

Partes del expediente

  • ABEL CRUZ JACINTO y Otros.
  • Abel Cruz Jacinto

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa de Amparo VI-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase a la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec Oaxaca, informando que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mesa de Amparo VI-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil diecinueve. Se tiene al quejoso interpone recurso de queja contra el proveído de siete de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo; por lo que, se ordena remitir el referido escrito y las copias respectivas al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, del Décimo Tercer Circuito en turno, rendir el informe sobre la materia de la queja y enviar copia certificada de las constancias relacionadas con el auto impugnado. Sin que haya lugar a notificar a las demás partes la presente determinación... NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda señala en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 978/2019. Desechamiento. El suscrito considera que debe desecharse la demanda de amparo promovida por . . . Lo anterior es así, toda vez que se estima que en contra del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1, fracción I y 5 de la Ley de Amparo. A fin de evidenciar tal aseveración, es menester transcribir el contenido de los artículos 61, fracción XXIII y 1 y 5 de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado mexicano sea parte..." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.].". De los preceptos legales transcritos, se advierte que el primero de ellos no dispone de manera específica un motivo que vuelva improcedente el juicio de amparo, pero sí estatuye el fundamento de las causas que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo; por su parte, los diversos numerales prevén que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales, actos u omisiones de "autoridad" que violen los derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de los derechos fundamentales, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia de tal medio extraordinario contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable debe considerarse a aquéllos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, del Tomo V, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1997, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO... Ahora bien, de una interpretación sistemática y armónica de los preceptos y jurisprudencia citados, se colige que el juicio de los derechos fundamentales es improcedente cuando los actos reclamados no son emitidos o efectuados por un ente que actúe en un grado de imperio sobre el gobernado, con facultades de coerción y, en un grado de supra a subordinación para con el propio gobernado, es decir, en su calidad de "autoridad". Sentado lo anterior, es pertinente señalar cuáles son los tipos de relaciones jurídicas, a saber: de supra a subordinación, subordinación y coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre los cuales destaca el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089, del Tomo XXXIV, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a septiembre de 2011, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.. . Como puede advertirse una de las notas distintivas del acto de autoridad es la existencia de una relación de supra a subordinación con un particular. Partiendo de lo anterior, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que el aquí quejoso . . . reclama del Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, la violación al derecho de petición derivado de la falta de respuesta a su escrito de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, presentado el nueve de octubre de dos mil diecinueve; sin embargo, el suscrito considera que al realizar ese acto, el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, no actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo. Sentado lo anterior, se procede realizar un análisis de la relación que existe entre el aquí quejoso y la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, para evidenciar que "la falta de contestación al escrito de treinta de septiembre del dos mil diecinueve, presentado hasta el nueve de octubre siguiente" reprochada a esta última no es acto de autoridad para efectos del amparo. Se justifica tal aseveración, porque el referido escrito fue emitido por el aquí quejoso Abel Cruz Jacinto, como trabajador de la Fiscalía General del Estado, con el cargo de Agente del Ministerio Público, y tiene que ver con una solicitud inherente a sus prestaciones laborales. Es decir, no puede tenerse como autoridad responsable para efectos del amparo a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, ya que atendiendo a la naturaleza jurídica de la omisión que se le reclama, se llega a la conclusión de que no ejerce un poder público basado en una relación de supra a subordinación, que afecte de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa. Se considera así, porque la posición del solicitante de la protección constitucional no es la de gobernado frente a un ente público que actúa en un plano superior, sino que la petición va dirigida como trabajador de la Fiscalía General del Estado, que también perteneciente a aquélla, y es inherente a una facultad que tiene esta última; es decir, que se encuentra inmersa en un ámbito de decisión de la que dicho órgano se encuentra investido, de tal suerte que el inconforme para esos efectos sólo tiene el carácter de integrante de dicha institución, pero no de gobernado que pudiera verse afectado con la omisión atribuida a dicha Dirección. En otras palabras, la omisión de respuesta que reclama la parte quejosa, tiene su origen en que . . . solicitó al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, se le explicara por qué en sus quinquenios, no se le pagó conforme a lo previsto en el artículo 34 Bis de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca y del por qué se le dio menos que lo previsto en ese numeral; aspecto que patentiza que la solicitud realizada a dicha institución no fue en un plano de supra a subordinación, porque el peticionario del amparo efectúa su petición en un ámbito laboral, más no en un plano en el que esta última pueda ejercer facultades de imperio, coercitividad o unilateralidad sobre el aquí quejoso, lo cual, en su caso, implica una cuestión de responsabilidad, más su omisión de responder esa petición -en la que se solicita se le explique por qué se le pago menos-, no puede constituir un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Además, si el aquí quejoso forma parte del Gobierno del Estado de Oaxaca, no es factible considerar al primero como gobernado frente a la referida institución, porque el hecho de que se le hubiese pagado menos de lo previsto en la Ley del Servicio Civil, no se realizan en un plano en el que el Gobierno del Estado ejerza alguna facultad para vencer la resistencia del impetrante del amparo, por lo que al no encuadrar esa conducta en la característica aludida, no puede sostenerse que se trate de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, que la Ley de Amparo, en su artículo 5, precise que los particulares tendrán la calidad de responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general; sin embargo, en el caso concreto, tampoco se actualiza dicha hipótesis porque con la abstención que en su caso incurre el Gobierno del Estado no se ejerce ningún acto de imperio, coercitividad o unilateralidad, que son las características esenciales para considerar que un gobernado se sujeta a la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación. Por tal motivo, no puede considerarse en realidad como un planteamiento encaminado a evidenciar la vulneración de derechos fundamentales en perjuicio del aquí inconforme, por encontrarse ausente el elemento de supra a subordinación característico del acto de autoridad, máxime que, como se expuso, el quejoso, forma parte del Gobierno del Estado, por lo que, la actuación que en el fondo se pretende, dar respuesta a una petición para que le informe por qué se le pago menos de lo previsto, no resulta ser un acto semejante a los de autoridad, sino de una actuación, que tiene que ver con los recursos de la institución gubernamental, lo cual es cuestión presupuestal pero no donde un gobernado se encuentre bajo la fuerza coercitiva de una autoridad. Ciertamente, se estima que no todos los actos de los órganos del Estado pueden ser calificados como de autoridad, destacándose en particular aquellos que solamente se refieren a asuntos internos del propio órgano (actos adintra), en tanto no tienen afectación directa a los ciudadanos y, por ende, no vulneran de ninguna manera su esfera de derechos fundamentales, porque en esa relación no opera una supra-subordinación jerárquica. Por ello, se considera que no se reúnen las características necesarias para que la omisión reprochada se proyecte como el establecimiento de una relación de supra-subordinación y que, por tanto, actualicen la procedencia del amparo, en razón de que no se está en presencia de actos que impliquen una relación en la que el Gobierno del Estado de forma unilateral y con imperio afecte la esfera jurídica de la parte aquí quejosa. Conclusión directa de lo anterior es que, en razón de que la omisión que se reclamó en esta vía no superó el primer supuesto del parámetro implementado para efectuar el análisis de su naturaleza jurídica y determinar si es o no un acto de autoridad susceptible de ser reclamado en amparo, resulta innecesario estudiar la satisfacción de los restantes tres supuestos, en razón de que las notas distintivas de los actos de autoridad deben ser conjuntivas, esto es, para estimar que un acto para efectos de ser combatido en amparo es de autoridad, debe reunir en conjunto y no alternativamente las cuatro características vertidas en esta ejecutoria. En la especie el quejoso promueve amparo contra el acto del Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, que hace consistir en la omisión de acordar su escrito de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, con sello de recibido el nueve de octubre siguiente, y de la lectura de la documental que anexa, se advierte que dicho ocurso lo formula como trabajador de la Fiscalía General del Estado, dependiente del Gobierno del Estado de Oaxaca, señalando como antecedentes del acto reclamado, bajo formal protesta de decir verdad, que el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, solicitó al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, se le explicara por qué en sus quinquenios, no se le pagó conforme a lo previsto en el artículo 34 Bis de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca y del por qué se le dio menos que lo previsto en ese numeral. Empero, debe decirse que el quejoso, no eleva su petición al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, en su calidad de autoridad, en virtud de que de la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que, su petición la hacen en su calidad de empleado al servicio del Gobierno del Estado de Oaxaca; de donde se sigue, que su solicitud la dirigen a su patrón, esto es, existe una relación de coordinación entre el quejoso y el Gobierno del Estado de Oaxaca, regulada por el derecho privado en que el ente público actúa como particular; por ello, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución Federal y 1º, fracción I, de la ley de la materia. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción del Pleno del Máximo Tribunal del País, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 126, que dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. . . En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5º, fracción II, en sentido contrario, del propio cuerpo legal invocado, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO por improcedente. Domicilio y autorizados de los quejosos. . . NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTÍULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LALEY DE AMPARO

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano