Abel Enrique Balladares Díaz
Expediente 366/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Abel Enrique Balladares Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio señalado en la cuenta, por medio del cual la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, remite transcripción del auto dictado el veintiuno de abril de esta anualidad, en el juicio de amparo 222/2022 de su índice, del que se advierte que se avocó al conocimiento del asunto y aceptó la competencia declinada; en consecuencia, se toma nota de lo anterior. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°,12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se determinó que carece de competencia para conocer del juicio de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso j) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, visto el escrito firmado por José Rómulo Hernández Santana, promovente de la demanda a favor de Abel Enrique Valladares Díaz, téngasele manifestando que, aun cuando diverso juez de amparo ya es el en encargado de la continuación del presente procedimiento, este juzgador como garante del órgano constitucional, debe velar por el estricto cumplimiento de la suspensión decretada en auto admisorio de treinta y uno de marzo del año en curso, en el que también se dio un término perentorio de veinticuatro horas para que la autoridad emitiera constancia del cumplimiento a dicha suspensión, sin que a la fecha lo hiciera; y, que el juzgador que siga conociendo del presente asunto será el encargado de revisar la suspensión definitiva. Ante ello, solicita que esta autoridad requiera nuevamente a la responsable para que explique a este Juzgado de Distrito y al nuevo órgano jurisdiccional la forma en que dio cumplimiento y se le aperciba de las penas que incurren las autoridades responsables por desacato a un mandato judicial. Así también, indica que adjuntó al escrito que se atiende, un video como prueba de la urgencia a lo expuesto con anterioridad. Atento a lo anterior, dígase al promovente que, tal y como lo expuso, este órgano jurisdiccional dictó las medidas cautelares que estimó pertinentes con motivo de los actos reclamados en el escrito de demanda que originó este expediente, y posteriormente se declaró incompetente por cuestión de territorio, para continuar conociendo del asunto, por lo que se encuentra legalmente impedido para proveer cualquier determinación con respecto a su trámite; máxime que acorde a la primera parte de este auto, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, aceptó la competencia planteada; de ahí que, es ante dicha autoridad jurisdiccional donde debe promover lo que estime pertinente. No obstante lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, remítase al órgano competente el escrito de mérito, no así el video que se menciona, en razón de que este no fue exhibido. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que conforme a la consulta efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, específicamente en la página http://sise.cjf.gob.mx/Sise/Consultas/BuscarPartesOrganosII.aspx, se pudo verificar que la competencia declinada para conocer del juicio de amparo 366/2022 promovido por José Rómulo Hernández Santana, a favor de Abel Enrique Valladares Díaz, correspondió por cuestión de turno al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, misma que fue aceptada y radicada bajo el registro 222/2022 de su estadística. Ahora bien, toda vez que mediante proveído de doce de abril de dos mil veintidós, se tuvo a José Rómulo Hernández Santana, representante del quejoso Abel Enrique Valladares Díaz, promoviendo incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, ordenada en proveído de fecha diez de marzo de dos mil veintidós y se ordenó reservar proveer al respecto, hasta en tanto se tuviera conocimiento del resultado de la competencia planteada, lo que en el caso, ya aconteció; en consecuencia, remítase de inmediato el escrito de expresión de agravios a la citada autoridad judicial para que provea lo que en derecho corresponda. Con independencia de ello, instrúyase a la analista jurídico SISE adscrita a este órgano jurisdiccional, a efecto de que habilite los permisos correspondientes para que el referido órgano jurisdiccional se encuentre en posibilidad de consultar las constancias que integran este juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito señalado en la cuenta, por medio del cual José Rómulo Hernández Santana, representante del directo quejoso Abel Enrique Valladares Díaz, promueve incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, ordenada en proveído de fecha diez de marzo de dos mil veintidós. Atento a lo anterior, cabe señalar que por auto de siete de abril de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional declinó competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno, dado que la ejecución de la detención reclamada se efectuó en la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en Huatulco, Oaxaca. Por lo que, se encuentra pendiente de conocer el resultado de la competencia declinada y dependiendo de ello, pronunciarse al respecto. En consecuencia, resérvese proveer lo que en derecho corresponda en relación al escrito de cuenta, hasta en tanto la autoridad jurisdiccional con sede en Salina Cruz, Oaxaca, se pronuncie en relación a la competencia declinada. Con independencia de ello, atendiendo la naturaleza del caso, requiérase al Jefe de la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca con sede en Salina Cruz, para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a la notificación de este proveído, informe vía electrónica al correo oficial 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, a qué Juzgado de Distrito le correspondió conocer de la competencia planteada. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de abril de dos mil veintidós. Agréguense los comunicados señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, en atención al primero de los oficios se desprende que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, devuelve debidamente diligenciado el exhorto de orden 73/2022 y de origen 29/2022, del índice de este órgano jurisdiccional; por lo tanto se ordena dar de baja la citada comunicación oficial de los libros de gobierno. Por otro lado, en atención al escrito que remite José Rómulo Hernández Santana, se desprende que señala el domicilio en el que se encuentra el directo quejoso; sin embargo, no se hace mayor pronunciamiento al respecto en virtud de lo acordado en el párrafo que antecede. En diverso aspecto, de la diligencia de notificación realizada por el actuario judicial adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santa Cruz Huatulco y Especializado en Materia de Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Costa, se desprende que el directo quejoso Abel Enrique Valladares Díaz., ratificó la demanda promovida a su favor por José Rómulo Hernández Santana. En tales condiciones, este juzgador debe pronunciarse respecto a la admisión o no de la demanda de amparo. Incompetencia por territorio. Ahora, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la presente demanda de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo. En caso que el acto reclamado conlleve una ejecución material, se deben analizar las características de ésta. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo vinculando los efectos del acto reclamado con el derecho constitucional que se considera violado; es decir, considerando las consecuencias directas o inmediatas que produce el acto, y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen. Además, para que un juzgador tenga competencia respecto de un caso específico, este último debe hallarse dentro de la órbita de actuación que la ley expresamente le reserva, dado que como se apuntó en párrafos precedentes, sobre el particular impera la garantía d legalidad, propia de un Estado de Derecho, y para el caso que nos ocupa, al atender al artículo 37 de la Ley de Amparo, se contemplan limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los jueces de distrito para conocer de un amparo indirecto, pues es desacertado pretender deducir otros no previstos expresamente. Así, del precepto legal transcrito, se deduce, que por regla general será competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El Juez de Distrito del lugar de residencia de la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado, siempre que éste no requiera de ejecución material (párrafo tercero). c) El Juez de Distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en su jurisdicción (párrafo segundo). De lo anterior se advierte que la competencia se fincará en favor del Juez de Distrito en el lugar en el que se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, del contenido integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa impugna de las autoridades responsables Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Huatulco, Oaxaca y otras autoridades, lo siguiente: La detención ilegal de la libertad del directo quejoso, con motivo de que fue detenido en el aeropuerto de Huatulco, Oaxaca y como consecuencia se encuentra detenido ilegalmente en la Estación Migratoria en Huatulco, Oaxaca. Circunstancia que se advierte del capítulo de hechos, así como de las constancias que integran el exhorto orden 73/2022 y de origen 29/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, en el que el actuario judicial adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santa Cruz Huatulco y Especializado en Materia de Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Costa, se constituyó en la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Huatulco, Oaxaca y notificó al quejoso Abel Enrique Valladares Díaz. De ahí, que se colija que este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda, determinándose que corresponde a un Juez de Distrito en esta entidad federativa, con asiento en Salina Cruz, en turno, dado que es en dicha ciudad, el lugar en el que ejerce jurisdicción territorial la aludida autoridad jurisdiccional, donde se realizó la detención del directo quejoso. En razón de lo anterior, es necesario señalar que de lo dispuesto por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito se desprende que los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercen jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por diversos municipios de esta entidad federativa, entre los cuales se encuentra Santa María Huatulco. La porción normativa citada señala lo siguiente: "[.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: [.] XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo. [.]" Por lo tanto, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta incompetente para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa, por razón de territorio. Apoya lo anterior, por identidad de razones jurídicas la tesis I.1o.A.44 A, con registro 189167, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página mil doscientos noventa y nueve, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Administrativa-Común, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Además, la diversa Tesis I.15o.A.41 K, consultable en la página 2288 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Novena Época, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de amparo asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Juzgados de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, es patente que se actualiza la regla establecida en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, porque la detención del directo quejoso se efectuó en Santa María Huatulco, quien se encuentra en la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Huatulco, Oaxaca En ese contexto, con fundamento en lo establecido en los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 y 48 de la Ley de Amparo; y, en el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito este órgano de control constitucional declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto. Se declina la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, por lo que a través de la empresa de mensajería acelerada "ESTAFETA", remítanse el juicio de amparo 366/2022 promovido por José Rómulo Hernández Santana a su favor por del Abel Enrique Valladares Díaz, del índice de este órgano jurisdiccional a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para que a su vez lo turne al órgano jurisdiccional que corresponda conocer del asunto, a fin de que el titular de ese órgano jurisdiccional decida si acepta o no el conocimiento del presente asunto e informe a este Juzgado Federal el sentido de su determinación, conforme a lo establecido por el arábigo 48 de la Ley de Amparo; también se solicita a ese órgano de control constitucional el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo con copia de las actuaciones necesarias que deberán quedar como constancia en este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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