Abel Canseco Martínez
Expediente 482/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 482/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 14/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- David Javier Santos
- Abel Canseco Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de julio de dos mil veintitrés Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. I. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. III. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó en el juicio, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. IV. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. V. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. VI. Finalmente, debido a lo acordado en líneas precedentes, carece de objeto que este órgano jurisdiccional continúe resguardando el original del toca penal ***/***/*** del índice de la Décima Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por lo que se ordena devolver a su lugar de origen, para los efectos legales consiguientes. Se solicita acuse de recibo. Notifíquese por lista.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de julio de dos mil veintitrés Vistas las certificaciones de cuenta se advierte que en el expediente principal del que emana este incidente, con esta fecha se decretó que causó ejecutoria la sentencia ahí dictada ordenándose su archivo; asimismo, que mediante interlocutoria dictada en este incidente se concedió la suspensión definitiva solicitada. I. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Debido a que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que en este asunto se concedió la suspensión definitiva, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se estima que este incidente de suspensión es conservable hasta por el plazo de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III inciso b) del citado Acuerdo General. III. Se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado. IV. En términos de los artículos 34 y 44 multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese por lista.
- Principal
"S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 482/2022, promovido por *******, contra los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES ******** es imputado en la causa penal **/**** del índice del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, iniciado en su contra por los delitos de lesiones y daños culposos cometidos el primero de ellos, en perjuicio de ******* y el restante de *******+. Por audiencia de catorce de mayo y concluida el quince de mayo de dos mil veintidós, se dictó contra el aquí quejoso auto de vinculación a proceso en la aludida causa penal. Contra dicha determinación, el defensor del disidente interpuso recurso de apelación mediante escrito de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, recibido por el juez en cuestión en esa fecha. El siete de noviembre de dos mil veintidós, la Décima Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, admitió a trámite el aludido medio de impugnación; registrándolo como el toca ****/****/****. Mediante resolución de quince de diciembre de dos mil veintidós, la magistrada presidente de la Décima Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, resolvió confirmar el auto de vinculación dictado el catorce de mayo de dos mil veintidós, en la causa penal ***/**** del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, por los delitos mencionados anteriormente. Esta última determinación fue combatida por amparo indirecto del que tuvo conocimiento este órgano jurisdiccional mediante el juicio **/****. En ese juicio se dictó sentencia el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, donde se concedió al quejoso *******, el amparo y protección de la Justicia Federal. La autoridad responsable, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en audiencia oral de trece de abril de dos mil veintitrés, contando con la asistencia del disidente ahí imputado ***** con su defensor particular de nombre *******, nuevamente determinó confirmar el auto de vinculación a proceso emitido el catorce de mayo de dos mil veintidós, en la causa penal ***/**** del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, con lo que se tuvo por acatada la sentencia de amparo en cuestión. Siendo la última resolución del Tribunal de Alzada, el estado procesal que actualmente guarda el toca del que emana el acto reclamado y constituyendo la determinación final de la misma la materia del presente asunto. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ***** promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil veintitrés, a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec y enviado el doce siguiente a este Juzgado de Distrito, al que correspondió por razón de turno. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por el artículo 2 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de las actuaciones combatidas y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. Por acuerdo de quince de mayo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda, i) la registró con el progresivo 482/2023; ii) la admitió a trámite; iii) solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; iv) dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; v) emplazó a la parte tercera interesada; y vi) señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama una determinación, la cual se atribuye a autoridades que tienen su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, del contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la parte inconforme reclama: Magistrada presidente de la Décima Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado La sentencia de segunda instancia de trece de abril de dos mil veintitrés [y no diecisiete de abril de dos mil veintitrés como lo refiere erróneamente la parte quejosa en su escrito de demanda] emitida en el toca penal ***/***/*** donde se confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en su contra en la causa penal **+/**** del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca La ejecución material de la sentencia de mérito. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La magistrada titular de la Décima Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado; circunstancia que es suficiente e idóneo para tener por demostrada la existencia del acto que se le reprocha a dicho ente público. La determinación anterior tiene respaldo en la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de la actuación atacada se corrobora con la constancia remitida en original por la responsable, consistente en el toca penal ****/***/** de su índice, así como dos discos audiovisuales, del que se destaca que en uno contiene la audiencia oral de trece de abril de dos mil veintitrés, donde se confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en su contra en la causa penal ***/**** del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyos epígrafe y texto son: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por su parte, el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado, puesto que aduce que no cuenta con registro alguno de la sentencia de diecisiete de abril de dos mil veintitrés [sic] dictada en el toca penal ****/****/**** por la magistrada presidenta de la Décima Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa al encontrarse señalada como autoridad ejecutora, en razón que se le reclama la ejecución de la sentencia dictada en segunda instancia [trece de abril de dos mil veintitrés] la cual resultó cierto. LEGITIMACIÓN Abel Canseco Martínez se encuentra legitimado para promover en términos de lo establecido por el arábigo 6 de la Ley de Amparo, ya que en el presente asunto está probado que en el contradictorio de origen tiene la calidad de indiciado. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, de oficio este Juzgado Federal estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV el artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Respecto a los plazos legales para la presentación de la demanda de amparo, los artículos 17 y 18 de la ley en comento prevén: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días [.] Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Las disposiciones trascritas, establecen que el juicio de amparo será improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos contra los cuales no se promueva en el término de quince días, el cual correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: I. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; II. Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o, III. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En el caso, en la audiencia oral de trece de abril de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal ****/***/****, del índice de la Décimo Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en su contra en la causa penal ***/**** del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. Cabe precisar que en dicha audiencia oral de trece de abril de dos mil veintitrés, se contó con la asistencia del disidente ahí imputado Abel Canseco Martínez con su defensor particular de nombre Uriel Santiago Hernández, por lo que fue en esa misma fecha cuando se enteraron de lo ahí resuelto. Lo anterior, debido a que en términos de los artículos 63 y 82, fracciones I, inciso a) del Código Nacional de Procedimientos Penales, las resoluciones del Órgano jurisdiccional dictadas en forma oral, produce que los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir queden formalmente notificados de su emisión. "Artículo 63. Notificación en audiencia Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código." "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; [.] Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." La notificación de la audiencia de mérito encuadra en el artículo 82, fracción I, inciso a) de la ley adjetiva en cita, por lo que surtió efectos al día hábil siguiente, que lo fue el catorce de abril del año en curso. Por tanto, el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr el diecisiete de abril y concluyó el nueve de mayo de dos mil veintitrés. Al plazo citado, se descuentan los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril; uno, cinco, seis y siete de mayo de dos mil veintitrés, por ser sábados y domingos e inhábiles por disposición del artículo 19 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, si la parte quejosa presentó la demanda de amparo hasta el once de mayo de dos mil veintitrés, como así se aprecia del sello correspondiente de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, entonces es inconcuso, que la demanda de amparo se presentó fuera del plazo de los quince días a que alude el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo y por tanto, la determinación controvertida en este apartado es consentida tácitamente. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que a la letra dispone: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Sirve de apoyo también a lo anterior, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que refiere: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." No obsta para concluir lo anterior, que en el caso en concreto que nos ocupa, la materia del reclamo lo constituye la determinación que confirma un auto de vinculación, pues ello no impide que dicho acto se ubique en los supuestos de temporalidad a que alude el plazo o regla general de los quince días para la presentación de la demanda de amparo, máxime si no se está en los supuestos de salvedad a que aluden las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo y menos que se esté ante un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos de derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." VIII. DECISIÓN En consecuencia, debido a que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el quejoso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos invocados, procede sobreseer en el juicio respecto de los aludidos actos reclamados, con base en la fracción V, del artículo 63 del ordenamiento legal en cita. Por tanto, resulta innecesario el estudio del concepto de violación planteado en la demanda de amparo en este juicio constitucional con relación a dicho acto destacado, con base en la jurisprudencia de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio" Sobreseimiento que procede hacerse extensivo respecto a la ejecución de la determinación reclamada al juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca; debido a que dicho acto no se atacó por vicios propios. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/338, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito con registro digital 209878, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución." Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *****, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, en términos de lo precisado en el apartado VII de esta sentencia. Notifíquese por lista."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes, por medio del cual, ***** agente del Ministerio Público adscrita al Tribunal Superior de Justicia del Estado en Oaxaca, se apersona a este juicio. En consecuencia, se tiene a ***** -agente del Ministerio Público adscrita al Tribunal Superior de Justicia del Estado en Oaxaca- apersonándose al presente sumario con el carácter de tercera interesada, conforme a lo dispuesto por el normativo 5, fracción III, inciso e), de la ley de la materia. Asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como su autorizado en términos del ordinal 24 de la Ley de Amparo a ****, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así haberlo solicitado expresamente. Notifíquese.
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