Abel Antonio Ricardez Arenas
Expediente 42/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 42/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Abel Antonio Ricardez Arenas
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, quince de febrero de dos mil veintidós. En atención a las certificaciones con que se me da cuenta, se obtiene que el cuatro de febrero del presente año, feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) El presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por haberse desechado la demanda de amparo. b) Transcurridos más de tres años a partir de la fecha del presente acuerdo, previa acta que se elabore, procédase a la destrucción del mismo. c) Este asunto no se considera de relevancia documental, en los términos del artículo 15 del aludido Acuerdo General. d) Por último, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, la fecha del acuerdo por el que se ordena su archivo, así como indicando la valoración que corresponda (relevancia documental, conservable, depurable o destruible) como al efecto establece el artículo 35 de la normativa de mérito. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con ésta fecha se notifica a la parte promovente, el auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós, que dice: Vista la demanda de amparo promovida por ABEL ANTONIO RICARDEZ ARENAS, contra actos del 1. Responsable del Departamento Comercial de Comisión Federal de electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, División Comercial Oriente, Zona comercial Veracruz, con residencia en Boca del Río, Veracruz y otras autoridades, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 42/2022, y acuérdese lo conducente. Ahora, con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable, y por ende se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo se advierte la parte quejosa señala como actos reclamados: "La ilegal orden de corte de suministro de energía eléctrica en mi domicilio ubicado en domicilio Mariano Abasolo 694 E, Colonia Centro, en Veracruz, Veracruz, el cual es suministrado bajo el número de servicio 846060505129 y RMU 91700090603RIAA37085003CFE, asignado por la Comisión Federal de Electricidad. Ilegal orden de corte realizada fuera de los términos del contrato de suministro de energía eléctrica contratada y fuera de cualquier procedimiento administrativo." En el caso, debe decirse que el juicio de amparo indirecto que se intenta es improcedente en atención a que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República; y 1, fracción I y 5, fracción II, de la ley de la materia. Los artículos referidos establecen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: "ARTÍCULO 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales." LEY DE AMPARO: "ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. .". "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley". De esos preceptos se aprecia que la acción de amparo procede únicamente contra actos o leyes dictadas por autoridad, que violen derechos fundamentales del gobernado, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos, para que el juicio de amparo se torne procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, pues, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés, son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad. La noción de acto de autoridad involucra la actuación y abstención de ésta frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Los actos son unilaterales, porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; imperativos, en razón de que se imponen, aún contra la voluntad del gobernado; y coercitivos, pues si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo, mediante el uso de la fuerza pública. Por tanto, el concepto de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión o con la ejecución de la misma. Sirve de apoyo la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Identificados los elementos distintivos del acto de autoridad, para estar en posibilidad de establecer si el reclamado está dotado de esos elementos, es necesario tomar en consideración que la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, sentó un parte-aguas entre la naturaleza que se había discutido sobre los actos emitidos o imputables a la Comisión Federal de Electricidad, para concluir que a partir de esa reforma, sean los tribunales en materia civil o mercantil quienes se encarguen de conocer y resolver los conflictos inherentes a la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica. Lo anterior se menciona, en tanto que los artículos 25, párrafos cuarto y último, 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Federal, disponen: "ARTÍCULO 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. . Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. . La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución". "ARTÍCULO 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. . En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica". "ARTÍCULO 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. . No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. El Estado contará con organismos y empresas que requiere para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado.". De esos numerales se observa que la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, son actividades exclusivas de la Nación respecto de las cuales no se otorgarán concesiones. Sin embargo, también se aprecia que podrán celebrarse contratos con los particulares para que participen en las demás actividades de la industria eléctrica. El poder reformador de la Constitución habilitó al legislador para regular la forma y plazos para que el organismo descentralizado denominado Comisión Federal de Electricidad se convierta en empresa productiva del Estado, así como lo relativo a su administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebre. Lo anterior evidencia que la reforma constitucional mencionada dispuso la transformación de la Comisión Federal de Electricidad de organismo público descentralizado a empresa productiva del Estado, así como la participación de los particulares en las actividades de la industria eléctrica distintas a la planeación y control del sistema eléctrico nacional y al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, que desarrollará exclusivamente la Nación. Esa reforma fue reglamentada en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, así como en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y su Reglamento, donde se fijaron la naturaleza de los actos que emita o resulten imputables a la Comisión Federal de Electricidad, en el contexto mercantil, de la forma siguiente: LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA "ARTÍCULO 5. El Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En lo no previsto por esta Ley, se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal". "ARTÍCULO 7. Las actividades de la industria eléctrica son de jurisdicción federal. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales proveerán lo necesario para que no se interrumpan dichas actividades". LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ARTÍCULO 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. "ARTÍCULO 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda." "ARTÍCULO 82. Todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación que se regula en el presente Capítulo, hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa. Una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable." "ARTÍCULO 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte." De las normas transcritas se desprende que el legislador dispuso expresamente que el Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En esas condiciones, la regla general implica que tales actos, consistentes en: las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, compuesto por la Red Nacional de Transmisión, redes generales de distribución, centrales eléctricas que entreguen energía eléctrica a las anteriores y equipos e instalaciones del Centro Nacional de Control de Energía, adquieren la naturaleza de administrativos. De esa manera, las actividades precisadas deben sujetarse a las obligaciones del servicio público que consisten en: a) Otorgar acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución en términos no indebidamente discriminatorios; b) Ofrecer y prestar el Suministro Eléctrico a todo aquél que lo solicite, cuando ello sea técnicamente factible, en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad; c) Cumplir con las disposiciones de impacto social y desarrollo sustentable; d) Contribuir al Fondo de Servicio Universal Eléctrico; e) Cumplir con las obligaciones en materia de Energías Limpias y reducción de emisiones contaminantes que al efecto se establezcan en las disposiciones aplicables, y ofrecer energía eléctrica, potencia y Servicios Conexos al Mercado Eléctrico Mayorista basado en los costos de producción conforme a las Reglas del Mercado y entregar dichos productos al Sistema Eléctrico Nacional cuando sea técnicamente factible. No obstante, también se dispuso, como excepción, que lo no previsto en la Ley de la Industria Eléctrica, es decir, los actos diversos a las actividades enumeradas con anterioridad, deben considerarse mercantiles y se regirán por el Código de Comercio y supletoriamente por el Código Civil Federal. Sobre esas bases, la Ley de Comisión Federal de Electricidad, prevé que a los actos que emita, les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza. Excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa. Por ende, sólo los actos administrativos son impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo. En ese sentido, el resto de los conflictos nacionales en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos merced a un procedimiento administrativo, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en la materia, o bien, a través de los mecanismos de solución de conflictos, tales como el arbitraje, que pacten las partes. Así, es evidente que la competencia pertenece a los Tribunales Federales; además, que resultan de naturaleza mercantil todas las actuaciones que realicen o se le imputen a la Comisión Federal de Electricidad, excepto los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, lo cuales tendrán naturaleza administrativa. En resumen, por determinación del legislador, se estableció que las controversias en las que se involucre a la Comisión Federal de Electricidad, tienen naturaleza mercantil; por tanto, no puede afirmarse que la relación entre las partes contratantes corresponde a la de supra a subordinación, ya que en realidad se trata de una relación de coordinación. Esto es así, porque la celebración del contrato de suministro de energía eléctrica implica que la Comisión Federal de Electricidad y el particular tienen obligaciones y derechos recíprocos, lo que evidencia que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de una autoridad frente a un gobernado, sino a una relación de coordinación y correspondencia entre el interés del organismo subsidiario y el particular usuario del servicio. Adicionalmente a lo ya expuesto, es menester precisar que recientemente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 250/2017, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Pleno en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, literalmente estableció: ".QUINTO.- Estudio de fondo. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que se exponen a continuación: La presente contradicción tiene como materia determinar la vía procedente para impugnar los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014. La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV, y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: "... "V. Las empresas de abastecimientos y suministros; "... "XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código." "Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales." Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio." (Lo resaltado es propio) De dicha ejecutoria derivó la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.) de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." Como se observa, en dicha ejecutoria la Segunda Sala del Máximo Tribunal, consideró que la vía procedente para impugnar los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado con la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, es la ordinaria mercantil, pues se trata de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan de dicho contrato. Lo anterior, explicó la Segunda Sala, obedece a que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, tiene su origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, por ende, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse en la vía ordinaria mercantil. Estableció dicha Sala que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del servicio de suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre Comisión Federal de Electricidad y el usuario del servicio, en razón de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por tanto, concluyó la Segunda Sala, que en esos casos, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a esa relación. De todo lo anteriormente expuesto, válidamente se puede concluir que: 1). De acuerdo con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, reglamentada en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento y, en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y su Reglamento: Las controversias en las que se involucre a la Comisión Federal de Electricidad, incluidas las derivadas de la interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos merced a un procedimiento administrativo, son de naturaleza mercantil; por ende, deben ser resueltas en la vía mercantil o civil. Por excepción, los actos que emita la Comisión Federal de Electricidad, en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, tendrán naturaleza administrativa y, serán impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo. 2). Por otra parte, conforme a lo expuesto en la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.) los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, son impugnables en la vía ordinaria mercantil. Hasta aquí las anteriores premisas. En la especie, la solicitante de amparo reclama como acto destacado de la responsable "LA PRIVACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL INMUEBLE DEL QUEJOSO UBICADO EN; CAMPECHE NÚMERO 145-A, COLONIA RIGO (MORELOS Y MALTRATA) 94295 DE LA LOCALIDAD DE BOCA DEL RÍO, VER." Sin embargo, atendiendo a las conclusiones alcanzadas en el apartado de premisas, en el caso a estudio, se actualiza la causa de improcedencia anunciada, debido a que los actos materia del reclamo tienen su origen en un contrato mercantil o acuerdo de voluntades inherente a la prestación del servicio de energía eléctrica, de tal manera que el vínculo existente entre la parte quejosa y la Comisión Federal de Electricidad, en realidad se originó con motivo de una relación de coordinación a propósito del contrato de suministro de energía eléctrica. Lo anterior pues, con independencia de que dicho contrato de suministro se haya celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, aun así, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones deducidas de dicho contrato o acuerdo de voluntades, según lo determinó la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, deben ventilarse en la vía ordinaria mercantil. Y es que dicha Segunda Sala ejemplificó que los actos de la Comisión Federal de Electricidad, entre otros, la determinación del consumo facturable, en la especie, equiparable por identidad al acto aquí reclamado por la quejosa, consistente en el corte del suministro de energía eléctrica, también reclamado, derivan de actos de una relación de coordinación entre aquélla y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica; de ahí que los referidos actos no sean impugnables en amparo indirecto. Por otra parte, no se advierte que se actualice alguna de las hipótesis de excepción respecto de los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que procede el juicio de amparo por tratarse de actos administrativos, consistentes en actos vinculados con el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios, que lleve a cabo la Comisión Federal de Electricidad; si se toma en cuenta que los actos reclamados derivan del contrato de adhesión existente entre la quejosa y la empresa de participación estatal Comisión Federal de Electricidad. En efecto, de acuerdo con la interpretación armónica del contenido del artículo 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio, en el caso del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, debe entenderse que el mismo es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Por todo ello, los actos aquí reclamados a la Comisión Federal de Electricidad, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues derivan de una relación contractual mercantil que la parte quejosa tiene con la citada Comisión. Lo anterior, porque tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. De ahí que los actos reclamados por la parte quejosa no generan que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad. Sirve de apoyo la tesis XLII/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común". Asimismo, sirve de respaldo la tesis I.1o.A.132 A (10a.) que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE ENERGÍA Y LA LEY VIGENTE DE DICHO ORGANISMO DEJARON SIN CONTENIDO JURÍDICO LAS TESIS AISLADAS 2a. CVI/2014 (10a.) Y 2a. CVII/2014 (10a.), QUE ESTABLECÍAN QUE SUS ACTOS ERAN IMPUGNABLES A TRAVÉS DE LOS JUICIOS DE NULIDAD Y DE AMPARO, POR LO QUE NO PUEDEN SER TOMADAS EN CUENTA COMO ORIENTADORAS. Al resolver los precedentes de que derivaron dichos criterios, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo en cuenta que de las disposiciones constitucionales y legales que regulaban a la Comisión Federal de Electricidad se advertía lo siguiente: 1. Es un organismo público descentralizado; 2. La generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva, por lo que ninguna persona privada puede prestar esos servicios; 3. Los contratos que celebra para cumplir el mandato constitucional de brindar el servicio de energía eléctrica son administrativos; y, 4. En consecuencia, los actos que emita derivados del contrato también son administrativos y pueden ser impugnados a través del recurso de revisión, del juicio de nulidad, o bien, del juicio de amparo cuando proceda. Sin embargo, a raíz de la reforma a los artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto, y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía y de la entrada en vigor de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 y el 11 de agosto de 2014, respectivamente, dicha entidad se transformó, por ministerio de ley, en empresa productiva del Estado y se estableció la posibilidad de la participación de los particulares en el desarrollo de las actividades distintas a la conducción y distribución de energía eléctrica. Así, de los artículos 3, 7, 82 y 118 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad en vigor se advierte que a los actos que emita les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza y que, excepcionalmente, aquellos que dicte en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa, y serán los únicos que podrán ser impugnados a través del juicio de nulidad y, en su caso, del amparo, pues el resto de los conflictos nacionales en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos merced a un procedimiento administrativo, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en esas materias, o bien, a través de los mecanismos de solución que pacten las partes. Por tanto, las tesis aisladas mencionadas, que establecían que los actos de la Comisión Federal de Electricidad eran impugnables mediante los juicios de nulidad y de amparo, quedaron sin sustento jurídico, razón por la cual no es factible tomarlas en cuenta como criterios orientadores." En tales condiciones, como se indicó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República; y 1, fracción I y 5, fracción II, de la ley de la materia y, por ende, en términos del artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento legal se DESECHA DE PLANO POR SER NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE QUE SE TRATA. AUTORIZADOS Téngase como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luz Gómez Rubio, puesto que acredita la calidad de licenciada en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, téngase únicamente como autorizada para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la restante persona; por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. DOMICILIO PROCESAL Asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en la propia demanda. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta plaza, cierto y exacto para tal efecto. COMUNICACIONES NO PROCESALES Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA "CISCO WEBEX MEETINGS" Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado inicialmente en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y prorrogado en cuanto a su vigencia, se tiene como medio alternativo, únicamente para efectos de entablar COMUNICACIONES NO PROCESALES, el correo electrónico que proporciona, esto es, luzgomezrubio@hotmail.com; sin que a través de dicha mensajería electrónica se pueda realizar notificaciones, ya que no es un medio de notificación previsto por la ley de la materia. Asimismo, se precisa que para el caso de que alguna actuación judicial deba desahogarse por medio de la aplicación tecnología denominada "Cisco Webex Meetings" de acuerdo a lo previsto en los artículos 27, penúltimo párrafo del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y 25, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, reformado por Acuerdo General 25/2020, del propio Consejo, se enviará al correo electrónico que se proporciona, la liga de enlace que se genere por este órgano jurisdiccional a través del sistema de videoconferencia antes señalado. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO CONSULTA Y NOTIFICACIONES Ahora, en atención a su solicitud, en el sentido de que se le dé intervención vía internet en el presente asunto, de conformidad con Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta vía internet, con el usuario luzgomezrubio, registrado ante el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". VISTA LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar su código QR, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.
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