Aarón Lagunes Muñiz

Expediente 554/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 24 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
554/2022
Año
2022
Actuaciones
24
Última actuación
06/06/2023

Partes del expediente

  • Aarón Lagunes Muñiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por el quejoso Aarón Lagunes Muñiz, mediante el cual realiza manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable; en atención a su contenido, estese a lo acordado en proveído de dieciséis de mayo pasado, en el que se declaró cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo y, se ordenó el archivo del presente expediente. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por Aarón Lagunes Muñiz, quejoso en el presente asunto; atento a su contenido, en términos por lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se ordena la devolución de los documentos que solicita, siempre y cuando obren agregadas en autos, previa razón de entrega, y copia certificada que de los mismos que se deje en autos o en su caso previa constancia de desglose. Por otra parte, respecto a los tomos de prueba que refiere en el ocurso de cuenta, dígasele que mediante comparecencia de nueve de mayo del año en curso le fueron devueltos los dos cuadernos de copias simples que se formaron con las documentales que exhibió la parte quejosa como pruebas de su parte. Finalmente, respecto a las manifestaciones en relación al cumplimento de la ejecutoria de amparo, dígase que deberá estarse a lo acordado en proveído de dieciséis de mayo pasado, en el que se declaró que la ejecutoria de amparo estaba cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos y se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de ocho de mayo de dos mil veintitrés (foja 447 a 449) para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizara manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia autorizada el catorce de abril de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Aarón Lagunes Muñiz (fojas 421-430), para los efectos siguientes: ".para el efecto de que la autoridad responsable, dentro del plazo de diez días siguientes al en que cause ejecutoria la presente sentencia, haga uso de sus facultades y atribuciones a efecto de emitir el oficio que ordene el encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Veracruz, la cancelación de la inscripción número 9903 de once de mayo de dos mil diez, en cumplimiento a lo ordenado en auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós." Posteriormente, mediante proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés (foja 445) se reservó de proveer respecto del oficio remitido por el 1. Juez Sexto de Primera Instancia con residencia en ciudad Cardel, perteneciente al municipio de Puente Nacional, Veracruz, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto. En esas condiciones, mediante auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés (foja 447 a 449) causó ejecutoria la sentencia de mérito y por ende, se tuvo a la citada responsable remitiendo la constancia con la que consideró haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, se ordenó dar vista a la parte quejosa con oficio remitido por el 1. Juez Sexto de Primera Instancia con residencia en ciudad Cardel, perteneciente al municipio de Puente Nacional, Veracruz, con base en el que se pronuncia este acuerdo. De la referida constancia, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, toda vez que mediante oficio 1566/2023 el Juez Sexto de Primera Instancia con residencia en ciudad Cardel, perteneciente al municipio de Puente Nacional, Veracruz, dictó acuerdo de fecha veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictado dentro de los autos del incidente de cancelación de inscripción número 1564/2019, en el cual acordó en los siguientes términos: "Auto. En la Ciudad Judicial Cardel, Veracruz, a veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Visto el oficio con que da cuenta la Secretaria del juzgado, agréguese a sus autos para que surta su efecto legal procedente, quedando la que suscribe por enterado de su contenido y forma, así como, dígasele a la autoridad federal que por proveído del cuatro de agosto de dos mil veintidós se ordenó girar oficio al encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Veracruz, Veracruz, a fin de que ordenara a quien corresponda, la cancelación de la inscripción número seis mil ciento noventa y seis, volumen trescientos diez, de la sección segunda de fecha veintiuno de junio de dos mil diez, dejando sin efecto con ello el oficio número 4033 de fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve. De la misma forma se instruyó adjuntar copias certificada de la resolución del ocho de septiembre y del dieciocho de noviembre ambos de dos mil veintiuno, previo pago de arancel al fideicomiso del poder judicial del Estado, en términos del artículo 149 inciso J de la ley orgánica del poder judicial del Estado, en relación con el numeral 51 del código de procedimientos civiles, concatenado con el diverso 60 del código de derechos del Estado de Veracruz, expídasele copias certificadas de las constancias que indica, previa recibo e identificación correspondiente. Dicho oficio, por su naturaleza, desde el día de la publicación del cuatro de agosto está a disposición del actor incidentista para hacerlo presentar ante la oficina registral respectiva, debiendo cubrir los Derechos arancelarios de los cuales están obligados los ciudadanos a realizar por los diversos trámites a formalizar en dicha oficina y así dar cumplimiento a la cancelación de mérito. Sin pasar inadvertido que, aunque está autoridad libre y presente el oficio indicado, éste no surtirá efecto alguno hasta en tanto se cubran los derechos de arancel, tal y como lo establece el artículo 13 del Código de Derechos del Estado deVeracruz. Notifíquese a las partes por lista de acuerdos y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Hidalgo Parra, Juez sexto de primera instancia del decimoséptimo distrito judicial con residencia oficial en la Ciudad Judicial Cardel, sito en la carretera federal Nautla-Cardel en la localidad de Cabezas, perteneciente al municipio de Puente Nacional, Veracruz, ante la licenciada María Isabel Sánchez Méndez, Secretaria de acuerdos con quien actúa. Doy fe." Con lo anterior, se aprecia que el juez responsable subsanó la omisión reclamada en esta instancia judicial; toda vez que en proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en uso de sus facultades y atribuciones se pronunció respecto a la emisión del oficio que ordena al encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Veracruz, la cancelación de la inscripción número de que se trate, en cumplimiento a lo ordenado en auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós. Aunado a lo anterior, mediante proveído de ocho de mayo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a la quejosa de manera personal, haciendo entrega de copia autorizada del oficio con registro 6608, con los cuales las autoridades responsables dieron cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J.16/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y textos siguientes: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte tercero interesada el proveído que el proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, ocho de mayo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada el catorce de abril de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Aarón Lagunes Muñiz, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Por otro lado, de autos se advierte que mediante proveído de dos de mayo del año en curso, se reservó proveer respecto al contenido del oficio con registro 6608, signado por el 1. Juez Sexto de Primera Instancia con residencia en ciudad Cardel, perteneciente al municipio de Puente Nacional, Veracruz, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en autos, lo que en la especie ya aconteció. Por tanto, cumplida que está la condición anterior, y en atención al contenido del oficio de referencia, téngase a la autoridad responsable 1. Juez Sexto de Primera Instancia con residencia en ciudad Cardel, perteneciente al municipio de Puente Nacional, Veracruz, remitiendo la constancia con la que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, con el oficio con registro 6608, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de la mencionada constancia. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto, transcurrido el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Así mismo, de autos se advierte que en proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés, también se reservó de acordar lo correspondiente al escrito signado por Aarón Lagunes Muñiz, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia de mérito, y dado que lo anterior, ya aconteció se provee lo conducente. En atención a su contenido, dígase que resulta improcedente la aclaración de sentencia que solicita toda vez que dicha figura no es un recurso o medio de impugnación en virtud del cual pueda modificarse, revocarse o anularse la decisión correspondiente, sino el modo como el propio tribunal de amparo puede aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión, o bien, corregir el error o defecto material de la ejecutoria, para hacerla coincidente como acto jurídico y como documento. La aclaración procede sólo tratándose de ejecutorias y de manera oficiosa, pues las resoluciones que no han causado estado son susceptibles de impugnarse por las partes a través de los recursos y medios de defensa previstos en la Ley de Amparo, a través de los cuales se pueden cuestionar no sólo los aspectos sustanciales de lo decidido, sino igualmente los defectos formales del fallo, es decir, mediante el recurso igualmente pueden corregirse el error, la omisión o la imprecisión advertida en el documento que contiene el acto jurídico de decisión. Por ello, como la aclaración de sentencia no es un recurso o medio de defensa, únicamente procede de manera oficiosa -lo cual no impide que las partes pueda solicitar o instar la aclaración y respecto de las sentencias que han causado ejecutoria, ya que la procedencia del recurso está prevista en la ley y a él corresponde ejercer el derecho a impugnarla si estima que en la sentencia no se consideró lo relativo a la cancelación de una diversa inscripción como lo refiere, esto es, la inscrita bajo el número tres mil seiscientos setenta y nueve, volumen ciento ochenta y cuatro, sección segunda de fecha seis de junio de dos mil veintidós a la que hace referencia y que estima que debió ser tomada en cuenta. Así, debe decirse que cuando las partes instan la aclaración de la sentencia, permite al órgano jurisdiccional conocer los posibles errores o imprecisiones materiales de la ejecutoria para, en su caso, corregirlos o hacer las aclaraciones necesarias para su debida ejecución, a fin de garantizar el derecho a la justicia completa, en el entendido de que la aclaración no permite variar los aspectos sustanciales de lo determinado en la sentencia ni modificar alguno de los efectos o resolutivos del fallo. Así, al no existir un error material en la sentencia de amparo, es improcedente la aclaración de sentencia que aduce el quejoso, sin ser atendible que la reserva hecha respecto de la petición de aclaración implique alguna afectación o indefensión al recurrente, porque la ley es clara acerca de la literalidad en el sentido de la procedencia de la aclaración sólo respecto de sentencias ejecutoriadas o firmes, así como de la procedencia del recurso de revisión cuando se trata de modificar aspectos sustanciales de la sentencia de amparo Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, al resolver la contradicción de tesis 230/2014, que lo previsto en el artículo 74 de la Ley de Amparo debe entenderse de este modo: "De las consideraciones antes transcritas se advierte que el criterio de este Tribunal Pleno relativo a que los tribunales federales pueden aclarar de oficio las sentencias que emitan en materia de amparo, parte de las siguientes premisas fundamentales: La sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento. Como acto jurídico decisorio, la sentencia es inmutable, pero como documento puede corregirse para que coincida con la decisión correspondiente. Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia que a la letra se lee: SENTENCIA. INMUTABILIDAD DE LA, COMO ACTO JURÍDICO Y NO COMO DOCUMENTO. La sentencia puede ser considerada como un acto jurídico de decisión y como documento. La sentencia, acto jurídico, consiste en la declaración que hace el juzgador respecto a determinada solución, en tanto que la sentencia documento constituye tan sólo la representación de ese acto jurídico, de tal manera que la sentencia documento es sólo la prueba de la resolución, no su sustancia jurídica. De ahí que el principio de la inmutabilidad de la sentencia sea aplicable única y exclusivamente a la sentencia como acto jurídico de decisión y no al documento que la representa. Consecuentemente, siendo un deber del tribunal sentenciador velar por la exacta concordancia entre la sentencia documento y la sentencia acto jurídico, en cumplimiento de tal deber debe corregirse el error que se haya cometido en la sentencia documento, para que ésta concuerde con el acto jurídico decisorio correspondiente.' 1 La aclaración de sentencia no es un recurso o medio de impugnación por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o anularse la decisión correspondiente, ya que sólo tiene como fin aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión, o bien, corregir el error o defecto material de la ejecutoria, para hacerla coincidente como acto jurídico y como documento. Por tanto, la aclaración de sentencia sólo procede tratándose de ejecutorias y de manera oficiosa, pues las resoluciones que no han causado estado son susceptibles de impugnarse por las partes a través de los recursos y medios de defensa previstos en la Ley de Amparo, en donde se podrá combatir el error, la omisión o la imprecisión advertida en el documento que contiene el acto jurídico de decisión. Lo expuesto con antelación permite colegir que la aclaración de sentencia, al no constituirse como un recurso o medio de defensa, únicamente procede de manera oficiosa, sin embargo, tal circunstancia no impide que las partes insten al órgano jurisdiccional para que aclare una ejecutoria cuando estimen que adolece de un error o imprecisión material que pudiera trascender a su ejecución. Así se considera, porque aun cuando las partes no están legitimadas para solicitar la aclaración de una sentencia, el órgano jurisdiccional que la emitió puede hacer suya tal petición cuando lo estime pertinente, con independencia de que la aclaración resulte o no procedente, máxime que ello es acorde con el derecho fundamental de acceso a la justicia que consagra el artículo 17 constitucional y con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en el dictado de toda decisión jurisdiccional. Esto es, la posibilidad de que las partes puedan instar una aclaración de sentencia, permite que el órgano jurisdiccional conozca los posibles errores o imprecisiones materiales cometidos en la ejecutoria cuya aclaración se solicita para que, en su caso, puedan ser corregidos o aclarados oficiosamente a efecto de lograr su debida ejecución y garantizar así el derecho fundamental a una completa impartición de justicia. Lo anterior de modo alguno significa que el órgano jurisdiccional deba, necesariamente, pronunciarse sobre la procedencia de la aclaración, pues válidamente puede desechar la solicitud por falta de legitimación del promovente. Dicho en otras palabras, la oportunidad que se concede a las partes para instar la aclaración de una sentencia, no las legitima para pedir un pronunciamiento de fondo sobre el particular, pues sólo tiene como fin que el órgano jurisdiccional esté en posibilidad de conocer los posibles errores materiales que se hubiesen cometido en la ejecutoria cuya aclaración se solicita, de ahí que el trámite que se dé a su solicitud estará sujeto a lo que decida el órgano jurisdiccional sobre la pertinencia de la misma. En esa tesitura, es dable estimar que tratándose de ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, la procedencia de su aclaración no puede decidirse por sí y ante sí por el Magistrado Presidente, aun cuando sea solicitada por una de las partes. Es así, ya que en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo relativo a la procedencia o improcedencia de una aclaración de sentencia sólo puede decidirse por el órgano jurisdiccional que la emitió, lo que se explica porque, con independencia de su sentido, la resolución dictada en una aclaración de sentencia forma parte integrante de ésta. Además, como ya se dijo, la circunstancia de que la aclaración de sentencia sólo proceda de oficio, no impide que las partes puedan instarla ante el órgano jurisdiccional que la dictó, en tanto ello le permite conocer los posibles errores o imprecisiones materiales cometidos en la ejecutoria de que se trata para que, en su caso, el propio órgano colegiado o cualquiera de sus integrantes pueda hacer suya tal petición a efecto de que la ejecutoria pueda ser aclarada para lograr su debida ejecución. Luego, es dable concluir que ante la posible trascendencia de una solicitud de aclaración de sentencia formulada por las partes, el Magistrado Presidente debe instruir al secretario de acuerdos para que dé cuenta con ella ante el órgano colegiado que preside a efecto de que se determine el trámite conducente, de conformidad con lo previsto en el artículo 41, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,2 en la inteligencia de que si ninguno de sus integrantes estima pertinente hacer suya la solicitud, entonces el Magistrado Presidente deberá desecharla por notoriamente improcedente ante la falta de legitimación del promovente.[.]" Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias deducidas del expediente 1391/2022 del índice del juzgado responsable, por tanto, devuélvase a su lugar de origen los tres tomos que se formaron, para los efectos legales conducentes. Asimismo, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se ordena la devolución de los dos cuadernos de copias simples que se formaron con las documentales que exhibió la parte quejosa como pruebas. De igual manera, se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos que fueron exhibidos en original, siempre y cuando obren agregados en autos del presente asunto, previa razón que de ello que se dejen en autos; lo anterior, para los efectos legales procedentes, sin perjuicio que de no comparecer a recogerlos correrán la suerte del presente juicio al momento de su archivo. Notifíquese en términos de ley. Lo anterior se notifica al tercero interesado por estar ordeando en autos.

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