Abel Cuevas Palmero
Expediente 205/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 205/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Abel Cuevas Palmero
- Alejandro Mora Aguirre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, diez de marzo de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 205/2020, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, diez de marzo de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio de la sentencia dirigido a la autoridad foránea; ya que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo, carece de legitimación para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, como justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en las fracciones II, inciso a), y III del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Con fundamento en el artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese por lista de acuerdos a las partes.Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de marzo de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio de la sentencia dirigido a la autoridad foránea; ya que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo, carece de legitimación para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, como justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en las fracciones II, inciso a), y III del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.
- Principal
SENTENCIA. RESUELVE. PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia. Lo que se notifica por este medio a la parte tercero interesada, así por estar ordenado en autos.
- Principal
Con esta fecha se notifica a la parte quejosa la sentencia de dieciséis de febrero del año en curso, que dice : " Vistos para resolver los autos en el juicio de amparo 205/2020, promovido por ABEL CUEVAS PALMERO, ELVIRA FENTANES SALOMÓN, y ALEJANDRO MORA AGUIRRE, quienes se ostentan como Presidente Municipal, Sindico Único y Regidor Único del Ayuntamiento Constitucional de Otatitlán, Veracruz, y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el diecisiete de marzo de dos mil veinte, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, ABEL CUEVAS PALMERO, ELVIRA FENTANES SALOMÓN, y ALEJANDRO MORA AGUIRRE, quienes se ostentan como Presidente Municipal, Sindico Único y Regidor Único del Ayuntamiento Constitucional de Otatitlán, Veracruz, promovieron demanda de amparo contra los actos del 1. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz. Actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Trámite. De conformidad con lo establecido en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia que se tomaron en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, entre éstas, suspender en su totalidad las labores ordinarias en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de este año; periodo en la que no corrieron plazos y términos procesales para los asuntos presentados físicamente antes de la declaratoria de contingencia, por auto de once de agosto de dos mil veinte, se acordó admitir la demanda (foja 16-20); requerir a la autoridadresponsable su informe justificado; emplazar a la Fiscal Federal de la adscripción, y fijar fecha y hora para la audiencia constitucional. TERCERO. Terceros Interesados. Por auto de veintidós de octubre de dos mil veinte (fojas 56-57) se tuvo como terceros interesados a 1. María Guadalupe Cuevas Caballero 2. Sugey Muñoz López 3. Hilario Blanco Muñoz 4. María Inés Hernández Salomón 5. Ángel Benjamín Ponce Vázquez 6. Oscar Beltrán Aguilar 7. Ángela Aburto Rodríguez 8. Iván Curiel García y 9. Andrea Arano Valis -a quienes se emplazó (fojas 82-84) sin que hubieren comparecido al mismo-. CUARTO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 28-32 y 35-38) la audiencia constitucional tuvo verificativo el día y hora señalada para tal efecto, quedando el expediente en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, en relación con la fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues el acto que se reclama lo constituye una resolución (acuerdo) a través del cual se apercibió a los quejosos con la aplicación de la medida de apremio consistente en librar orden de comparecencia a fin de hacerlos presentar ante la autoridad responsable, lo cual eventualmente atenta contra el derecho de libertad de los peticionarios de amparo; de ahí que sea impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues la medida de apremio que en su caso sea librada, será ejecutada dentro de la circunscripción territorial en la que éste juzgado tiene su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se precisa atendiendo a la naturaleza del acto reclamado. El auto de diez de febrero de dos mil veinte, dictado dentro del expediente laboral burocrático 19/2011 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz responsable, mediante el cual se requiere al ayuntamiento demandado en dicho juicio, para que dé cumplimiento al laudo dictado en su contra, con el apercibimiento que de no hacerlo, en el siguiente acuerdo que se emita, sin más demora, se ordenara la presentación de los quejososante la sede del Tribunal responsable, con el auxilio de la fuerza pública. TERCERO. Certeza del acto. Son ciertos los actos reclamados al 1. Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz (fojas 28-32 y 35-38). Lo anterior, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo cual es acorde a la jurisprudencia del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO."1 Además, dicha certeza se corrobora con las constancias que adjunto como complemento a su informe (cuaderno de pruebas anexo a constancias, tomo I) pues de éstas se advierte la existencia del acuerdo combatido (fojas 641-645, y 650). A las referidas documentales se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." 2 CUARTO. Improcedencia. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al del fondo del asunto, en términos del último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las que se advierten de oficio por quien aquí resuelve. En ese orden de ideas, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se desprende de la interpretación armónica de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 5º, fracción I, de la ley de Amparo, y concatenado con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, puesto que el auto o resolución que contiene el apercibimiento de imponer una medida de apremio en caso de no cumplir con lo ordenado (en el caso librar orden de presentación de los aquí quejosos con el uso de la fuerza pública) no produce una afectación actual, real y directa a los impetrantes de amparo ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de la medida de apremio vinculada no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que los obligados cumplan o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va aejecutar, por lo cual no colma el presupuesto de la Ley de Amparo relativo a la existencia de una afectación real y actual en perjuicio de los quejosos, y en ese sentido el amparo promovido contra ese acto es improcedente por no reunir el presupuesto del juicio de amparo, consistente en "la afectación" a los derechos de los quejosos, como se verá enseguida. MARCO NORMATIVO Los dispositivos legales citados son del contenido siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5º.- Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; (.)" Del contenido de los numerales trascritos se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual, o colectivo, siempre que alegue que el acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Al respecto, dichos numerales han sido interpretados por diversos órganos colegiados, como es, entre otros, el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la contradicción de tesis 6/2015 de su índice, cuyo criterio orientador en torno a la naturaleza y efectos que conlleva una resolución que contiene un apercibimiento, por analogía de razón, es compartido por el suscrito juez, por las razones que, en la parte que al caso importa, son del contenido siguiente: "1. Naturaleza de la afectación del acto reclamado, inminente o futuro. En lo relativo a que el acto reclamado que dio origen a los juicios de amparo indirecto, consistente en el apercibimiento de imponer una multa en caso de no cumplir con lo ordenado por la autoridad responsable, es futuro y de realización incierta, pues no se genera con éste ninguna afectación a la esfera jurídica o al interés jurídico del quejoso. En principio, es necesario precisar algunos puntos relacionados con los conceptos de interés jurídico y la afectación o perjuicio que se debe generar al quejoso con el acto reclamado. Como es sabido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un amplio abanico de pronunciamientos históricos sobre el concepto de "interés jurídico" para efectos de la procedencia del juicio de amparo.Los precedentes de la Quinta Época enfatizan constantemente que, un interés sólo es propiamente jurídico, cuando el derecho objetivo lo tutela a través de alguna de sus normas, aunque de toda situación favorable a la satisfacción de una necesidad resulta un interés, destacó la Corte, éste no siempre puede calificarse de jurídico; un puro interés material, que no esté tutelado por el ordenamiento por alguna de sus normas, no puede ser protegido por el juicio de garantías. Lo anterior se advierte de la tesis aislada sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXX, materias administrativa-común, página quinientos sesenta y ocho, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO, NATURALEZA DEL.- [.]" En la Sexta Época, se destaca que el juicio de amparo debe solicitarse por la persona que estime que se le ha privado de algún derecho, propiedad o posesión, pues el interés jurídico se refiere a la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos conculcados. Como se lee de la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Tomo XCVII, página treinta y cuatro, bajo la voz y contenido: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO.- [.]" En la Séptima Época también se abundó sobre el concepto de "interés jurídico". Así destacó, por ejemplo, que surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta, el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto, derivados de las normas del derecho objetivo, en contraposición, de nuevo, a la noción de simple perjuicio económico sufrido por una persona o conjunto de personas, que no se estima suficiente para justificar la procedencia del juicio de garantías. Lo que se advierte de la tesis aislada visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomos 193-198, Cuarta Parte, página ochenta, de epígrafe y texto: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS ECONÓMICO. DIFERENCIA.- [.]" El interés jurídico, subraya otra tesis, se refiere a la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Según consta en la tesis aislada de la Tercera Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomos 193-198, Cuarta Parte, página ochenta, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, NATURALEZA DEL.- [.]" Además, se sostuvo que la afectación de los intereses jurídicos debía realizarse de manera directa para que sea procedente el juicio de amparo, no puede ser una afectación mediata. Jurisprudencia de la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomos 145-150, Tercera Parte, página ciento sesenta y siete, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO.- [.]"Finalmente, en la Novena Época tenemos un criterio que destaca que la tutela de un derecho que puede obtenerse en el amparo, sólo cubre la protección de bienes jurídicos reales y objetivos: las afectaciones del interés jurídico deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; el interés jurídico, ha dicho la Primera Sala, debe acreditarse de forma fehaciente, no puede inferirse con base en presunciones: "la naturaleza intrínseca del acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Esto como consta en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, enero de dos mil ocho, página doscientos veinticinco, de epígrafe y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.- [.]" De lo anterior se advierte que el concepto de interés jurídico ha sido ampliamente analizado y definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al mismo tiempo ha sido materia de diferenciación y estudio la noción de perjuicio como presupuesto, para la procedencia de la acción de amparo. Desde la Quinta Época, se ha establecido que el "perjuicio" que sirve de base para definir el interés jurídico, es sinónimo de ofensa o lesión hecha a los intereses y derechos de una persona, diverso a la noción de privación de una ganancia lícita conforme a la ley civil, y que se trata de un perjuicio que "únicamente puede conocer el quejoso", lo cual impide que pueda decretarse el sobreseimiento por falta de interés sobre la base de una simple apreciación del Juez. Ilustra lo anterior, el criterio aislado de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXI, materia común, página dos mil doscientos catorce, del siguiente rubro y contenido: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO.- [.]" En la Séptima Época se desarrolló con mayor amplitud la noción del perjuicio, entendido como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo tomaba en cuenta para la procedencia del juicio constitucional, reiterándose la exigencia de un perjuicio para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior, como se desprende de la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 97-102, Primera Parte, materia común, página ciento veintitrés, de la voz y texto: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO.- [.]" En la misma época se estableció como presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual del artículo 4o. de la Ley de Amparo, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías causara un perjuicio al quejoso o agraviado; entendido como la afectación por el acto reclamado, de los derechos invocados, ya fueran posesorios o de cualquiera otra clase.Como se ve de la jurisprudencia sustentada por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 72, Séptima Parte, materia común, página cincuenta y cinco, de voz y letra: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.- [...]" Del recorrido anterior, se desprende que, jurisprudencialmente se ha establecido una distinción del concepto de interés jurídico, entendido como la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese; y el perjuicio entendido como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado. En el artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se establece como presupuesto del juicio de amparo, la afectación que debe resentir el quejoso que impone sea real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, de quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, como se lee: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De la exposición de motivos del Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, emanado del Senado de la República, se estableció: "El segundo cambio constitucional importante se refiere al 'interés' o tipo de afectación que se requerirá para iniciar un juicio de amparo y obtener la protección de la Justicia Federal. "En efecto, además del objeto de protección, una cuestión relevante del juicio de amparo tiene que ver con el tipo de interés exigido para solicitarlo. Hasta ahora, en nuestro país se ha seguido la idea de que para tal efecto es necesaria la existencia de un interés jurídico, identificado con el derecho subjetivo. "Si bien en el pasado esa forma de relación entre la situación de las personas y sus posibilidades de acceso a los procesos fuera correcta, en la actualidad no resultaba adecuado seguir exigiendo el interés jurídico para acudir al juicio de amparo. Ello nos conduce a concluir que la forma de resolver el problema del interés para acudir al juicio tiene que ver con la forma en que se vislumbran las posibilidades de acceso a la justicia. "En consecuencia, se abrió la puerta al 'interés legítimo'. "Se trata de una institución con un amplio desarrollo en el derecho comparado y con algunos antecedentes en el nuestro que, justamente, permite constituir como quejosoen el amparo a aquella persona que resulte afectada por un acto en virtud de, o la afectación directa a, un derecho reconocido por el orden jurídico interés jurídico o, cuando el acto de autoridad no afecte ese derecho pero sí la situación jurídica derivada del propio orden jurídico. Lo anterior, reviste una gran importancia dado que, como lo ha señalado el Ministro José Ramón Cossío, resulta relevante la ampliación de posibilidades de entrada al juicio con el objeto de proteger situaciones o hechos que si bien no están totalmente reconocidas por el derecho, sí pudieran afectar derechos fundamentales." De lo que puede apreciarse que, existe un cambio del tipo de interés exigido para solicitar el amparo, esto es, del interés jurídico que se exigía en la Ley de Amparo anterior, al interés legítimo que se consigna en la actual ley, en que se amplían las posibilidades de entrada al juicio de amparo con el objeto de proteger situaciones o hechos que si bien no están totalmente reconocidas por el derecho, sí pudieran afectar derechos fundamentales. Esto es, a través de la incorporación del concepto de interés legítimo, se protege a los gobernados de afectaciones a sus derechos subjetivos, pero además frente a violaciones a su esfera jurídica que no lesionan intereses jurídicos, ya sea de manera directa o indirecta, debido, en este último caso, a su peculiar situación en el orden jurídico; así también se tutelan los llamados intereses difusos o colectivos. No obstante aunque haya cambiado el tipo de interés exigido para la procedencia del amparo, persiste la distinción entre el interés que puede tener el quejoso como requisito de procedencia del juicio de amparo, y la existencia de un perjuicio o afectación, que constituye un presupuesto del juicio de amparo. En el texto del artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, ya no se contempla el concepto de agravio, sino se introduce el de afectación, que impone sea real y actual a la esfera jurídica de quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior, el cambio de "agravio" por "afectación", atiende al cambio del tipo de interés exigido para solicitar el amparo, esto es del interés jurídico que se exigía en la Ley de Amparo anterior, al interés legítimo que se consigna en la actual ley; por lo que, el legislador empleó la palabra "afectación", en uso de un lenguaje más técnico, en que se busca abarcar un universo mayor de individuos para quienes va dirigida la norma, con la finalidad de tutelar sus derechos fundamentales, y que resulta acorde a la ampliación de la tutela judicial a supuestos diversos al interés jurídico. Dicho lo anterior, conviene precisar lo que se ha establecido jurisprudencialmente en cuanto a la naturaleza de los actos reclamados, atendiendo a su realización futura e incierta, o inminente; con el fin, de establecer qué se entiende por realización real y actual. En la Quinta Época, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que son actos futuros aquellos en que sea remota la ejecución, sin que pudiera considerarse actos futuros, aquellos en los que existía inminencia de la ejecución del acto. Esto como se advierte de la tesis 16, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de dos mil, Tomo VI, jurisprudencia SCJN, materia común, página quince, de rubro y contenido: "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES.- [.]" En ese mismo sentido, en esa época, destacó el Máximo Tribunal del País que los actos futuros que no motivan el amparo, se refiere a los actos futuros e inciertos, masno a los que, aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos. Según consta en la tesis de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, «Quinta Época» Tomo XCIV, «Número7» materia común, página mil seiscientos cuarenta y tres, que es del texto siguiente: "ACTOS FUTUROS QUE PUEDEN REALIZARSE, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LOS.- [.]" Asimismo, en ese entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó que el juicio constitucional sólo es procedente cuando es de inminente realización. Criterio sustentado por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, «Quinta Época» Tomo LXXV, «Número 8» materia común, página dos mil ciento ochenta y ocho, de voz y texto: "ACTOS FUTUROS.- [.]" En la Sexta Época, se estableció que cabía el juicio de amparo cuando existía la certidumbre de que un acto se ejecutará de no cumplirse determinado mandato de la autoridad que lo condicionaba, por no constituir un acto futuro o incierto, sino que era consecuencia cierta, concreta y determinada, del cumplimiento de una obligación. Tesis aislada sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, «Sexta Época» Volumen CIII, Tercera Parte, página once, que se transcribe: "ACTOS FUTUROS, CERTEZA DE LOS, EN CASO DE NO CUMPLIRSE DETERMINADA OBLIGACIÓN.- [.]" Entonces, puede colegirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, y que no encajan en esa categoría los actos respecto de los que se tiene la certidumbre de que se ejecutarán de no cumplirse determinado mandato de la autoridad que lo condiciona; es decir, que no pueden estimarse como tales aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, los que aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos relacionados con su ejecución, y que respecto de los actos futuros, el juicio constitucional sólo es procedente cuando son de inminente realización, como lo revelan las tesis invocadas. En ese punto, respecto a lo que se entiende por afectación actual, de la tesis «19» citada de rubro: "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES.", realizando una interpretación a contrario sensu, se aprecia que se estiman como actos no futuros o actuales los que ya se han ejecutado y en los que existe la inminencia de la ejecución del acto. Criterio que es corroborado con lo sustentado en la Séptima Época, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció que el agravio al interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder y seguramente se le causará. Tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 199-204, primera parte, página ciento treinta y cinco, de epígrafe y texto:"AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL.- [.]" Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Manual del Juicio de Amparo, capítulo cinco, editorial Themis, México, páginas 31 a 32, estableció como principio fundamental del juicio de amparo, entre otros, el de la existencia del agravio personal y directo. Al definirlo, señaló: "II. El principio de la existencia del agravio personal y directo también se desprende de los artículos 107, fracción I, constitucional, y 4o., de la Ley de Amparo, que, como se ha visto, respectivamente estatuyen que el juicio se seguirá siempre a instancia de 'parte agraviada' y que únicamente puede promoverse por la parte 'a quien perjudique el acto o la ley que reclama.' "Ahora bien, por 'agravio' debe entenderse todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral, menoscabo que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En otras palabras: la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. "Y ese agravio, debe recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, no ser abstracto, genérico; y ser de realización pasada, presente o inminente; es decir, haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio, hipotético (en esto estriba lo 'directo' del agravio. Los actos simplemente 'probables' no engendran agravio, ya que resulta indispensable que aquellos existan o que haya elementos de los que pueda deducirse su realización futura con certeza (tesis jurisprudencial número 74, página 123 del último Apéndice). "Este principio no tiene excepciones." Entonces, el Máximo Tribunal del País estableció que la afectación al quejoso debe ser real y no subjetiva, recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, y ser de realización pasada, presente o inminente. En ese aspecto, el texto del artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, en que se impone una afectación real y actual a la esfera jurídica de quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, va más allá de lo que se ha venido interpretando jurisprudencialmente, pues se exige un nivel de certidumbre mayor a lo antes analizado, ya que no basta que seguramente se cause el perjuicio al agraviado, sino exige un nivel de prueba mayor. En consecuencia, es válido concluir que la exigencia de una afectación real y actual, implica un requisito de procedencia del juicio de amparo, en que se exige que con el acto reclamado, se cause afectación al interesado, en el aspecto más amplio de tutela de derechos fundamentales, el que puede haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio, hipotético; lo que además debe ser plenamente comprobado. Expuesto lo anterior, en cuanto al acto reclamado que nos ocupa, consistente en el apercibimiento de multa en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado por la Autoridad en el auto impugnado, es pertinente considerar de inicio la naturaleza de un apercibimiento. Conforme a la definición contenida en el Diccionario de la Lengua Española, obra de la Real Academia Española, edición 23.a, publicada en octubre de dos mil catorce, se entiende: "Apercibimiento.1. m. Acción y efecto de apercibir. "2. m. Der. Corrección disciplinaria que consiste en anotar una infracción al culpable y que en caso de que se repita dará lugar a una sanción más grave." De lo anterior, se advierte que el apercibimiento implica dos momentos, en el primero, que la persona a quien se dirige haya cometido una infracción, y segundo, en caso de que la repita dará lugar a una sanción; entonces, la sanción no está impuesta en el apercibimiento, sino que queda sujeta a que se repita la infracción para que se imponga. En ese aspecto, en la Quinta Época, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el simple apercibimiento no implica un perjuicio material, real y efectivo, por lo que el amparo es improcedente contra él. Tesis aislada de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, «Quinta Época» publicada en Informes, Informe 1937, materia común, página diecinueve, de rubro y texto: "APERCIBIMIENTO.-Como el simple apercibimiento no implica un perjuicio material, real y efectivo, el amparo es improcedente contra él." Misma Sala, que en esa época, sostuvo que el apercibimiento de imponer una nueva multa, en caso de que el sancionado reincida en el hecho que la motivó, no implica un perjuicio material, real y efectivo en sus bienes y, por tanto, el amparo que pida contra aquél, debe declararse improcedente. Tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, «Quinta Época» Tomo LI, materia común, página mil trescientos cuatro de rubro y texto: "APERCIBIMIENTO, NO CAUSA PERJUICIO.- El apercibimiento de imponer una nueva multa, en caso de que el multado reincida en el hecho que la motivó, no implica un perjuicio material, real y efectivo en sus bienes y, por tanto, el amparo que pida contra aquél, debe declararse improcedente." En ese orden de ideas, puede establecerse que el apercibimiento si bien impone una sanción al infractor, es necesario que exista una repetición de la conducta para que se imponga una mayor, esto es, para la imposición de la sanción prevista en el apercibimiento, se requiere que el infractor cometa una conducta que dé lugar a sancionarlo. La naturaleza de dicho acto es de realización futura e incierta, en razón de que la imposición de la sanción prevista en el apercibimiento depende de la conducta asumida por el sujeto a quien se dirigió, de manera que si cumple no se hará efectivo, y si no cumple, entonces sí se hará efectivo, quedando a su voluntad la imposición o no de esa sanción. En tal virtud, respecto al apercibimiento de multa en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado por la responsable, la multa no se decretará como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que, está condicionada a que el obligado cumpla o no con el acuerdo, luego, no es inminente; sino por el contrario es un acto incierto, pues no existe la certeza de que se va a ejecutar pues puede ser que el propio agraviado asuma la conducta ordenada, o bien, la Autoridad decida no hacer efectivo el apercibimiento, de ahí que sea futuro e incierto. En este punto, cabe decir que si el apercibimiento de multa carece de ejecución, como acto autónomo del auto en que se imponga la multa, no existirá acto de molestia al quejoso, porque lo contenido en ese auto no implicará algún cambio en su esferajurídica, sino sólo hasta que se ejecute la sanción, lo que será realizado en otro acto autónomo. Por lo que se concluye, el apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar. 2. Causal de Improcedencia. [.] 2.c) Se analiza la causal de improcedencia que el Juez Federal estimó actualizada prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 5o., fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo, confirmada por diversos Tribunales Colegiados, contendientes. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. "Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Como se ve, es un presupuesto del juicio de amparo la existencia de una parte agraviada, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado, viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Asimismo, es pertinente destacar lo que precisa el artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente ley con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ... Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa."Numeral que condiciona para la promoción del juicio de amparo, la existencia de una parte quejosa quien resienta afectación real y actual en su esfera jurídica, aspecto analizado en líneas precedentes. Luego, si no existe esa afectación o sea inminente, puede reputarse improcedente el juicio de amparo. En consecuencia, con base en lo expuesto en las líneas que anteceden, si el acto reclamado consistente en el apercibimiento de imponer una multa en caso de no cumplir con lo ordenado, es de realización futura e incierta, no colma el presupuesto de la Ley de Amparo relativo a la existencia de una afectación real y actual en perjuicio del quejoso, y en ese sentido el amparo promovido contra ese acto es improcedente por no reunir el presupuesto del juicio de amparo, consistente en "la afectación" a los derechos del quejoso. Luego, es de concluir que este tipo de actos produce la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5o., fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo; sin que dé lugar a relacionar el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la causal invocada, como lo hizo el Juez Federal, toda vez que el precepto constitucional no exige que el agravio sea real y actual, y es en la Ley de Amparo en donde se establece ese presupuesto de procedencia, por lo que es suficiente la cita de los preceptos previstos en la ley de la materia. 3. Causa notoria y manifiesta de improcedencia. [.] En el caso concreto, el acto reclamado consistente en el apercibimiento de multa en caso de no dar cumplimiento al laudo, en sí mismo es un acto futuro e incierto, que actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, pues basta el escrito de demanda conocer cuál es el acto reclamado, por lo que con independencia de que se sustancie el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. En consecuencia, se concluye que el acto reclamado consistente en el apercibimiento de multa en caso de no dar cumplimiento al laudo, por ser futuro e incierto, no colma el presupuesto de la Ley de Amparo relativo a la existencia de una afectación real y actual en perjuicio del quejoso, lo que actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, con independencia de que se sustancie el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley. [...]" La tesis jurisprudencial que surgió de dicha contradicción de tesis es del contenido siguiente: MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no sedecreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley. Con base en lo expuesto en las líneas que anteceden, por analogía de razón se tiene que si el acto reclamado consiste en el apercibimiento de imponer una medida de apremio en caso de no cumplir con lo ordenado, entonces se trata de un acto de realización futura e incierta que no colma el presupuesto de la Ley de Amparo relativo a la existencia de una afectación real y actual en perjuicio del quejoso, y en ese sentido el amparo promovido contra ese acto es improcedente por no reunir el presupuesto del juicio de amparo, consistente en "la afectación" a los derechos del quejoso, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5o., fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo. ANTECEDENTES De las constancias que integran el presente juicio de amparo, sobre todo de las que integran el juicio laboral de origen (cuaderno de pruebas anexo) antes valoradas, se advierten como antecedentes de los actos reclamados los que enseguida se enlistan: 1. El tres de noviembre de dos mil catorce, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, condenó al Ayuntamiento de Otatitlán, Veracruz, al pago de indemnización constitucional y salarios caídos en favor de los trabajadores, aquí terceros interesados, 1. María Guadalupe Cuevas Caballero 2. Sugey Muñoz López 3. Hilario Blanco Muñoz 4. María Inés Hernández Salomón 5. Ángel Benjamín Ponce Vázquez 6. Oscar Beltrán Aguilar 7. Ángela Aburto Rodríguez 8. Iván Curiel García y 9. Andrea Arano Valis (fojas 2-54). 2. En diversas ocasiones, la autoridad responsable aduce que requirió a la parte quejosa al cumplimiento del laudo, tal como dijo constar en los proveídos de quince de mayo, diez de julio, quince de noviembre, estos de dos mil quince; veintitrés de junio y uno de septiembre, estos de dos mil diecisiete; veintitrés de enero, tres de mayo y nueve de julio, estos de dos mil dieciocho; trece de mayo y veinte de septiembre, ambos de dos mil diecinueve y, por último, en diez de febrero de dos mil veinte, en el cual hizo tal referencia (foja 642) y que es el combatido en el presente juicio (fojas 641- 645 y 650). 3. En el mismo acuerdo de diez de febrero de dos mil veinte se requirió al ayuntamiento demandado el cumplimiento del laudo dictado en su contra, y se impuso como apercibimiento la medida de apremio consistente en que: de no dar cumplimiento, en el siguiente acuerdo que se emita,sin más demora, se ordenaría la presentación de los aquí quejosos ante la sede del Tribunal responsable, con el auxilio de la fuerza pública, por lo cual se señaló día y hora para llevar a cabo dicha diligencia. 4. Luego, en auto de seis de marzo de dos mil veinte (fojas 653 vta.- 656 y 659) se dejó sin efectos la fecha señalada para llevar a cabo el requerimiento señalado en el citado auto de diez de febrero de dos mil veinte y, en su lugar, se señaló nueva fecha para llevar a cabo el requerimiento de pago al ayuntamiento demandado, bajo el mismo apercibimiento que aquí se combate, y para que diera cumplimiento al citado laudo, para lo cual se señaló como nuevo día y hora, las doce horas del seis de abril de dos mil veinte; sin embargo, dicha diligencia no pudo ser ejecutado, 5. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte (foja 660) el tribunal responsable suspendió las labores de dicho órgano a partir del dieciocho de marzo y hasta el diecisiete de abril de dos mil veinte, como consecuencia de la contingencia de salud pública por el Coronavirus Covid- 19. Medida que se reiteró en diversos acuerdos (fojas 661-670) salvo la atención de casos urgentes, y que comprendió hasta el día diecisiete de septiembre de dos mil veinte. 6. Finalmente, en atención a que no se pudo llevar a cabo la ejecución de los acuerdos antes referidos en los puntos 3 y 4 de esta relatoría, mediante acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veinte (fojas 697 vta.-703) se requirió al ayuntamiento demandado para que diera cumplimiento al laudo dictado en su contra y, en su caso, llevara a cabo las acciones que se precisaron en dicho acuerdo, a fin de lograr el debido cumplimiento, imponiendo como apercibimiento para el caso de incumplimiento, la aplicación de una multa de hasta quince días de unidad de medida y actualización. Para su ejecución, se señalaron las diez horas del día veintisiete de noviembre de dos mil veinte. El acuerdo referido en el punto 3 anterior constituye el acto reclamado en el presente juicio, y hasta aquí los antecedentes del mismo. SUBSUNCIÓN En el contexto anterior, se destaca que, si bien en el auto de diez de febrero de dos mil veinte se requirió al ayuntamiento demandado el cumplimiento del laudo dictado en su contra, y se impuso como apercibimiento la medida de apremio consistente en que: de no dar cumplimiento, en el siguiente acuerdo que se emita, sin más demora, se ordenaría la presentación de los aquí quejosos ante la sede del Tribunal responsable, con el auxilio de la fuerza pública, sin embargo éste deviene improcedente. Lo anterior es así, puesto que el apercibimiento de imponer una medida de apremio consistente en la presentación de los aquí quejosos ante la sede del Tribunal responsable, con el auxilio de la fuerza pública, lo es para el caso de no cumplir con el requerimiento formulado a la parte quejosa dentro del procedimiento de ejecución llevado en el juicio de origen, lo que constituye un acto de realización futura e incierta que, por tal naturaleza no colma el presupuesto de la Ley de Amparo relativo a laexistencia de una afectación real y actual en perjuicio de la parte quejosa; por tanto, el amparo promovido contra ese acto es improcedente por no reunir el presupuesto del juicio de amparo, consistente en "la afectación" a los derechos de los quejosos. CONCLUSIÓN En las relatadas condiciones, al operar la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXIII, y 5º, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Ahora bien, conforme a los términos antes expuestos, no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por los peticionarios de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO."3 Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales; en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en el artículo 61, 64, 73, 74, 77 y 79, todos de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio, en relación con los actos reclamados en el presente juicio, que quedaron precisados y que se reclaman a las autoridades responsables señaladas en los considerandos segundo y tercero; por los motivos y razones expuestas en el cuarto considerado de esta sentencia.SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo.
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