Abel Alarcón Rodríguez

Expediente 486/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
486/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • Abel Alarcón Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de septiembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó el presente asunto, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Acto continuo, la secretaria da cuenta con el estado de autos, informa de las constancias que integran el expediente y certifica que transcurrieron ocho días respecto del informe rendido por la autoridad responsable, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. El Encargado del Despacho acuerda: téngase por formulada la relación de constancias, y en razón de que no existe obstáculo alguno, continúese con la presente audiencia. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta con los siguientes medios de prueba: De la parte quejosa, las pruebas documentales que exhibió junto con su escrito de demanda. De la autoridad responsable las documentales que ofreció como justificación de sus actos. El Encargado del Despacho acuerda: se admiten y desahogan dichas probanzas por su propia y especial naturaleza, acorde a lo señalado en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, sin perjuicio de que sean valoradas al resolver el presente asunto; al no existir pruebas pendientes de relacionar, se cierra el período probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló y que el Fiscal Federal de la adscripción no presentó pedimento. A lo anterior el Encargado del Despacho acuerda: al no existir alegatos por relacionar, se declara cerrada la presente etapa. A continuación, el Encargado del Despacho procede a dictar sentencia: Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 486/2023 y, RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el siete de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Abel Alarcón Rodríguez promovió demanda de amparo, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, los cuales más adelante se precisarán (fojas 02 a 12). SEGUNDO. Por acuerdo de ocho de junio del presente año, se admitió a trámite la demanda de mérito, donde se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, y se fijó hora y fecha para celebrar audiencia, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede (fojas 14 a 17). Mediante lista de acuerdos de catorce de junio de la presente anualidad, se emplazó al juicio a la parte tercera interesada Victoria Beatriz Quijano Canto (foja 23). Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 24 a 106) así como constancia de notificación del Fiscal Adscrito a este Juzgado (foja 21) y de la tercera interesada (foja 23) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto que afecta el derecho a acceso a la justicia, así como debido proceso en perjuicio del gobernado, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, atento a que el acto reclamado no tiene ejecución material por lo que corresponde su resolución al juzgado que previno en su conocimiento. SEGUNDO. Fijación de acto. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el mismo consiste en: Dilación en el proceso del juicio ejecutivo mercantil 2978/2018 del índice del juzgado responsable, particularmente la omisión de acordar escritos presentados el veinte de octubre de dos mil veintidós, ante la oficialía de partes, por medio de los cuales formuló su planilla de regulación de intereses y su planilla de regulación de costas. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no la existencia de dicho acto. TERCERO. Certeza de acto. El Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, al rendir su informe justificado acepto la existencia de los actos reclamados (foja 24). Lo anterior se corrobora, con las constancias que remitió junto con su informe justificado, documentales a la que, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, se le confiere valor probatorio pleno al tratarse de documento público expedido por un servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. CUARTO. Improcedencia del juicio. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, a criterio de este juzgador, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, puesto que cesaron los efectos de la omisión reclamada, como a continuación se verá. MARCO LEGAL El referido numeral y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos, se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Hasta aquí el marco legal. ANTECEDENTES Enseguida, a efecto de exponer las consideraciones que sustentan el presente fallo, se estima necesario hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado, de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 2978/18-II del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, cuyo valor probatorio ya ha sido asignado, y que esencialmente son los siguientes: a). El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, el aquí quejoso Abel Alarcón Rodríguez, presentó demanda en la vía ejecutiva mercantil en contra de Victoria Beatriz Quijano Canto, en su carácter de deudora principal, radicándose en consecuencia el juicio ejecutivo mercantil 2978/2018 (fojas 27 - 42). b). Seguida la secuela procesal, se aprecia que el veinte de octubre de dos mil veintidós, Josué Espinosa García, en su carácter de autorizado presentó tres escritos ante la oficialía de partes del juzgado responsable, de los que se aprecia que formuló su planilla de regulación de intereses y su planilla de regulación de costas; y en consecuencia a ello, se advierte que mediante acuerdo de doce de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable acordó dichos escrito, ordenó dejar a vista por el término de tres días la planilla de regulación de costas en términos del artículo 1348 del Código de Comercio; y por cuanto hace al escrito del autorizado, ordenó la reanudación del procedimiento por haberse dejado de actuar por más de seis meses. Ordenándose notificar dicho acuerdo de dos de junio de dos mil veintitrés, por lista de acuerdos el mismo día (fojas 99 -103). Hasta aquí la relatoría de antecedentes. SUBSUNCIÓN Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la segunda, pues en el caso, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que la autoridad responsable emitió un nuevo acto que incide en la omisión de acordar lo conducente en relaciona las solicitudes que le formuló la parte aquí quejosa, sustituyéndose la omisión por ese acuerdo. Lo anterior es así, pues se estima que la omisión que se dolía la parte quejosa y que existía al momento de la presentación de la demanda de amparo que generó el presente juicio (siete de junio de dos mil veintitrés) ha quedado superada, por el acuerdo de doce de junio de dos mil veintitrés, a través del cual acordó los escritos presentados por el autorizado de la parte aquí quejosa, parte actora en el juicio de origen. Esto es, mediante acuerdo de doce de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable acordó dichos escrito, ordenó dejar a vista por el término de tres días la planilla de regulación de costas en términos del artículo 1348 del Código de Comercio; y por cuanto hace al escrito del autorizado, ordenó la reanudación del procedimiento por haberse dejado de actuar por más de seis meses (foja 99). Por tanto, la omisión reclamada a la autoridad responsable dentro del juicio ejecutivo mercantil 2978/2018 del índice del juzgado responsable, quedó destruida en forma total e incondicional, de manera que las cosas se encuentran en el estado que tendrían como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si los actos no hubiesen afectado la esfera jurídica del impetrante de amparo, pues basta que el suscrito pueda apreciar por las constancias de autos, que dichos efectos han dejado de existir, para que de oficio declare que el juicio es improcedente en relación con dichos actos reclamados. De lo anterior, se observa que la parte quejosa tuvo conocimiento de dicha determinación al momento en que se le dio vista con el informe rendido por el juez responsable, así como de las constancias con que lo acompañó, consistentes en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 2978/2018 (de entre las que destaca el acuerdo de doce de junio de la presente anualidad, donde la responsable acordó los escritos presentados por el autorizado de la parte actora en el juicio de origen) notificándosele por lista de acuerdos el mismo doce de junio de dos mil veintitrés. Luego, si la parte quejosa conoció del acuerdo en que la autoridad responsable acordó sus escritos presentados en la oficialía de partes del juzgado responsable; por ende, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, al haber desaparecido en su totalidad la omisión reclamada, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la afectación a la esfera jurídica del quejoso. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se destaca que si bien dicha jurisprudencia es anterior a la Décima Época, aun así es aplicable a la Ley de Amparo vigente, atento que no se opone a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. CONCLUSIÓN En los términos antes apuntados, al quedar probada la cesación de la omisión aquí combatida, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. En congruencia con lo anterior no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado en los artículos 1º, 16, 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por Abel Alarcón Rodríguez, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Así lo resolvió y firma de manera electrónica Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Encargado del Despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizada en la Jurisprudencia 1a./J. 14/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con motivo de que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra gozando de su primer período vacacional, que comprende del catorce al veintiocho de julio de dos mil veintitrés; según consta en el oficio CCJ/ST/3218/2023 signado por la Secretaria Técnico de Comisión Permanente, asistido de la secretaria Ingrid Alvarez Cruz, con quien actúa y da fe.Ingrid Alvarez Cruzveinte de julio de dos mil veintitrésIngrid Alvarez Cruz

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Juez del Juzgado Segundo De Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase como prueba de la responsable de mérito, las documentales que anexa a su oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la aludida audiencia que al efecto se celebre. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al no advertirse la existencia de alguna causa de improcedencia que resulte notoria, manifiesta e indudable, SE ADMITE la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia con residencia en Veracruz, Veracruz. Fórmese expediente y regístrese bajo el número 486/2023. NOTIFICACIÓN AL FISCAL ADSCRITO DE LA FEDERACIÓN Con apoyo en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese intervención a la Ministerio Público de la Federación, y córrasele traslado con copia de la demanda. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL A efecto de no vulnerar la pronta y expedita administración de justicia, conforme a lo preceptuado por el artículo 17 Constitucional, en relación con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo; atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INFORME JUSTIFICADO Y CONSTANCIAS Asimismo, en términos de los artículos 115, 116 y 117, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable para que dentro del PLAZO DE QUINCE DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, rinda informe justificado, en el que deberá manifestar en forma expresa y clara, si es o no cierto el acto que se le atribuye y que consiste de manera preliminar en: la dilación en el proceso del juicio ejecutivo mercantil ******************** de la estadística del juzgado responsable. Ello sin perjuicio que debe pronunciarse por todos los actos que se desprendan de la demanda, además de exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Apercibida que de no rendir su informe con justificación, se presumirá cierto el o los actos reclamados, o de no remitir las referidas constancias, en la sentencia respectiva, se le impondrá multa de cien hasta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, de conformidad con la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO AUTORIDADES En el entendido de que las autoridades responsables se encuentran obligadas a recibir los oficios que se le envían y en caso de que no correspondan a su denominación correcta o ésta sea incompleta, pero sí existe la autoridad, deberán comunicarlo por escrito a este juzgado con su informe justificado. En ese sentido, se hace saber que si una autoridad se niega a recibir un oficio, sin causa justificada, se tendrá por hecha la notificación de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, siendo responsable de toda consecuencia legal; asimismo, con fundamento en el artículo 245 de la ley en cita, se le impondrá multa de cien hasta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, únicamente le serán notificadas por oficio, las determinaciones previstas como personales para las demás partes, así como aquellas que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las autoridades responsables que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx pueden realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de a Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se significa a las autoridades responsables que no es necesario acusar recibo de notificaciones, salvo en los casos que expresamente este Juzgado de Distrito así lo solicite; lo anterior, para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta, energía eléctrica y recursos económicos en mensajería oficial y telegráfica; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Por otro lado, requiérase a las partes que en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, informen a este Juzgado cuando se haya actualizado alguna causa de sobreseimiento; por tanto, de ser el caso, deberán remitir de inmediato copias certificadas de las constancias respectivas; advertidos de que en caso de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta hasta trescientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por exhibidas la documentales anexadas a su escrito, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional, conforme al artículo 124 de la ley de la materia. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse el incidente de suspensión, en razón de que en términos del artículo 128 fracción I de la Ley de Amparo, salvo lo dispuesto en el diverso artículo 127 de la propia Ley, éste solo puede abrirse cuando lo solicite el quejoso, y en el caso, éste no fue solicitado expresamente, ni se trata de un acto que de consumarse sea físicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho reclamado. TERCERO INTERESADO Ahora, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene en su carácter de parte tercera interesada a ********************, quien tiene su domicilio ubicado en ********************. En consecuencia, se comisiona a la actuaria adscrita a este juzgado, para que conforme al artículo 26, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se sirva emplazar al presente juicio a la citada tercera interesada en el domicilio mencionado en líneas precedentes, corriéndole traslado con copia autorizada de la demanda de amparo y del presente acuerdo, por así disponerlo el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, a quien conforme al apartado 27, fracción II, de la citada Ley de Amparo, deberá requerirla para que en el acto de la diligencia señale domicilio en esta plaza, para oír y recibir notificaciones; apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Indíquese a la actuaria de este juzgado, de que en caso de ser necesario, se habilita a efecto de que en días y horas inhábiles se constituya en el domicilio antes indicado, a fin de que realice el emplazamiento encomendado, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** puesto que sí acredita la calidad de licenciado en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad, cierto y exacto para tal efecto. CONSULTA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Asimismo, se le autoriza dicha consulta por la vía internet, con el nombre de usuario ******************** en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y de igual forma, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, las notificaciones se le practicarán por la vía electrónica. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese en términos de la Ley.

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