Zyanya Ivonne Baez Olmos
Expediente 803/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 803/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Zyanya Ivonne Baez Olmos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 803/2022-III Puebla, Puebla, dos de septiembre de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 803/2022-III Puebla, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Acusa recibo. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por el cual acusa recibo de las copias certificadas del presente juicio de amparo, las cuales fueron remitidas con motivo de la separación de juicios decretada en proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintidós. De lo cual se toma el debido conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
} JUICIO DE AMPARO 803/2022-III Puebla, Puebla, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Quejosa desahoga prevención Se agrega al expediente el escrito de cuenta, signado por la quejosa ++++++++++++++, a través del cual desahoga los requerimientos efectuados en proveídos de veintinueve de julio y diez de agosto de dos mil veintidós, en el siguiente sentido: ACTOS RECLAMADOS Y AUTORIDADES RESPONSABLES. De los escritos aclaratorios de la quejosa, se obtienen que los actos reclamados son: a) La orden de detención librada en su contra y su ejecución; y, b) La orden de retener el vehículo ++++++++++++++++++ y su ejecución. Atribuidas a las siguientes autoridades: Con el carácter de ordenadora: Titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres. Con el carácter de ejecutora: Titular de Apoyo Policial de la Unidad Especializada en Investigación de Trata de Personas (++++++++).. De los actos antes mencionados, se advierte que estos pueden derivar o no de los mismos hechos, pero su examen se verificará a partir de garantías constitucionales y derechos fundamentales diversos, lo que no es posible realizar en una misma sentencia de amparo. Entonces, se estima necesario decretar de oficio la separación de juicios respecto de los actos reclamados consistentes en: a) La orden de detención librada en su contra y su ejecución; y, b) La orden de retener el vehículo ++++++++++++ y su ejecución. Por consiguiente, se ordena formar un cuaderno de antecedentes por el acto que se separara el presente juicio, con el oficio en el que se inserte la presente separación de juicios, y fotocopia certificada de la demanda de amparo. Hecho lo anterior, se instruye remitir el cuaderno de antecedentes a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Penal en el Estado de Puebla, para que lo registre con el oficio respectivo y lo turne al juzgado que deba conocer de la demanda relativa al acto reclamado consistente en: la orden de retener el ++++++++++++++++++, atribuida a las autoridades administrativas antes precisadas. Ello de conformidad con las disposiciones vigentes que ha emitido el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MATERIA DEL JUICIO DE AMPARO. En mérito de lo anterior, este juicio se tramitará por el acto reclamado consistente en: a) La orden de detención librada en contra de la quejosa; así como su ejecución. Acto reclamado a las autoridades responsables denominadas: Con el carácter de ordenadora: Titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres. Con el carácter de ejecutora: Titular de Apoyo Policial de la Unidad Especializada en Investigación de Trata de Personas (++++++++++++++++++). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. El artículo 1131 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2 . Ahora, el acto combatido en el presente juicio de amparo consiste en la orden de detención librada en contra de la quejosa; así como su ejecución. Dicho acto fue atribuido al Titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, en calidad de autoridad ordenadora y al Titular de Apoyo Policial de la Unidad Especializada en Investigación de Trata de Personas, en calidad de ejecutora. De ello, se actualiza una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción V del diverso 107, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y el artículo 16 constitucional . Se explica: En el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio u orden de presentación a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de aprehensión en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia, en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar la retención por el plazo constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar a autoridades de carácter administrativo la emisión de una orden de detención, porque como se explicó en párrafos precedentes, carecen de facultades legales y constitucionales para ordenar la detención de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco pueden ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que a razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, la aquí quejosa pueda evadirse. Sin embargo, de los hechos descritos en la demanda de amparo así como en los escritos aclaratorios bajo protesta de decir verdad, la quejosa sólo menciona que, se han presentado unas personas a su domicilio aduciendo que le pretenden ejecutar una orden. Lo que evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera el desarrollo de una investigación en su contra, ello no implica que el representante social ordenara detenerla. Ahora, aun si el representante social la llegara a citar con la calidad de persona investigada, primero, tendría que cumplir con la obligación de darle a conocer los registros de la investigación tal como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con los principios y derechos de adecuada defensa, igualdad ante la ley y debido proceso. Incluso, después de haber cumplido con tales exigencias, el agente del Ministerio Público sólo podría recabarle su entrevista a fin de incorporarla como dato de prueba, y no su declaración porque en el sistema penal acusatorio el representante social carece de facultades para obtener pruebas de manera unilateral, como lo hacían en el sistema penal mixto; ahora, para obtener algún tipo de prueba de lo que una persona imputada llegue a decir, es indispensable que se cumplan con los principios de inmediación y contradicción. Lo que en el caso, evidentemente no sucede. Además, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la cita de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución General de la República, toda vez que a virtud de la orden de presentación, solamente se pide al inculpado comparecer ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a ser entrevistado, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, el presentado puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo. Además, con ello, lejos de coartarle algún derecho, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que el peticionario del amparo, en su caso, se apersone ante dicha autoridad, aquel se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aparte, de que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. En efecto, el agente del Ministerio Público, tiene la facultad constitucional de investigar los delitos y ese proceso de investigación para conocer determinados hechos no debe ser obstaculizado por cada acto de investigación que se pretenda llevar a cabo, como es la entrevista de quien es señalado como la persona que de manera probable participó en algún hecho que la ley señala como delito. Mención aparte merecen las técnicas de investigación que pueden afectar de manera directa e inmediata derechos fundamentales; sin embargo, para que el agente del Ministerio Público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del Juez de Control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En mérito de todo lo anterior, es improcedente el juicio de amparo contra la orden de detención y su ejecución atribuidas a las autoridades administrativas señaladas como responsables. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo presentada por +++++++++++++ por propio derecho, contra la orden de busca, detención; así como su ejecución, atribuidas a las autoridades antes señaladas, pues se actualizó la referida causa de improcedencia manifiesta e indudablemente. REGISTRO DE PARTES EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. Se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Notifíquese; de manera personal a la quejosa (en su domicilio procesal) y cúmplase
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SE DEJO AVISO DE NOTIFICAICON A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. } JUICIO DE AMPARO 803/2022-III Puebla, Puebla, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Quejosa desahoga prevención Se agrega al expediente el escrito de cuenta, signado por la quejosa ++++++++++++++, a través del cual desahoga los requerimientos efectuados en proveídos de veintinueve de julio y diez de agosto de dos mil veintidós, en el siguiente sentido: ACTOS RECLAMADOS Y AUTORIDADES RESPONSABLES. De los escritos aclaratorios de la quejosa, se obtienen que los actos reclamados son: a) La orden de detención librada en su contra y su ejecución; y, b) La orden de retener el vehículo ++++++++++++++++++ y su ejecución. Atribuidas a las siguientes autoridades: Con el carácter de ordenadora: Titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres. Con el carácter de ejecutora: Titular de Apoyo Policial de la Unidad Especializada en Investigación de Trata de Personas (++++++++).. De los actos antes mencionados, se advierte que estos pueden derivar o no de los mismos hechos, pero su examen se verificará a partir de garantías constitucionales y derechos fundamentales diversos, lo que no es posible realizar en una misma sentencia de amparo. Entonces, se estima necesario decretar de oficio la separación de juicios respecto de los actos reclamados consistentes en: a) La orden de detención librada en su contra y su ejecución; y, b) La orden de retener el vehículo ++++++++++++ y su ejecución. Por consiguiente, se ordena formar un cuaderno de antecedentes por el acto que se separara el presente juicio, con el oficio en el que se inserte la presente separación de juicios, y fotocopia certificada de la demanda de amparo. Hecho lo anterior, se instruye remitir el cuaderno de antecedentes a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Penal en el Estado de Puebla, para que lo registre con el oficio respectivo y lo turne al juzgado que deba conocer de la demanda relativa al acto reclamado consistente en: la orden de retener el ++++++++++++++++++, atribuida a las autoridades administrativas antes precisadas. Ello de conformidad con las disposiciones vigentes que ha emitido el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MATERIA DEL JUICIO DE AMPARO. En mérito de lo anterior, este juicio se tramitará por el acto reclamado consistente en: a) La orden de detención librada en contra de la quejosa; así como su ejecución. Acto reclamado a las autoridades responsables denominadas: Con el carácter de ordenadora: Titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres. Con el carácter de ejecutora: Titular de Apoyo Policial de la Unidad Especializada en Investigación de Trata de Personas (++++++++++++++++++). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. El artículo 1131 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2 . Ahora, el acto combatido en el presente juicio de amparo consiste en la orden de detención librada en contra de la quejosa; así como su ejecución. Dicho acto fue atribuido al Titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, en calidad de autoridad ordenadora y al Titular de Apoyo Policial de la Unidad Especializada en Investigación de Trata de Personas, en calidad de ejecutora. De ello, se actualiza una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción V del diverso 107, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y el artículo 16 constitucional . Se explica: En el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio u orden de presentación a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de aprehensión en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia, en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar la retención por el plazo constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar a autoridades de carácter administrativo la emisión de una orden de detención, porque como se explicó en párrafos precedentes, carecen de facultades legales y constitucionales para ordenar la detención de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco pueden ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que a razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, la aquí quejosa pueda evadirse. Sin embargo, de los hechos descritos en la demanda de amparo así como en los escritos aclaratorios bajo protesta de decir verdad, la quejosa sólo menciona que, se han presentado unas personas a su domicilio aduciendo que le pretenden ejecutar una orden. Lo que evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera el desarrollo de una investigación en su contra, ello no implica que el representante social ordenara detenerla. Ahora, aun si el representante social la llegara a citar con la calidad de persona investigada, primero, tendría que cumplir con la obligación de darle a conocer los registros de la investigación tal como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con los principios y derechos de adecuada defensa, igualdad ante la ley y debido proceso. Incluso, después de haber cumplido con tales exigencias, el agente del Ministerio Público sólo podría recabarle su entrevista a fin de incorporarla como dato de prueba, y no su declaración porque en el sistema penal acusatorio el representante social carece de facultades para obtener pruebas de manera unilateral, como lo hacían en el sistema penal mixto; ahora, para obtener algún tipo de prueba de lo que una persona imputada llegue a decir, es indispensable que se cumplan con los principios de inmediación y contradicción. Lo que en el caso, evidentemente no sucede. Además, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la cita de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución General de la República, toda vez que a virtud de la orden de presentación, solamente se pide al inculpado comparecer ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a ser entrevistado, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, el presentado puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo. Además, con ello, lejos de coartarle algún derecho, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que el peticionario del amparo, en su caso, se apersone ante dicha autoridad, aquel se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aparte, de que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. En efecto, el agente del Ministerio Público, tiene la facultad constitucional de investigar los delitos y ese proceso de investigación para conocer determinados hechos no debe ser obstaculizado por cada acto de investigación que se pretenda llevar a cabo, como es la entrevista de quien es señalado como la persona que de manera probable participó en algún hecho que la ley señala como delito. Mención aparte merecen las técnicas de investigación que pueden afectar de manera directa e inmediata derechos fundamentales; sin embargo, para que el agente del Ministerio Público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del Juez de Control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En mérito de todo lo anterior, es improcedente el juicio de amparo contra la orden de detención y su ejecución atribuidas a las autoridades administrativas señaladas como responsables. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo presentada por +++++++++++++ por propio derecho, contra la orden de busca, detención; así como su ejecución, atribuidas a las autoridades antes señaladas, pues se actualizó la referida causa de improcedencia manifiesta e indudablemente. REGISTRO DE PARTES EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. Se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Notifíquese; de manera personal a la quejosa (en su domicilio procesal) y cúmplase
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