Zaira Aideth Martínez Vega

Expediente 1058/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1058/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
15/12/2022

Partes del expediente

  • CRISTIAN MENDOZA RUIZ y Otros.
  • Zaira Aideth Martínez Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1058/2022-VIII. Puebla, Puebla, quince de diciembre de dos mil veintidós. Recepción de ejecutoria y anexos. Se agrega al expediente el oficio signado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el que remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el uno de diciembre de dos mil veintidós, en el recurso de queja ******, que en su único punto resolutivo establece: ".UNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ******, ******, *******, *******, ******* y *******, por conducto de sus autorizados en términos amplios ****** y ****** (la primera, quien también es defensora particular de los quejosos en el proceso penal de origen), en contra del proveído de seis de octubre del referido año, por el cual se desechó la demanda de amparo en el juicio ******, del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal". En consecuencia, glósese a este juicio el testimonio recibido con el oficio de cuenta; y esta operadora jurídica queda enterada de que la superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído inicial donde fue desechada su solicitud de tutela constitucional. Además, se ordena acusar recibo a la superioridad por el referido testimonio y legajo de copias certificadas derivadas del juicio de amparo en que se actúa -vía interconexión-. Luego, de las señaladas copias certificadas que se generaron para formar el expedientillo que se remitió al enunciado tribunal colegiado, deberán destruirse en la trituradora de este juzgado, porque sólo comprenden actuaciones del presente juicio que ya se tienen de forma original. Anotaciones internas y archivo. Se instruye a la oficial administrativa encargada de los libros de gobierno y a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realicen las anotaciones correspondientes a la decisión de la superioridad. También, archívese este expediente como asunto concluido. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la solicitud de amparo en el proveído inicial, y no se otorgó la suspensión de plano. Inexistencia de documentos originales y de incidente de suspensión. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a los quejosos, porque sólo exhibieron su demanda de amparo y esta no actualiza la hipótesis de devolución. Tampoco existe incidente de suspensión, porque este juicio fue desechado en el proveído inicial. Luego, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Los quejosos han agotado su derecho al recurso judicial, pues interpusieron queja contra el proveído inicial en el que se desechó su solicitud de amparo. De modo que ya no existen derechos procesales que puedan ejercer en este juicio, incluso ya se ordenó el archivo por tratarse de un asunto concluido. Por tanto, este acuerdo sólo será notificado por medio de lista, dado que ninguna circunstancia se tiene para disponer una notificación personal para los quejosos. Revisión del expediente. Por último, se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1058/2022-VIII. Puebla, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Tribunal colegiado acusa recibo de constancias. Se agrega al expediente el oficio de cuenta signado electrónicamente (con evidencia criptográfica) por la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual comunica el auto de veintiséis de octubre del año en curso, emitido en el recurso de queja ***** de su índice. De ese proveído se advierte que el magistrado presidente del citado tribunal admitió el recurso de queja presentado por los defensores particulares de los quejosos, contra el auto que desechó la demanda de amparo. También, acusa recibo de los anexos remitidos. Por tanto, esta juzgadora queda enterada de lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1058/2022-VIII. Puebla, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Quejoso desahoga requerimiento. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado - a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación- por la defensora particular ***** (con la evidencia criptográfica correspondiente), en representación de los quejosos *****, ******, *****, *****, ****** y ******, por el cual desahogan el requerimiento que le fue efectuado en acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Lo anterior es así, ya que satisface el requisito que indica el artículo 100, de la Ley de Amparo, ya que señala las constancias que en copia certificada deben remitirse al tribunal colegiado que conozca del medio de impugnación interpuesto. Con motivo de lo expuesto, se provee lo siguiente: Se ordena envío del recurso. Del estado procesal del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que ya se integró el recurso de queja interpuesto por la defensora particular de los quejosos contra el proveído de seis de octubre de este año, en el cual se desechó la demanda, ya que en su escrito de cuenta, se señalaron las constancias que han de enviarse al tribunal colegiado, siendo estas el propio auto impugnado, así como el diverso de dieciocho de este mes y año, por el cual se tuvo interpuesto el citado recurso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes1 : ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque en acuerdo de seis de octubre del presente año, se desechó la demanda de amparo. Esto es así, pues en dicho proveído -en lo medular- se consideró actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, esta última en relación con el diverso 107, fracción V (interpretada en sentido contrario), de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues se estimó en su parte conducente lo siguiente: ".El artículo 113 de la Ley de Amparo2 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".3 En el presente caso, se observa que la demanda presentada por la defensa de los quejosos, debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo de la determinación dictada en audiencia de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 1305/2019, del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. En esa determinación, la jueza de control, entre otras cuestiones, desestimó un incidente de nulidad planteado por los defensores particulares de la parte quejosa, interpuesto en contra de la omisión de la Agente del Ministerio Público en correrle traslado con la totalidad de la carpeta de investigación, pues refiere un faltante de 187 fojas. Sin embargo debe decirse, que de la propia demanda, la defensora manifestó que el legajo de copias faltante, les fue entregado con posterioridad, es decir, fuera del plazo complementario. Cabe precisar que la actual defensa, en un inicio, representaba a solo dos de los quejosos (Zaira Aideth Martínez Vega y Cristian Mendoza Ruiz), y que en audiencia de seis de septiembre de dos mil veintidós, aceptó y protestó cargo del resto de los coacusados, por lo que solicitaron la suspensión de la audiencia intermedia a fin de entrevistarse con ellos y formular una estrategia adecuada a sus intereses. Lo anterior es asi, pues argumentaron que desconocían la totalidad de la carpeta de investigación, y que la fiscalía pretendía llevar a juicio un material probatorio contenido en la parte de la carpeta de investigación que les fue entregado con posterioridad, con lo cual los dejaba en una desventaja procesal. Con motivo de lo anterior, a fin de salvaguardar los derechos de los quejosos, la jueza de control decretó suspender la citada audiencia intermedia por el término de dos días, reanudándose así, el nueve de septiembre de dos mil veintidós. En dicha audiencia, la parte quejosa interpuso el incidente de nulidad, contra el traslado de la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación a que ha hecho referencia -el cual fue entregado después del plazo complementario-, incidencia que fue desestimada por la jueza responsable. Sin embargo, dicho acto no encuadra en los actos de imposible reparación que pueden combatirse en amparo indirecto durante el trámite de un proceso, motivo por cual desde este momento se actualiza una causal manifiesta e indudable de improcedencia, en particular la que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los anteriores preceptos se obtiene para efectos del juicio de amparo indirecto, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Es más, las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona.4 Luego, los actos intraprocesales que no reúnan esas características, deben estimarse insuficientes para visualizar una afectación a los gobernados, porque sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá el afectado interponer los medios de defensa conducentes. Así, puede decirse que los actos intraprocesales no tienen el carácter de irreparables, mientras la afectación no incida directamente en derechos sustantivos y en su caso, exista la posibilidad legal que el gobernado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalar expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo que ahora, en la legislación citada, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación el espectro para estimar cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una afectación jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Esas premisas conducen a visualizar que la determinación reclamada por la defensa de la parte quejosa, no encuadra en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, se hace notar que la determinación tomada en audiencia de fecha nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictada en la causa penal ****, del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, sólo desestimó un incidente de nulidad en contra de la supuesta omisión de correr traslado de un faltante de 187 fojas de la carpeta de investigación; el cual a dicho de los propios defensores, les fue entregado con posterioridad. Entonces, en la citada determinación la juez responsable estimó que la entrega de ese segundo legajo a la defensa de los quejosos, no era ilícito ni ilegal por lo que delegó la nulidad planteada. Lo anterior pues si la sentencia definitiva de la causa penal, resultara favorable a los intereses de los quejosos, ninguna repercusión habrá tenido la desestimación del incidente de nulidad planteado. Ello impide considerar que la determinación reclamada en la demanda de amparo, tenga las características de los actos de imposible reparación. Todo lo cual permite afirmar que el contenido de la resolución reclamada, no determinó una ruta específica de análisis para el material probatorio incorporado a la causa penal, por ejemplo, que deba examinarse en la sentencia definitiva de manera favorable a los quejosos. Aparte, la citada resolución tampoco impuso restricciones a los derechos sustantivos que tienen los quejosos como imputados en la causa penal; y ni siquiera abordó (la resolución) la materialidad del delito o la plena responsabilidad. Por consiguiente, no pueden visualizarse atributos de imposible reparación en la resolución reclamada, pues la jueza responsable nunca afectó derechos sustantivos de los aquí quejosos. Máxime que los antecedentes relatados en la demanda bajo protesta de decir verdad, y los conceptos de violación expuestos contra la mencionada resolución, permiten descartar que esta hubiera trascendido a derechos sustantivos de los quejosos en la causa penal. Luego, no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental de los quejosos, que se encuentren tutelados en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Así, debe afirmarse que la resolución de nueve de septiembre de dos mil veintidós, representa una decisión de mero impacto a derechos procesales en la causa penal, es decir, una violación procesal que si llegara a trascender al dictado de la sentencia definitiva, podrá alegarse en la instancia de apelación y eventualmente hasta el juicio de amparo directo, conforme al artículo 173, apartado A, fracción VII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto. [.] VII. No se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente.". De ahí que no pueda considerarse que la resolución reclamada, haya afectado derechos sustantivos de los quejosos en la causa penal, que es la condición indispensable para generar un acto de imposible reparación. Entonces, debe estimarse que la resolución combatida en la demanda, sólo puede generar violaciones de naturaleza adjetiva en el trámite de la causa penal y por ende no constituye un acto de ejecución irreparable, porque únicamente sostuvo que no se desconocía la situación del resto de los coacusados, dado que ya contaba la defensa con un primer legajo, motivo por el cual jamás generó afectaciones directas a algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal. Así, debe concluirse que los quejosos pretenden reclamar una resolución que sólo generó afectaciones de naturaleza adjetiva en el procedimiento jurisdiccional, y por ende, no puede visualizarse que encuadre en los actos de ejecución irreparable. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis5 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por tanto, se declara que la resolución combatida por la defensa particular de los quejosos, encuentra la causal de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, con las características de indudable y manifiesta. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.), Undécima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corete de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva - intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." En tales condiciones, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por la defensora particular *****, en representación de los quejosos *****, *****, *****, *****, ***** y *****, dado que la resolución que se reclamó a la jueza de control responsable, no encuadra en los actos de imposible reparación.". Entonces, para la substanciación del recurso de queja, se ordena remitir al tribunal colegiado en turno, dos impresiones del escrito de expresión de agravios (firmados electrónicamente), una de ellas para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese tribunal, y copias certificadas de la demanda de amparo, así como de las constancias a que hizo referencia la parte quejosa, esto es, los autos de seis y dieciocho de octubre de este año, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al órgano jurisdiccional que deba substanciar el citado recurso. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1058/2022-VIII. Puebla, Puebla, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Recurso de queja Se agrega al expediente el escrito presentado -a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación- por la defensora particular ********* (con la evidencia criptográfica correspondiente), en representación de los quejosos **********, **********, **********, ***************, ******** y ********, por el cual interpone recurso de queja y formula agravios contra el proveído de seis de octubre de dos mil veintidós, en el cual se desechó la demanda. Por tanto, se tiene interpuesto ese recurso con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace notar que del escrito de cuenta no se advierte manifestación expresa alguna de la promovente por el cual satisfaga el requisito establecido en el segundo párrafo del artículo 1001 de la Ley de Amparo, esto es, que señale las constancias que en copia certificada deban remitirse al tribunal colegiado que conozca del recurso. En ese sentido, con fundamento en el aludido numeral de la ley de la materia, se le otorga a la parte quejosa un plazo de tres días a efecto de que señale las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad. Una vez transcurrido dicho plazo, ríndase el informe respectivo y remítase el escrito de agravios, así como las copias certificadas de las constancias pertinentes para su resolución, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, para que éste a su vez turne el recurso al órgano que deba substanciarlo. Notifíquese; de manera electrónica a la parte quejosa a través del usuario "******"; y cúmplase.

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