ZVEREVA RODRIGUEZ MIRON y Otros.

Expediente 1388/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1388/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
12/01/2023

Partes del expediente

  • ZVEREVA RODRIGUEZ MIRON y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1388/2022-IX. Puebla, Puebla, trece de enero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.

  2. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA. JUICIO DE AMPARO 1388/2022-VIII. Puebla, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ********, defensor particular de ******* y *******, contra actos de la, ". DIRECTORA DE LA UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES Y POLICÍA ESTATAL PROCESAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN LA CIUDAD DE PUEBLA.". En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 Bajo ese contexto, se examinó en su integridad la demanda de amparo, y de los actos reclamados, se advirtió la improcedencia del juicio de amparo indirecto, respecto del acto reclamado que hizo valer el promovente, consistente en: La omisión imputada a la Directora de la Unidad de Medidas Cautelares y Policía Estatal Procesal de la Región Judicial Centro, con sede en el Centro de Justicia Penal de la Ciudad de Puebla, de dar cumplimiento al oficio 43163/2022/JC, de veintitrés de octubre de dos mil veintidós, por el cual el juez de control, en la causa penal 3451/2022/PUEBLA, solicitó a esa autoridad administrativa realizar la "evaluación previa" o evaluación de riesgo para verificar la viabilidad de someter a los quejosos a un plan de suspensión condicional del proceso que fue presentado por el defensor particular de aquellos en la causa penal de origen. Luego, del apartado de antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se destacan los datos siguientes: 1. Los quejosos fueron detenidos el quince de octubre de dos mil veintidós, y en audiencia inicial, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y/o necesaria, motivo por el cual los indicados quejosos se encuentran recluidos en los Centros Penitenciarios de la ciudad de Puebla, y de Tepexi de Rodríguez; 2. El veintitrés de octubre de este mismo año, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en la causa penal ********, por el hecho con apariencia de delito de narcomenudeo por posesión de marihuana y metanfetamina con fines de suministro; además se reiteró la medida de prisión preventiva justificada y/o necesaria. 3. En la misma audiencia, el defensor particular de los aquí quejosos, solicitó una evaluación de riesgo a la Unidad de Medidas Cautelares (autoridad responsable), para verificar la idoneidad de que los imputados puedan someterse a la suspensión condicional de proceso. Derivado de lo anterior, el juez de control emitió el oficio ********, de veintitrés de octubre de dos mil veintidós, para que la Unidad de Medidas Cautelares y Policía Estatal Procesal de la Región Judicial Centro, con sede la Ciudad de Puebla, Puebla, realizara la evaluación de riesgos encomendada, otorgando para tal efecto, un plazo de treinta días, el cual, a consideración del aquí promovente, feneció el dieciséis de diciembre del presente año. Ahora bien, se establece que en contra de dicho acto (la omisión de rendir la evaluación de riesgos), el juicio de amparo es improcedente. Para mayor claridad, se debe establecer que un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, que tienen la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas, por sí o ante sí, o que de omitirlo (el acto que ha de realizarse) crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Bajo ese esquema, se establece que la omisión reclamada señalada en párrafos previos no emana de autoridades con facultades para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, o que por su conducta omisiva, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, ya que de conformidad con el artículo 1763 , del Código Nacional de Procedimientos Penales, la función y auxilio que prestan las autoridades coadyuvantes referidas con antelación, al evaluar el riesgo del imputado por disposición expresa de la ley, no pueden incidir en lo relativo a la medida cautelar reclamada, que en este caso, lo es, entre otros, la prisión preventiva justificada. Ello es así, ya que los órganos auxiliares solo guardan un rol de simple colaboración que no involucra a la medida cautelar que se le impone a los quejosos en el proceso penal de origen, sino que únicamente participa en la evaluación de riesgo y supervisión en medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Además, dicho sea de paso, aun cuando dicha evaluación haya sido considerada por el juez de control señalada como responsable, como elemento de apoyo, es la autoridad judicial la que emite si considera o no la información proporcionada por las autoridades administrativas (auxiliares) encargadas de emitir la evaluación de riesgo del imputado, ya que el juzgador de primera instancia es quien tiene la potestad de decidir sobre la imposición de las medidas cautelares, previo debate de las partes. Derivado de lo expuesto, se estima que el acto reclamado que el promovente hizo consistir en la omisión de rendir la "evaluación de riesgos" practicada a los imputados aquí quejosos, no es un acto de autoridad que vincule de supra a subordinación, entre la autoridad administrativa auxiliar señalada como responsables y a los aquí quejosos, máxime que ese acto (la omisión de rendir la evaluación de riesgos) carece de unilateralidad, imperio y coercibilidad. En todo caso, si la pretensión del promovente es continuar con el procedimiento para verificar la viabilidad de que a sus defendidos se les conceda como forma de solución alterna del procedimiento, la suspensión condicional del proceso, deberá realizarla ante el juez de control conforme a los lineamientos que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, es improcedente el juicio de amparo por cuanto se refiere a la conducta omisiva imputada a la autoridad señalada como responsable a que se ha hecho mención, por lo que deviene necesario desechar la demanda de amparo, dado que el acto (conducta omisiva) que a aquella autoridad se reclama, actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación al diverso 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. De ahí que, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la mantera, debe desecharse de plano la demanda de amparo de cuenta, al actualizarse la casual de improcedencia estudiada, en forma indudable y manifiesta. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados. De la demanda de amparo se obtiene que el promovente indica como domicilio para oír y recibir notificaciones, un inmueble ubicado en la ciudad de Puebla, motivo por el cual se tiene señalado ese lugar para oír y recibir notificaciones que le sean de carácter personal. Por otra parte, dado que el promovente de la demanda no señala autorizados, se deja de proveer al respecto. Lo anterior, en el entendido de que durante la tramitación del presente juicio, puede señalar autorizados (en términos amplios o restringidos) de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo. Además, cabe destacar que el promovente, al ostentar el cargo de defensor particular de ******* y *******, en el procedimiento de origen, posee la legitimación procesal para promover en este juicio de amparo, es decir, tiene la capacidad legal para realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos de sus representados. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones de este juicio, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se tiene a la parte quejosa manifestando su oposición a la publicación de sus datos personales. En ese sentido, se ordena salvaguardar los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; personalmente a los quejosos en su domicilio procesal; y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1388/2022-VIII. Puebla, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ********, defensor particular de ******* y *******, contra actos de la, ". DIRECTORA DE LA UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES Y POLICÍA ESTATAL PROCESAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN LA CIUDAD DE PUEBLA.". En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 Bajo ese contexto, se examinó en su integridad la demanda de amparo, y de los actos reclamados, se advirtió la improcedencia del juicio de amparo indirecto, respecto del acto reclamado que hizo valer el promovente, consistente en: La omisión imputada a la Directora de la Unidad de Medidas Cautelares y Policía Estatal Procesal de la Región Judicial Centro, con sede en el Centro de Justicia Penal de la Ciudad de Puebla, de dar cumplimiento al oficio 43163/2022/JC, de veintitrés de octubre de dos mil veintidós, por el cual el juez de control, en la causa penal 3451/2022/PUEBLA, solicitó a esa autoridad administrativa realizar la "evaluación previa" o evaluación de riesgo para verificar la viabilidad de someter a los quejosos a un plan de suspensión condicional del proceso que fue presentado por el defensor particular de aquellos en la causa penal de origen. Luego, del apartado de antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se destacan los datos siguientes: 1. Los quejosos fueron detenidos el quince de octubre de dos mil veintidós, y en audiencia inicial, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y/o necesaria, motivo por el cual los indicados quejosos se encuentran recluidos en los Centros Penitenciarios de la ciudad de Puebla, y de Tepexi de Rodríguez; 2. El veintitrés de octubre de este mismo año, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en la causa penal ********, por el hecho con apariencia de delito de narcomenudeo por posesión de marihuana y metanfetamina con fines de suministro; además se reiteró la medida de prisión preventiva justificada y/o necesaria. 3. En la misma audiencia, el defensor particular de los aquí quejosos, solicitó una evaluación de riesgo a la Unidad de Medidas Cautelares (autoridad responsable), para verificar la idoneidad de que los imputados puedan someterse a la suspensión condicional de proceso. Derivado de lo anterior, el juez de control emitió el oficio ********, de veintitrés de octubre de dos mil veintidós, para que la Unidad de Medidas Cautelares y Policía Estatal Procesal de la Región Judicial Centro, con sede la Ciudad de Puebla, Puebla, realizara la evaluación de riesgos encomendada, otorgando para tal efecto, un plazo de treinta días, el cual, a consideración del aquí promovente, feneció el dieciséis de diciembre del presente año. Ahora bien, se establece que en contra de dicho acto (la omisión de rendir la evaluación de riesgos), el juicio de amparo es improcedente. Para mayor claridad, se debe establecer que un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, que tienen la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas, por sí o ante sí, o que de omitirlo (el acto que ha de realizarse) crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Bajo ese esquema, se establece que la omisión reclamada señalada en párrafos previos no emana de autoridades con facultades para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, o que por su conducta omisiva, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, ya que de conformidad con el artículo 1763 , del Código Nacional de Procedimientos Penales, la función y auxilio que prestan las autoridades coadyuvantes referidas con antelación, al evaluar el riesgo del imputado por disposición expresa de la ley, no pueden incidir en lo relativo a la medida cautelar reclamada, que en este caso, lo es, entre otros, la prisión preventiva justificada. Ello es así, ya que los órganos auxiliares solo guardan un rol de simple colaboración que no involucra a la medida cautelar que se le impone a los quejosos en el proceso penal de origen, sino que únicamente participa en la evaluación de riesgo y supervisión en medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Además, dicho sea de paso, aun cuando dicha evaluación haya sido considerada por el juez de control señalada como responsable, como elemento de apoyo, es la autoridad judicial la que emite si considera o no la información proporcionada por las autoridades administrativas (auxiliares) encargadas de emitir la evaluación de riesgo del imputado, ya que el juzgador de primera instancia es quien tiene la potestad de decidir sobre la imposición de las medidas cautelares, previo debate de las partes. Derivado de lo expuesto, se estima que el acto reclamado que el promovente hizo consistir en la omisión de rendir la "evaluación de riesgos" practicada a los imputados aquí quejosos, no es un acto de autoridad que vincule de supra a subordinación, entre la autoridad administrativa auxiliar señalada como responsables y a los aquí quejosos, máxime que ese acto (la omisión de rendir la evaluación de riesgos) carece de unilateralidad, imperio y coercibilidad. En todo caso, si la pretensión del promovente es continuar con el procedimiento para verificar la viabilidad de que a sus defendidos se les conceda como forma de solución alterna del procedimiento, la suspensión condicional del proceso, deberá realizarla ante el juez de control conforme a los lineamientos que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, es improcedente el juicio de amparo por cuanto se refiere a la conducta omisiva imputada a la autoridad señalada como responsable a que se ha hecho mención, por lo que deviene necesario desechar la demanda de amparo, dado que el acto (conducta omisiva) que a aquella autoridad se reclama, actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación al diverso 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. De ahí que, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la mantera, debe desecharse de plano la demanda de amparo de cuenta, al actualizarse la casual de improcedencia estudiada, en forma indudable y manifiesta. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados. De la demanda de amparo se obtiene que el promovente indica como domicilio para oír y recibir notificaciones, un inmueble ubicado en la ciudad de Puebla, motivo por el cual se tiene señalado ese lugar para oír y recibir notificaciones que le sean de carácter personal. Por otra parte, dado que el promovente de la demanda no señala autorizados, se deja de proveer al respecto. Lo anterior, en el entendido de que durante la tramitación del presente juicio, puede señalar autorizados (en términos amplios o restringidos) de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo. Además, cabe destacar que el promovente, al ostentar el cargo de defensor particular de ******* y *******, en el procedimiento de origen, posee la legitimación procesal para promover en este juicio de amparo, es decir, tiene la capacidad legal para realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos de sus representados. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones de este juicio, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se tiene a la parte quejosa manifestando su oposición a la publicación de sus datos personales. En ese sentido, se ordena salvaguardar los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; personalmente a los quejosos en su domicilio procesal; y cúmplase.

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