Zoila Reyna Espejel Matías
Expediente 281/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 281/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Zoila Reyna Espejel Matías
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
PRAL 281/2020 MESA 7° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de abril de dos mil veintiuno. 1. Plazo para interposición de recurso, firmeza de la sentencia. De la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia engrosada el doce de marzo del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa ***, sin que se hubiere interpuesto contra la referida sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria esa sentencia. 2. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de la autoridad responsable, Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicios de los Poderes del Estado de Oaxaca; lo anterior, en virtud que, dicha autoridad jurisdiccional, carece de legitimación para interponer el recurso de revisión a que se refiere el citado numeral; ello, de conformidad con el artículo 87, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3.1 Instrucción Secretaría y Actuaría. Se se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión publica de la sentencia sea consultable por internet. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. 5. Destino. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, este expediente es depurable; por ello, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del acuerdo mencionado. 6. Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el artículo 18 del multicitado acuerdo, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Certificación. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de que el mismo es depurable. 8. Documento a disposición de la parte quejosa. De autos se advierte que obra el proveído de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 58/2017, exhibido por la parte quejosa en este juicio de amparo; en esas condiciones, se deja a su disposición, por el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surtiera efectos la notificación de ese proveído; en el entendido que si no se presenta para tal fin, fenecido dicho plazo y para el caso de no comparecer, las constancias podrán ser destruidas, en el momento oportuno. Se puntualiza que, para la entrega de dichas documentales, deberán observarse los lineamientos establecidos para la atención al público en el acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su vigencia por el 1/2021 (generación de cita para ingresar al órgano jurisdiccional mediante un código QR); ello, con motivo de las medidas implementadas en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia sanitaria por el virus COVID-19. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL. 281/2020-7B AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca siendo las once horas con treinta y siete minutos del cinco de marzo de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas en acuerdo de veinticuatro de febrero de este año para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 281/2020, el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ponciano Velasco Velasco, asistido del secretario Francisco Villanueva Rojas, quien da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta, sin asistencia de las partes. Enseguida, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan I) la demanda de amparo promovida por Zoila Reyna Espejel Matías, a través de su apoderada legal Gloria Tomas Vásquez (a quien en lo subsecuente se le denominará parte quejosa), contra actos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicios de los Poderes del Estado, con sede en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca; y II) acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veinte, por el que se admitió a trámite la demanda de amparo y se ordenó emplazar a los terceros interesados. Además, hace constar que: a) no existen promociones pendientes por acordar y b) las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. A lo anterior se acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. A continuación, se abre el periodo probatorio y se hace constar que la parte quejosa exhibió con la demanda de amparo: el auto de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 58/2017, del índice de la responsable. Asimismo, obran en autos la diversas documentales remitidas por la autoridad responsable Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicios de los Poderes del Estado, con sede en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, consistentes en: el auto de calificación de pruebas de treinta de enero de dos mil dieciocho, así como de las razones de dos y trece de marzo, ambas de dos mil dieciocho, que obran en el citado expediente laboral 58/2017. Constancias que, al haberse desahogado durante el trámite del juicio, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, serán consideradas, si procede, en el momento procesal oportuno. No habiendo más pruebas que relacionar o pendientes de desahogar, se cierra esta etapa y se procede al periodo de alegatos, en el que la Secretaría hace constar que las partes no los formularon. Con lo anterior, se da por concluida esta etapa, se declaran vistos los autos, y se procede a dictar la resolución correspondiente. Ponciano Velasco Velasco. Juez Décimo de Distrito en el Estado. Francisco Villanueva Rojas. Secretario de Juzgado. S E N T E N C I A Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 281/2020; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y recibido en este Juzgado el mismo día, Zoila Reyna Espejel Matías, a través de su apoderada legal Gloria Tomas Vásquez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que se precisarán en la etapa considerativa. SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Mediante auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte se radicó la demanda de amparo bajo el registro 281/2020, se admitió a trámite, se ordenó emplazar a las autoridades terceras interesadas y, además, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la adscripción y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Suspensión, reanudación del trámite y cita para sentencia. Suspensión de plazos. Debido a la contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus SARS-COV2 (COVID-19), el juicio de amparo se encontró suspendido de pleno derecho, en términos del acuerdo general 4/2020 reformado y adicionado por el diverso 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y su similar 8/2020, reformado en su periodo de vigencia por el 10/2020 y acuerdo general 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mismo que fue prorrogado por los diversos 15/2020 y 18/2020. Mediante proveído de trece de agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 2º, fracción I y 20, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, a) se levantó la suspensión de plazos y términos procesales en este expediente y b) se ordenó continuar el trámite de este juicio de amparo en el punto en que se encontraba suspendido. CUARTO. Citación para sentencia. El veinticuatro de febrero de esta anualidad se señaló nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. QUINTO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa considera vulnerados en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, es legalmente competente para conocer, tramitar y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013; y el diverso 46/2016, del mismo Pleno, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de este órgano jurisdiccional; así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un asunto de naturaleza laboral; además de que la autoridad responsable tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional en materia mixta, ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados en el amparo. Ello es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio, deben quedar precisados cuáles son. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido; y, Prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad al expresarse los actos reclamados. En ese entendido, de un análisis integral de la demanda de amparo y de las constancias de autos, se advierte que, en esencia, a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con residencia en la ciudad de Oaxaca, se le atribuye el siguiente acto: La omisión de dictar laudo en el juicio laboral 58/2017. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con residencia en la ciudad de Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado; empero, se desvirtúa dicha negativa, y se tiene por cierto, ya que del mismo se advierte su existencia, pues señala que a la fecha en que emitió su informe, dado el estado procesal del juicio de origen, no se ha dictado el laudo. Lo que, además, se acredita con las documentales remitidas en copia certificada por la citada autoridad al rendir su informe justificado, a la cual se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, al ser expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones y, de conformidad jurisprudencia publicada con el número doscientos veintiséis, en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete, mil novecientos noventa y cinco, de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO."; CUARTO. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. No es necesaria la transcripción de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa; de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Inexistencia de causal de improcedencia. En virtud de que no se advierte causa de improcedencia que amerite el sobreseimiento en el juicio, ni las partes alegan la configuración de alguna, se procede al examen de los conceptos de violación que se hacen valer, que no se transcriben por no exigirlo así los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de fondo. Como se ha dicho, la parte quejosa se duele de la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 58/2017, aduciendo la violación de los artículos 17 y 20 apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que no se le ha administrado justicia de manera pronta y expedita, pues se ha habilitado en exceso el trámite del juicio natural. Resulta pertinente citar los antecedentes del caso, en los términos siguientes: 1. Ante la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca se encuentra radicado el juicio laboral 58/2017 promovido por Zoila Reyna Espejel Matías contra el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca y Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado. 2. En dicho juicio, el treinta de enero de dos mil dieciocho se dictó el auto de calificación de pruebas y se señaló fecha y hora para la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia (audiencia trifásica), misma que tuvo verificativo en la fecha que al efecto se señaló. 3. La autoridad responsable precisó que se encontraba pendiente de desahogo las pruebas de cotejo de las documentales ofrecidas por la parte demandada (puntos 2.5 y 2.9 del auto de calificación de pruebas), consistentes en los siguientes: PRUEBA 2.5. Cotejo de la copia fotostática simple de asignación de número de seguridad social. PRUEBA 2.9. Cotejo de los contratos de trabajo por tiempo determinado celebrados entre la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca (parte demandada en el juicio natural) y Zoila Reyna Espejel Matías (quejosa). Lo anterior, dado que adujo que no fue posible la entrega de los oficios dirigidos a las dependencias que tienen en su poder las documentales que debían cotejarse, como así se asentó en las razones actuariales respectivas. 4. Por otro lado, dicha responsable refirió que el treinta de marzo de dos mil veinte se emitió el acuerdo por el que se declaró la emergencia sanitaria debido a la propagación del virus covid 19 que atraviesa el país y que, a la fecha de la rendición de su informe justificado, atento a diversos acuerdos, se mantenía la suspensión de labores en su sede oficial y que no corrieron plazos y términos procesales del veinte de marzo al quince de diciembre de dos mil veinte. Circunstancia que queda corroborada con la copia certificada de dichos acuerdos, que remitió la autoridad responsable. 5. Mediante auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno la autoridad responsable precisó que el estado procesal del juicio laboral 58/2017 se sujetó a los términos de la suspensión de labores que se determinó en los acuerdos antes señalados, en los que se incluyó la asistencia esporádica al centro laboral y el trabajo a distancia; sin embargo, no obstante que no se han reanudado las labores, en términos del artículo 717 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente, se habilitó a dicha Junta para dar seguimiento a ese juicio laboral (58/2017); esto, con motivo de este juicio de amparo. Por ello, procedió a acordar lo procedente respecto a las pruebas que se encontraban pendientes por desahogar, siendo que la prueba identificada como 2.5 en el auto de calificación de pruebas, determinó desecharla, pues refirió que la misma debió ser ofrecida en términos del artículo 776, fracción VIII, y 836-C de la Ley Federal del Trabajo, sin que haya acontecido esa circunstancia; y por lo que hace a la prueba 2.9., ordenó girar oficio al director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, para que en la fecha que señaló (siete de abril de dos mil veintiuno) comparezca, por sí o por conducto de su apoderado legal, ante la Junta responsable a exhibir los contratos de trabajo por tiempo determinado celebrados entre la demandada Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y la aquí quejosa Zoila Reyna Espejel Matías. De los antecedentes citados se puede advertir que aún está pendiente: El desahogo de la prueba identificada en el auto de calificación de pruebas como 2.9., consistente en el cotejo de los contratos de trabajo por tiempo determinado celebrados entre la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca (parte demandada en el juicio natural) y Zoila Reyna Espejel Matías (quejosa). Asimismo, que: La Junta responsable. en auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se pronunció respecto al desahogo de esa probanza, ordenando girar oficio al director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, para que el siete de abril de dos mil veintiuno comparezca ante esa instancia para el cotejo correspondiente de los contratos que fueron motivo de la prueba. Ahora, es preciso señalar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Estos cuatro atributos concernientes a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en el Apéndice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo VI, común, P.R. SCJN, página 95, registro 922523, del texto siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. De estos atributos, el que resulta útil al caso, es el referido a la justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que, para tal efecto, establezcan las leyes. Del texto constitucional se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio y sentencia. Al respecto, es preciso señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, respecto a la razonabilidad del plazo para que una persona sea juzgada, que éste se debe apreciar en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto en que la autoridad toma conocimiento y hasta que se dicte sentencia definitiva, que abarca también los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse. La mencionada Corte Internacional ha establecido tres elementos que deben atenderse para justificar la razonabilidad en que se desarrolla un proceso, lo que la Corte Interamericana incorporó a partir de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que denominó como test de dilaciones indebidas y que son las siguientes: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal de los interesados y c) la conducta de las autoridades judiciales; aspectos que, además, fueron adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al redactar el documento denominado "Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas", aprobado en su 131 periodo extraordinario de sesiones, celebrado en marzo de dos mil ocho, los cuales se encuentran plasmados en su principio V, relativo al debido proceso legal. Criterio anterior que, por su contenido, resulta aplicable en la especie. Así, en cuanto a la complejidad del asunto, determina los medios de defensa y prueba que se requieren, y éstos, a su vez, sirven para establecer el principal elemento temporal en que se debe desarrollar un proceso; esto es, para determinar si una persona es juzgada sin demora y en un plazo razonable, se debe tomar en cuenta si el procesado contará en ese espacio temporal con la oportunidad y medios para defenderse de acuerdo a lo sencillo o complejo de la causa que se le sigue. En cuanto al segundo supuesto, es decir, de la actividad de los procesados, desde la perspectiva de los derechos del enjuiciado, se debe tener en cuenta que el proceso en un Estado de Derecho, reclama del tiempo que resulte necesario para satisfacer el ejercicio de todos los derechos y garantías. Por último, en cuanto a la hipótesis relativa a la conducta de las autoridades, puede verificarse, acorde a su actuar en actividades negligentes que hayan podido influir en el retraso en la impartición de justicia. De igual forma, se destaca que en materia de términos y plazos, existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la jurisprudencia 113/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, registro 188804, del texto siguiente: JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". De esta manera, puede decirse que la autoridad jurisdiccional faltará a la garantía de administración de justicia pronta cuando no tramiten ni resuelvan los juicios en los plazos y términos previstos en la ley secundaria. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. Por otra parte, los artículos 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo disponen lo siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886.- Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888.- La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889.- Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta". Artículo 890.- Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes". (Transcripción) Los preceptos de la Ley Federal del Trabajo antes transcritos permiten conocer que, en materia laboral, la necesidad de una justicia pronta es evidente por el valor de los bienes comprometidos (protección de los derechos de los trabajadores), pues todas las cuestiones inherentes al trabajador se consideran de orden público, facultando a la junta laboral a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía y sencillez en el proceso del trabajo, el cual será inmediato; asimismo, obliga a los presidentes de las Juntas a cuidar, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, facultándolos para proveer lo preciso conforme a la ley, a fin de dictar la resolución correspondiente. Asimismo, que concluido el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas, para todos los efectos legales. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y el auxiliar de la Junta debe emitir el proyecto de resolución en forma de laudo, dentro del término de diez días. No obstante a lo anterior, en ocasiones se presentan complicaciones en el estudio y resolución de los juicios, que hacen difícil la continuación del trámite correspondiente de algunos otros dentro de los plazos establecidos en la ley laboral, máxime cuando existen razones de hecho -rezago, hábitos de trabajo, capacidad, vacaciones y cambio de personal- que dificultan la continuación del procedimiento, lo que resulta comprensible en parte; empero, ello no faculta a las autoridades disponer en exceso del tiempo para desplegar su actividad jurisdiccional, pues ello va contra los principios procesales que debe prevalecer en todo procedimiento; en el sentido de que las juntas laborales y tribunales no podrán, bajo ningún pretexto, aplazar, ni dilatar los procedimientos. En primer término, como se aprecia de los antecedentes narrados, la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con residencia en la ciudad de Oaxaca, no ha dictado el laudo en el juicio laboral 58/2017; lo anterior, dado al estado procesal en que se encontraba ese expediente a la fecha de la presentación de la demanda que dio origen a este juicio de amparo (trece de marzo de dos mil veinte) y, posteriormente, a la misma data en este juzgado. Lo anterior, debido a que la responsable se encontraba jurídicamente imposibilitada para emitir la determinación reclamada o, en su caso, proveer respecto al trámite pendiente para agotar la etapa de pruebas y lograr el dictado del laudo en el expediente natural; pues, debido a la emergencia sanitaria por la propagación del virus covid 19 que atraviesa el país, en la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con residencia en la ciudad de Oaxaca, se mantuvo la suspensión de labores. Circunstancia que así de determinó a través de los acuerdos que emitió el diecinueve de marzo, catorce de abril, cuatro de mayo, uno y quince de junio, uno, seis y treinta y uno de julio, diecisiete y treinta y uno de agosto, quince y treinta de septiembre, quince de octubre, tres y diecisiete de noviembre, uno y treinta de diciembre de dos mil veinte; así como quince y veintinueve de enero y quince de febrero de este año; mismos que tuvieron la finalidad de evitar la transmisión del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. Suspensión de labores que condujo que durante esos periodos no corrieran plazos ni términos procesales, lo que, en su caso, imposibilitó que las dos pruebas identificadas en el auto de calificación de pruebas como puntos 2.5 y 2.9 pudieran desahogarse y así dar por concluido el desahogo de las pruebas; luego, previo los tramites conducentes, declarar cerrada la instrucción y, en su oportunidad, emitir el laudo correspondiente. En segundo término, debido al trámite de este juicio de amparo, la Junta responsable informó que el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno se proveyó respecto a las pruebas que se encontraban pendientes de desahogo (prueba 2.5. y prueba 2.9.). Respecto a ellas, por una parte, determinó desechar la identificada como prueba 2.5. y, por otra, por lo que hace a la prueba 2.9., señaló una fecha para el cotejo de los contratos de trabajo por tiempo determinado celebrados entre la demandada Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y la aquí quejosa Zoila Reyna Espejel Matías. Lo que se corrobora con las constancias remitidas por la responsable en alcance a su informe justificado y agregadas a los autos mediante acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Para mayor ilustración se inserta la imagen siguiente: Con lo antes expuesto, es inconcuso que el juicio laboral 58/2017 aún se encuentra en la fase de desahogo de las pruebas, lo que imposibilita el dictado del laudo correspondiente, sin haber concluido de manera total con el desahogo de las pruebas admitidas. Por tanto, para que la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con residencia en la ciudad de Oaxaca, esté en aptitud de dictar el laudo que en derecho corresponda, debe verificarse el desahogo de todas las pruebas admitidas; de lo contrario, no se encontraría en estado de resolución el juicio laboral respectivo, y la responsable se encontraría imposibilitado legalmente para decidir el juicio a través del dictado del laudo. Conforme a lo anterior, es dable concluir que la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 58/2017 no es atribuible a la autoridad responsable, precisamente, por encontrarse pendiente el desahogo de una prueba de cotejo a efectuarse sobre los originales de los contratos de trabajo por tiempo determinado de uno de enero de dos mil dieciséis. De ese modo, escapa de las manos de la autoridad responsable sujetarse al plazo legal para dictar laudo, pues, al existir impulso procesal, la responsable se encuentra obligada a realizar las actuaciones necesarias para lograr el desahogo de la prueba, así como de substanciar, en su caso, las promociones y recursos interpuestos; de realizar lo contrario, se estaría vulnerando el derecho a un debido proceso, en perjuicio de las partes. Por ello, la omisión de dictar laudo, como inactividad, hasta el momento de la presentación de la demanda de amparo, no es atribuible a la autoridad responsable, sino, en su momento, a la imposibilidad del desahogo de la prueba ofrecida por la aquí quejosa, y que ahora la misma esté en vías de desahogo, por las circunstancias ya expuestas. Luego, es de concluirse que la omisión atribuida a la autoridad responsable está apegada a derecho, dada la imposibilidad jurídica de emitir el fallo respectivo en el mencionado expediente laboral. Por lo anterior, no resultan aplicables al respecto, la tesis que invoca la quejosa en su demanda de amparo, al menos, para los fines que pretende. En consecuencia, debe negarse el amparo y protección de la justicia federal solicitado por Zoila Reyna Espejel Matías, contra la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 58/2017, del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con residencia en la ciudad de Oaxaca. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Así, por lo expuesto y con apoyo, además, en los dispositivos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de la materia, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Zoila Reyna Espejel Matías, contra el acto reclamado, atribuido a la autoridad responsable señalada como Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con residencia en la ciudad de Oaxaca; precisado en el considerando segundo; de conformidad con las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de esta sentencia, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Francisco Villanueva Rojas, secretario de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy doce de marzo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.
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pral 281/2020 mesa 7º San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. 1º. Estado de autos. De éstos se advierte que en auto de diecinueve de febrero de este año se tuvo a la presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca a) informando cuáles son las pruebas que se encuentran pendientes de desahogar en el expediente laboral 58/2017, y b) remitiendo, en formato digital, el auto de calificación de pruebas de treinta de enero de dos mil dieciocho, así como de las razones de dos y trece de marzo, ambas de dos mil dieciocho; documentales con las que, al ser parte formal del informe justificado de dicha autoridad, se ordenó dar vista a las partes para que, si es su deseo, manifiesten lo que a su interés legal convenga. 2º. Diferimiento de audiencia constitucional. Por ende, es inconcuso que, a la fecha, se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días establecido en el citado artículo 117 de la Ley de Amparo; ante ello, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere y, en lugar, se fijan, para su verificativo, las once horas con treinta y siete minutos del cinco de marzo de dos mil veintiuno. Es aplicable la tesis aislada con el rubro siguiente: ** 2º.1 Precisión. Se puntualiza que la notificación de este proveído se realizará a las autoridades (responsable y terceras interesadas) así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, por medio de lista electrónica, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, del acuerdo general 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia sanitaria por el virus covid-19; sin necesidad de que se envíen oficios para comunicarles el diferimiento de audiencia, tomando en consideración que es una determinación de mero trámite. Y sin que ello implique dejar en estado de indefensión a las autoridades responsables, dado que la fecha inicial señalada para la audiencia constitucional se les notificó mediante oficio y obra constancia de notificación respecto de las mismas, por lo cual están en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista electrónica que se publica en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 281/2020 MESA 7° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. 1º. Glose de oficios. Agréguense los oficios de cuenta con terminaciones números 136/2021 y 163/2021, suscritos por la presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, mediante el que, en cumplimiento al requerimiento realizado en auto de quince de enero de este año: Informa cuáles son las pruebas que se encuentran pendientes de desahogar en el expediente laboral 58/2017; asimismo, Remite, en formato digital, el auto de calificación de pruebas de treinta de enero de dos mil dieciocho, así como de las razones de dos y trece de marzo, ambas de dos mil dieciocho. Se precisa que los oficios y anexos, pese a que fueron recibidos vía correo electrónico, tienen eficacia probatoria, por ser confiable el medio en que fueron remitidos, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel. Es aplicable por similitud de condiciones jurídicas la tesis sustentada por la Primera Sala que aparece publicada en la página 277, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: *** *** 2º. Pruebas, vista a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad de cuenta remitiendo como pruebas documentales, las descritas en líneas precedentes, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, para ser consideradas, si procede, en el momento procesal oportuno. En esas condiciones, con los oficios y anexos de cuenta, al ser parte formal del informe justificado de la autoridad responsable, dése vista de manera personal a la parte quejosa para que, dentro del plazo a que se contrae el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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