Zoila García Robles
Expediente 1009/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1009/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Zoila García Robles
Actuaciones
- Principal
PRAL 1009/2021-3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintiuno. 1. Se agrega oficio Agréguese para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio remitido electrónicamente, por la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, por el cual comunica que aceptó la competencia declinada para conocer de ese expediente, mismo que registró con el juicio 522/2021, de ese órgano jurisdiccional. 2. Se remite original del juicio de amparo y formación de cuaderno de antecedentes. Ahora, tomando en consideración que en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno se reservó remitir físicamente este juicio de amparo al referido Juzgado, así como los anexos que remitió el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en este municipio, hasta en tanto se aceptara la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, lo que ya aconteció. Por tanto, remítase, vía estafeta con un embalaje asegurado, el original de este juicio de amparo, así como los anexos (toca penal 150/2019 y un disco en formato DVD), y se solicita el acuse respectivo. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias respectivas. 3. Archivo del cuaderno de antecedentes. Como en este expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni asunto pendiente por diligenciar, en razón de la competencia aceptada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; con fundamento en el artículo 21, inciso j, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, este expediente es destruible, por lo cual, transcurridos tres años a partir de la fecha en que se ordenó el archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, y remítase en su momento el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 5. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. 6. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA - PREVIO AVISO PRAL.1009/2021.MESA-3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Con el oficio firmado por la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en este municipio; al que anexa el juicio de amparo directo 339/2020 promovido por Zoila García Robles, por propio derecho, contra actos de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y de otra autoridad; así como sus anexos; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 1009/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(a) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Estudio de la competencia. Vista la ejecutoria de veintidós de junio del año en curso, se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en este municipio, declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, para conocer de la demanda de amparo promovida por Zoila García Robles, pues consideró que dicha demanda debe substanciarse en la vía indirecta, y no directa, como inicialmente lo promovió la parte quejosa; en consecuencia, acúsese recibo del mismo. Ahora, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y por ser un presupuesto procesal que trasciende al orden público, se analiza, en primer término, el relativo a la competencia. En ese sentido, cabe puntualizar que de la lectura de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa señaló como autoridades responsables las siguientes: En su carácter de ordenadora a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. En su carácter de ejecutora al ejecutor de dicho Tribunal. Por otra parte, precisó como acto reclamado: La resolución de dieciocho de marzo de dos mil veinte, dictada en el toca penal JOTP/150/2019 por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en la cual confirmó el auto de no vinculación a proceso sin decretar el sobreseimiento, emitido en la causa penal 354/2019 del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca. 4. Competencia. De lo antes señalado, se advierte que este Juzgado carece de competencia legal para conocer de la referida demanda de amparo. En efecto, los artículos 107, fracción VII, constitucional y 37 de la Ley de Amparo, en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia(.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que, para una mejor comprensión, se puntualizan a continuación: a) La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. b) La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro; entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué juez de Distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material; lo cual, se traduce en una competencia por territorio, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Así, para determinar la competencia del caso, hay que atender estos aspectos: - Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. - Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. - Tercero, si el acto no requiere ejecución material, el lugar donde se haya presentado la demanda. En el caso particular, la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución de dieciocho de marzo de dos mil veinte, dictada en el toca penal JOTP/150/2019 por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en la cual confirmó el auto de no vinculación a proceso -sin decretar el sobreseimiento-, emitido en la causa penal 354/2019 del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca. De ahí que, en términos del citado artículo 37 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora, este órgano jurisdiccional determina que el acto reclamado en este asunto es de los que tiene ejecución y no es un acto declarativo, en razón de lo que se expone a continuación: La causa que se instruye contra la quejosa se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, por lo que el juez de Distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal. Ello es así, porque la ejecución material de la resolución dictada es en el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado o inculpados están, pues, atendiendo a la naturaleza del auto de no vinculación a proceso, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión. Es importante destacar que el auto de no vinculación a proceso puede tener ejecución en dos supuestos, a saber, 1o cuando en el proceso se decrete el sobreseimiento del mismo, ello al tener efectos de sentencia absolutoria y poner fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, pues inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubiesen dictado. Y 2º cuando en el proceso penal se dicta únicamente un auto de no vinculación a proceso sin efectos de sobreseimiento, de conformidad con el último párrafo del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público queda en aptitud de continuar con la investigación y formular nueva imputación posteriormente, es decir, tiene el efecto de permitir que el proceso continúe en una etapa previa y da la oportunidad de que la autoridad investigadora vuelva a instar en el mismo. En consecuencia, si la autoridad responsable al resolver el recurso de apelación sólo determina confirmar el auto de no vinculación sin decretar su sobreseimiento, se estará ante una resolución en la que se esté en aptitud de continuar con la investigación y formular posteriormente nueva imputación, con lo cual se está ante la presencia de que el acto reclamado, necesariamente, requiere ejecución material. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.1o.P.A.60 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo IV, Libro 55, junio de 2018, página 2948, registro 2017102, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. PARA DETERMINAR LA VÍA EN QUE DEBE TRAMITARSE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, DEBE ATENDERSE A SI SE DECRETÓ O NO EL SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL. En atención a la Ley de Amparo, las únicas formas de extinción de la relación procesal son: la sentencia definitiva y la resolución que pone fin al juicio, siendo ésta toda aquella determinación que se da después de iniciado el proceso penal, que en la especie ocurre a partir de la audiencia inicial. Ahora bien, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso termina con la sentencia firme, que es la que no admite recurso alguno y, por tanto, tiene el carácter de cosa juzgada; y de acuerdo con el numeral 327 de ese ordenamiento, en el proceso puede decretarse el sobreseimiento, que tiene efectos de sentencia absolutoria y pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubiesen dictado, según lo establece el artículo 328 del propio código. En este sentido, si bien el sobreseimiento no constituye una sentencia definitiva, lo cierto es que se trata de una resolución que pone fin al juicio sin resolverlo en lo principal, ya que adquiere la calidad de sentencia absolutoria y, de no ser recurrida, alcanza la categoría de cosa juzgada. Sin embargo, ello no acontece cuando en el proceso penal acusatorio adversarial se dicta únicamente un auto de no vinculación a proceso, porque de conformidad con el último párrafo del artículo 319 del código indicado, el Ministerio Público queda en aptitud de continuar con la investigación y formular nueva imputación posteriormente. Consecuentemente, para determinar la procedencia del amparo directo en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo debe examinarse caso por caso, pues si el superior jerárquico, al resolver un recurso de apelación, sólo determina revocar el auto de vinculación a proceso y dicta uno de no vinculación, no se estará ante una resolución que ponga fin al juicio, entendida como aquella que sin decidirlo en lo principal lo da por concluido, en virtud de que por disposición expresa del artículo 319 referido, el auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y, posteriormente, formule nueva imputación. Por ende, contra esa resolución (no vinculación a proceso) será procedente el amparo indirecto, por revelar la actualización de la hipótesis fáctica normativa establecida para la competencia del Juez de Distrito, por tratarse de un acto en el juicio. En cambio, si en ese auto de no vinculación, la autoridad jurisdiccional, además decreta el sobreseimiento, se actualizará la hipótesis consistente en una resolución que da por concluido el juicio, por lo que la vía para su impugnación será el amparo directo, en términos del artículo 170, fracción I, invocado". De ahí que la incompetencia de este órgano jurisdiccional se constata aun con el hecho de que se reclama un fallo de segunda instancia emitido por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que confirmó el auto de no vinculación a proceso -sin decretar el sobreseimiento-, emitido en la causa penal 354/2019 del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca, cuya residencia se encuentra dentro de la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a./J. 147/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 174, registro 176365, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca tad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal". 5. Precisiones. Sin que pase inadvertido que la anterior tesis se refiere al auto de formal prisión; sin embargo, en el caso es aplicable dadas las consecuencias que en el proceso tiene el diverso de no vinculación y dada la identidad en las razones que expone, pues ambos tienen ejecución dentro del proceso. Así también, no pasa desapercibido que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en este municipio, hubiere declinado competencia, a favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, para conocer de la demanda de amparo promovida por Zoila García Robles; porque dicha declinación se debió a que la demanda debe substanciarse en la vía indirecta, y no directo como inicialmente lo promovió la parte quejosa; de ahí que no existe obstáculo en que este Juzgado determine carecer de la competencia para conocer de la misma por razón de territorio. 6. Remisión. En consecuencia, dado que el Juzgado de Control del Circuito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca, tiene jurisdicción territorial en los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, conforme con lo establecido por el punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca no es competente legalmente para conocer de la demanda de amparo; y se estima que el que debe conocer de la misma es un Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. 7. Comunicación de la competencia planteada. En tales condiciones, mediante el oficio que al efecto se gire, vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), hágase lo anterior del conocimiento del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en Salina Cruz, Oaxaca (por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, Oaxaca), a efecto de que informe si acepta o no la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. 8. Se reserva remisión del original del expediente y anexos. Se precisa que se reserva remitir físicamente este expediente de amparo así como los anexos respectivos, hasta en tanto se acepte la competencia declinada por este órgano jurisdiccional; sin embargo, a efecto de que pueda pronunciarse respecto a la ya referida competencia, se ordena remitir copia certificada de la demanda de amparo que dio origen a este juicio. Medida preventiva que se adopta tomando en consideración la seguridad jurídica del envío de las documentales que en original remitió la Sala responsable, a efecto de evitar un extravío, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal como lo determina el acuerdo General 8/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia de los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (vigente a la fecha en que se actúa). 9. Vinculación electrónica. Con independencia de lo anterior, se ordena a la analista jurídica de esta adscripción, haga disponible el expediente electrónico de este juicio de amparo a través de la plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, a fin de que el Juzgado declinado pueda consultar este expediente a través de esa vía. 10. Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda; y de conformidad con el artículo 24, segundo párrafo de dicha ley, por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas precisadas en la demanda de amparo, por así solicitarlo la parte quejosa. 11. Autorización de correos electrónicos. Por otro lado, los correos electrónicos proporcionados en la demanda de amparo no reúnen los requisitos previstos en los artículos 3º y 24, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; sin embargo, debido a la situación de contingencia en que se encuentra el país, se autoriza dicho medio únicamente para que el actuario judicial tenga comunicación con la parte quejosa y, en su caso, sirva como auxiliar para lograr las notificaciones personales. 12. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa; únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 13. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 14. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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