Zulema Guadalupe Hernández Durán y Otros.
Expediente 196/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 196/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 02/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Zulema Guadalupe Hernández Durán y Otros.
- Milton Esau González Medina
- Milton Esau González Medina y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de diez de agosto de dos mil veintidós, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por *************, en representación de su hijo de iniciales B.U.G.H., no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que no obren en autos la totalidad de los acuses de notificación a las autoridades responsables, del auto de sobreseimiento decretado en el presente asunto, toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo, éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra de dicha determinación. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, de conformidad con el punto 7.4. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 18 del citado Acuerdo General, por lo que deberá conservarse la demanda, el auto donde se decretó la suspensión de plano, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al presente asunto, así como el presente acuerdo. En virtud, de que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de tres días otorgado a la parte quejosa en auto de veintisiete de julio del año en curso, para que manifestara expresamente su voluntad de desistirse del juicio de amparo que promovió, transcurrió sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento y se entiende que el infante quejoso ya fue inmunizado, esto es, que ya recibió su primera dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19. En atención a lo anterior, al estado de autos y a lo informado por el Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, dentro cuaderno de varios de la estadística de este órgano jurisdiccional, el cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo cesar significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el efecto es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de idéntica redacción a la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, en razón de que: 1) ********************, en representación de su hijo de iniciales B.U.G.H., reclamaron en esta instancia constitucional la omisión de incluir a los niños y adolescentes de doce a catorce años en la Política Nacional de Vacunación, y, por tanto, la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 al quejoso *****************quien actualmente cuenta con la edad de trece años. 2) El Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, informó a este juzgado que la etapa de vacunación en el rango de edad de doce a catorce años, se llevó a cabo los días veintisiete y veintiocho de mayo del año en curso, en las sedes de vacunación establecidas en esta ciudad. 3) El apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, citó al infante quejoso para que compareciera en las instalaciones del Hospital General de esta ciudad, a las quince horas del veintidós de marzo de dos mil veintidós, para la aplicación de su primera dosis. 4) Por su parte el Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, al no haber comparecido el quejoso en la cita señalada, lo citó nuevamente para que compareciera en las instalaciones del Hospital Militar Regional de Irapuato, Guanajuato, a las nueve horas del tres y veinticuatro de junio de dos mil veintidós, para la aplicación de su primera dosis. 5) No obstante el conocimiento de la citas para su primera inoculación el infante quejoso fue omiso en asistir a ellas. 6) Ante la incertidumbre de si el infante se había inmunizado en la jornada de vacunación, se le requirió a efecto de que informara si ya contaba con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19; sin embargo, al ser omiso, en esta data se hizo efectivo el apercibimiento y se asumió que si fue vacunado. Bajo las anteriores circunstancias, se puede advertir la actualización de la causal de improcedencia antes citada, en virtud de que al haberse inoculado al infante quejoso de iniciales***************contra el Covid-19 ha cesado en sus efectos la conducta omisiva reclamada. Cabe señalar, que la anterior determinación no le ocasiona ningún perjuicio al quejoso, toda vez que, resulta un hecho notorio para el suscrito que al día de hoy ya está contemplada la inoculación para el grupo al que pertenece el infante quejoso, lo que se corrobora de la propia página oficial del Gobierno Federal https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php de la que se aprecia que el registro para los niños de cinco años o más se encuentra habilitado, como se verá a continuación. Por tanto, a la fecha, el grupo al que pertenece el quejoso, quien actualmente tiene trece años de edad, ya está contemplado en el proceso de vacunación, pues está abierto el registro en la página de internet habilitada para ese efecto, a fin de que se le aplique la vacuna, además de que ya se han llevado a cabo campañas de vacunación y éstas son publicitadas por distintos medios de comunicación que resultan de fácil acceso para la población en general. De modo que, actualmente el infante quejoso no se encuentra excluido del plan nacional de vacunación. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de tres días otorgado a la parte quejosa en auto de veintisiete de julio del año en curso, para que manifestara expresamente su voluntad de desistirse del juicio de amparo que promovió, transcurrió sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento y se entiende que el infante quejoso ya fue inmunizado, esto es, que ya recibió su primera dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID19. En atención a lo anterior, al estado de autos y a lo informado por el Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, dentro cuaderno de varios de la estadística de este órgano jurisdiccional, el cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo cesar significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el efecto es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de idéntica redacción a la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, en razón de que: 1) ********************, en representación de su hijo de iniciales B.U.G.H., reclamaron en esta instancia constitucional la omisión de incluir a los niños y adolescentes de doce a catorce años en la Política Nacional de Vacunación, y, por tanto, la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 al quejoso *****************quien actualmente cuenta con la edad de trece años. 2) El Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, informó a este juzgado que la etapa de vacunación en el rango de edad de doce a catorce años, se llevó a cabo los días veintisiete y veintiocho de mayo del año en curso, en las sedes de vacunación establecidas en esta ciudad. 3) El apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, citó al infante quejoso para que compareciera en las instalaciones del Hospital General de esta ciudad, a las quince horas del veintidós de marzo de dos mil veintidós, para la aplicación de su primera dosis. 4) Por su parte el Director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, al no haber comparecido el quejoso en la cita señalada, lo citó nuevamente para que compareciera en las instalaciones del Hospital Militar Regional de Irapuato, Guanajuato, a las nueve horas del tres y veinticuatro de junio de dos mil veintidós, para la aplicación de su primera dosis. 5) No obstante el conocimiento de la citas para su primera inoculación el infante quejoso fue omiso en asistir a ellas. 6) Ante la incertidumbre de si el infante se había inmunizado en la jornada de vacunación, se le requirió a efecto de que informara si ya contaba con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19; sin embargo, al ser omiso, en esta data se hizo efectivo el apercibimiento y se asumió que si fue vacunado. Bajo las anteriores circunstancias, se puede advertir la actualización de la causal de improcedencia antes citada, en virtud de que al haberse inoculado al infante quejoso de iniciales***************contra el Covid-19 ha cesado en sus efectos la conducta omisiva reclamada. Cabe señalar, que la anterior determinación no le ocasiona ningún perjuicio al quejoso, toda vez que, resulta un hecho notorio para el suscrito que al día de hoy ya está contemplada la inoculación para el grupo al que pertenece el infante quejoso, lo que se corrobora de la propia página oficial del Gobierno Federal https://mivacuna.salud.gob.mxindex.php de la que se aprecia que el registro para los niños de cinco años o más se encuentra habilitado, como se verá a continuación. Por tanto, a la fecha, el grupo al que pertenece el quejoso, quien actualmente tiene trece años de edad, ya está contemplado en el proceso de vacunación, pues está abierto el registro en la página de internet habilitada para ese efecto, a fin de que se le aplique la vacuna, además de que ya se han llevado a cabo campañas de vacunación y éstas son publicitadas por distintos medios de comunicación que resultan de fácil acceso para la población en general. De modo que, actualmente el infante quejoso no se encuentra excluido del plan nacional de vacunación. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a sus autos el escrito signado por ********************, autorizados de los quejosos, mediante el cual manifiestan que se desisten del presente juicio de amparo, al haberse cumplido su fin; en ese sentido, dígase a los ocursantes que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que, si bien en proveído de dieciocho de febrero del año en curso, se les reconoció el carácter de autorizados de la parte quejosa, ello fue únicamente para oír y recibir notificaciones, no así con la plenitud de facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otro lado, atendiendo al contenido del escrito de cuenta, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste expresamente su voluntad de desistirse de la demanda de amparo que promovió y que dio lugar al juicio en que se actúa. Lo anterior a efecto de que se actualice el sobreseimiento señalado en la fracción I del artículo 63 de la Ley de Amparo. Apercíbase a la parte quejosa, que de no hacer manifestación alguna, se hará efectiva la advertencia decretada en providencia de veintiuno de julio pasado.
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