Zayda Zoee Seañez Medina

Expediente 252/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 19 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
252/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
25/01/2022

Partes del expediente

  • Zayda Zoee Seañez Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que por sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Así también, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que el original del cuaderno de suspensión es susceptible de depuración, motivo por el cual deberá conservarse la demanda de amparo, el auto donde se concedió la suspensión provisional y definitiva; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; en consecuencia, previa depuración que este órgano jurisdiccional lleve a cabo, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, lugar en el que se archivará a disposición de juzgado. En la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, inciso a), del Acuerdo General reseñado. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurara el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintiuno de junio del año en curso, la Jueza y Secretaria Tercero del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, Sinaloa, remitió la resolución emitida de manera fundada y motivada sobre la planilla de liquidación de sentencia formulada el veintisiete de mayo del dos mil veintiuno, en el expediente 1270/2015, en lo tocante al incidente de liquidación de intereses ordinarios y moratorios promovido por la parte actora BBVA BANCOMER, S.A.; anexando constancia de ello. Ahora bien, el reclamo de la quejosa a la autoridad responsable, consistió en la sentencia pronunciada el dieciocho de febrero de dos mil veinte, en el juicio sumario hipotecario 1270/2015, promovido por Celso Armenta Gámez, en su calidad de apoderado de BBVA Bancomer, S.A., IBM Grupo Financiero BBVA, contra Zayda Zoee Seañez Medina y la diligencia de notificación de esa interlocutoria. Asimismo, se observa que por sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, se concedió la protección constitucional a la quejosa Zayda Zoee Seañez Medina, para efecto de que la autoridad responsable, realizaran lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución interlocutoria de dieciocho de febrero de dos mil veinte, en el juicio sumario hipotecario 1270/2015. b) Emita una nueva, en la que con plenitud de jurisdicción, de manera fundada, motivada se pronuncie sobre la planilla de liquidación de sentencia formulada.". Ahora bien, a través de su oficio registrado en el libro de correspondencia de este Juzgado con el número 6239, la Jueza y Secretaria Tercero del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, Sinaloa, remitió la resolución emitida de manera fundada y motivada sobre la planilla de liquidación de sentencia formulada el veintisiete de mayo del dos mil veintiuno, en el expediente 1270/2015, en lo tocante al incidente de liquidación de intereses ordinarios y moratorios promovido por la parte actora BBVA BANCOMER, S.A.; anexando constancia de ello. Por tanto, es evidente que con lo anterior se colman sin excesos ni defectos los efectos para los que se concedió el amparo solicitado, motivo por el cual se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, por lo que, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, así se declara para todos los efectos legales. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO EL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: Visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintiuno de junio del año en curso, la Jueza y Secretaria Tercero del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, Sinaloa, remitió la resolución emitida de manera fundada y motivada sobre la planilla de liquidación de sentencia formulada el veintisiete de mayo del dos mil veintiuno, en el expediente 1270/2015, en lo tocante al incidente de liquidación de intereses ordinarios y moratorios promovido por la parte actora BBVA BANCOMER, S.A.; anexando constancia de ello. Ahora bien, el reclamo de la quejosa a la autoridad responsable, consistió en la sentencia pronunciada el dieciocho de febrero de dos mil veinte, en el juicio sumario hipotecario 1270/2015, promovido por Celso Armenta Gámez, en su calidad de apoderado de BBVA Bancomer, S.A., IBM Grupo Financiero BBVA, contra Zayda Zoee Seañez Medina y la diligencia de notificación de esa interlocutoria. Asimismo, se observa que por sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, se concedió la protección constitucional a la quejosa Zayda Zoee Seañez Medina, para efecto de que la autoridad responsable, realizaran lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución interlocutoria de dieciocho de febrero de dos mil veinte, en el juicio sumario hipotecario 1270/2015. b) Emita una nueva, en la que con plenitud de jurisdicción, de manera fundada, motivada se pronuncie sobre la planilla de liquidación de sentencia formulada.". Ahora bien, a través de su oficio registrado en el libro de correspondencia de este Juzgado con el número 6239, la Jueza y Secretaria Tercero del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, Sinaloa, remitió la resolución emitida de manera fundada y motivada sobre la planilla de liquidación de sentencia formulada el veintisiete de mayo del dos mil veintiuno, en el expediente 1270/2015, en lo tocante al incidente de liquidación de intereses ordinarios y moratorios promovido por la parte actora BBVA BANCOMER, S.A.; anexando constancia de ello. Por tanto, es evidente que con lo anterior se colman sin excesos ni defectos los efectos para los que se concedió el amparo solicitado, motivo por el cual se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, por lo que, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, así se declara para todos los efectos legales. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que en sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, se sobreseyó y concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la quejosa Zayda Zoee Seañez Medina; resolución que causó ejecutoria el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, al no ser recurrida por alguna de las partes. En el entendido de que, el amparo y protección constitucionales se concedieron para el efecto de que la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, Sinaloa, con sede en Guamúchil, en el ámbito de sus atribuciones, realice las siguientes acciones: a) Deje insubsistente la resolución interlocutoria de dieciocho de febrero de dos mil veinte, en el juicio sumario hipotecario ********************. b) Emita una nueva, en la que con plenitud de jurisdicción, de manera fundada, motivada se pronuncie sobre la planilla de liquidación de sentencia formulada.". En consecuencia con apoyo en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, Sinaloa, con sede en Guamúchil, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les comunique el presente acuerdo, cumplan con la ejecutoria de amparo, informe sobre el cumplimiento, o bien, los actos que esté realizando para tal efecto, en la inteligencia que de no hacerlo así, sin causa justificada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable, la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2007918, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Tomo I, del Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2014, Materia Común, número de Tesis P./J. 54/2014 (10a.), cuyo contenido es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Con el apercibimiento que no informar, se le impondrá al efecto una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

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