Zayda Zoee Seañez Medina

Expediente 367/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
367/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/06/2021

Partes del expediente

  • Zayda Zoee Seañez Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del proveído de diez de junio de dos mil veintiuno, en que se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por Zayda Zoee Seañez Medina; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la ley de la materia se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de diez de junio de dos mil veintiuno, el presente juicio de amparo se desechó; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. De la misma manera, con apoyo en el mencionado numeral 21, inciso a), penúltimo párrafo de dicho acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, procederá a destruir este cuaderno principal, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no encuadra en aquéllos expedientes donde se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni los generados por los Plenos de Circuito, ni versa sobre materia agraria, ni se trata de un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva.

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA QUEJOSA ZAYDA ZOEE SEAÑEZ MEDINA, EL ACUERDO DICTADO EL DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE;Vista la demanda promovida por Zayda Zoee Seañez Medina, contra actos de la Sala de Circuito Zona Norte del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 367/2021-2. Es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y contenido: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación.". Del escrito inicial de demanda, se advierte que la quejosa de manera esencial reclaman la sentencia dictada por la Sala de Circuito Zona Norte del Supremo Tribunal de ??????????????? Justicia, con sede en esta ciudad, el trece de mayo de dos mil veintiuno, en los autos del toca 24/2021, donde se confirma el auto aprobatorio de remate de trece de agosto de dos mil veinte, dictado en el expediente 1270/2015, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, Sinaloa; asimismo, la ejecución material de esa resolución. Ahora bien, de los antecedentes de los actos reclamados y que se precisan bajo protesta de decir verdad, se advierte que la ahora directa quejosa fue quien promovió el recurso de apelación en contra del mencionado auto de remate, lo que originó se dictara la resolución que ahora reclaman en su demanda de amparo; por tanto, se puede concluir que la quejosa tiene reconocida personalidad en el expediente natural. En tal virtud, se estima que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III del mismo ordenamiento legal que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. (.) Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". El último precepto trascrito es claro al establecer que en un procedimiento de ejecución de remate, sólo será procedente el amparo cuando el acto que se reclame sea la última resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En ese orden de ideas, este juzgado estima que el acto que por esta vía se combate no constituye la última resolución en el periodo de ejecución de remate, en virtud de que la sentencia dictada por la Sala de Circuito Zona Norte del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, el trece de mayo de dos mil veintiuno, en los autos del toca 24/2021, donde se confirma el auto aprobatorio de remate de trece de agosto de dos mil veinte, dictado en el expediente 1270/2015, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, Sinaloa, fue dictado dentro del procedimiento de dicho remate y, como se dijo el amparo indirecto respecto del procedimiento de remate, sólo procede cuando en forma definitiva se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación respectiva o la entrega material de los bienes rematados, en aras de la fuerza legal de la cosa juzgada e inmediata ejecución de la sentencia respectiva, puesto que una vez que se cumplan con cualesquiera de estas dos formalidades, es entonces cuando procede el amparo indirecto, ya que la sociedad está interesada en que se cumplan las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales, por ser éstos cuestión de orden público; ello explica por qué el legislador plasmó en el contenido de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ??????????????? su intención de evitar que se abuse del juicio de amparo, pues condiciona la procedencia de éste, contra violaciones sufridas en el procedimiento de remates, como es el caso, a la impugnación de la "última resolución", que se dicte en esa fase ejecutiva, la cual ha de entenderse, en el procedimiento de remate, como aquélla en la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, es decir cuando se dicte cualquiera de ellas, donde se pueden hacer valer esas violaciones. En el caso que ocupa, se insiste, el suscrito considera que los actos reclamados precisados con antelación, no constituyen la última resolución en ese procedimiento de remate pues aún no se ordena escriturar ni la entrega de los bienes rematados, por lo que, se insiste, no se trata de la "última resolución" dictada en el procedimiento de remate. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1066 del Tomo II del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 29, Abril de 2016, Materia Común, Décima Época, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial.". En las relatadas circunstancias, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII, del cardinal 61, con el precepto 107, fracción IV, párrafo tercero, este último aplicado a contrario sensu, que analizados junto con el diverso artículo 113, todos de la Nueva Ley de Amparo, conducen a concluir que debe desecharse de plano la demanda, por ser notoria e indudable su improcedencia. Así también, se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional.". Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el precisado en el proemio de su ??????????????? demanda y como autorizado de su parte en los amplios términos del artículo 12 de la Nueva Ley de Amparo a Jesús Alberto Islas Flores, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Fernando Lizárraga Obeso, Eduardo Calderón Garay y Víctor Manuel Mejía Castillo, en virtud de que no tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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