Zaira Adriana Reyes López
Expediente 984/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 984/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Zaira Adriana Reyes López
- Juez de Primera Instancia del Ramo Civil Y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo,Con Residencia En Ometepec, Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Acapulco, Guerrero; quince de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 984/2018; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad de Acapulco, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Zaira Adriana Reyes López, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se señala: AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA 1. Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero. EJECUTORA 2. Segunda Secretaría de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero. ACTO RECLAMADO "IV. ACTO RECLAMADO: La ilegal multa que se me impuso, mediante auto de fecha seis de noviembre del presente año, por la Autoridad Ordenadora y que pretende cumplir la Autoridad mencionada como Ejecutora." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de Gobierno correspondiente bajo el número 984/2018; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó notificar a la parte tercera interesada el inicio de este juicio y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo después de diferirse con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción V, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que se reclama un acto dictado en un juicio familiar, radicado dentro del ámbito de competencia de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que la parte quejosa reclama como acto destacado: El acuerdo de seis de noviembre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio especial de alimentos 116/2018, a través del cual el Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, le impuso una multa, equivalente a treinta días de salarios mínimos vigentes en la entidad. TERCERO. Certeza del acto reclamado. SON CIERTOS los actos reclamados al Juez y Secretario de Acuerdos, ambos adscritos al Juzgado de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, residente en Ometepec, Guerrero, pues así lo reconocieron expresamente al rendir su informe con justificación; certeza que además se robustece con las constancias que como sustento a su informe allegó en copia certificada, y que dada su naturaleza tienen valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto de la autoridad responsable Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II.-La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" El primero de los preceptos mencionados establece que el juicio de amparo es improcedente además cuando ésta resulte de alguna disposición de la Constitución o de la Ley de Amparo; por su parte el segundo, que tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría, o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esa tesitura, el juicio promovido contra el referido Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec, es improcedente, habida cuenta que para los efectos del presente juicio de amparo, dicho funcionario no tiene el carácter de autoridad, puesto que la función que jurídicamente realiza se constriñe a autorizar y dar fe de lo actuado por el juez responsable, por lo que sólo es un fedatario, sin imperio ni facultad decisoria. En efecto, no obstante que el aludido funcionario encuentra en una norma legal el sustento de sus intervenciones en el juicio de origen, en el caso concreto, la conducta de la responsable de referencia dentro del mismo consistió únicamente en dar fe de la determinación reclamada emitida por el Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec; de ahí que de su actuación no se derive el despliegue de conducta alguna por virtud de la cual haya creado, modificado o extinguido situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, ni mucho menos la afectación a la esfera legal de la parte quejosa; por ende, no puede ser considerado como autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que de ese acto no deriva alguna facultad de decisión o determinación con la que sí cuenta el juez responsable al emitir sus determinaciones, ni tampoco una relación de supra a subordinación. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia I.2o.P. J/20 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 87, tomo VII, Enero de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama." Por otra parte, este juzgado de Distrito, atendiendo a la manifestación del juez responsable, estima que efectivamente se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo respecto del acuerdo de seis de noviembre de dos mil dieciocho. Para arribar a tal conclusión, se tiene que precepto que la porción normativa invocada dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" El dispositivo apuntado contempla el principio de definitividad, conforme al cual existe la obligación legal y deber jurídico de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo. En efecto, el principio de definitividad consiste en la obligación del particular de agotar los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa. La falta de cumplimiento de esa obligación trae como consecuencia su improcedencia, incluso en tratándose de actos de imposible reparación dentro del juicio. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) que integró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, del Libro 55, junio de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Asimismo, es de precisar que tales recursos deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y por otra, para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado, y sea el idóneo para producir los efectos ya mencionados. No obstante, dicho principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral 61, en su fracción XVIII, describe: "(.) a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Luego, como se indicó en el considerando segundo de esta resolución, los actos reclamados lo constituyen el auto de seis de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 116/2018, por el que se impuso a Zaira Adriana Reyes López, la medida de apremio (multa), equivalente a treinta días de salarios mínimos vigentes en esta entidad, al hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de tres de septiembre de dos mil dieciocho. Ahora, de las actuaciones allegadas por el juez de la causa cuyo valor probatorio pleno quedó precisado en el considerando que antecede, y de las que se advierte que: a) Por auto de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se radicó la demanda del juicio especial de alimentos, bajo el número 116/2018, y se decretó una pensión alimenticia provisional a cargo Zaira Adriana Reyes López, por un sesenta por ciento de treinta salarios mínimos mensuales, equivalente a $1.590.48.00 (mil quinientos noventa pesos 48/100 moneda nacional). b) En proveído de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se requirió de nueva cuenta a la quejosa para que en el término de tres días siguientes a su notificación consignara las pensiones alimenticias decretadas a su cargo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se le aplicaría una multa por treinta días de salario mínimo general vigente; lo cual se reiteró en diverso de tres de septiembre de dos mil dieciocho. c) En proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se declaró improcedente el recurso de reconsideración promovido por la peticionaria de amparo en contra del requerimiento de pago de pensión alimenticia, dado que su pretensión era modificar una cuestión de fondo, la cual debe ser analizada al resolverse el juicio especial de alimentos. d) En acuerdo de seis de noviembre de dos mil dieciocho, el juez responsable hizo efectiva la multa con la que conminó a la quejosa en acuerdo de tres de septiembre de dos mil dieciocho, al no haber consignado la pensión alimenticia requerida. Luego, como puede observarse de lo reseñado, la obligación incumplida por la que se impuso a la quejosa la medida de apremio equivalente a treinta días de salario mínimo vigente, es el pago de la pensión alimenticia provisional a favor de la menor Alison Haylin Domínguez Reyes, del equivalente a $1,5910.48 (mil quinientos noventa pesos 48/100, moneda nacional), decretado de manera mensual, no constituye una cuestión novedosa para la quejosa; sin embargo, sobre la justificación o no de la medida de apremio impuesta, debió agotar el recurso de reconsideración que como medio ordinario prevé el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero. En efecto, para estar en aptitud de verificar la actualización de la causa de improcedencia invocada, conviene tener presente el contenido de los artículos 375, fracción I, y 381, ambos del Código Procesal Civil, que a la letra señalan: "Artículo 375.- Recursos admisibles. Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I. Reconsideración (.)" "Artículo 381.- Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." Conforme a los ordinales invocados, se advierte que dentro del sistema procesal en materia de recursos previsto en el Código Procesal Civil para el Estado de Guerrero, se encuentra el de reconsideración, el cual procede en contra de las resoluciones que no sean susceptibles de ser apeladas. De ese modo, si conforme al catálogo previsto en el artículo 386 del Código de Procesal Civil del Estado de Guerrero, el auto en el que hicieron efectivo el apercibimiento de multa contenido en el proveído de seis de noviembre de dos mil dieciocho, no se ubica dentro de las hipótesis de procedencia del recurso de apelación, entonces queda de relieve la procedencia del recurso de reconsideración, medio de defensa que tiene por objeto que se confirme, revoque o modifique la decisión sobre la decisión de hacer efectiva la medida de apremio en cuestión; por tanto, aquel medio ordinario de defensa concede la posibilidad de que las determinaciones reclamadas en la presente instancia constitucional sean impugnada ante la propia autoridad judicial que las dictó. Así las cosas, la quejosa debió observar el medio de impugnación aludido ante el mismo Juez responsable, y al no hacerlo incumplió el principio de definitividad que exige el invocado artículo 61 de la Ley de Amparo, máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, en primera porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio en el expediente de donde deriva ese acto reclamado, aunado a que el auto de referencia no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal derivado de un procedimiento penal. Ello en virtud de que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de modo que no es optativo para el ahora agraviado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, conforme con el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Resulta aplicable por analogía la tesis jurisprudencial visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Mayo de 2002, página 902, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Lo anterior, sin soslayar el criterio aislado emitido por un tribunal colegiado perteneciente a este circuito, el cual fue invocado por el juez responsable como sustento de su afirmación sobre la actualización de la causa de improcedencia analizada con antelación, que da cuenta precisamente de la procedencia del recurso de reconsideración previo a la promoción del juicio de amparo, incluso en tratándose de actos de imposible reparación emitidos en juicios relativos al orden o estabilidad de la familia, como acontece en el caso, habida cuenta que la determinación que se pretende someter a control constitucional se encuentra dirigida a vencer la contumacia mostrada por Zaira Adriana Reyes López respecto de la multa que le fue impuesta dentro del juicio especial de alimentos 116/2018, dado que no realizó el pago de la pensión que se decretó a su cargo. Bajo ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia analizadas; procede sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley en cita. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 y 217, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 984/2018. Notifíquese personalmente.
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ELOY DOMÍNGUEZ LÓPEZ, EL CONTENIDO DE LARESOLUCIÓN AUTORIZADA EL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 984/2018; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad de Acapulco, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Zaira Adriana Reyes López, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se señala: AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA 1. Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero. EJECUTORA 2. Segunda Secretaría de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero. ACTO RECLAMADO "IV. ACTO RECLAMADO: La ilegal multa que se me impuso, mediante auto de fecha seis de noviembre del presente año, por la Autoridad Ordenadora y que pretende cumplir la Autoridad mencionada como Ejecutora." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de Gobierno correspondiente bajo el número 984/2018; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó notificar a la parte tercera interesada el inicio de este juicio y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo después de diferirse con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción V, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que se reclama un acto dictado en un juicio familiar, radicado dentro del ámbito de competencia de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que la parte quejosa reclama como acto destacado: El acuerdo de seis de noviembre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio especial de alimentos 116/2018, a través del cual el Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, le impuso una multa, equivalente a treinta días de salarios mínimos vigentes en la entidad. TERCERO. Certeza del acto reclamado. SON CIERTOS los actos reclamados al Juez y Secretario de Acuerdos, ambos adscritos al Juzgado de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, residente en Ometepec, Guerrero, pues así lo reconocieron expresamente al rendir su informe con justificación; certeza que además se robustece con las constancias que como sustento a su informe allegó en copia certificada, y que dada su naturaleza tienen valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto de la autoridad responsable Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II.-La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" El primero de los preceptos mencionados establece que el juicio de amparo es improcedente además cuando ésta resulte de alguna disposición de la Constitución o de la Ley de Amparo; por su parte el segundo, que tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría, o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esa tesitura, el juicio promovido contra el referido Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec, es improcedente, habida cuenta que para los efectos del presente juicio de amparo, dicho funcionario no tiene el carácter de autoridad, puesto que la función que jurídicamente realiza se constriñe a autorizar y dar fe de lo actuado por el juez responsable, por lo que sólo es un fedatario, sin imperio ni facultad decisoria. En efecto, no obstante que el aludido funcionario encuentra en una norma legal el sustento de sus intervenciones en el juicio de origen, en el caso concreto, la conducta de la responsable de referencia dentro del mismo consistió únicamente en dar fe de la determinación reclamada emitida por el Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec; de ahí que de su actuación no se derive el despliegue de conducta alguna por virtud de la cual haya creado, modificado o extinguido situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, ni mucho menos la afectación a la esfera legal de la parte quejosa; por ende, no puede ser considerado como autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que de ese acto no deriva alguna facultad de decisión o determinación con la que sí cuenta el juez responsable al emitir sus determinaciones, ni tampoco una relación de supra a subordinación. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia I.2o.P. J/20 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 87, tomo VII, Enero de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama." Por otra parte, este juzgado de Distrito, atendiendo a la manifestación del juez responsable, estima que efectivamente se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo respecto del acuerdo de seis de noviembre de dos mil dieciocho. Para arribar a tal conclusión, se tiene que precepto que la porción normativa invocada dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" El dispositivo apuntado contempla el principio de definitividad, conforme al cual existe la obligación legal y deber jurídico de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo. En efecto, el principio de definitividad consiste en la obligación del particular de agotar los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa. La falta de cumplimiento de esa obligación trae como consecuencia su improcedencia, incluso en tratándose de actos de imposible reparación dentro del juicio. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) que integró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, del Libro 55, junio de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Asimismo, es de precisar que tales recursos deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y por otra, para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado, y sea el idóneo para producir los efectos ya mencionados. No obstante, dicho principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral 61, en su fracción XVIII, describe: "(.) a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Luego, como se indicó en el considerando segundo de esta resolución, los actos reclamados lo constituyen el auto de seis de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 116/2018, por el que se impuso a Zaira Adriana Reyes López, la medida de apremio (multa), equivalente a treinta días de salarios mínimos vigentes en esta entidad, al hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de tres de septiembre de dos mil dieciocho. Ahora, de las actuaciones allegadas por el juez de la causa cuyo valor probatorio pleno quedó precisado en el considerando que antecede, y de las que se advierte que: a) Por auto de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se radicó la demanda del juicio especial de alimentos, bajo el número 116/2018, y se decretó una pensión alimenticia provisional a cargo Zaira Adriana Reyes López, por un sesenta por ciento de treinta salarios mínimos mensuales, equivalente a $1.590.48.00 (mil quinientos noventa pesos 48/100 moneda nacional). b) En proveído de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se requirió de nueva cuenta a la quejosa para que en el término de tres días siguientes a su notificación consignara las pensiones alimenticias decretadas a su cargo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se le aplicaría una multa por treinta días de salario mínimo general vigente; lo cual se reiteró en diverso de tres de septiembre de dos mil dieciocho. c) En proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se declaró improcedente el recurso de reconsideración promovido por la peticionaria de amparo en contra del requerimiento de pago de pensión alimenticia, dado que su pretensión era modificar una cuestión de fondo, la cual debe ser analizada al resolverse el juicio especial de alimentos. d) En acuerdo de seis de noviembre de dos mil dieciocho, el juez responsable hizo efectiva la multa con la que conminó a la quejosa en acuerdo de tres de septiembre de dos mil dieciocho, al no haber consignado la pensión alimenticia requerida. Luego, como puede observarse de lo reseñado, la obligación incumplida por la que se impuso a la quejosa la medida de apremio equivalente a treinta días de salario mínimo vigente, es el pago de la pensión alimenticia provisional a favor de la menor Alison Haylin Domínguez Reyes, del equivalente a $1,5910.48 (mil quinientos noventa pesos 48/100, moneda nacional), decretado de manera mensual, no constituye una cuestión novedosa para la quejosa; sin embargo, sobre la justificación o no de la medida de apremio impuesta, debió agotar el recurso de reconsideración que como medio ordinario prevé el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero. En efecto, para estar en aptitud de verificar la actualización de la causa de improcedencia invocada, conviene tener presente el contenido de los artículos 375, fracción I, y 381, ambos del Código Procesal Civil, que a la letra señalan: "Artículo 375.- Recursos admisibles. Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I. Reconsideración (.)" "Artículo 381.- Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." Conforme a los ordinales invocados, se advierte que dentro del sistema procesal en materia de recursos previsto en el Código Procesal Civil para el Estado de Guerrero, se encuentra el de reconsideración, el cual procede en contra de las resoluciones que no sean susceptibles de ser apeladas. De ese modo, si conforme al catálogo previsto en el artículo 386 del Código de Procesal Civil del Estado de Guerrero, el auto en el que hicieron efectivo el apercibimiento de multa contenido en el proveído de seis de noviembre de dos mil dieciocho, no se ubica dentro de las hipótesis de procedencia del recurso de apelación, entonces queda de relieve la procedencia del recurso de reconsideración, medio de defensa que tiene por objeto que se confirme, revoque o modifique la decisión sobre la decisión de hacer efectiva la medida de apremio en cuestión; por tanto, aquel medio ordinario de defensa concede la posibilidad de que las determinaciones reclamadas en la presente instancia constitucional sean impugnada ante la propia autoridad judicial que las dictó. Así las cosas, la quejosa debió observar el medio de impugnación aludido ante el mismo Juez responsable, y al no hacerlo incumplió el principio de definitividad que exige el invocado artículo 61 de la Ley de Amparo, máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, en primera porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio en el expediente de donde deriva ese acto reclamado, aunado a que el auto de referencia no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal derivado de un procedimiento penal. Ello en virtud de que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de modo que no es optativo para el ahora agraviado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, conforme con el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Resulta aplicable por analogía la tesis jurisprudencial visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Mayo de 2002, página 902, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Lo anterior, sin soslayar el criterio aislado emitido por un tribunal colegiado perteneciente a este circuito, el cual fue invocado por el juez responsable como sustento de su afirmación sobre la actualización de la causa de improcedencia analizada con antelación, que da cuenta precisamente de la procedencia del recurso de reconsideración previo a la promoción del juicio de amparo, incluso en tratándose de actos de imposible reparación emitidos en juicios relativos al orden o estabilidad de la familia, como acontece en el caso, habida cuenta que la determinación que se pretende someter a control constitucional se encuentra dirigida a vencer la contumacia mostrada por Zaira Adriana Reyes López respecto de la multa que le fue impuesta dentro del juicio especial de alimentos 116/2018, dado que no realizó el pago de la pensión que se decretó a su cargo. Bajo ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia analizadas; procede sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley en cita. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 y 217, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 984/2018. Notifíquese personalmente.... LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO...
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