Zenaida Oropeza Carmona

Expediente 321/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 36 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
321/2017
Año
2017
Actuaciones
36
Última actuación
19/03/2019

Partes del expediente

  • Zenaida Oropeza Carmona
  • Magistrados de la Segunda Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia En el Estado de Guerrero, Con Sede En Acapulco
  • Fanny Janet Eroza Maganda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; diecinueve de marzo de dos mil diecinueve Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia definitiva; en tal virtud, agréguense al expediente principal el cuaderno de antecedentes que se formó, oficio de cuenta y testimonio de referencia. Acúsese recibo. Hágase saber a las partes que los puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: " PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto número 321/2017 respecto a los actos reclamados al juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Zenaida Oropeza Carmona, en contra del acto reclamado a los magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, consistente en la resolución dictada el uno de marzo de dos mil diecisiete, en el toca penal XII-927/2015, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en la causa penal 99/2014-II, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero." Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda de amparo, sentencia y testimonio respectivo, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase contar lo anterior en su carátula. Por otro lado, a fin de evitar el volumen innecesario del presente expediente, se desglosan las constancias certificadas que se obtuvieron del expediente original para crear el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso de revisión interpuesto; por lo que, únicamente agréguese su respectiva carátula así como las actuaciones posteriores que obran en original, para los efectos legales conducentes. Finalmente, ya que de autos se advierte que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares y el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, adjuntaron copia certificada y los autos originales de la causa penal 99/2014-II y del toca XIII-927/2015, en tres tomos y dado que los mismos resultan innecesarios que continúe a disposición de este juzgado, por tanto, remítanse a su lugar de origen. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Secretario de Acuerdos del tribunal de alzada comunica que se admitió el recurso de revisión.

  3. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DE LA SENTENCIA DE VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: "Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 321/2017; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito depositado el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Zenaida Oropeza Carmona, por derecho propio, presento demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA Magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. EJECUTORA Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. Residentes en esta ciudad ACTOS RECLAMADOS "Reclamo de la autoridad señalada como responsable ordenadora el contenido de la Resolución de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, dictada por los CC. Magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, dentro del Toca Penal número XII-927/2015 en la cual indebidamente se confirma el AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, de fecha uno de agosto de dos mil catorce, dictada por el JUEZ SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES en la CAUSA PENAL 99/2014-II, a favor de FANNY JANET EROZA MAGANDA, por el delito de ABUSO DE CONFIANZA, cometido en agravio de la suscrita: mismo que me fue notificado el día 10 de marzo de 2017." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales transgredidos. La parte quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 321/2017; se solicitó a las autoridades responsables rindieran sus informes con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al Agente adscrito de la Sala Penal responsable la intervención legal que les compete; se ordenó notificar a la tercera interesada a Fanny Janet Eroza Maganda; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Sobreseimiento fuera de audiencia. Mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, al estimarse actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en confrontación con el numeral 6 de la Ley de Amparo. Inconforme con dicho sobreseimiento, el autorizado de la parte quejosa interpuso recurso de revisión; el cual por cuestión de turno correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, quien por ejecutoria de once de enero de este año, dictada en el Amparo en Revisión Penal número 360/2017, revocó y ordenó la reposición del procedimiento. En ese sentido, en cumplimiento a la ejecutoria mencionada en el párrafo anterior, el veintidós de enero del año en curso, se ordenó la notificación del inicio del presente juicio a la tercera interesada Fanny Janet Eroza Maganda, por medio de edictos, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de dos diferimientos se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; porque se reclama la resolución emitida por un tribunal de segunda instancia con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, dentro de un toca penal formado con motivo del recurso de apelación instado, en la que la parte quejosa tiene el carácter de ofendida; lo que puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama por esta instancia: a) De la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero y del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, residentes en esta ciudad, la resolución de uno de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal XII-927/2015, por la que se confirmó el auto de libertad por falta de elementos para procesar emitido por el extinto Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, dentro de la causa penal 99/2014-II, instruida en contra de Fanny Janet Eroza Maganda por el delito de abuso de confianza, en agravio de la aquí quejosa Zenaida Oropeza Carmona. TERCERO. Oportunidad en la presentación de la demanda. La quejosa fue notificada de la resolución reclamada el diez de marzo de dos mil diecisiete, por tanto el término de quince días establecido en el numeral 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, le transcurrió del trece de marzo al cuatro de abril siguiente, descontándose los días dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco, veintiséis de marzo, uno y dos de abril, por haber sido inhábiles así como el veintiuno de marzo por haber sido inhábil pero laborable, todos de la anualidad pasada; de ahí que, si la demanda fue presentada el veintinueve de marzo del año pasado, su interposición fue oportuna. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. El Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuye, el cual quedó precisado en líneas anteriores. Negativa que se acepta, en sus términos, en razón de que del estudio de las constancias que obran en el sumario, las que surten efectos probatorios plenos en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la litis constitucional por remisión expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se advierte que quien emitió el acto reclamado fue la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. Consecuentemente, al no acreditarse la existencia del acto reclamado a dicha responsable, lo que procede con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, es sobreseer el juicio de amparo respecto del acto a ella atribuido. QUINTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, en virtud de que así lo reconoció al rendir su informe justificado por conducto de su Magistrado Presidente, manifestación expresa que basta para tener la conducta que se le atribuye por plenamente evidenciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Certeza que se corrobora además, con los autos originales que integran la causa penal 99/2014-II y el toca penal XII-927/2015 que como apoyo a su informe justificado remitió, que constituyen los tomos II y III de pruebas, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2. SEXTO. Estudio de fondo del asunto. Al no existir causal de improcedencia del juicio de amparo invocada por las partes ni se advierte que opere alguna que deba ser examinada de oficio tal y como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, en este apartado se analizará si procede o no conceder la protección federal solicitada por la quejosa. De las constancias que allegó la Sala responsable con su informe justificado, a las que se concedió valor en los términos precisados en el considerando cuarto que antecede, se advierten los siguientes antecedentes: 1) Mediante escrito presentado y ratificado el tres de abril de dos mil trece, la aquí quejosa Zenaida Oropeza Carmona, presentó en contra de la tercera interesada Fanny Janet Eroza Maganda formal querella por el delito de abuso de confianza, cometido en su agravio, ordenándose la integración de la averiguación previa TAB/CAZ/05/0198/2013. 2) Seguida que fue la indagatoria, mediante pedimento penal número 127/2014 de veintinueve de mayo de dos mil catorce, el representante social determinó ejercer acción penal en contra de la aquí tercera interesada, por el delito de abuso de confianza cometido en contra de la ahora quejosa. 3) Por cuestión de turno, correspondió conocer de dicho pedimento al extinto Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, quien por acuerdo de once de junio siguiente lo radicó con el número de causa penal 99/2014-II. 4) En resolución de veintisiete de junio del año pasado, dicho juez se pronunció sobre el ejercicio de la acción penal y determinó librar orden de aprehensión en contra de la tercera interesada Fanny Janet Eroza Maganda, por el delito de abuso de confianza en agravio de la quejosa Zenaida Oropeza Carmona. 5) En contra de dicho mandato de captura, la aquí tercera interesada Fanny Janet Eroza Maganda, promovió juicio de amparo, el cual por cuestión de turno le tocó conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, bajo el número 735-2014-V, quien compareció bajo los efectos de la suspensión provisional a rendir su declaración preparatoria y el uno de agosto de dos mil catorce, se le dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar. 6) Inconforme con esa resolución, la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Séptimo de Primera Instancia interpuso recurso de apelación; medio de defensa que fue admitido el seis de agosto de dos mil catorce por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, bajo el número de Toca Penal X-908/2014. 7) Por resolución de diez de marzo de dos mil quince, la Sala responsable confirmó el auto sujeto a revisión. 8) En contra de dicha resolución, la quejosa Zenaida Oropeza Carmona, promovió juicio de amparo, el cual por cuestión de turno le toco conocer a Juzgado Octavo de Distrito, registrándose bajo el número 762/2015 y mediante sentencia de treinta de septiembre de dos mil quince, se le concedió el amparo para efecto de que el Juez de la causa, le hiciera del conocimiento de nueva cuenta el contenido del auto de uno de agosto de dos mil catorce en el que se decretó el auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de la inculpada Fanny Janet Eroza Maganda, y le indicara el derecho que le asiste para interponer el recurso de apelación así como el término para hacerlo, de ahí que mediante resolución de veintidós de octubre de dos mil quince, la Sala Penal dejó insubsistente la resolución reclamada y ordeno reponer el procedimiento. 9) El veinticuatro de octubre de dos mil quince, el Actuario adscrito al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, notificó a la agraviada Zenaida Oropeza Carmona, el auto de plazo constitucional de uno de agosto de dos mil catorce, dictado en la causa penal 99/2014-II, y le hizo saber el derecho que le asistía para interponer el recurso de apelación dentro del término de diez días hábiles. 10) Por escrito de cuatro de noviembre de dos mil quince la agraviada Zenaida Oropeza Carmona, interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido el dos de diciembre de esa anualidad por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, bajo el número de Toca Penal XII-927/2015. 11) Finalmente, por resolución de uno de marzo de dos mil diecisiete, la Sala responsable confirmó el auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de la inculpada Fanny Janet Eroza Maganda, emitido por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, el uno de agosto de dos mil catorce, dentro de la causa penal 99/2014-II (la cual constituye el acto reclamado). En ese sentido, la parte quejosa expresó como conceptos de violación que la resolución reclamada viola en su perjuicio los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 constitucionales, en razón de que la Sala Penal responsable: a) Dejo de observar que los elementos del cuerpo del delito de abuso de confianza, se encuentran plena y legalmente acreditados con los medios de prueba que obran en la causa penal de origen y por tanto la probable responsabilidad de la acusada. b) Que no fueron estudiados todos y cada uno de los elementos del cuerpo del delito, toda vez que se omitió efectuar debidamente el estudio individual y detallado de cada uno de los elementos que integran el tipo penal, lo que se traduce en que la resolución reclamada que por esta vía se combate no cumple con los requisitos de Ley. c) Que se incumplió con el principio de exhaustividad porque no fueron suplidos analizados todos los agravios que hizo valer en el recurso de apelación. Son infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, aún suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente. En primer lugar, es necesario establecer que el delito de abuso de confianza, que se atribuye a la inculpada Fanny Janet Eroza Maganda, se encuentra previsto en el artículo 169 del Código Penal del Estado de Guerrero, aplicable al caso, el cual establece: "Artículo 169. Al que con perjuicio de alguien, disponga para sí o para otro, de cualquier cosa mueble ajena, de la que se le haya transmitido la tenencia pero no el dominio, se le impondrán las siguientes penas: (.) Del precepto legal transcrito, se deduce que los elementos del cuerpo del ilícito en comento, son esencialmente los siguientes: La transmisión de la tenencia pero no el dominio de una cosa mueble. Que el agente del delito disponga para sí o para otro de cualquier cosa mueble. Que la disposición se haga con perjuicio de alguien. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 65/96, entre otros aspectos, determinó que el presupuesto básico del delito de abuso de confianza, consiste en la disposición que hace el activo para sí o para otro, de una cosa mueble ajena, misma de la que se le ha transmitido la tenencia y no el dominio en perjuicio del pasivo. De esa forma, agregó que es pertinente desentrañar qué debe entenderse por la expresión transmisión o transferencia de la tenencia como elemento constitutivo del delito en comento. Al respecto, señaló que el vocablo transmisión, significa transferir, ceder, enajenar, lo que quiere decir que la transmisión de la tenencia a que se refiere el ilícito de abuso de confianza como presupuesto implica transferir material y físicamente una cosa bajo cualquier título permitido por la ley, por virtud del cual quien la transmite se desliga jurídicamente de su posesión y del poder de hecho que tiene sobre la misma para otorgársele al que la recibe, quien, en consecuencia, adquiere su tenencia autónoma e independientemente del transmisor (posesión derivada). Lo que quiere decir que no cualquier tipo de posesión da lugar al delito de abuso de confianza sino aquella en la que se transfiere la cosa misma y no su dominio. Continua exponiendo la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que para que se dé la disposición de la cosa ajena, es indispensable que el sujeto activo tenga la posesión de la cosa de manera legal, mediante un acto jurídico de quien se la transmitió, acto en el que debe ser objeto la cosa misma, lo que quiere decir que faltará el elemento típico de la transmisión de la tenencia, cuando no exista la transferencia de la cosa; es decir, cuando no ha salido de la esfera de custodia del dueño, como puede suceder cuando se tiene la cosa, en virtud de un acto jurídico cuyo objeto no ha sido la cosa misma, verbigracia una relación de trabajo, pues con motivo de este acto, sólo se tiene la cosa al alcance material en virtud de una situación de carácter jurídico que no recae directa e inmediata sobre el objeto. Sobre el particular, citó el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Tomo IX, Febrero de 1992, página 117, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto: "ABUSO DE CONFIANZA. PRESUPUESTO TÉCNICO DEL. El presupuesto técnico del abuso de confianza es lo que se conoce como posesión derivada, debiéndose entender como tal la facultad que tiene el poseedor y que da sobre la cosa poseída un poder distinto al de la mera detentación material. La diferencia entre el poseedor precario y el poseedor derivado radica en que este último recibe la cosa a virtud de un acto jurídico que tiene por objeto directo e inmediato la cosa misma; en cambio el precarista la tiene ante su alcance puramente material a virtud de una situación de carácter jurídico que no recae directa e inmediatamente sobre el objeto. El doméstico tiene dentro de su esfera material los útiles de su trabajo, pero sin que sobre los mismos haya recaído un acto jurídico que los tenga como objeto directo inmediato. En igual condición se encuentra el dependiente en relación con las mercancías que vende a los compradores. Es decir, cuando la cosa mueble está dentro de la esfera material de una persona como consecuencia de un acto jurídico cuyo objeto sea distinto al de la cosa en sí, no tendrá una posesión derivada sino una posesión precaria. El dependiente es un precarista en relación con las mercancías porque aun cuando las tenga dentro de su alcance material, ello sucede a virtud del contrato laboral correspondiente; otro tanto sucede con el doméstico e incluso con el porteador. El hecho de que tanto al doméstico como al dependiente se les tenga confianza y que a virtud de un acto de carácter delictivo revele que tal confianza se depositó partiendo de una base falsa, no significa que la disminución patrimonial que sufre el pasivo entraña abuso de confianza, sino un delito distinto del orden patrimonial, pero no el de abuso de que se viene hablando. Los empleados de las negociaciones mercantiles encargados únicamente de recibir el dinero con el que se paga la mercancía recibida por los compradores no son poseedores derivados en el sentido técnico; si reciben el dinero lo hacen a virtud de la naturaleza de su empleo pero no porque se les dé un poder sobre la cosa." Así, concluyó la citada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, la posesión que requiere el delito de abuso de confianza es aquella que se conoce como derivada. Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 48/98, de rubro y texto: "ABUSO DE CONFIANZA. NO SE INTEGRA EL DELITO DE. EN TRATÁNDOSE DE COBRADORES. PORQUE NO TIENEN LA POSESIÓN DERIVADA DE LA COSA, SINO SÓLO PRECARIA. El presupuesto básico del delito abuso de confianza, consiste en la disposición que hace el sujeto activo para sí o para otro, de una cosa mueble ajena, misma de la que se le ha transmitido la tenencia y no el dominio en perjuicio del pasivo. Ahora bien, el alcance del vocablo transmisión, implica una transferencia de derechos, lo que quiere decir que la transmisión de la tenencia a que se refiere el ilícito de abuso de confianza como presupuesto lo es, que la cosa se traslade material y físicamente bajo cualquier título permitido por la ley, por virtud del cual quien la transmite se desliga jurídicamente de su posesión y del poder de hecho que tenía sobre la misma, para otorgársele al que la recibe, quien a consecuencia adquiere su tenencia autónoma e independientemente del transmisor (posesión derivada). Lo que quiere decir que no cualquier tipo de posesión da lugar al delito de abuso de confianza sino la derivada, esto es aquella en el que se transfiere la cosa misma. En el caso específico, los cobradores entendidos en nuestro medio como aquellas personas que tienen como función principal la de realizar los cobros a los deudores del establecimiento, negocio o empresa para el que prestan sus servicios, el dinero que ellos poseen, lo tienen a su alcance en virtud de su relación de trabajo, esto es, el numerario llega a su esfera material por la naturaleza de su empleo y aun cuando puedan tener acceso a la cosa con cierta autonomía de su dueño o de quien puede disponer de ella, ello es, sin haber sido transmitida la tenencia de la cosa, ni su custodia ya que únicamente tienen a su alcance el numerario por el vínculo laboral que tienen con el dueño de la empresa o negociación, de ahí que si disponen del mismo, se configura diverso delito mas no así el de abuso de confianza". Así, concluyó la citada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, la posesión que requiere el delito de abuso de confianza es aquella que se conoce como derivada. En ese orden, se asume correcto el proceder de la sala responsable al calificar de infundados para revocar el auto impugnado -que confirmo el auto de libertad por falta de elementos para procesar- los agravios que formuló la aquí quejosa, al hacer valer el recurso de apelación. Se considera de esa manera, pues la parte ofendida en sus agravios señaló que contrario a lo manifestado por el juez primigenio, en el caso sí se acreditaban los elementos del cuerpo del delito abuso de confianza, ya que del caudal probatorio que obra en autos del juicio de origen, se encuentra demostrado que la inculpada Fanny Janet Eroza Maganda desplegó una conducta dolosa al aprovecharse de la transmisión de la posesión de las alhajas, y con el fruto de ese acto obtuvo un beneficio, causándole un detrimento económico. Asimismo, señaló que el juzgador de primera instancia no realizó un análisis conforme a derecho de las pruebas que obran en la causa penal, toda vez que obran diversos medios de prueba que ni siquiera fueron mencionados al momento de resolver el auto de término constitucional. Al respecto, la sala responsable adecuadamente, al atender los agravios planteados, expresó suficientemente, las causas y circunstancias particulares que tuvo para concluir por qué no se acreditaba hasta ese momento con el caudal probatorio existente en autos el cuerpo del delito de abuso de confianza, ni la probable responsabilidad de la inculpada Fanny Janet Eroza Maganda, en razón de que no se comprobó que ésta realizara una acción en la que dispusiera para sí o para otro, de cosa mueble ajena, de la que se le haya transmitido la tenencia, pero no el dominio. Lo anterior fue sustentado por la responsable al considerar que, de lo manifestado por los testigos de cargo José Salvador Saldaña Martínez y Gladis Martínez López así como por la querellante Zenaida Oropeza Carmona principalmente se obtiene que debido a la relación de años con la inculpada Fanny Janet Eroza Maganda, le entregó para que vendiera diversas alhajas de oro por la cantidad de $23, 570.00 (veintitrés mil quinientos setenta pesos 00/100 m.n), comprometiéndose la activo a entregarle lo obtenido por la venta; luego, el catorce de julio de dos mil doce, acudió a su vivienda, en compañía de las personas antes mencionadas, a lo que la pasivo le dijo que no había podido vender las alhajas, que le concediera tiempo, acudiendo nuevamente el siete de octubre, el dieciséis de noviembre y cuatro de diciembre de ese año, siendo en esta última ocasión que la activo le manifestó que no tenía el dinero, porque lo había gastado en una emergencia que le concediera más tiempo; de ahí que el doce de enero de dos mil trece, la pasivo acudió nuevamente al domicilio de la activo, diciéndole en esta última ocasión que el dinero lo había ocupado en otra cosa y no le entregaría nada. Sin embargo, la responsable ponderó que lo anterior fue contradicho por lo manifestado por los testigos de descargo de Andrés Domínguez Gallardo y Crisóforo Sandoval García, y por la agraviada Zenaida Oropeza Carmona, al rendir su declaración preparatoria, en el sentido de que, si bien la agraviada acudió a su domicilio, también lo es que, que le ofreció las alhajas para que se las comprara; contestándole que no tenía dinero, pero le insistió en dejárselas por la confianza de ser comadres, diciéndole que no había problema y que al aceptárselas, no pudo pagárselas porque le "cayó la delincuencia" en una tortillería de su propiedad y al no poder cubrirle la deuda, le firmó a la pasivo un pagaré por esa compraventa, el cual suscribió en presencia de su esposo y su empleado. Enseguida, la Sala responsable sostuvo que al confrontar la versión de la agraviada Zenaida Oropeza Carmona y la de sus testigos de cargo José Salvador Saldaña Martínez y Gladis Martínez López con la declaración preparatoria de la inculpada Fanny Janet Eroza Maganda y lo manifestado por sus testigos de descargo Andrés Domínguez Gallardo y Crisóforo Sandoval García, constituían pruebas contradictorias, y que en el caso, debían prevalecer estas últimas sobre la afirmación de la pasivo y sus testigos, en el sentido de que ésta acudió a su domicilio llevándole las alhajas, para ofrecérselas, realizándose así una compraventa que convinieron ambas, respecto de las mismas. Luego, si se considera que la entrega de las alhajas fue por un contrato de compraventa, es evidente que la hoy quejosa transmitió el dominio y no la posesión derivada, por lo que no se configuró el primer elemento del cuerpo del delito que se deduce del artículo 169 del Código Penal del Estado, y que fue identificado en esta sentencia con el inciso a). No obstante lo anterior, aun cuando se estimara que la entrega de las alhajas por parte de la hoy quejosa a la tercera interesada, fue simplemente para que las vendiera, tampoco podría tenerse por demostrado el primero de los elementos del cuerpo del delito, ya que para que en el caso se pueda configurar el delito de abuso de confianza se requiere que la posesión de la cosa sea derivada, esto porque la transmisión debe realizarse bajo cualquier título permitido por la ley; es decir, el titular de la cosa debe entregársela al pasivo transmitiendo o transfiriendo la tenencia mas no el dominio, situación hipotética que no se configura en el caso concreto, ya que la detentación de las alhajas que tuvo la inculpada Fanny Janet Eroza Maganda, en ese supuesto debe estimarse sólo precaria, dado que no salió de la esfera legal de la agraviada Zenaida Oropeza Carmona; esto es, no se le otorgó al activo un poder jurídico a través de un acto que tuviera por objeto la cosa misma, dado que únicamente le fueron entregadas a fin de que esta las vendiera, y el producto de su venta le fuera entregada a la pasivo, de ahí que, no pueda considerarse que se le haya transmitido la posesión derivada de las citadas alhajas, por no habérsele otorgado sobre ellas un poder jurídico diverso al de la simple detención, es decir, un poder de disposición para ejercerlo a su libre albedrio, ya que como se menciona únicamente se trata de una posesión precaria, de modo que no se actualice el primer elemento del delito de abuso de confianza. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XIV.2o.54 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, Tomo V, Marzo de 1997, página 766, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "ABUSO DE CONFIANZA. NO SE INTEGRA CUANDO SE ACREDITA QUE SE CELEBRO UNA COMPRAVENTA (LEGISLACION DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). Uno de los elementos del delito de abuso de confianza consiste en que alguien reciba una cosa ajena mueble respecto de la cual se le transfiera la tenencia y no el dominio; de ahí que si con las pruebas aportadas por el quejoso se justificó que celebró con los ofendidos una operación de compraventa respecto del objeto que se le reclama, pagando cierta cantidad como anticipo y comprometiéndose mediante la firma de diversos pagarés por el resto, es claro que con la entrega del mismo, cualquiera que haya sido la fecha en que ello ocurrió, se le transfirió no sólo la tenencia, sino también su dominio; de ahí que los hechos así planteados no pueden integrar el delito de abuso de confianza." No pasa desapercibido que la quejosa refiere en sus conceptos de violación que la Sala no haya valorado todos los medios de prueba que obran en la averiguación previa TAB/CAZ/05/0198/2013, lo anterior se estima infundado dado que si bien no se hizo mención de ellos, es necesario destacar que la obligación de valorar los medios probatorios es propia de la autoridad de primera instancia, la obligación de la Sala, tratándose de la apelación, se constriñe a examinar si el juicio de valoración del a quo fue correcto y de serlo así, confirmarlo. Lo anterior no significa de modo absoluto que la autoridad ad quem no esté facultada para valorar pruebas, pero eso sucede cuando reasume jurisdicción ante lo fundado de un agravio cuya consecuencia sea la de obligar a proseguir con el análisis del cuerpo del delito o la probable responsabilidad, tratándose de un auto de formal prisión. En el caso concreto, el examen de la responsable se concretó al estudio de la hipótesis que sostuvo el juez de la causa, consistente en que no encontró acreditados los elementos del cuerpo del delito de abuso de confianza, y al examinar el juicio de valoración en relación con los medios probatorios que el inferior jerárquico consideró acreditaron esa hipótesis. Con lo anterior, es claro que al no cumplirse los requisitos previstos en el artículo 19 Constitucional, como lo sostuvo en su resolución la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero y que constituye el acto aquí reclamado, a cuyo contexto se realizó el análisis del auto de libertad por falta de elementos para procesar, ya que no se cumplieron los requisitos de fondo necesarios, consistentes en que de los datos que arroje la indagatoria se contengan suficientes elementos para acreditar el cuerpo del delito y la probable la responsabilidad de la indiciada (aquí tercero interesado) de ahí que, si como quedó plasmado, no se acreditaron los elementos del injusto en estudio, resultaba innecesario ocuparse de analizar la probable responsabilidad de la inculpada, en virtud de que la comprobación del cuerpo del delito es la base de todo procedimiento penal y sin estar debidamente acreditado, la probable responsabilidad no podría actualizarse. Ilustra, en lo conducente, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Quinta Época, Tomo LIX, página 2685 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "CUERPO DEL DELITO, LA COMPROBACION DEL, ES LA BASE DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y SIN ELLA NO PUEDE DECLARARSE LA RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO. La comprobación del cuerpo del delito constituye la base del procedimiento judicial, y sin ella no puede declararse la responsabilidad del acusado ni imponerle pena. Ahora bien, por cuerpo del delito, debe entenderse el conjunto de elementos objetivos o externos que lo constituyen, es decir, la realidad del mismo, y comprobarlo no es más que demostrar la existencia de un hecho con todos sus elementos constitutivos, tal como lo define la ley, al considerarlo como delito y señalar la pena correspondiente. El artículo 465 del Código de Justicia Militar previene que en caso de homicidio o lesiones, además de la descripción que de las lesiones hagan el Juez o el agente de la Policía Judicial Militar, que intervenga en las diligencias, es de gran importancia el informe de dos peritos y aun de uno solo, si no hubiere otro disponible, y el curso rápido de las actuaciones no permitiere separar. Los peritos darán por medio de certificados que ratificarán personalmente ante el Juez respectivo, la esencia de las lesiones, dentro de 48 horas, después de haberse encargado de la curación de un herido. Al cumplirse con este precepto, tomarán siempre en consideración el arma empleada para inferir las lesiones, la región en que éstas están situadas, sus dimensiones, los órganos interesados, y, en resumen, harán la clasificación con toda la claridad posible a fin de que pueda conocerse fácilmente en cuál precepto del libro segundo de dicho código, está comprendido el acto; y si de las constancias de autos aparece que ni la Policía Judicial Militar ni el Juez de la causa, dieron fe de las lesiones que sufrió el ofendido, y existe únicamente el certificado médico provisional, que no fue ratificado ante la presencia judicial, y no se rindió el certificado de sanidad, para poder saber en definitiva, la clasificación de las lesiones, no se acreditó el cuerpo del delito de lesiones; máxime, si el ofendido niega rotundamente haber sufrido la lesión a que se refiere el dictamen pericial; y debe concederse el amparo contra la sentencia definitiva que impuso pena al quejoso. Lo anterior, no implica dejar a la parte agraviada en estado de indefensión, en razón de que el auto de libertad por falta de elementos para procesar, no constituye una resolución irrevocable que ponga fin al proceso penal que se instruya por el delito atribuido, porque permite al Ministerio Público allegarse de más pruebas suficientes para que con esa aportación solicite nuevamente la reaprehensión o la comparecencia del inculpado, reanudándose el proceso penal. En efecto, el artículo 90 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero establece: "Artículo 90.- Si no se reúnen los elementos necesarios para la formal prisión o la sujeción a proceso, el juez dictará auto de libertad por falta de elementos para procesar, a no ser que proceda el sobreseimiento en la causa, en cuyo caso se dictará éste, con indicación de que el inculpado queda en libertad absoluta. Si se resuelve sólo la libertad por falta de elementos, el Ministerio Público puede promover nuevas pruebas y solicitar, en su caso, la reaprehensión o la comparecencia del inculpado." Como se puede ver, este precepto dispone que si no se reúnen los elementos necesarios para la formal prisión o la sujeción a proceso, el Juez debe dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar, a no ser que proceda el sobreseimiento en la causa, en cuyo caso se dictará éste, con indicación de que el inculpado queda en libertad absoluta. En otras palabras, cuando se consigna una averiguación previa ante el órgano jurisdiccional, y se emite el auto de radicación del proceso, una vez cumplida la orden de aprehensión, significa que dicho órgano cuenta con un plazo de setenta y dos horas para dictar el auto de plazo constitucional y determinar la situación jurídica del indiciado (artículo 19 constitucional), en el cual se pueden actualizar los siguientes supuestos: a) Que se decrete auto de formal prisión; b) Que se emita auto de sujeción a proceso sin restricción a la libertad; c) Que se dicte un auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley; y, d) Que se emita un auto de libertad absoluta. El auto de formal prisión constituye el acto mediante el cual, cuando se comprueban los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, y siempre que se trate de delitos respecto de los cuales las leyes prevean penas privativas de la libertad y que no se actualice alguna excluyente de responsabilidad, se sujeta al proceso penal al indiciado y se ordena su reclusión en un centro de prisión preventiva hasta en tanto se dicte sentencia firme. En cuanto al auto de sujeción a proceso sin restricción a la libertad, importa destacar que, a diferencia del auto de formal prisión, en este caso aun cuando se acreditan el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, se ordena la liberación del indiciado y se de sujeción al proceso, pues el delito por el cual éste se sigue tiene contemplada como sanción una pena que no es privativa de libertad o tiene pena alternativa (prisión o multa); en este sentido, la norma penal aplicable prevé que el indiciado enfrente el proceso en libertad. Por otra parte, el auto de libertad por falta de elementos para procesar, se debe emitir cuando el Juez estima, al determinar la situación jurídica del indiciado, que no se acreditó algún elemento del cuerpo del delito que se le imputa o de su probable responsabilidad, que hace imposible el que se le sujete a proceso penal. Es de señalarse que el auto referido, si bien tiene como consecuencia la libertad del inculpado, ello no implica que el proceso penal haya concluido; en razón de que, tiene como consecuencia que el proceso penal quede en suspenso y abre la posibilidad para que el Ministerio Público, al allegarse de acervo probatorio suficiente para acreditar el cuerpo del delito, o para establecer la probable responsabilidad del indiciado, reanude el proceso penal. Ilustra a lo anterior por analogía la tesis de jurisprudencia 1ª./J.10/2007, integrada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 32, del Tomo XXV, Abril de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTO DE LIBERTAD BAJO RESERVA DE LEY POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR. NO ES UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCESO PENAL, POR LO QUE NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN SU CONTRA. El auto de libertad por falta de elementos para procesar, bajo reserva de ley, se dicta cuando no se acreditó algún elemento del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado. Por lo que el término "bajo reserva de ley", permite al Ministerio Público allegarse de nuevos datos suficientes, para que con esta aportación se proceda contra el inculpado, reanudándose así el proceso penal. En consecuencia, dicha resolución no pone fin o concluye el proceso penal, por lo que, en su contra, no procede el juicio de amparo directo, al no tratarse de una resolución que pone fin al juicio, de conformidad con lo establecido en los artículos 44, en relación con el diverso 46, último párrafo y 158 de la Ley de Amparo." Luego, tomando en consideración que de la lectura integral de la resolución reclamada se señalaron los preceptos legales aplicables del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, y se expusieron con precisión las circunstancias especiales, causas inmediatas y motivos particulares que llevaron a la Sala responsable para dictar el auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor de Fanny Janet Eroza Maganda, ésta cumple con las exigencias que para todo acto de autoridad establece el numeral 16 Constitucional. Por lo demás, debe señalarse que no asiste razón a la quejosa en cuanto aduce que la responsable omitió analizar todos los agravios que expuso en el recurso de apelación, pues basta imponerse de dicho recurso para advertirse que fueron tres agravios, mismos que la sala transcribió en el considerando III de la resolución reclamada y que luego sintetizó en el considerando V de la propia resolución, en donde además les dió respuesta integral en el sentido de desestimarlos. Bajo ese contexto, ante la desestimación de los motivos de inconformidad esgrimidos por la parte quejosa y, al no advertirse diversos motivos de queja deficiente que suplir, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se impone negar la protección constitucional solicitada Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO.- Se sobresee el juicio de amparo número 321/2017, respecto de la autoridad y por las razones contenidas en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO.- La justicia de la Unión NO AMPARA Y PROTEGE a Zenaida Oropeza Carmona, por las razones contenidas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinte de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito signado por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en acuerdo de catorce de agosto de dos mil dieciocho y al efecto exhibe las copias que le fueron requeridas. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo; se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este juzgado; glósese a estos autos una de las copias de agravios exhibidas y distribúyanse las restantes entre las demás partes para su conocimiento; fórmese cuaderno de antecedentes, debiendo certificar las constancias más relevantes. Una vez que esté debidamente integrado, dentro del plazo a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítase el expediente al Tribunal Colegiado de este Circuito que por turno y materia corresponda, así como el original del diverso de agravios y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Cuerpo Colegiado, para el efecto de que se substancie el citado recurso. Notifíquese; y personalmente a la parte tercera interesada.

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