Yuridia Ramírez Bautista

Expediente 824/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 19 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
824/2019
Año
2019
Actuaciones
19
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • Yuridia Ramírez Bautista
  • Yuridia Ramírez Bautista y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    ES NOTIFICACIÓN PERSONAL...

  2. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 824/2019. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintinueve de agosto del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, remitido por razón de turno ese mismo día a este Juzgado Octavo, Yuridia Ramírez Bautista, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo. EJECUTORA: Actuario Ejecutor adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo. Con residencia en Ometepec ACTOS RECLAMADOS: .a) De la ORDENADORA, Marcada con número uno, les reclamo la orden que se giró, para que sea yo desalojada, en relación a la ejecución forzosa de una sentencia definitiva, donde actualmente vivo, en la Soledad, Municipio de Ometepec, Guerrero. b) De la EJECUTORAS, Marcada con el número dos, reclamo el cumplimiento y ejecución que le pretende dar, es violatoria de mis garantías constitucionales e individuales, seguridad personal, (derechos humanos). SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. I. En proveído de treinta de agosto de la presente anualidad, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo bajo el número de juicio 824/2019 y se formuló una prevención a la parte quejosa, a fin de que proporcionara el domicilio de los terceros interesados. II. Por auto de tres de septiembre del año en curso, previo desahogo de prevención formulada, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se ordenó notificar a los terceros interesados el inicio de este juicio; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclama un acto emitido fuera de juicio que afecta a una persona que se ostenta extraño natural. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez realizado el análisis integral de la demanda en confrontación con las actuaciones del juicio natural, se precisa que Yuridia Ramírez Bautista reclama la falta de emplazamiento al juicio reivindicatorio C-115/2012-I, promovido por Emiliano Ramírez Torres en contra de Miguel Ramírez Evaristo y Sebastiana Bautista Cruz, en el cual el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva, misma que fue confirmada el nueve de noviembre siguiente por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo, al resolver el recurso de apelación promovido por la parte demandada y por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, al haberse negado la protección constitucional, se requirió a la parte demandada para que desocuparan y entregaran física y jurídicamente el bien inmueble materia de Litis. Como consecuencia de esto, la desposesión del lote número 17, manzana 1, zona 2, de la localidad de La Soledad, municipio de Ometepec, Guerrero, con una superficie de 3052.30 metros cuadrados. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo y al Actuario adscrito a dicho juzgado, pues así lo manifestó el Juez responsable al rendir su informe justificado, que hizo suyo la Secretaria en funciones de Actuaria; lo que además se corrobora con las constancias que integran el juicio ordinario civil C-115/2012-I, que en copia certificada allegó el citado en primer término; documentales que gozan de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por remisión expresa de su artículo 2º. CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. Verificada la certeza del acto reclamado, en el caso se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo: El citado numeral es del contenido siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...) De la interpretación a contrario sensu de la fracción XII, del invocado dispositivo legal, se deduce que para la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto de autoridad, es indispensable que afecte los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, es decir, que le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, el artículo 5, fracción I de la ley de la materia dispone: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.).De la lectura del numeral transcrito se obtiene que la aptitud para promover el juicio de amparo tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, opera únicamente para quienes acreditan su interés jurídico (no opera el interés legítimo), ya que en estos casos se están discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, las partes tienen las mismas posibilidades procesales y los mismos medios de defensa, de modo tal que cualquier afectación de ese equilibrio por la postulación de un interés legítimo frente a otro jurídico, afectaría el equilibrio procesal que siempre es necesario mantener. En relación con el interés jurídico, este consiste en la identidad de la persona que ejercita la acción de amparo, con el individuo en cuyo favor la ley protege un derecho, que se estima ha sido conculcado por la autoridad al realizar el acto o actos reclamados; porque de lo contrario, se infiere, que si un acto de autoridad no lesiona un derecho previsto o tutelado por la ley, contra él será improcedente la vía intentada por no afectar ningún interés jurídico de persona alguna, aun cuando tal acto pueda perjudicarla material o económicamente. De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, asiste interés jurídico a la parte quejosa cuando es titular de un derecho subjetivo (público o privado) que resulte lesionado por el acto de autoridad reclamado. La existencia de un derecho subjetivo supone la reunión de tres elementos: un interés exclusivo, actual y directo; el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley; la protección legal se materializa en la aptitud de su titular para exigir del obligado la satisfacción de ese interés mediante la prestación debida. El interés es exclusivo, actual y directo, es decir personal, existe al momento de promover el juicio constitucional y el bien perseguido por él conduce a la satisfacción de una necesidad del titular. Ese interés estará reconocido y protegido por la ley, cuando haya una norma jurídica creada para garantizar en forma directa e inmediata su satisfacción. Esto sucederá cuando de la norma surja una relación jurídica, en virtud de la cual una persona (sujeto activo) tenga el derecho de exigir la satisfacción de su interés, y otra persona (sujeto pasivo) que podrá ser un particular, tratándose de derechos subjetivos privados que tenga el deber de satisfacer tal interés a través de una prestación de contenido positivo, de dar o hacer, o de contenido negativo, de no hacer. La concurrencia de ambos extremos determina a su vez la presencia del otro elemento de acuerdo con la norma invocada: que para hacer efectiva la tutela del interés, el orden jurídico conceda a su titular los medios orientados a su satisfacción, que pueden consistir en recursos o acciones judiciales. Lo antes expuesto se traduce, en que sólo existirá un derecho subjetivo si la norma aplicable fue dictada para garantizar en exclusiva situaciones jurídicas del particular, lo que tiene especial relevancia en el caso en que se reclaman actos y resoluciones provenientes de un tribunal judicial (Juzgado de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar) porque para instar la acción constitucional debe acreditarse de manera plena que se cuenta con un interés jurídico tutelado por el derecho positivo que faculta a su titular a excitar al órgano de control constitucional en demanda del respeto de sus derechos; interés que desde luego debe estar plenamente demostrado. Así lo establece el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia VI. 3o. J/26, visible en la página 117, tomo VIII, Diciembre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías. Así las cosas, como se indicó la quejosa reclama la falta de emplazamiento al juicio reivindicatorio C-115/2012-I; sumario en el que, se declaró que Emiliano Ramírez Torres, tiene pleno dominio y dueño del lote número 17, manzana 1, zona 2, de la localidad La Soledad, municipio de Ometepec, Guerrero; y funda su derecho para acudir ante esta instancia constitucional, en la "posesión" que refiere tener, conforme con la constancia de posesión de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve expedida a su favor por el Comisariado Ejidal de La Soledad, municipio de Ometepec, Guerrero. Lo anterior, como se adelantó, con motivo de las constancias de posesión, expedidas a su favor el tres de octubre de dos mil nueve, quince de marzo de dos mil cinco y veinticinco de agosto de dos mil siete por el Comisariado Ejidal de Coyuquilla Norte, Municipio de Petatlán, Guerrero. Ahora, para que la posesión pueda ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, acorde a la interpretación que del artículo 14 Constitucional realizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1/2002, es necesario acreditar la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer; esto es, la causa generadora de la posesión, contenida en un documento de fecha cierta. Sin embargo, en el caso, la parte quejosa no demostró con medio de convicción idóneo su interés jurídico en la presente acción constitucional, a saber, la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer el citado lote de terreno; esto es, la causa generadora de la posesión. Se estima así, porque la referida constancia de posesión, expedida por el Comisariado Ejidal de La Soledad, Municipio de Ometepec, Guerrero, que exhibió la quejosa, resulta insuficiente por sí misma para acreditar la causa generadora de la posesión que aduce tener en relación con el lote de terreno que en esta vía defiende; máxime que carecen de la ratificación de la Asamblea como órgano supremo del núcleo agrario. Lo anterior, si bien el Comisariado Ejidal puede expedir constancias de posesión sin la autorización de la Asamblea, para que éstas adquieran validez y eficacia probatoria requieren ser ratificadas por ésta última, ya que el reconocimiento de derechos agrarios es competencia exclusiva de la Asamblea de ejidatarios, dado que implica una regularización de la tenencia de posesionados, como órgano máximo del Ejido, conforme con los artículos 21, 22, 23, fracciones II, V y VIII, 32 y 33 de la Ley Agraria; y al carecer de esta formalidad carece de valor probatorio pleno, además de no referirse a la parcela materia de litis. Apoya lo expuesto, en sentido contrario, la Jurisprudencia PC.XIII. J/1 (10a.), emitida por el Pleno del Decimotercer Circuito, consultable en la página 831 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, Materia Administrativa, Décima Época, Instancia: Plenos de Circuito, del contenido siguiente: CONSTANCIAS DE POSESIÓN EXPEDIDAS POR EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES, MOTU PROPRIO, TIENEN VALIDEZ Y EFICACIA PROBATORIA, UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA LAS RATIFICA. En términos de los artículos 23, fracción VIII, y 107, de la Ley Agraria, la Asamblea, es el órgano supremo de la Comunidad y, tiene como de su competencia exclusiva, entre otras cuestiones, la regularización de tenencia de posesionarios. Por su parte el precepto 33, fracción I, de dicho Ordenamiento, dispone que el Comisariado, es el órgano encargado de la representación del núcleo de población, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. Ahora bien, tratándose de la expedición de constancias de posesión, que implica la regularización de tenencia de posesionarios, al ser de competencia exclusiva de la Asamblea, para que el representante de la comunidad pueda válidamente realizar tales actos, es necesario, en principio, que cuente con la autorización de la Asamblea; sin embargo, no existe razón legal para determinar la ineficacia jurídica de una constancia de posesión, expedida por el Comisariado, sin previa autorización del órgano supremo del núcleo agrario respectivo, cuando la Asamblea la ratifica; porque si bien en tal supuesto el Comisariado actúa extralimitándose en las facultades que tiene conferidas, esa constancia sólo está viciada de nulidad relativa, por lo que puede ser objeto de convalidación o ratificación por la Asamblea; y de ahí que una vez verificada dicha ratificación, la constancia respectiva adquiera validez y eficacia probatoria, porque así lo establece expresamente el artículo 2583, del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la ley Agraria, al señalar que los actos que el mandatario, practique a nombre del mandante, pero traspasando los límites expresos del mandato, serán nulos en relación con el mandante, si no lo ratifica tácita o expresamente; con la salvedad de que esos efectos son retroactivos desde que se emite el documento suscrito por el Comisariado de Bienes Comunales, en los términos del artículo 2235 del Código Civil Federal, que establece que la confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo; pero ese efecto retroactivo no perjudicará a los derechos de tercero". Así como el diverso el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, visible en la página 700, tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AGRARIO. POSESIÓN. CONSTANCIA QUE AL EFECTO EXPIDE EL COMISARIADO EJIDAL. NO DEBE CONCEDÉRSELE PLENO VALOR PROBATORIO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Federal de Reforma Agraria, el Comisariado Ejidal no está facultado para expedir constancias de posesión, por tanto no debe concedérseles pleno valor probatorio, por ser cuestiones ajenas a sus funciones." Lo anterior, se corrobora de lo informado por el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo, quien al requerimiento formulado por este juzgado de Distrito, en el sentido, de que hiciera del conocimiento si en esa dependencia se encuentra registrado algún certificado de derechos a nombre de la peticionaria de amparo, a través del encargado de la representación, mediante oficio RAN/GRO/RE/JUR/03449/2019, de cinco de noviembre del año en curso, comunicó que no se encontró documento alguno al respecto, dentro del Ejido La Soledad, municipio de Ometepec, Guerrero. Sin que pase inadvertido para quien resuelve que las documentales exhibidas por la parte quejosa, resultan insuficientes para acreditar la causa generadora por virtud de la cual detenta el inmueble que defiende; ello, puesto que la copia certificada del acta de nacimiento con número de folio 41786; la cual dada su naturaleza se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; solo demuestra la fecha de registro de su nacimiento y el lugar en que ocurrió, además de los datos de su filiación; y la Constancia de Clave Única de Registro de Población, que la identifica oficialmente como ciudadana mexicana. Por último, la credencia para votar, la cual, además de carecer de eficacia demostrativa por ser copia simple, solo prueba indiciariamente, que ante el Instituto Nacional Electoral se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, en el caso el referente al domicilio que ahí se indica, el cual se debe a los datos que el propio interesado proporcionó al citado instituto, pues no se exige que para expedir la credencial de elector se acredite fehacientemente el domicilio aportado Bajo ese contexto, como la parte quejosa no demostró con alguna prueba fehaciente la causa generadora por virtud de la cual detenta el inmueble que por esta vía defiende, debe concluirse que lo resuelto en la sentencia definitiva dictada el diecisiete de abril de dos mil dieciocho en el juicio reivindicatorio C-115/2012-I, promovido por Emiliano Ramírez Torres en contra de Miguel Ramírez Evaristo y Sebastiana Bautista Cruz, no afecta en forma directa algún derecho legítimamente tutelado en su favor, esto es, para que los peticionarios de amparo acrediten su interés jurídico, no es suficiente que el acto reclamado les perjudique materialmente, pues es menester que esté relacionado con alguna causa o prerrogativa protegida por la ley, tangible en forma directa y fehaciente; lo que en todo caso coloca a la posesión que detentan fuera del marco de protección constitucional. Esto, ya que en casos concretos como el que se analiza, no se deduce de la sola manifestación que en ese sentido haga quien afirme ser titular de él, sino que se requiere de elementos objetivos aptos para acreditar tal extremo, los cuales deberán ser reconocidos por el propio sistema jurídico, lo que en caso en estudio no aconteció; por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en análisis, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 340, publicada en la página 288, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, establecida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la jurisprudencia invocada en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo 824/2019, promovido por Yuridia Ramírez Bautista, por los motivos expuestos en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. ... LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE...

  3. Principal

    Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 824/2019. R E S U L T A N D O...Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo 824/2019, promovido por Yuridia Ramírez Bautista, por los motivos expuestos en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio signado por el Encargado de la representación Estatal en Guerrero del Registro Agrario Nacional, con residencia en Chilpancingo, por el cual desahoga el requerimiento formulado mediante proveído de ********************informando para tal efecto que no encontró antecedente sobre el registró de algún documento a nombre de la parte quejosa. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.

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