Yuriko Delgado Chairez

Expediente 1510/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1510/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
21/11/2019

Partes del expediente

  • Yuriko Delgado Chairez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar las piezas postales devueltas que contienen los oficios dirigidos a los Agentes del Ministerio Público adscritos al Primer, Segundo y Tercer Turno en Chicoloapan, Estado de México, por haberse rechazado al no ser Agencia del Ministerio Público Expuesto lo anterior, de conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la notificación del auto de quince de octubre de dos mil diecinueve, a las autoridades de referencia, de conformidad, con la tesis V.4o.2 K, publicada en la página 1439, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto. "NOTIFICACIONES POR CORREO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. DEBEN TENERSE POR HECHAS AUNQUE NO EXISTA RAZÓN EN AUTOS DE LAS PARTICULARIDADES DE LA NEGATIVA A RECIBIR EL OFICIO QUE LAS CONTIENE. Conforme a lo previsto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros perjudicados se harán por oficio, con la circunstancia de que si tienen su domicilio en el lugar del juicio, éste se les entregará en su oficina principal por el empleado del juzgado, quien, además, recabará recibo en el libro talonario, cuyo principal agregará a los autos y asentará en ellos la razón correspondiente; y si tienen su residencia en otra localidad, el oficio se les notificará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Asimismo, de acuerdo con el artículo 33 del mismo ordenamiento, las autoridades están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, so pena de que de no hacerlo se tendrá por hecha la notificación relativa, debiendo el actuario del juzgado asentar constancia respecto del nombre de la autoridad con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. Ahora bien, de la interpretación sistemática de ambos dispositivos se concluye que la razón de entrega del oficio de que se trate, o de la negativa de la autoridad de recibirlo, según corresponda, no tiene que elaborarse cuando la notificación se practica por correo pues, por un lado, la ley invocada al establecer esa forma de notificación no dispone que, en este caso, deba levantarse razón de ese evento; y, por otro, porque los dispositivos destacados, al referirse a la razón que debe elaborar "el empleado del juzgado" o "actuario", evidentemente aluden al caso de cuando la autoridad tiene la misma residencia que la del juzgado que ordena la notificación, pues sólo así es jurídicamente posible que el funcionario se constituya en el domicilio de la autoridad a practicarla, no así cuando radica fuera de su jurisdicción. Por otra parte, los artículos 1o., 2o., 4o. y 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, y 1o., 31, 32 y 33 de su reglamento, que regulan las bases conforme a las cuales debe practicarse la notificación por correo, tampoco establecen que deba asentarse razón respecto de la negativa de la autoridad a recibir el oficio en el que se contiene la notificación. Por ende, atendiendo a las anteriores consideraciones, basta que obre agregada a los autos la pieza certificada del oficio, en la cual la oficina del Servicio Postal Mexicano haga constar la negativa de la autoridad a recibirlo, para considerar, sin mayor requisito, que la notificación surtió plenos efectos legales conforme al artículo 33 de la Ley de Amparo." Aunado a que rindieron con dichas denominaciones, tal como se advierte de sus informes justificado (foja 136, 426 y 429). Notifíquese.

  2. Principal

    SE LISTA AVISO DE NOTIFICACIÓN DE LA PARTE QUEJOSA Toluca, Estado de México; veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el impedimento 31/2019, planteado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, cuyo punto resolutivo es: "ÚNICO. Es fundado el impedimento planteado por Eutimio Ordoñez Gutiérrez, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, para conocer y resolver el juicio de amparo 1032/2019, de su índice." Asimismo, al oficio de cuenta se acompaña el juicio de amparo 1032/2019 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Yuriko Delgado Cháirez, contra actos de la Legislatura del Estado y otras autoridades; por tanto, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1510/2019-II. A la superioridad acúsese recibo. Ahora, con apoyo en el artículo 51, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con el diverso 146, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien esto determina se excusa de conocer del presente asunto, manifestando bajo protesta de decir verdad, que me encuentro impedido por amistad estrecha con la quejosa. Cabe destacar que el numeral 51, fracción VII, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: . VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y.". Por su parte, el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación al respecto dice: "ARTÍCULO 146. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal y los jurados están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes: II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior.". Los preceptos transcritos evidencian que los Jueces de Distrito no son recusables, sin embargo, tienen indefectiblemente la obligación de excusarse de conocer de los asuntos en los que ocurra alguna causa de impedimento, entre las que se encuentra tener amistad estrecha con alguna de las partes, sus abogados o representantes, en consideración a que la imparcialidad del juzgador es un principio formal que, ante todo, debe observarse en el juicio constitucional. Ahora, en el caso, la demanda de amparo en estudio es promovida por Yuriko Delgado Cháirez, persona con la que este juzgador tiene una entrañable amistad, razón por la cual actualizan los supuestos normativos citados. Lo cual es suficiente para excusarme de conocer y resolver el presente juicio de garantías, tal como se aprecia en la Jurisprudencia PC.III.L. J/32 L (10a.), visible en la página 4291, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo V, Materia Común, Décima Época, registro 2020002, que se comparte y a la letra dice: "IMPEDIMENTO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA DEL JUZGADOR CON ALGUNA DE LAS PARTES, SUS ABOGADOS O REPRESENTANTES. PARA CALIFICARLO DE LEGAL SÓLO DEBE TOMARSE EN CUENTA LA MANIFESTACIÓN DE AQUÉL AL RESPECTO, SIN ATENDER A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. A fin de garantizar la imparcialidad del juzgador, el legislador estableció en el artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo, que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, así como las autoridades que conozcan los juicios de amparo, deberán excusarse cuando tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes, por considerar que su parcialidad se vería comprometida al tramitar y resolver el asunto puesto a su consideración, lo cual se traduce en asegurar que el impartidor de justicia no resuelva de manera arbitraria en favor de alguna de las partes por tener algún interés en la resolución del asunto. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 36/2002, de rubro: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL ES SUFICIENTE LA MANIFESTACIÓN QUE EN ESE SENTIDO HACE EL FUNCIONARIO JUDICIAL RESPECTIVO.", sostuvo que los funcionarios judiciales estarán impedidos para conocer del juicio de amparo cuando tengan amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes, causal de impedimento que debe tenerse por acreditada no sólo en mérito de la credibilidad de la que como Juez goza, sino porque tal manifestación valorada en términos de lo previsto en los artículos 93, fracción I, 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la referida Ley de Amparo, tiene validez probatoria plena, por tratarse de una confesión expresa en lo que le perjudica, hecha por persona capaz para obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia y proveniente de un hecho propio, en relación con el asunto de donde se originó la excusa planteada. Por ello, a fin de calificar de legal el impedimento, es suficiente la manifestación del juzgador de tener amistad estrecha con alguna de las partes, sus abogados o representantes, sin que sea posible atender cuestiones diversas, como la naturaleza del acto reclamado, porque ello implicaría tomar en cuenta cuestiones subjetivas a fin de determinar cuál es el interés de la parte con la que el juzgador manifestó tener estrecha amistad." Así como en la Jurisprudencia de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, visible en la página 29 del Apéndice 2002, tomo VI, Materia Común, Novena Época, Registro 186939 que establece: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL ES SUFICIENTE LA MANIFESTACIÓN QUE EN ESE SENTIDO HACE EL FUNCIONARIO JUDICIAL RESPECTIVO. De conformidad con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 66 de la Ley de Amparo, los funcionarios ahí mencionados estarán impedidos para conocer del juicio de garantías cuando tengan amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes. En consecuencia, si algún funcionario judicial manifiesta que tiene amistad estrecha por existir convivencia familiar frecuente con una de las partes, esta causal de impedimento debe tenerse por acreditada no sólo en mérito de la credibilidad que como Juez goza, sino porque tal manifestación valorada en términos de lo previsto en los artículos 93, fracción I, 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la referida Ley de Amparo, tiene validez probatoria plena, por tratarse de una confesión expresa en lo que le perjudica, hecha por persona capaz para obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia y proveniente de un hecho propio, en relación con el asunto de donde se originó la excusa planteada". Es oportuno destacar que de una sana y analítica interpretación de los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para dar cumplimiento a una de sus funciones primordiales, como es la de asegurar una recta administración de justicia, el Estado procura que para acceder al cargo de Juez de Distrito seamos llamadas personas por nuestros conocimientos, cultura y capacidad intelectual, así como particulares requisitos de amplia moralidad y agudo escrúpulo en el cumplimiento de nuestros deberes, en la medida que somos evaluados a través de concursos con el fin que los designados, seamos los más aptos y apropiados para el adecuado funcionamiento de las tareas que nos encomiendan a virtud de la alta investidura judicial. Sin embargo, en ocasiones las funciones atribuidas a los servidores públicos, como el suscrito, sufren limitaciones que por razones particulares, no sólo no podemos ejercerlas, sino que las propias normas procesales nos imponen la obligación precisa de no cumplirlas o de no ejercerlas. Ello es así porque independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también somos personas físicas que, como tales, vivimos dentro de un conglomerado social y, por consiguiente, somos sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumimos como órganos del Estado. En este sentido nuestra designación como funcionarios judiciales está rodeada de una serie de garantías, de modo que asegura la máxima idoneidad para el cumplimiento de nuestras actividades, no obstante, por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, puede ocurrir que quienes desempeñamos la función de impartir justicia no seamos la persona más idónea en relación con una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino por una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumimos la calidad de órgano que desempeña la función judicial. Así, el ejercicio de dicha función, por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad, si tuviésemos que juzgar a ciertas personas o situaciones con las que nos unen vínculos de afecto o relaciones de dependencia o antagonismo, lo que da lugar a un conflicto de intereses, en pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de quienes debemos ejercerla en un caso concreto. Estas situaciones dan lugar a la figura jurídica denominada impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el artículo 17 constitucional que establece, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial. En tanto que el artículo 66 de la Ley de Amparo prevé que quienes estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan deberán manifestarlo, ya sea porque exista amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o representantes. Razón por la cual, resulta forzosa la excusa del suscrito, en la media que la propia ley establece una función de pleno derecho con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso. Circunstancia a virtud de la cual el legislador niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca de determinado negocio en los casos que exista amistad estrecha, lo que implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitando así una situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal de aquél y una afectación al justiciable. De ahí que el suscrito insista en excusarse de conocer del presente asunto, al tener una amistad estrecha con la quejosa Yuriko Delgado Cháirez. Sin que sea óbice a lo anterior que el turno de la demanda en comento, derive de la determinación de un impedimento respecto de diverso Juzgador, a razón que dicho titular figuró como quejoso en un juicio de amparo semejante al promovido, lo cual retardó la tramitación y resolución del juicio, como también acontecerá a virtud de la presente determinación. Sin embargo, dejar de plantear la presente excusa solo por esa situación, sería tanto como privilegiar la administración de justicia pronta, por encima de la imparcialidad, las cuales están contempladas en el mismo precepto constitucional; de ahí que no pueda supeditarse una justicia pronta, sobre una imparcial, pues de hacerlo así, dejaría de ser justicia. Por tanto, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, la manifestación anterior, para que en términos de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Amparo, resuelva lo conducente sobre la excusa planteada y remítase para tal efecto el original del juicio de amparo 1510/2019-II. Con copias certificadas de los insertos necesarios fórmese el cuaderno de antecedentes. Domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 27, fracción I, de la propia ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Autorizado. Como lo solicita la quejosa, se tiene por autorizada en términos de la última parte del párrafo segundo de la Ley de Amparo, es decir, para oír y recibir notificaciones a la persona que designa en el escrito que se atiende. Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.

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