Zara Barraza Martinez

Expediente 82/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
82/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
09/02/2018

Partes del expediente

  • Zara Barraza Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    III Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes el oficio a través del cual el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, comunica la determinación de seis de febrero pasado, por la que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este juzgado de Distrito y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Ana Lilia Martínez Ortiz. Atento a lo anterior y al estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencian que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, pues el presente asunto se resolvió mediante una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con mas de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia.

  2. Principal

    II PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por Ana Lilia Martínez Ortiz, en representación de la menor Zara Barraza Martínez y como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Barraza Ángeles Luis Fernando, contra actos del Juez Décimo Tercero Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 82/2018-III. INCOMPETENCIA. En otro orden de ideas, cabe precisar que la competencia del Juez de Distrito para avocarse al conocimiento del asunto, se finca principalmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable; por tanto, para establecer la competencia el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Bajo esa tesitura, apreciada íntegramente la demanda de amparo de que se trata, se advierte que el acto reclamado en esta vía se hace consistir en la resolución dictadas en los tocas 1485, 1503 y 1504, por medio de las cuales declaró fundadas las excepciones hechas valer por las demandadas u ordenó la remisión del expediente a los Juzgados competentes del Estado de México; y, su cumplimiento. Así, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Cabe precisar que la promovente del amparo manifestó que la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al resolver la excepción de incompetencia del toca 1485/2017, para sustentar su resolución, señalo que la demandada Quálitas Compañía de Seguros, tenía una sucursal en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México y que si bien los hechos habían acontecido en el diverso domicilio de Nicolás Romero, ambos se encontraban dentro del mismo partido judicial, por lo que de la responsabilidad lo relativo al cumplimiento legal de la empresa civil, era el domicilio en donde tenía establecida dicha sucursal, con independencia del lugar donde se encontrara su administración o casa matriz, lo que genera la convicción que la competencia se declinó a favor de un juzgado con residencia en Naucalpan de Juárez, México, por lo que será ese el lugar donde las determinaciones reclamadas tengan ejecución. De ahí que, en conformidad con el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, si los actos reclamados se ejecutan o se ejecutaran en dicho lugar, debe conocer de dicha demanda el Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno. Consecuentemente, se actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, y por ende, a criterio de este órgano jurisdiccional la competencia para conocer del presente juicio de amparo se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, acorde con lo previsto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sobre lo expuesto, por las razones que la informan, sirve de apoyo la tesis II.1o.P.152 P, publicada en la página 1925 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2010, Tomo XXXII, Materia Penal, Noventa Época, número de registro 164371, que establece: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. CRITERIOS PARA DETERMINARLA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. Para establecer la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, una vez que se sustanció un juicio de garantías promovido contra una orden de aprehensión, en términos del artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, debe atenderse, en principio, como dato determinante, a la aceptación que realice la autoridad ejecutora acerca de que tratará de cumplir la orden en una localidad concreta y si la competencia territorial corresponde a un solo Distrito Judicial del Poder Judicial de la Federación, con absoluta independencia del sitio donde la ejecutora tenga su residencia oficial, caso en el cual, corresponderá conocer del amparo a un Juez de Distrito de esa localidad. Sin embargo, cuando no se cuente con ese dato deberá obtenerse de los indicios que se deduzcan de la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo, incluidas, desde luego, las correspondientes a la averiguación previa o al proceso penal instruido contra el quejoso, y que sean indicativos del lugar donde, objetiva y lógicamente, puede ejecutarse la orden de aprehensión, pues si ésta consiste en la privación de la libertad deambulatoria del probable responsable, resulta inconcuso que deben considerarse los datos que permitan establecer su ubicación personal, por ejemplo, su domicilio actual o más reciente, el lugar de trabajo, el principal asiento de sus negocios, entre otros. Sin que este criterio riña con la jurisprudencia 1a./J. 12/95 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de septiembre de 1995, de rubro: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA.", toda vez que en ésta se establece que para fijar la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, no debe atenderse al domicilio que hubiese señalado el quejoso en su demanda de garantías, pues ello equivaldría a dejar a su arbitrio la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar el domicilio donde quisiera promover; lo anterior es así, toda vez que dicho criterio no impide que para conocer el lugar donde tratará de ejecutarse la orden de aprehensión, pueda tomarse en consideración el domicilio que realmente aparezca probado en autos, una vez sustanciado el juicio de garantías y obtenido mediante la valoración de los indicios que deriven de la totalidad de las constancias existentes en él, incluidas claro está, aquellas que hubiese allegado la autoridad o autoridades que hayan aceptado la existencia de ese acto en concreto." Por lo que, lo procedente es declarar la legal incompetencia por territorio de este órgano de control constitucional para conocer de este juicio, declinándola en favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, para lo cual remítase el juicio de amparo, a fin de que dentro del plazo señalado en el artículo 48 de la Ley de Amparo, informe si acepta o no la legal competencia que se plantea. Ante lo expuesto, con fundamento en los ordinales 38 de la Ley de Amparo, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Juzgados de Distrito, comuníquese la presente determinación al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, a fin de acordar lo que en derecho corresponda. Por tanto, con las constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar, pues con independencia de establecer la procedencia del amparo es necesario verificar primero la competencia del órgano jurisdiccional para pronunciarse al respecto; solicítese el acuse de recibo correspondiente y en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, realícensele las anotaciones correspondientes. AUTORIZADOS. Se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, José Virgilio Sánchez Bravo y Daniel Gómez Mazín, pues acorde a la certificación de cuenta tienen registro de su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; respecto a las demás personas autorizadas se les autoriza en términos de la última parte del párrafo segundo del citado artículo; es decir únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por no contar con el registro respectivo. En términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones al quejoso por medio de la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluso las de carácter personal, por así solicitarlo expresamente en su escrito inicial de demanda. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en este asunto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente.

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