Yuridia Quintero Gonzalez
Expediente 472/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 472/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/04/2018
Partes del expediente
- Yuridia Quintero Gonzalez
Actuaciones
- Principal
I. Toluca, Estado de México; dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a través del cual, acusa recibo del diverso por el que se remitió el original del juicio de amparo 472/2018-I; asimismo, comunica que dicho Tribunal acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de este expediente. En otro orden, el estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo; en el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo, es susceptible de destrucción, ello con fundamento en el punto vigésimo, inciso I, párrafo primero y segundo. "SEGUNDO. Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá por: (.) XX. Expedientes auxiliares: Todos aquellos que contienen actuaciones procesales vinculadas a los procedimientos de que conocen los órganos jurisdiccionales; tales como exhortos, despachos, requisitorias, cuadernos de antecedentes, expedientillos varios, entre otros; (.)". "VIGESIMO. Los Jueces de Distrito deberán desincorporar y destruir aquellos expedientes que cuenten con más de seis meses de haberse dictado la sentencia o la resolución interlocutoria correspondiente y que teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes conforme al procedimiento indicado en el párrafo último de este punto, que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos: I. Todos aquellos expedientes auxiliares (.)" En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, visto el contenido del oficio SEADS/461/2018, de cuatro de abril de dos mil dieciocho, del cual se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que mediante sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno de dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la readscripción del Juez Adrián Rivera López, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con efecto a partir del dieciséis de abril de dos mil dieciocho; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; diez de abril de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9, solicita se le informe si dentro del presente asunto ya se dictó la sentencia respectiva y si la misma se declaró firme o en su caso el estado procesal que guarda dicho juicio. En atención a lo solicitado se le reitera que el presente asunto se resolvió mediante sentencia terminada de engrosar el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete; asimismo, por auto de seis de septiembre del año próximo pasado, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por ***********, **********************, con carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal de San Matero Otzacatipan, Municipio de Toluca, Estado de México, el cual se encuentra radicado bajo el número 451/2017 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Segundo Circuito, sin que hasta la fecha dicho órgano colegiado haya remitido la resolución correspondiente al medio de impugnación hecho valer e infórmesele vez que sea remitida la ejecutoria que se emita, se le informará a la brevedad posible, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.
- Principal
i. Toluca, Estado de México; cuatro de abril de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Por recibido el escrito de demanda promovido por Yuridia Quintero González, por derecho propio, contra actos del Juez de Primera Instancia de Juicios Orales, en Toluca, Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 472/2018-I. NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. De la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que la promovente refiere que ha sido víctima de actos de tortura física y psicológica, sin embargo, este Juzgador aprecia que ello no constituye un acto reclamado destacado, ya que no se lo atribuye a la autoridad responsable; esto es, no indica que el juez responsable la haya torturado, sino que dentro del precedimiento existieron diversos actos con lo cual estima que se da lugar a la sentencia condenatoria que se le dictó. Por ende, este órgano jurisdiccional determina que no procede decretar la suspensión de plano por cuanto hace a tales actos, ya que no son reclamados como actos destacados. Es aplicable la Jurisprudencia I. 3o. A. J/7, consultable en la página 951 del Semanario Judicial de la Federación, Enero a Junio de 1989, Tomo III, Segunda Parte - 2, Octava Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por este, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no esta en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." prevención. Ahora bien, el numeral 114 de la Ley de Amparo, en la parte que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. (.)" En ese sentido, la fracción II del artículo 114, transcrito, no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos previstos en artículo 108 de la legislación en comento; sino cualquier deficiencia, irregularidad u omisión, expresamente indicadas en las restantes fracciones, que pudiese obstaculizar el trámite respectivo. En ese tenor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir al promovente para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y de ser posible con dos copias del mismo, entendido de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio, realice lo siguiente: ÚNICO: Indique si el acto reclamado lo constituye la sentencia dictada en el Toca de Apelación 412/2016, la fecha en que se dictó y a qué autoridad se le atribuye. Lo anterior, porque no se tiene certeza de qué acto reclama la quejosa, puesto que en sus antecedentes alude a la resolución dictada en apelación, pero sólo señala al juez de primera Instancia. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 9 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Apéndice 2000, Séptima Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.- Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos." Lo anterior es así, en virtud de que al promover en la vía indirecta es evidente que el Juez de Distrito no tiene a su alcance más datos que los proporcionados por la parte agraviada con el fin de conocer provisionalmente el acto combatido; aunado a que sólo con dichas aclaraciones se podrá determinar la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo. Al respecto es aplicable la tesis XX.57 K, publicada en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1996, Tomo III, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. SI ES OSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS.." A la promovente se le apercibe que de no cumplir con los extremos de los requerimientos formulados, en el lapso concedido para tal efecto, se procederá en términos de lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. En conformidad con en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el diverso 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la demanda. HABILITACIÓN. Con apoyo en lo establecido en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. TRANSPARENCIA. Con sustento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
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