Yunuen Vargas Rodríguez
Expediente 913/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 913/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Yunuen Vargas Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Yunuen Vargas Rodríguez, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Yunuen Vargas Rodríguez, respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan.
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 913/2018, promovido por Yunuén Vargas Rodríguez, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, quien actúa asistido de Leonel López Pérez, secretario que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144, de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia, sin asistencia de las partes. En este acto, doy cuenta al Juez, con la circunstancia que ninguna de las partes se encuentra presente. Asimismo, certifico: La omisión de las autoridades responsables Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Coordinador General de la Licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ambas con sede en esta ciudad, de rendir su informe previo, no obstante de estar debidamente notificadas de los oficios 15994 y 15995, por los que se ordenó notificarles el auto de quince de noviembre actual, en el que se les requirió su informe, según se advierte de la constancia que obra en autos. JUEZ: Téngase por realizada la relación de hechos que antecede y, no obstante, la omisión de las autoridades responsable de referencia de rendir su informe previo, continúese con la celebración de la presente audiencia, toda vez que dicha omisión no es obstáculo para ello. SECRETARIO: Se da cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables: a) Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad. b) Tesorero de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en esta ciudad. JUEZ: Enseguida, se declara abierto el período probatorio. SECRETARIO: Se hace constar que únicamente la parte quejosa ofreció como pruebas de su parte las documentales que exhibió con su escrito de demanda. JUEZ: Al no haber más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes hizo manifestaciones en esta vía. JUEZ: Al no haber alegatos que tener por reproducidos, se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la interlocutoria correspondiente. Se levanta la sesión. Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión 913/2018; y, R E S U L T A N D O: 1. Por escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, remitido en esa fecha a este órgano jurisdiccional, por razón de turno, Yunuén Vargas Rodríguez, solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables. 2. Previa aclaración de la demanda, por auto de quince de noviembre actual, este órgano jurisdiccional concedió la suspensión provisional a la quejosa; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. PRECISIÓN DE ACTOS RECLAMADOS. La quejosa reclama en la presente vía de amparo, la orden de las autoridades responsables ordenadoras para que se le expidieran dos órdenes de pago con motivo de la solicitud que hizo de cambio de sección por permuta, así como el cobro doble por la autorización correspondiente, por parte de la autoridad ejecutora. SEGUNDO. NEGATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Del informe previo rendido por la autoridad responsable ordenadora Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se advierte que negó la existencia del acto que la quejosa le atribuye. No obstante la negativas de existencia de la autoridad responsable, la impetrante del amparo no aportó prueba alguna tendente a desvirtuarla por lo que procede negar la suspensión definitiva solicitada en contra de dicho acto, por resultar inexistente. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 1008, visible en la Segunda Parte, página 1630, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en mil novecientos ochenta y ocho, de rubro: "INFORME PREVIO". En efecto, ante la negativa de la autoridad responsable de la existencia del acto reclamado, sin que el peticionario del amparo haya ofertado prueba alguna para desvirtuar dicha aseveración, es indudable que cobra firmeza el contenido de su informe previo y, en consecuencia, lo procedente es negar la medida suspensional solicitada; toda vez que no hay materia sobre qué decretarla, atento al criterio que informa la jurisprudencia VI. 2º. J/19, que dice: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". TERCERO. CONCESIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR. Por su parte, las diversas autoridades responsables ordenadoras Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Coordinador General de la Licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, fueron omisas en rendir su respectivo informe previo, no obstante de estar debidamente notificadas de los oficios 15994 y 15995, por los que se ordenó notificarles el auto de quince de noviembre actual, en el que se les requirió su informe, según se advierte de la constancia que obra en autos; razón por la cual se presumen ciertos los actos que se les atribuyen, en términos de lo dispuesto por el artículo 142, de la Ley de Amparo. En consecuencia, tomando en consideración que la parte quejosa solicita la medida suspensiva de los actos reclamados, así como de sus efectos y consecuencias, se procede a analizar sobre la concesión o negativa de la medida cautelar de éstos; lo anterior, con apoyo en la siguiente jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 182529 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Diciembre de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 111/2003 Página: 98 "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos. Contradicción de tesis 31/2003-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito; el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 29 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Bertín Vázquez González.". En ese tenor, como la quejosa reclama la orden de las autoridades responsables ordenadoras para que se le expidieran dos órdenes de pago con motivo de la solicitud que hizo de cambio de sección por permuta, así como el cobro doble por la autorización correspondiente, por parte de la autoridad ejecutora, y solicita la suspensión para que no se le hagan los cobros correspondientes, además, para que las autoridades responsables le respeten el resultado de las evaluaciones que le han sido aplicadas en diversas materias en la sección que le fue asignada con motivo de la citada permuta. A fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión definitiva solicitada en relación con los actos que se reclaman, así como respecto de sus efectos y consecuencias, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. La demostración presuntiva de un interés legítimo (interés suspensional). La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. De lo que se sigue que los actos reclamados en cuanto a sus efectos son susceptibles a la medida cautelar, dado que por su naturaleza, producen consecuencias hacia el futuro, como lo es la posibilidad que, de que se le haga un doble cobro a la quejosa con motivo de la permuta solicitada, además, de que no se le respete el resultado de las evaluaciones que le han sido aplicadas en diversas materias en la sección que le fue asignada con motivo de la citada permuta. Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo, tienen vinculación con algunos derechos humanos y las garantías establecidas en la constitución para su protección, ya que en esencia alega violación a los artículos 1, 3,14 y 16 constitucionales, en específico al derecho a la educación. Argumentos de los cuales se deduce que la parte quejosa tiene un interés jurídico para obtener la medida cautelar, y del juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido; se concluye que la amparista es titular de un derecho humano cuya protección conlleva la obligación de proteger su dignidad con ahínco, además de advertirse la interrelación a su derecho de educación protegido por la Constitución Federal y leyes secundarias aplicables. Además de lo anterior, de no otorgarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con los actos reclamados. En ese orden de ideas, teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva, y dado que se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 128, 139 y 147, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a Yunuén Vargas Rodríguez, la suspensión definitiva de los actos reclamados, así como de sus efectos y consecuencias, a fin de restablecer provisionalmente a la quejosa en el goce del derecho que se dice violado y a efecto de que, en tanto se emita la sentencia ejecutoria dentro del juicio de amparo de donde emana esta incidencia, las autoridades responsables: Se abstengan de exigirle el pago por los conceptos respectivos, con motivo de la permuta solicitada. Realicen las gestiones necesarias para permitir que la ahora quejosa pueda provisionalmente ejercer los derechos que le son inherentes a su calidad de estudiante en la Facultada de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tales como asistir a clases en la sección que le fue asignada con motivo de la permuta solicitada y realizar todas las actividades de ese nivel relativas al presente ciclo escolar, en el supuesto de que se actualice el momento oportuno para tal efecto. Le respeten el resultado de las evaluaciones que le han sido aplicadas en diversas materias, en la sección que le fue asignada con motivo de la citada permuta, así como las que obtenga en lo subsecuente mientras se resuelve lo relativo a la suspensión definitiva. Tienen aplicación en lo conducente los siguientes criterios, de contenido literal siguientes: "Época: Novena Época Registro: 187358 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Marzo de 2002 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 12/2002 Página: 320 UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. Las universidades públicas autónomas son organismos descentralizados que forman parte de la administración pública y, por ende, integran la entidad política a la que pertenecen, esto es, la Federación o la correspondiente entidad federativa; además, se encuentran dotadas legalmente de autonomía, en términos del artículo 3o., fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que gozan de independencia para determinar por sí solas, supeditadas a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que presten, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio, destacando que en la ley en la que se les otorga la referida autonomía, con el fin de que puedan ejercerla plenamente, se les habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general. En ese tenor, una vez que un gobernado cumple con los requisitos que le permiten adquirir la categoría de alumno previstos en las respectivas disposiciones legislativas y administrativas, incorpora en su esfera jurídica un conjunto específico de derechos y obligaciones, por lo que la determinación mediante la cual una universidad pública autónoma lo expulsa, o por tiempo indefinido le impide continuar disfrutando de dicha situación jurídica, constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, ya que se traduce en el ejercicio de una potestad administrativa, expresión de una relación de supra a subordinación, que tiene su origen en una disposición integrada al orden jurídico nacional y que implica un acto unilateral, lo cual hace innecesario acudir a los tribunales ordinarios para que surtan efectos las consecuencias jurídicas impuestas por el órgano decisor sin el consenso del afectado. Contradicción de tesis 12/2000. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el entonces Quinto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Segundo en Materias Penal y Civil del propio circuito. 8 de febrero de 2002. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina". "Época: Novena Época Registro: 176801 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Octubre de 2005 Materia(s): Administrativa Tesis: I.15o.A.40 A Página: 2510 SUSPENSIÓN. PROCEDE CONTRA LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE EXPULSA A UN ALUMNO DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado procede cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese sentido, estando además satisfechos los otros requisitos previstos en las diversas fracciones del citado artículo 124, procede otorgar esa medida cautelar contra los efectos de las resoluciones que determinan la expulsión de un alumno, pues su concesión tendrá como único efecto permitir al quejoso continuar ejerciendo los derechos que son inherentes a su calidad de estudiante, en tanto se determina la constitucionalidad del procedimiento que cuestiona, sin que esto ponga en riesgo el interés social ni el orden público, dado que el objeto de la legislación universitaria es salvaguardar los intereses de los miembros exclusivos de esa comunidad y, en consecuencia, los preceptos que la conforman no pueden estimarse en su totalidad de orden público e interés social, por mucho que la sociedad se encuentre interesada en el cumplimiento de esas disposiciones para la salvaguarda de las instituciones educativas. En esos términos, si lo reclamado en el juicio de amparo es la expulsión de un alumno determinado en un procedimiento seguido por conductas graves sancionadas por la legislación universitaria, procede conceder la suspensión, pues de no otorgarse, sobre la base de que el quejoso es peligroso para la comunidad universitaria según lo actuado en el procedimiento y lo determinado por las autoridades universitarias, implica prejuzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, cuando su análisis es materia del fondo del asunto; además de que de no concederla se causaría un daño de difícil reparación al alumno quejoso, al no ser posible restituirlo en el goce de los derechos que en determinado tiempo debió ejercitar, tales como asistir a clases, presentar exámenes e, incluso, inscribirse en el siguiente curso, con la correspondiente pérdida de tiempo y oportunidades, así como el consecuente descrédito personal, y la demora para realizar los trámites correspondientes oportunamente. Incidente de suspensión (revisión) 208/2005. Mario Fernando Penagos Pérez. 18 de mayo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretaria: Lilia Maribel Maya Delgadillo". Concesión de la medida cautelar que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados al Tesorero de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues no obstante haber negado los actos reclamados, es incuestionable que está en aptitud de hacer efectivo el cobro por los conceptos respectivos con motivo del cambio de sección por permuta solicitada por la impetrante del amparo; habida cuenta que las autoridades responsables ordenadoras expidieran dos órdenes de pago por la autorización correspondiente. Medida cautelar que surte sus efectos desde este momento y su vigencia subsistirá hasta que las autoridades responsables reciban notificación de la sentencia ejecutoria que se dicte en el juicio de amparo de donde emana esta incidencia; sin que para tal efecto, se haga necesario fijar garantía alguna a la parte quejosa, toda vez que en la especie no existe tercero interesado al que se pudieran ocasionar daños y perjuicios. La suspensión concedida no surtirá efecto legal ni material alguno, en el supuesto de que la ejecución del acto reclamado derive del cumplimiento dado a una sentencia ejecutoriada de amparo; o bien, si se trata de actos posteriores a la fecha de presentación de la demanda o que dimanen de autoridad distinta a las señaladas como responsables. En el entendido que la medida cautelar concedida no exime a las autoridades responsables de aplicar a la aquí quejosa las sanciones que correspondan conforme al reglamento de la institución que dirige, incluyendo la expulsión, en caso de que con posterioridad a la notificación de esta medida el hoy inconforme incurra en alguna falta que así lo amerite. Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de las responsables que en caso de no cumplir con la suspensión definitiva, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos". Los criterios que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema del mismo; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de amparo, se resuelve: PRIMERO. Se NIEGA a Yunuén Vargas Rodríguez, la suspensión definitiva de los actos reclamados, por las razones expuestas en el considerando segundo de la presente resolución. SEGUNDO. Se CONCEDE a Yunuén Vargas Rodríguez, la suspensión definitiva de los actos reclamados por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta interlocutoria y para los efectos ahí apuntados. Notifíquese. Lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, secretario que autoriza. Doy fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, a veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. SE RECIBEN INFORMES PREVIOS Agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta, con los que las autoridades que los envían rinden sus respectivos informes previos que les fueron solicitados, lo anterior en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo; de lo que se ordena hacer relación en la audiencia incidental. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.JCMZ
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