Yunuen Maya Solis
Expediente 601/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 601/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Yunuen Maya Solis
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada en la suspensión provisional. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, se tiene por recibido el informe justificado signado, por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; sin que haya lugar a proveer, en virtud de que como se advierte de autos, el presente juicio ya se resolvió. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa ante la Secretaria Marbella Juárez García, quien autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. La Secretaria: Juicio de amparo V-601/2022 promovido por Yunuén Maya Solís, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Asimismo, se destaca que en el presente asunto no hay persona alguna con el carácter reconocido de tercero interesado; además, que ninguna de las partes se encuentra presente. De igual manera se hace constar que la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, no ha rendido el informe justificado que le fue requerido; sin embargo, el diez de los actuales rindió el informe previo que le fue solicitado en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa. El Juez: Téngase hecha la relación de hechos que antecede. Por otra parte, no obstante que la autoridad responsable no ha rendido el informe justificado que le fue requerido, se ordena obtener copia certificada del informe previo y agregarlo a los presentes autos. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. La Secretaria: Se hace constar que la autoridad responsable acompañó a su informe previo copia certificada del acuerdo de ocho del mes y año en curso, así como de su notificación realizada a la aquí quejosa, en relación con el juicio laboral 3C-663/2022. El Juez: Téngase admitida y desahogada dicha documental, en términos del artículo 119 de la Ley de Aparo; al no existir más pruebas por desahogar se pasa al período de alegatos; Secretaria, dé cuenta con los formulados en autos. La Secretaria: Se hace constar que las partes no alegaron en la presente instancia constitucional. El Juez: Al no tener alegatos por reproducir concluye la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto V-601/2022, promovido por Yunuén Maya Solís, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el uno de junio pasado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional al mismo día por razón de turno, Yunuén Maya Solís, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto. La promovente estimó transgredidos en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Mediante proveído de tres del mes y año en curso, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos de la presente actuación. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama omisiones de autoridades laborales con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, de manera que el conocimiento del caso se determina a prevención. SEGUNDO. Precisión de la omisión reclamada. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. En ese sentido, la quejosa reclama la omisión de radicar la demanda relativa al expediente 3C-663/2022, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. TERCERO. Existencia de la omisión reclamada. Del contenido del informe previo rendido por la responsable, el cual se tiene a la vista en atención a lo ordenado en la audiencia constitucional, se desprende que es cierta la omisión reclamada. Además, tales manifestaciones se corroboran con las constancias que remitió junto con su informe previo; a las cuales se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Causa de improcedencia. Examinada la certeza de la omisión reclamada, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo; esto quiere decir, que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. En el caso se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De dicho precepto se infiere que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario del amparo, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causal de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En el caso, tanto de las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por la quejosa en su demanda, como de la constancias que obran en autos, se obtiene que la aquí promovente el diecisiete de marzo del año en curso promovió demanda laboral, en su calidad de trabajadora; con motivo de lo anterior se generó el juicio laboral 3C-663/2022. Asimismo, que la Junta responsable hasta el ocho de los actuales -con posterioridad a la promoción del juicio en que se actúa- se emitió el acuerdo correspondiente, a través del cual se declaró incompetente por cuestión de materia para conocer del asunto. También, que dicha determinación le fue notificada al día siguiente de su emisión, es decir, el nueve del mes y año en curso. En tal virtud, al haberse acordado en relación con su demanda y notificado la determinación recaída, se estima que cesaron los efectos de la omisión reclamada, ya que la autoridad responsable destruyó sus efectos, así como sus consecuencias. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 193758, de rubro y contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita.Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Yunuén Maya Solís, en contra de la omisión reclamada a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe. Conste.
- Incidental
Morelia, Michoacán, quince de junio de dos mil veintidós. SE ACUSA RECIBO DEL RECURSO DE REVISIÓN Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso a través del cual se remitió copia y original del escrito de agravios, dos tomos de prueba y el original del juicio de amparo. Asimismo, comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la resolución dictada en el presente asunto. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.
- Incidental
VISTOS para resolver el incidente por incumplimiento de la suspensión definitiva decretada en el presente incidente de suspensión número IV-186/2020, promovido por Rolando Marín Soto, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad. ANTECEDENTES: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, remitido por razón de turno a este órgano jurisdiccional el mismo día, Rolando Marín Soto promovió demanda de amparo contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad. De quien reclamó lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS a) La sentencia de fecha 04 de Febrero de 2020, dictado en el expediente 742/2013 radicado ante el TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO TREINTA Y SEIS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. b) Los actos de autoridad consistente (sic) en oficios, exhortos, requisitorias o cualquier otro documento u acto a través de los cuales se haya ordenado, acordado, tramitado la ejecución de la sentencia de fecha 04 de Febrero de 2020, dictado en el expediente 742/2013 radicado ante TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO TREINTA Y SEIS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. c) Todos y cada uno de los actos desarrollados en el juicio Agrario 742/2013 ventilado ante TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO TREINTA Y SEIS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN." SEGUNDO. Por resolución de veintiséis de octubre de dos mil veinte, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado concedió al quejoso Rolando Marín Soto, la suspensión definitiva de los actos reclamados de la siguiente manera: "En ese orden de ideas, teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva y que se tiene acreditado su interés, al menos en forma indiciaria, al exhibir contrato privado de cesión de derechos a título oneroso respecto de los inmuebles que pretende defender en esta vía, actualizándose de esa manera, la hipótesis prevista en los artículos 139, en relación con el diverso precepto 128 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a Rolando Marín Soto, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado, para el efecto de que, en relación a lo resuelto en el juicio agrario 743/2013 y de encontrarse en posesión de las parcelas ejidales 336 Z-4 P1/1 amparado en el certificado 176618 con una superficie de 1-43-84.968 hectáreas y 341 Z-4 P1/1 amparado con el certificado 176621 con superficie de 0-27-01.020 hectáreas, así como la diversa 340 Z-4 P1/1 amparado con el certificado 176773, con superficie 1-34-04-610 hectáreas, correspondientes al poblado de Santa María, municipio de Tlalpujahua, Michoacán; las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran. [.] SALVEDADES La medida que se concede no surte efecto alguno, en el supuesto de que a la fecha ya se hubiese desposeído al quejoso de los bienes materia de esta medida, lo que implica que la presente medida no lo autoriza a entrar nuevamente en posesión de los inmuebles ya descritos; tampoco, si los actos reclamados sean de fecha posterior a la presentación de la demanda o provengan de autoridad distinta a las señaladas como responsables." TERCERO. Por escrito presentado ante el oficial de partes de este juzgado el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, Rolando Marín Soto promovió incidente por incumplimiento de la suspensión definitiva decretada, bajo el argumento de que la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad: a) Violentó la suspensión decretada en autos concedida en auto de diez de marzo de dos mil veinte, de la cual exhibió la fianza fijada para que surtiera efectos la suspensión definitiva el seis de noviembre de dos mil veinte (sic). b) Que a través del sistema de listas de la responsable, con fecha dos de marzo del año en curso, dentro del juicio agrario 742/2013 se emitió acuerdo en el sentido de que como el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, negó el amparo directo promovido por Antonio Soto Marín, en contra de la sentencia de cuatro de febrero de dos mil veinte, ordenó girar oficio a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, para que diera cumplimiento al mencionado fallo, requiriendo a las partes para que dentro del término de tres días manifestaran, de ser posible, de común acuerdo, determinar el valor de las parcelas. c) En base a lo expuesto -señaló- debe analizarse que la suspensión provisional (sic) decretada en autos, con base en el procedimiento previsto por el artículo 158 de la Ley de Amparo, tiene por efecto que se declare la nulidad del acto violatorio y hacer cumplir con cabalidad la suspensión, lo que ha omitido la autoridad por ser dicha acción violatoria de la medida cautelar, debiendo ordenar que las cosas vuelvan al estado que tenían al momento de concederse. CUARTO. Por auto de diecisiete de mayo del año en curso, se admitió a trámite el incidente por incumplimiento de la suspensión definitiva; auto en el que se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable sobre la materia del incidente de mérito, y se señaló hora y fecha para la audiencia correspondiente, la que se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente por territorio y materia para conocer, tramitar y resolver el incidente por incumplimiento de la suspensión definitiva, acorde con lo previsto en los artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo, por haberse concedido la medida precautoria que se estima no fue acatada y deriva de un juicio constitucional de nuestra competencia. SEGUNDO. Estudio de fondo. Cabe precisar que si bien el quejoso en su escrito mediante el cual promueve el incidente que se resuelve se refiere en varios apartados de su escrito a la suspensión provisional, no menos cierto resulta que a la fecha de presentación de su ocurso ya se había resuelto la suspensión definitiva, siendo esta determinación la que se encuentra surtiendo sus efectos, al haber sustituido a la primera; a más de que respecto de la referida resolución exhibió la garantía que le fue decretada para que surtiera efectos, por lo que será esta resolución la que se tendrá en consideración para el análisis de la violación planteada. Ahora, la parte quejosa sostiene que la autoridad responsable violó la suspensión definitiva concedida en autos el veintiséis de octubre de dos mil veinte. Ello dado que no obstante encontrarse debidamente notificada de la medida cautelar, emitió el auto de dos de marzo del año en curso, dentro del juicio agrario 742/2013 de donde emana el acto reclamado en el sentido de que, como el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, negó el amparo directo promovido por Antonio Soto Marín, en contra de la sentencia de cuatro de febrero de dos mil veinte; entonces ordenó girar oficio a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, para que diera cumplimiento al mencionado fallo, requiriendo a las partes para que dentro del término de tres días manifestaran, de ser posible, de común acuerdo, determinar el valor de las parcelas. Previo a resolver si existe incumplimiento a la suspensión definitiva denunciada, es conveniente precisar los alcances que puede tener la medida cautelar, cuyos efectos pueden consistir en los siguientes: a) El primero, que es la regla, tiene por efecto que la autoridad responsable deje de realizar alguna conducta. b) En el segundo, como excepción, la autoridad debe realizar un acto positivo para dar cabal cumplimiento a la suspensión que se conceda. Para determinar de qué supuesto se trata el caso que nos ocupa, se parte de que el demandante del amparo, en esencia, considera que existe violación a la suspensión definitiva otorgada el veintiséis de octubre de dos mil veinte, en razón a que la responsable hizo caso omiso al dictar el auto de dos de marzo del año en curso, dentro del juicio agrario 742/2013, donde requiere a las partes para que dentro del término de tres días, de ser posible, de común acuerdo, determinen el valor de las parcelas; esto es, dio impulso al procedimiento, cuando la suspensión se concedió para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que se encontraban. Cabe precisar que para determinar si es fundado el incidente de incumplimiento a la suspensión definitiva decretada, es necesario que se acrediten tres supuestos, a saber: Que la medida cautelar de que se trata haya sido concedida por un Juez Federal; Que la citada suspensión haya sido notificada a las autoridades responsables; y, Que en fecha posterior a la notificación de la medida suspensiva, las autoridades responsables hayan violentado el cumplimiento de la medida cautelar. En el caso, se actualiza el primero de los supuestos, ya que existe resolución interlocutoria de veintiséis de octubre de dos mil veinte, en la que este juzgado determinó conceder la suspensión definitiva al quejoso Rolando Marín Soto, para los efectos precisados en párrafos precedentes. En relación con la segunda hipótesis, se tiene también satisfecha, en razón de que la autoridad responsable fue debidamente notificada de la suspensión definitiva concedida, como se advierte del sello correspondiente. Luego, por cuanto hace al tercer requisito relativo a que en fecha posterior a la notificación de la medida suspensiva, haya existido incumplimiento o violación por parte de las autoridades en el acatamiento de la medida cautelar, también se encuentra satisfecho. Es así dado que si bien la responsable niega haber violado la suspensión, lo cierto es que de las constancias que remite relativas al expediente agrario número 742/2013, obra el auto de veinticinco de febrero del año en curso -no de dos de marzo como lo refiere el quejoso-, en el que virtud a la llegada de los autos del amparo directo número 324/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, donde se negó el amparo, se declaró ejecutoriada la sentencia. Además en dicho proveído se acordó que en cumplimiento a la ejecutoria del amparo directo en cita, se ordenó notificar en forma personal a los actores del juicio, para que en el plazo de tres días, de ser posible, de común acuerdo determinaran el valor de las parcelas; es decir, se dio impulso al procedimiento. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable, también se advierte el auto que dictó el trece de mayo del presente año, dentro del juicio agrario 742/2013, a través del cual dio cuenta de los autos. Acuerdo en el que al advertir que se encontraba vigente la suspensión definitiva dictada el veintiséis de octubre de dos mil veinte, dentro de los cuadernos incidentales en que se actúa, con apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, regularizó el procedimiento y dejó sin efectos el auto de veinticinco de febrero del año en curso. A la vez ordenó al personal del tribunal abstenerse de notificar el referido proveído a las partes y de remitir los oficios que se generaron, dejando la sentencia dictada en el mencionado juicio pendiente de cumplimiento, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo de donde emanan los presentes cuadernos incidentales. Lo anterior en acatamiento a la suspensión definitiva concedida al quejoso. En las relatadas condiciones, es evidente que el incumplimiento a la suspensión definitiva que concedió este Juzgado de Distrito, quedó sin materia, dado que la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio agrario 742/2013, emitió el acuerdo de trece de mayo del año en curso, en el que dejó sin efectos el diverso de veinticinco de febrero pasado; ordenó al personal abstenerse de notificar el referido auto y de remitir los oficios generados, continuando la sentencia dictada en los mencionados autos pendiente de cumplimiento; lo anterior en cumplimiento a la suspensión definitiva decretada en autos. Conforme a lo anterior, es inconcuso que cesó la actitud de la responsable de dar impulso al procedimiento de ejecución de la sentencia dictada dentro del juicio agrario 742/2013, a través del auto de veinticinco de febrero del año en curso, en acatamiento a la suspensión definitiva reclamada, al haberse dejado sin efectos el referido proveído y sus consecuencias legales, con lo cual se restituyó al peticionario del amparo en los términos precisados por este Juzgado de Distrito en la suspensión definitiva decretada en autos. Sin que el que suscribe advierta que haya alguna actitud que sancionarse por la violación al cumplimiento de la suspensión, toda vez que el objeto del juicio de garantías no radica en imponer sanciones a las autoridades que incurran en ellas, sino en restituir al gobernado en el goce del derecho violentado. Lo que así aconteció en el momento en que la autoridad responsable se sometió al cumplimiento de la suspensión definitiva, al emitir un acuerdo que demuestra el cumplimiento a la medida cautelar decretada. Sobre el particular se invocan la tesis de los rubros y textos que dicen: "Registro digital: 179324 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XII.3o.4 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Febrero de 2005, página 1680 Tipo: Aislada DENUNCIA DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. QUEDA SIN MATERIA CUANDO LA AUTORIDAD EMITE UNA DETERMINACIÓN QUE DEMUESTRA EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR QUE SE ESTIMÓ INFRINGIDA. La materia de la denuncia de violación a la suspensión provisional o definitiva de los actos reclamados en un juicio de amparo, consiste en determinar si existió o no violación a dicha medida cautelar y de estimar que sí la hubo, el efecto sería obligar a las autoridades responsables a que dejen insubsistente el acto violatorio de la medida cautelar, siempre que la naturaleza del acto lo permita, volviendo las cosas al estado que tenían al otorgarse esa providencia y si de las constancias de autos se desprende que las autoridades responsables, por sí mismas, repararon el agravio en el que habían incurrido, es evidente su interés en respetar la medida suspensional otorgada en el juicio de amparo y, por ende, la denuncia de violación a la suspensión provisional o definitiva de los actos reclamados debe declararse sin materia; sin que haya lugar a dar vista al Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 206 de la Ley de Amparo, pues el objeto del juicio de garantías no radica en imponer sanciones a las autoridades que incurran en ellas, sino en restituir a los gobernados en el disfrute de las garantías que se estimaron transgredidas." "Registro digital: 2005185 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: II.4o.A.25 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, página 1129 Tipo: Aislada EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. SI AL PROMOVER EL INCIDENTE RELATIVO, LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HABÍA DADO CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA, PERO AL RESOLVERLO, SE ACREDITA QUE YA LO REALIZÓ O RECTIFICÓ LOS ERRORES EN QUE INCURRIÓ, ES IMPROCEDENTE DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE ANALICE SI SE ACTUALIZA EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 262, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. Del artículo 206 de la Ley de Amparo se advierte que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, procede contra las autoridades responsables, cuando cualquier persona resulte afectada por el incumplimiento de la medida, sea de plano o definitiva, por considerar que existe exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Por su parte, el artículo 209 de la propia ley, dispone que si dicho incidente se declara fundado, el juzgador deberá requerir a la autoridad responsable para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la medida precautoria o la realice en forma cabal, ya sea que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, subsane las deficiencias, con el apercibimiento de que en caso de continuar con la conducta contumaz, se procederá con la denuncia respectiva al Ministerio Público de la Federación, quien será el encargado de analizar si se actualiza el delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, consistente en desobedecer un auto de suspensión debidamente notificado. Ahora bien, si al promover el mencionado incidente, la autoridad responsable no había dado cumplimiento al auto que concede la suspensión, pero al resolverlo, se acredita que ya lo realizó o rectificó los errores en que incurrió, es improcedente dar vista al Ministerio Público para que analice si se actualiza el citado ilícito, pues para hacerlo, debe demostrarse que la autoridad responsable, al momento de resolver el incidente, no ha cumplido con la suspensión o subsiste el defecto o exceso en su ejecución y, en ese caso, el Juez tendría que requerirlo con el mencionado apercibimiento para que realizara o subsanara las irregularidades dentro de las veinticuatro horas siguientes; sin embargo, si ello no fue necesario, porque la autoridad cumplió la suspensión, es que resulta improcedente dar vista a la representación social." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75, 158, 206 a 208, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara sin materia el incidente por incumplimiento de la suspensión definitiva que se concedió en los cuadernillos incidentales en que se actúa, mediante resolución interlocutoria de veintiséis de octubre de dos mil veinte, relativo al juicio de amparo IV-186/2020, promovido por Rolando Marín Soto contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con residencia en esta ciudad, en términos del último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, quien actúa con el licenciado Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.Rcl
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