Yunuen Alejandra Hernández Álvarez
Expediente 168/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 32 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 168/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 21/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Yunuen Alejandra Hernández Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de enero del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por Yunuen Alejandra Hernández Álvarez, por sí y en cuanto representante de los menores Roberto Jesús y Valeria, ambos de apellidos León Hernández; por lo tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CUADERNOS DE PRUEBAS. Por otra parte, devuélvase al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, la copia certificada del juicio ordinario oral familiar 567/2018, así como al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, las copias certificadas de diversas actuaciones dentro del procedimiento familiar 1231/2017, lo cual acompañaron como sustento de su informe justificado, solicitándoles el acuse de recibo correspondiente, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Por lista notifico a la parte quejosa la siguiente resolución: Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Yunuen Alejandra Hernández Álvarez, por sí y en cuanto representante de los menores Roberto Jesús y Valeria, ambos de apellidos León Hernández, en contra de la autoridad y por los actos precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veinticinco de enero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
- Principal
V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número IV-168/2018, promovido por Yunuen Alejandra Hernández Álvarez, por sí y en cuanto representante de los menores Roberto Jesús y Valeria, ambos de apellidos León Hernández, contra actos que reclama del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán y otras; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, el mismo día; Yunuen Alejandra Hernández Álvarez, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales R.J.L.H. y V.A.L.H., contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán (sic), acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos siguientes: "IV. ACTO RECLAMADO.- Constituyen actos reclamados los siguientes: El auto de fecha 1 de febrero del año 2018, dictado por la autoridad que señalo en calidad de responsable dentro del expediente número 1231/2017 del juzgado segundo de Primera Instancia en materia civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; donde niega otorgarme la guarda y custodia provisional de mis menores hijos al sostener que hasta en tanto se lleve a cabo la audiencia establecida en los artículos 870, 871, 872 y 873 del código familiar del Estado para que supuestamente el tribunal cuente con elementos necesarios para determinar lo relativo a la medida provisional de custodia". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, por auto de veintiocho de febrero del año en curso, se admitió a trámite; se formó expediente y se registró bajo el número 168/2018; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación. Por auto de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se dejó de tener como autoridad responsable al Juez precisado en la demanda de amparo, para ahora tener con tal carácter al Juez Segundo de lo Civil de Zamora, Michoacán, por ser quien emitió el acto reclamado. En diverso proveído de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo como autoridad responsable sustituta al Juez Primero en Materia Civil de Zamora, Michoacán, en razón de que se declaró procedente la recusación con expresión de causa planteada por la parte demandada en el juicio de origen y aquí quejosa. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, previo su diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias remitidas por la responsable, se advierte que los actos reclamados consisten en: a). El auto de uno de febrero de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en materia civil de Zamora, Michoacán, dentro del juicio familiar 1231/2017, en el que se negó a la ahora quejosa la guarda y custodia provisional de los menores de iniciales R.J.L.H. y V.A.L.H. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad señalada como responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, al rendir su respectivo informe con justificación, aceptó la existencia del acto que la parte quejosa le reclama en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la autoridad responsable ordenadora exhibió en apoyo a su informe justificado, consistentes en copia fotostática certificada del juicio familiar 1231/2017, del índice del Juzgado Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". En ese sentido, no obstante la certeza del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, al haberse tramitado fuera del término que para tales efectos prevé la ley de la materia, ello con apoyo en las siguientes consideraciones. Los preceptos en cita establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De conformidad con los preceptos legales trascritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de los actos que se impugnen vía amparo; al en que haya tenido conocimiento del mismo o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Del penúltimo de los preceptos reseñados se desprende que el juicio de amparo debe instarse dentro del término de quince días, lapso que se contabilizará: a). A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b). A partir del día siguiente al en que el impetrante haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; ó, c). A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera, debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de garantías, mientras tanto no se declare su nulidad en la vía correspondiente. Al respecto, ilustra el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 193743 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Julio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 1a. XIV/99 Página: 63 "NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SURTE EFECTOS CONFORME A LAS REGLAS IMPUESTAS POR LA LEY DE LA MATERIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA FECHA SEA CONSIDERADA COMO INHÁBIL POR LAS NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE AMPARO. No obstante que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen los días que serán considerados como inhábiles respecto del cómputo de los términos en el procedimiento del juicio de amparo; ello no puede hacerse extensivo a las actuaciones procesales propias del acto reclamado como son aquellas en las que se determine el momento en que deberán surtir efectos las notificaciones, puesto que en sentido estricto, no corresponden al procedimiento de amparo. En consecuencia, con independencia de que el día en que surta efectos la notificación del acto reclamado se considere inhábil para los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, el plazo de los quince días a que hace mención el artículo 21 de la Ley de Amparo se iniciará precisamente al día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto la resolución o acuerdo reclamado. Amparo en revisión 374/99. Adrián Chávez Juárez. 14 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Joel Carranco Zúñiga". La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; mas tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de garantías conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que dice: Época: Quinta Época Registro: 1002485 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Tercera Sección - Plazos y notificaciones Materia(s): Común Tesis: 419 Página: 447 "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. Amparo en revisión 2401/37.-Sánchez López María de Jesús.-17 de noviembre de 1937.-Unanimidad de cuatro votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 5548/43.-Garza Aldape Rodolfo.-27 de octubre de 1943.-Unanimidad de cuatro votos.-Relator: Gabino Fraga. Amparo en revisión 5205/43.-Bustamante Ramiro.-11 de mayo de 1944.-Unanimidad de cuatro votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 9506/43.-Villarreal Guerra Manuel.-6 de junio de 1944.-Cinco votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 4636/43.-Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Autotransportes México-Morelia-Guadalajara, S.C.L.-24 de noviembre de 1944.-Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: Octavio Mendoza González. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 8, Segunda Sala, tesis 4". Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva de la quejosa a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte de la afectada porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedora del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda le perjudica. Así, cuando la parte quejosa se manifiesta sabedora en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que, además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa el acto reclamado, toda vez que ello se encuentra inmerso al ostentarse sabedora del mismo, de tal manera que basta con que, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedora del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador de amparo contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de la fecha en que la quejosa se hizo sabedora del acto reclamado; tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que enseguida se reproduce: Época: Novena Época Registro: 200092 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996 Materia(s): Común Tesis: P./J. 28/96 Página: 21 "DEMANDA DE AMPARO. TÉMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). ES INAPLICABLE SI EL QUEJOSO CONOCIÓ POR VIA TELEFÓNICA LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVAN LOS ACTOS RECLAMADOS. El último párrafo del artículo 22 de la Ley de Amparo señala que "no se tendrán por ausentes, para los efectos de este artículo..." a quienes "...en cualquiera forma se hubiesen manifestado sabedores del procedimiento que haya motivado el acto reclamado." La expresión "en cualquiera forma" autoriza a considerar como apto para este fin a cualquier medio de comunicación del que se haya servido el agraviado para tener noticia del procedimiento seguido en su contra, si a través de ese medio el quejoso conoce los datos necesarios que le permitan, por sí o por conducto de un mandatario, comparecer ante el Juez del proceso y ejercer con plenitud la defensa de sus derechos en el juicio respectivo. Contradicción de tesis 30/94. Entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito. 4 de junio de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alejandro Sánchez López. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de junio en curso, aprobó, con el número 28/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, Distrito Federal, a once de junio de mil novecientos noventa y seis". Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías comenzara a computarse a partir del día siguiente al en que se verificara cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. Ahora bien de la demanda de garantías se advierte que Yunuen Alejandra Hernández Álvarez, por sí y en cuanto representante de los menores Roberto Jesús y Valeria, ambos de apellidos León Hernández, reclamó del juez responsable: El auto de uno de febrero de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en materia civil de Zamora, Michoacán, dentro del juicio familiar 1231/2017, en el que se negó a la ahora quejosa la guarda y custodia provisional de los menores de iniciales R.J.L.H. y V.A.L.H. En ese sentido, debe destacarse que del contenido de las constancias que integran el juicio de origen, se advierten los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, Roberto León Sánchez, por su propio derecho, promovió demanda de juicio oral familiar, demandando el divorcio sin expresión de causa, frente a Yunuen Alejandra Hernández Álvarez, exponiendo en su escrito de demanda que se encontraba separado de su esposa, y que el demandante se encontraba habitando el inmueble ubicado en la casa marcada con el número 301, de la calle López Rayón de la colonia Ramírez de Zamora, Michoacán, con sus menores hijos de iniciales R.J.L.H. y V.A.L.H., a quienes tenía bajo su guarda y manutención (fojas 1 a 10 del cuaderno de pruebas). 2. El siete de septiembre de dos mil diecisiete, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, admitió a trámite la demanda civil, y en relación con la medida provisional sobre custodia proveyó en los términos siguientes: ".Por lo que respecta a la medida provisional sobre custodia solicitada, dígase al accionante, que la custodia de los menores de edad de que se trata, deberá prevalecer en el estado en que se encuentra, hasta en tanto al tenor de los artículos 870, 871, 872, 873 del Código Familiar, se desahogue la audiencia a efecto de que este Tribunal obtenga los elementos necesario para determinar lo relativo a la citada medida, atendiendo al interés superior de los menores de edad de que se trata, procurando el mejor desarrollo físico, mental y moral de los mismos, por tanto una vez que se realice el emplazamiento ordenado, el ocursante deberá insistir en la medida solicitada a efecto pronunciase como se dice en relación a la audiencia precitada". 3. El diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, se emplazó a la allá demandada y aquí quejosa, quien por escrito presentado el seis de noviembre de dos mil diecisiete, dio contestación a la demanda planteada, y solicitó se le concediera la medida provisional de guarda y custodia de los menores de apellidos de iniciales R.J.L.H. y V.A.L.H.. 4. Ese ocurso fue admitido el diez de noviembre de dos mil diecisiete, y en lo relativo a la medida cautelar sobre restitución de guarda y custodia, se proveyó en los términos siguientes: ".Por lo que respecta a la medida cautelar sobre restitución de guarda y custodia de menores que solicita, dígase a la ocursante, que deberá estarse al auto diverso de fecha 7 siete de septiembre del año en curso, en el cual se dijo a su contraria, que para estar en condiciones de proveer lo conducente a su solicitud en cuanto al fondo, al tenor de los artículos 870, 871, 872 y 873 del Código Familiar del Estado, previamente deberá desahogarse una audiencia a efecto de que este Tribunal obtenga los elementos necesarios para determinar sobre la citada medida, atendiendo al interés superior de los menores de edad de que se trata, procurando el mejor desarrollo físico, mental y moral de los mismos". 5. El proveído anterior fue notificado a la allá demandada de forma personal el trece de noviembre de dos mil diecisiete. 6. En auto de uno de diciembre de dos mil diecisiete, ante las múltiples solicitudes de custodia, guardia y convivencia de menores, realizada por la ahora quejosa, la responsable ante el desahogo de una testimonial que evidenció la oposición del progenitor para que la ahora quejosa conviviera con los menores, señaló fecha para una audiencia para escuchar a los menores, la cual se llevó a cabo el seis del mes y año en cita, en la que se asentó que se realizó entrevista a los menores Roberto Jesús y Valeria Alejandra, de apellidos León Hernández, con la asistencia de la tutora de los menores. 7. Por escrito presentado el veintidós de enero de dos mil dieciocho, la allá demandada, solicitó nuevamente que se le otorgara la guarda y custodia de los menores; a ese escrito recayó el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, en el cual al respecto el juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, proveyó lo siguiente: "Zamora de Hidalgo, Michoacán a 25 veinticinco de enero del 2018 dos mil dieciocho. [.] Por otra parte, dígase a la ocursante, que por lo que ve a la medida de guarda y custodia que solicita, como ya se dijo en el auto diverso de fecha 7 siete de septiembre del año en curso, dictado en el asunto que nos ocupa, la misma deberá prevalecer en el estado en que se encuentra, hasta en tanto se desahogara la audiencia prevista por los artículos 870, 871, 872, 873 del Código Familiar del Estado, medida provisional, que será revisada en la audiencia preliminar señalada en líneas precedentes en la forma y términos establecidos por la ley." 8. La determinación anterior se notificó de forma personal a la ahora quejosa Yunuen Alejandra Hernández Álvarez, en diligencia levantada el veintiséis de enero de dos mil dieciocho. 9. Por escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, la parte demandada en el juicio de origen, solicitó de nueva cuena la guarda y custodia provisional respecto de los menores Roberto Jesús y Valeria Alejandra, de apellidos León Hernández, por lo que el juez de origen acordó: " Zamora de Hidalgo, Michoacán a 1 uno de febrero del 2018 dos mil dieciocho. [.] No ha lugar a proveer de conformidad lo que solicita el ocursante, es decir a otorgar a su poderdante la señora Yunuén Alejandra Hernández Álvarez, la guarda y custodia provisional de sus menores hijos Roberto Jesús y Valeria Alejandra de apellidos ambos León Hernández, toda vez que contrariamente a lo por él manifestado; en el auto diverso de fecha 7 siete de septiembre del 2017 dos mil diecisiete dictado en el asunto que nos ocupa, visible a (fojas 36 treinta y seis), se resolvió por las circunstancias que hasta ese momento este Tribunal tenía conocimiento que la custodia de los menores en cita, debería prevalecer en el estado en que se encuentra, es decir, cargo de la actora (sic), señor Roberto León Sánchez, hasta en tanto se llevara a cabo la audiencia establecida en los artículos 870, 871, 872, 873 del Código Familiar del Estado, a efecto de que este Tribunal contara con los elementos necesarios para determinar lo relativo a la medida provisional de custodia, atendiendo al interés superior de los menores de que se trata, procurando el mayor desarrollo físico, mental y moral de los mismos. No pasa por alto para este Tribunal, el hecho de que en el diverso proveído de fecha 10 diez de noviembre del año próximo pasado visible (fojas 71 setenta y uno) del asuntos que nos ocupa, se dijo a la señora Yunuén Alejandra Hernández Álvarez, que por lo que respecta a la medida cautelar sobre restitución de guarda y custodia de menores que solicitó y que ahora nuevamente pide; se estuviera al auto diverso de fecha 7 siete de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete antes citado, en el cual se había dicho a su contraria, que para estar en condiciones de proveer en cuanto al fondo lo conducente a su solicitud de custodia provisional de menores, al tenor de los artículos 870, 871, 872, 873 del Código Familiar del Estado, previamente debería desahogarse la audiencia también mencionada en líneas precedentes, audiencia en comento que a la fecha no se ha llevado a cabo; además como ya se dijo, en el proveído diverso de fecha 25 veinticinco de enero de la anualidad que transcurre, visible a (fojas 473 cuatrocientos setenta y tres), las medidas provisionales serán revisadas en la audiencia preliminar señalada en el presente asunto, en la forma y términos establecidos por la ley, ello es así, tomando en consideración que a la fecha no se han concluido las valoraciones psicológicas y de trabajo social decretadas en las partes del presente asunto y menores de que se trata, de conformidad con el artículo 872 del ordenamiento leal en cita. Sin que este Tribunal pase además por alto, el hecho de que mediante proveído diverso de fecha 20 veinte de diciembre del 2017 dos mil diecisiete visible a (foja 221 doscientos veintiuno) se decretó una convivencia vigilada a favor de la señora Yunuén Alejandra Hernández Álvarez, en relación con sus menores hijos ya referidos, con la finalidad de que estos vayan adaptándose de nueva cuenta al convivio con su progenitora y no sufran un cambio drástico que pueda afectarlos psicológica y emocionalmente, de otorgarse el cambio de custodia que viene solicitando la parte reo, de ahí lo antes resuelto". Esa determinación se notificó a la ahora quejosa por medio de lista que se publicó en la misma fecha. El acuerdo citado constituye el acto reclamado en el presente juicio. De la anterior narración se advierte que desde el diverso auto de diez de noviembre de dos mil diecisiete, el juez de origen ya se había pronunciado en relación a la custodia solicitada, puesto que al respecto indicó a la allá demandada que debería estarse a lo acordado en auto de siete de septiembre de ese año, y es el caso que la primera determinación se le notificó de forma personal el trece de noviembre de dos mil diecisiete, puesto que así lo hizo constar el actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán. Por lo tanto, si la parte quejosa quedó notificada del auto de diez de noviembre de dos mil diecisiete, el trece de ese mes y año, a partir de dicha comunicación procesal, debe realizarse el cómputo respectivo para la promoción del presente juicio de amparo. En esos términos, la constancia levantada por la actuaria adscrita al juzgado responsable, es suficiente para concluir que desde el catorce de noviembre al cinco de diciembre, ambos de dos mil diecisiete, la quejosa estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo respectivo contra el auto de diez de noviembre de la anualidad en cita, por ser en el que se le negó la custodia solicitada, y al no haberlo hecho así, se concluye que la demanda en estudio se promovió de forma extemporánea, al haberse presentado después de los quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior es así, porque si desde el catorce de noviembre de dos mil diecisiete estuvo en posibilidad de reclamar el auto en el que se le negó la custodia provisional solicitada, y se determinó que sería hasta la audiencia prevista en los artículos 870, 871, 872 y 873 del Código Familiar del Estado, que se revisaría y en su caso podría modificarse lo relativo a la custodia de los infantes, sin que tal determinación se haya reclamado dentro del plazo que el precepto legal le otorga (quince días, el cual transcurrió del catorce de noviembre al cinco de diciembre del año en cita). En consecuencia, debe estimarse que respecto del acto que ahora reclama la quejosa de uno de febrero de dos mil dieciocho, es una mera consecuencia del diverso de diez de noviembre de dos mil diecisiete en el que se le negó la custodia provisional, que no se combatió oportunamente y por ende se entiende que el acto que ahora reclama, deriva de un acto consentido, por lo que se actualiza la hipótesis prevista por los artículos señalados. Aunado a lo anterior, cabe precisar que el acto reclamado no se combate por vicios propios, sino únicamente por las razones que previamente ya se habían determinado en auto de diez de noviembre de dos mil diecisiete. Es aplicable al respecto la tesis aislada que dice: Época: Novena Época Registro: 202345 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Mayo de 1996 Materia(s): Común Tesis: III.1o.A.11 K Página: 582 "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. Amparo en revisión 45/95. Silvia Susana Alcalá Iñiguez. 2 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Rogelio Camarena Cortés. Secretario: Bernardo Olmos Avilés". De igual forma es aplicable la tesis aislada del contenido y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 182264 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Febrero de 2004 Materia(s): Común Tesis: XXI.4o.6 K Página: 971 "ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 518/2003. Bufete de Presno y Asociados, S.C. 27 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Maximiliano Toral Pérez. Secretario: Zeus Hernández Zamora. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Precedentes Relevantes, página 165, tesis 193, de rubro: ´CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO.´ y Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, mayo de 1996, página 582, tesis III.1o.A.11 K, de rubro: ´ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA´". En efecto, el acto consentido es aquél que antecede al reclamado en el amparo y que no fue impugnado en esa misma vía, o bien, no se impugnó oportunamente, y para estar ante actos derivados de consentidos es necesario que entre el reclamado y el anterior, exista una relación de causa y efecto, o sea, que lo considerado en uno sea una consecuencia o simple derivación de lo sustentado en el otro, y que su vinculación sea tal que no pueda el derivado reclamarse por vicios propios por ser una consecuencia del primero, en razón de que no se puede decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de actos que no se reclaman oportunamente. En la especie, la parte quejosa reclama el auto de uno de febrero de dos mil dieciocho. Pero como se advierte de la narración de hechos, desde el diez de noviembre de dos mil diecisiete, el juez de origen ya se había pronunciado respecto a la negativa de custodia provisional solicitada, auto del que la ahora quejosa fue notificada personalmente el trece de ese mes y año; y no obstante ello, la referida quejosa no interpuso juicio de amparo indirecto dentro del término con que contaba para ello. Por lo tanto, al no haberse inconformado desde la data anotada, por la vía del amparo indirecto, lo consintió. De lo anterior se colige que el auto de uno de febrero de dos mil dieciocho, es consecuencia directa del diverso de diez de noviembre de dos mil diecisiete, el cual, como se señaló no fue combatido oportunamente por la quejosa, lo que trajo como consecuencia que se le hiciera saber que debería de estarse a lo acordado en el proveído de siete de septiembre de dos mil diecisiete, como se le había indicado en auto de diez de noviembre de ese año, y al ser ello así, el acto de uno de febrero de dos mil dieciocho es un acto derivado de otro consentido. De ahí que, como ya se anotó, en la especie se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al no haberse promovido dentro del término otorgado en el artículo 17, y situarse en el segundo de los supuestos establecidos en el artículo 18 de la ley en cita y anteriormente expuestos; lo anterior aunado a que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, con fundamento en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. A mayor abundamiento cabe señalar que también se surte la diversa causal de improcedencia, establecida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, relativa al cambio de situación jurídica. Así, el precepto legal en cita establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.". De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, los elementos que determinan esa causal de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del contenido siguiente: Época: Octava Época Registro: 918368 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, P.R. TCC Materia(s): Común Tesis: 205 Página: 183 "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO.- Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 28/92.-Gilberto Guzmán Pérez.-23 de enero de 1992.-Unanimidad de votos.-Ponente: Leonel Castillo González.-Secretario: Ricardo Romero Vázquez. Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, abril de 1992, página 521, Tribunales Colegiados de Circuito". Por tanto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva y autónoma, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. En suma, la característica fundamental de la causal en comento se basa en la existencia de una etapa o estadio procesal diferente que impide decidir sobre el acto reclamado al pertenecer a una fase anterior y autónoma. De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de amparo concurren los anteriores requisitos, resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. Es aplicable al respecto la tesis que dice: Época: Quinta Época Registro: 353701 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo LXIX Materia(s): Común Tesis: Página: 4981 "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente ... ... "contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable. Amparo civil en revisión 95/41. Departamento del Distrito Federal. 29 de septiembre de 1941. Mayoría de tres votos. Disidentes: Tirso Sánchez Taboada e Hilario Medina. La publicación no menciona el nombre del ponente". Así, a efecto de dar mayor claridad al problema jurídico planteado, es necesario establecer que posterior a la presentación de la demanda de amparo, la responsable remitió diversas constancias, de las que destacan por su importancia los siguientes antecedentes del juicio de origen: 1. Audiencia preliminar desahogada el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en la cual se asentó que las partes sólo convinieron en relación al divorcio y patria potestad de los menores de referencia, por lo que el juez del conocimiento procedió a la sanción de convenio, sólo en lo relativo a la disolución del vínculo matrimonial, suspendiendo la audiencia por fallas en la tecnología en la etapa relativa a la admisión y preparación de pruebas. 2. En escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, la parte demandada solicitó al juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, la recusación con expresión de causa, por lo que por auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, se admitió la recusación, se suspendió el trámite del procedimiento, remitiéndose los autos a la Oficialía de partes del Supremo Tribunal de Justicia, para su turno a la sala correspondiente. 3. Por auto de ocho de mayo de dos mil dieciocho, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, se avocó al conocimiento del juicio remitido por la Magistrada de la Sexta Sala Civil de esta ciudad, al haber declarado procedente la recusación con expresión de causa, planteada por la parte demandada en el juicio de origen. Por su parte el tercero interesado posterior al desahogo de la audiencia constitucional exhibió copias certificadas del resultado de la reanudación de la audiencia preliminar desahogada en el juicio de origen, prevista en el artículo 985 del Código Familiar del Estado de Michoacán, el once de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se admitieron medios de prueba, señalando fecha para su desahogo y fijó las once horas del veinte de febrero próximo para la audiencia de juicio, y respecto a la custodia de los menores se proveyó: "[.] Por cuanto ve a la custodia de los menores, como no hay prueba para decretar un cambio, se determina que la custodia debe subsistir como lo determinó el jue segundo de lo civil, sin embargo, por cuanto ve a la convivencia de la madre para con sus menores hijos, se modifica para que se desarrolle en forma libre, y se fijan los días martes, miércoles y viernes de las 18:00 a las 21:00 horas; y los sábados de las 16:00 horas, hasta el domingo a las 20:00 horas; y por lo que ve al periodo vacacional de invierno, se establece que del día 22 de diciembre de este año, de las 16:00 horas, hasta el día 30 treinta del mismo mes y año, a las 20:00 horas, podrá convivir con sus hijos". A los medios de prueba anotados en párrafos anteriores, se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Expuesto lo anterior, como se señaló, el juicio de amparo es improcedente, porque con posterioridad a la emisión del acto reclamado, esto es, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia preliminar, en la cual se asentó que las partes sólo convinieron en relación al divorcio y patria potestad, por lo que el juez procedió a la sanción de convenio, sólo en lo relativo a la disolución del vínculo matrimonial, suspendiendo la audiencia por fallas en la tecnología en la etapa relativa a la etapa de admisión y preparación de pruebas. Asimismo, el once de diciembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la reanudación de la audiencia preliminar, diligencia en la que se determinó que la custodia debería subsistir en los términos emitidos por el juez de lo civil. En ese tenor, es dable concluir que con independencia de la diversa causal de improcedencia que se tuvo por acreditada, también aconteció un cambio de situación jurídica, pues el acto reclamado lo hizo consistir la quejosa en el acuerdo de uno de febrero de dos mil dieciocho, en el que se estableció que no procedía otorgar a la parte demandada la medida solicitada de custodia provisional de las menores de edad, hasta en tanto se llevara a cabo una audiencia establecida en los artículos 870, 871, 872 y 873 del Código Familiar del Estado, y el veintiocho de ese mes se inició la audiencia que fue suspendida y reiniciada el once de diciembre de dos mil dieciocho. De ahí que se actualizan los requisitos relativos al cambio de situación jurídica, pues con la celebración de la audiencia se emitió una nueva determinación que sustituyó al acto reclamado, pues ahora aquella rige lo relativo a guarda y custodia de los menores aludidos. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo y, por tal motivo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento. En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: Época: Octava Época Registro: 220705 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Enero de 1992 Materia(s): Común Tesis: V.2o. J/15 Página: 115 "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo en revisión 62/91. Ismael Rochín Medina. 30 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Antonio Ibarra Fernández. Secretario: Secundino López Dueñas. Recurso de revisión 117/91. Raúl Salazar Corbalá. 10 de julio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretario: Jacobo López Ceniceros. Recurso de revisión 103/91. Ramón Gordillo Reyes. 7 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretario: Ramón Parra López. Recurso de revisión 123/91. Dolores Pavlovich Valenzuela. 7 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretario: Jacobo López Ceniceros. Recurso de revisión 138/91. Jesús Aguilar Navarro. 11 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretario: Ramón Parra López. Nota: Jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 49, Pág. 115". Cabe precisar que no es obstáculo a la determinación precedente el hecho de considerar las documentales allegadas por el tercero interesado con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, dado que si bien la regla general prevista en el artículo 119 de la Ley de Amparo establece que las pruebas de la indicada naturaleza, entre otras, deben ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, cuyo propósito estriba en no quebrantar el principio de igualdad procesal y dar oportunidad a las demás partes procesales (en su caso) a ejercer la facultad de objetar esos documentos -circunstancia que imposibilita ponderar aquéllas exhibidas con posterioridad a la celebración de dicha diligencia, pues de otra manera se limitaría el ejercicio de la referida prerrogativa-; lo cierto es que la indicada regla procesal es inaplicable tratándose de pruebas documentales a través de las cuales se acredita un motivo de improcedencia que llevaría al sobreseimiento del juicio de amparo; a pesar de que su exhibición sea posterior a la celebración de la indicada audiencia. Máxime, si se toma en cuenta que las hipótesis de improcedencia que restringen esta clase de medios extraordinarios de defensa, son cuestiones de orden público que deben atenderse en un orden de prelación preferente al análisis de la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados. Por ende, quien resuelve está facultado para valorar los documentos que como medios de prueba se exhiben, siempre que aquéllos sean tendentes a demostrar alguna causa de improcedencia del juicio de amparo -como acontece en el caso-. Es aplicable al respecto la jurisprudencia del contenido siguiente: Época: Décima Época Registro: 2000902 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 25/2012 (10a.) Página: 1279 "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia". Contradicción de tesis 396/2011. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 15 de febrero de 2012. Cinco votos; Margarita Beatriz Luna Ramos votó con reservas. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Everardo Maya Arias. Tesis de jurisprudencia 25/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de febrero de dos mil doce. Nota: Por instrucciones de la Segunda Sala, la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, página 681; se publica nuevamente con la votación correcta en el precedente". Los criterios que anteceden se invocan aun cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en Vigor. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Yunuen Alejandra Hernández Álvarez, por sí y en cuanto representante de los menores Roberto Jesús y Valeria, ambos de apellidos León Hernández, en contra de la autoridad y por los actos precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veinticinco de enero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil dieciocho. CUMPLE REQUERIMIENTO. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad que lo suscribe informa a este juzgado la fecha en que fue notificado a las partes el proveído de uno de febrero de este año, dictado en el juicio familiar de origen y remite las constancias con las que acredita su dicho, con lo anterior así como con el mismo oficios y constancias remitidas vía fax y reservadas en proveído de doce de los actuales, se tiene cumplido a cabalidad el requerimiento formulado en proveído de veintidós de octubre pasado. SE ADMITE DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza, la documental que la autoridad responsable anexa a su oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Rcl
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