Yonnatan Castillo Pulido

Expediente 806/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
806/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
18/01/2019

Partes del expediente

  • Yonnatan Castillo Pulido
  • María de Lourdes Campos Mena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas para ello interpusieran recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se negó el amparo en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable las constancias que remitió al presente juicio, consistentes en un tomo de pruebas del juicio ejecutivo mercantil 1022/2017, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte QUEJOSA Armando Martínez Tena quien se ostenta como representante legal de Yonatan Castillo Pulido y/o Rubén Yonatan Castillo Pulido por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el ariculo 27 fracción I, inciso c) de la ley de amparo.

  3. Principal

    Se notifica a la parte TERCERA INTERESADA MARIA DE LOURDES CAMPOS MENA por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27 fracción I, inciso c) de la ley de amparo.

  4. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 806/2018, promovido por Yonnatan Castillo Pulido y/o Rubén Yonnatan Castillo Pulido, por conducto de su apoderado Armando Martínez Tena; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Yonnatan Castillo Pulido y/o Rubén Yonnatan Castillo Pulido, por conducto de su apoderado Armando Martínez Tena, solicitó amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero Menor en Materia Civil, con residencia en Zamora, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, se registró con el número 806/2018, previa prevención de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho (foja 12), el uno de octubre siguiente, se admitió a trámite (foja 25), se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Luego, en auto de diecisiete de octubre de esta anualidad (foja 34) se reconoció el carácter de tercera interesada a María de Lourdes Campos Mena, por figurar como actora dentro del juicio ejecutivo mercantil del que derivan los actos reclamados. Finalmente, el doce de noviembre de este año (foja 41) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción y dentro del cual se pretende ejecutar. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa es: La interlocutoria que declaró infundado el incidente de levantamiento de embargo, promovido dentro del juicio ejecutivo mercantil 1022/2017, que sobre pago de pasos siguió María de Lourdes Campos Mena contra del quejoso. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 29). Lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado, consistente en testimonio autorizado del expediente de origen 1022/2017 (un tomo de pruebas). Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Estudio de las causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tiene aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Pues bien, en los conceptos de violación, el quejoso aduce esencialmente: Que en la interlocutoria reclamada, el juez responsable no atendió fundada y motivadamente el argumento relativo a que procedía el levantamiento del embargo porque los bienes secuestrados no son de su propiedad; Que la interlocutoria en la que el juez responsable determinó improcedente el levantamiento del embargo, es ilegal porque invocó y transcribió el criterio "REMATE DE BIENES EMBARGADOS. EL DEUDOR PODRÁ LIBERARLOS ANTES DEL FINCAMIENTO DE AQUÉL, SIEMPRE QUE CUBRA LA SUERTE PRINCIPAL, LOS INTERESES Y LAS COSTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)." sin señalar los datos de identificación; Que el criterio invocado no es obligatorio, porque para que lo fuera debió haber sido emitido por un Tribunal Colegiado de este circuito; y, Que al determinar improcedente el levantamiento del embargo, sin tomar en cuenta que se le consignó la cantidad relativa a la suerte principal, violó en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 859 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, ya que ese dispositivo establece que el deudor podrá liberar sus bienes, antes de verificarse el remate o decretarse la adjudicación, pagando la suerte principal, los intereses y costas; por tanto, que si antes de la adjudicación, el deudor puede liberar los bienes embargados pagando la suerte principal y accesorios legales, por mayoría de razón, puede hacerlo si ya se garantizó el valor de la suerte principal, más, porque dentro de la contienda de origen todavía no existía sentencia que hubiere cuantificado los intereses y costas judiciales. Dichos conceptos de violación son infundados en una parte e inoperantes en otra. Para establecerlo de esa manera, en primer término es necesario precisar que en la interlocutoria que constituye el acto reclamado, el juez responsable determinó improcedente el incidente sobre levantamiento del embargo trabado en los bienes que se secuestraron en la diligencia practicada el cinco de marzo del año en curso dentro del juicio de origen, bajo las siguientes consideraciones: Que si bien es cierto que el dos de mayo de dos mil dieciocho, el quejoso consignó una cantidad de dinero bajo el concepto de "suerte principal", la misma fue aceptada y recibida por su contraria como pago parcial de lo reclamado y que al no haberse actualizado un consenso entre las partes respecto el destino de esa cantidad, dicho órgano jurisdiccional ordenó que la suma monetaria se abonara al pago de los intereses devengados, tal y como lo establece el artículo 364 del Código de Comercio; Que al encontrarse insoluto el pago de la suerte principal y de los intereses moratorios, los cuales se reclamaron hasta la total disolución del asunto, resultaría ilegal levantar el embargo, porque los mismos garantizan el adeudo; y, Que en cuanto a la manifestación del quejoso en el sentido que los bienes embargados son de propiedad ajena, corresponde en todo caso que el titular de los mimos promueva lo que a su derecho corresponda, en la vía y términos correspondientes. Bajo el contexto anotado, lo infundado del concepto de violación en el que el peticionario del amparo aduce que en la interlocutoria reclamada, el juez responsable no atendió fundada y motivadamente el argumento relativo a que procedía el levantamiento del embargo porque los bienes secuestrados no son de su propiedad, descansa en que es equivocada esa afirmación, pues sí lo atendió y a ese respecto, le indicó que en todo caso correspondía que el titular de los mismos promoviera lo que a su derecho corresponda, en la vía y términos correspondientes. Lo que a juicio de quien resuelve es correcto, dado que corresponde a quien dice es el propietario de los bienes embargados promover la tercería excluyente de dominio, porque dicho procedimiento tiene la finalidad que se reconozca la propiedad del bien que pretende excluir al tercerista, una vez que se acredite el dominio o la propiedad del bien que pretende. Sobre el particular es orientadora la tesis XX.347 C, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212976, Tomo XIII, Abril de 1994, Pag. 451: "TERCERIA EXCLUYENTE DE DOMINIO. PROCEDE EN CUALQUIER ASUNTO EN QUE SE VEA COMPROMETIDO EL DOMINIO DE LOS BIENES QUE RECLAMA EL TERCERISTA. Una correcta interpretación de los artículos 629 y 641 del Código Procesal Civil del Estado de Chiapas, permite establecer que la acción de tercería puede ser intentada por quienes tengan interés propio y distinto del actor o reo en la materia del juicio, en cualquier negocio y cualquiera que sea su etapa procesal, y que tratándose de tercería de dominio, ésta puede oponerse siempre y cuando no se haya dado posesión de los bienes al rematante o al actor, en su caso, por vía de adjudicación, lo que se traduce, en que la tercería puede promoverse no solamente en aquellos juicios en que existe un procedimiento de ejecución tendente, al remate de los bienes, sino que debe entenderse que procede en cualquier clase de negocios en que se vea comprometido el dominio de los bienes que reclama el tercerista, pues tanto perjuicio se causaría al propietario con el remate o adjudicación de sus bienes, como con la titulación del derecho de propiedad a una de las partes en el juicio, lo cual en última instancia también traería como consecuencia que el o los bienes deban entregarse al beneficiado con menoscabo patrimonial del que ostenta como propietario." Igual calificación de infundados debe realizarse respecto de los conceptos de violación en los que el promovente del amparo aduce que la interlocutoria en la que el juez responsable determinó improcedente el levantamiento del embargo, es ilegal porque invocó y transcribió el criterio "REMATE DE BIENES EMBARGADOS. EL DEUDOR PODRÁ LIBERARLOS ANTES DEL FINCAMIENTO DE AQUÉL, SIEMPRE QUE CUBRA LA SUERTE PRINCIPAL, LOS INTERESES Y LAS COSTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)." sin señalar los datos de identificación; así como que el criterio invocado no es obligatorio, porque para que lo fuera debió haber sido emitido por un Tribunal Colegiado de este circuito. Lo anterior, porque contrario a lo que alega el quejoso, el juez responsable sí señaló los datos de localización de ese criterio, a través de la inserción de la nota de pie, identificada en la interlocutoria reclamada con el número 1 (visible a foja 183 del tomo de pruebas); en el pie de página correspondiente a esa nota se lee textualmente: "Época: Novena Época, Registro: 188116, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre 2001, Materia (s): Civil, Tesis: 1a./J. 98/2001, Página: 111. Y respecto a que dicho criterio jurisprudencial no es obligatorio porque no fue emitido por un Tribunal Colegiado de este circuito, debe señalarse que el criterio invocado fue emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales; de ahí que, contrario a lo que aduce el quejoso, su observancia sí es obligatoria. Finalmente, es inoperante el concepto de violación en el que el accionante del amparo aduce que al determinar improcedente el levantamiento del embargo, sin tomar en cuenta que se consignó la cantidad relativa a la suerte principal, el juez responsable violó en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 859 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, ya que ese dispositivo establece que el deudor podrá liberar sus bienes, antes de verificarse el remate o decretarse la adjudicación, pagando la suerte principal, los intereses y costas. Lo anterior, porque de las constancias que el juez responsable remitió como soporte de su informe justificado se aprecia que "el destino de la cantidad que el quejoso consignó", constituye un pronunciamiento firme dentro del juicio natural, ya que mediante interlocutoria de siete de junio de dos mil dieciocho, el juez natural determinó improcedente el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del auto en el que se determinó que ante la falta de consenso respecto al destino de la cantidad consignada, la suma monetaria debería abonarse al pago de los intereses devengados (fojas 171 y 172 del tomo de pruebas); sin que de autos se advierta que el quejoso se haya inconformado con lo resuelto en ese recurso de revocación. Consecuentemente, al tratarse de una cuestión procesal que ha quedado firme y definida en juicio, debe estimarse que este juzgador no está en condiciones de retomar el análisis de un pronunciamiento que causó estado. Se cita como apoyo de lo anterior en lo conducente la tesis aislada XVI.3o.C.T.2 K (9a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Materia Común, Página: 2269, Décima Época, Registro 160325, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ CUANDO PRETENDEN COMBATIR UNA RESOLUCIÓN QUE INDEBIDAMENTE REABORDÓ UN PUNTO JURISDICCIONAL QUE HABÍA ADQUIRIDO FIRMEZA Y VUELVE A PRONUNCIARSE EL JUZGADOR EN EL MISMO SENTIDO. Si el juzgador natural, a petición de alguna de las partes, retomó el análisis de una cuestión que procesalmente estaba firme y desestima la pretensión del promovente por razones de fondo, no es viable analizar en amparo directo esas razones porque pudiera darse el caso de que por declararse fundado el concepto de violación tuviera que cambiarse el sentido de lo que ya tenía firmeza. Un error de apreciación del Juez natural en cuanto a la posibilidad de reexaminar una resolución que claramente había adquirido la calidad de cosa juzgada no puede ser convalidado por el tribunal de amparo, permitiendo la reapertura de la controversia; de ahí que deben declararse inoperantes los conceptos de violación esgrimidos en el mencionado sentido." En las condiciones apuntadas, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación propuestos y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse a favor de Yonnatan Castillo Pulido y/o Rubén Yonnatan Castillo Pulido, en términos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexto. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Yonnatan Castillo Pulido y/o Rubén Yonnatan Castillo Pulido, contra el acto reclamado al Juez Primero Menor en Materia Civil, con residencia en Zamora, Michoacán, descrito en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano