Yolanda Vazquez Castillo
Expediente 860/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 30 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 860/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 14/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Yolanda Vazquez Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de diez de marzo de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, como en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo serán destruidos. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas del veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Karla Martínez Arenas, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 860/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegadas por la parte quejosa y con las exhibidas por las autoridades responsables. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, ********************por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos reclamados siguientes: Autoridades responsables: El Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Michoacán; y, Director y/o Responsable del Hospital Regional de Alta Especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Michoacán. Acto reclamado: La negativa de atención médica urgente por el padecimiento consistente y denominado como esclerosis múltiple, ya que es una enfermedad del cerebro y la médula espinal (sistema nervioso central) que puede provocar discapacidad permanente. La negativa a brindarme todos y cada uno de los medicamentos para tratar mi padecimiento, como lo es el medicamento denominado FINGOLIMOD 0.5 mg cápsulas, mismo que se encuentra dentro del cuadro básico y catálogo de medicamentos del consejo de salubridad general que debe proporcionarse por parte del instituto. La falta de otorgar el tratamiento médico urgente e inmediato. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 123, apartado b, fracción Xi, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. En auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, este juzgado radicó el juicio de amparo que ahora se resuelve, lo registró con el número 860/2022, se decretó la suspensión de plano (foja 32) en los términos siguientes: SE DECRETA DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que se brinde a ********************de inmediato la atención médica necesaria respecto de los padecimientos que le aquejan y para que se garantice su vida e integridad física y mental, ya que la inactividad y falta de intervención oportuna se pueden traducir en el avance de las molestias que le afectan e incluso en su desenlace fatal, con lo que resultaría imposible restituirlos en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida, por lo que la medida cautelar se otorga para el efecto de que las autoridades responsables provean las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se le proporcione la asistencia médica que requiere en este momento, esto es, le proporcionen la atención médica que requiere para sus enfermedades de inmediato..." Asimismo, en dicho proveído se admitió a trámite, se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables y se otorgó a la representación social de la adscripción la intervención correspondiente, se fijó fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, porque en el caso, se reclaman actos omisivos atribuidos a autoridades con residencia en esta ciudad, dentro del territorio sobre el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: La negativa a otorgar atención médica urgente por el padecimiento consistente y denominado como esclerosis múltiple, así como la negativa a brindarle todos y cada uno de los medicamentos para tratarlo, como lo es el medicamento denominado FINGOLIMOD 0.5 mg cápsulas, mismo que se encuentra dentro del cuadro básico y catálogo de medicamentos del consejo de salubridad general que debe proporcionarse por parte del instituto. Actos que atribuye a las autoridades siguientes: Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Michoacán; y, Director y/o Responsable del Hospital Regional de Alta Especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. En el caso, deben considerarse ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables, en atención a lo por ellas informado en los términos siguientes: "(.) Como obra dentro de las Constancias que integran el expediente clínico de la quejosa. En nota médica de fecha 14 de septiembre de 2021, en valoración médica, por la Dra. Eugenia Morelos, médico neurólogo, se establece que en encefalograma, hay escasa lesiones subcorticales frontales, no son típicas de esclerosis múltiple. Existe duda diagnóstica por no cumplir con criterio de McDonald, necesario para destacar Neuromielitis óptica con AC así con Resonancia Magnética Simple y contrastada. En nota médica de fecha 05 de noviembre de 2021, en valoración médica, por la Dra. Eugenia Morelos, médico neurólogo, establece exploración neurología actual normal, sin alteraciones, en resonancia magnéticas, sin cambios, no realce de Gadolinio, columna cervical impresión normal. Diagnóstico se considera mielitis monofásica, que a 5 años de evolución es difícil identificar detonante. Plan de tratamiento informa a paciente inicio con azatioprina cita en un mes con laboratorios BH, para aumentar posología; cita abierta a urgencias. En nota médica de fecha 14 de marzo de 2022, en valoración médica, por el Dr. Marco Antonio Ochoa, establece ya comentado por la Dra. Morelos, no reídas, ni progresión radiológica, actualmente asintomática, pendiente resonancia magnética encéfalo y columna. En nota médica de fecha 20 de julio de 2022, valorada por el Dr. Marco Antonio Ochoa, medico neurólogo, se establece Mielitis Monofásica, en Resonancia Magnética de Encéfalo contrastada y simple es normal, No tiene lesiones desmielisantes que cumplan con criterios de McDonald para Esclerosos Múltiple, Cita en seis meses. De lo anterior se desprende que la paciente no tiene prescrito por los médicos de este Hospital regional el fármaco denominado FINGILIMOD 0.5 MG. Lo anterior, derivado de que una vez que los médicos del servicio de Neurología, contaron con los estudios auxiliares de diagnóstico, Dos de los Médicos Especialistas en Neurología establecen que la paciente no cumple con los Criterio McDonald que establecen el diagnóstico de Esclerosis Múltiple, por lo que, ya no le fue prescrito el medicamento denominado FINGILIMOD 0.5 MG. Ahora bien, con la finalidad de brindar a la quejosa un informe claro del diagnóstico y tratamiento necesario para la patología que presenta, se solicitó que el Servicio de Neurología, someta a Sesión Departamental, el caso clínico a efecto de que se determine el diagnóstico y tratamiento que requiere la quejosa. Lo anterior, en el entendido que los médicos conforme a la praxis médica y lex artis ad hoc, otorguen atención médica que requiere atendiendo a su criterio, así como a los principios científicos y éticos que orienten a la práctica médica. Bajo el entendido que el Reglamento de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece: Artículo 89.- El Médito Tratante con base en la Enfermedad del Paciente, y derivad de los diagnósticos, resultados de estudios de laboratorio y gabinete; tratamientos farmacológicos; quirúrgicos o de Rehabilitación; determinará el número y la cantidad de los medicamentos, según la evolución y duración del paciente, debiendo dejar constancia en el Expediente Clínico. Lo anterior, para que una vez que se cuente con la opinión del Servicio de Neurología, se pueda informar a la paciente, así como a la autoridad judicial. Ahora bien, como se puede observar, este Hospital Regional Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, ha brindado atención médica a la paciente, como consta en las copias certificadas de las notas médicas y estudios que forman parte del expediente clínico de la quejosa. (.)". Lo que se corrobora con las constancias que remitieron las autoridades responsables como soporte de las constancias descritas, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, este juzgado de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Bajo el panorama expuesto, se tiene que en la especie, al momento de promover la demanda de amparo, existía el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la negativa a otorgar atención médica urgente por el padecimiento consistente y denominado como esclerosis múltiple, así como la negativa a brindarle todos y cada uno de los medicamentos para tratarlo, como lo es el denominado FINGOLIMOD 0.5 mg cápsulas, mismo que se encuentra dentro del cuadro básico y catálogo de medicamentos del consejo de salubridad general que debe proporcionarse por parte del instituto. Sin embargo, durante la substanciación del presente juicio, cesaron los efectos de dicho acto toda vez que en acatamiento a la suspensión de plano otorgado por este juzgado federal, las autoridades responsables otorgaron la atención médica respectiva, concluyendo que el padecimiento de la quejosa no era el de esclerosis múltiple, sino el de "Mielitis Monofásica". En efecto, las autoridades responsables precisaron que el diagnóstico que indicaron los médicos especialistas en neurología se advierte que era el de "Mielitis Monofásica" y que desde el cinco de noviembre de dos mil le fue prescrito en el plan de tratamiento el diverso medicamento denominado "AZATIOPRINA". Asimismo, en atención a los diversos requerimientos formulados por este órgano jurisdiccional, la quejosa fue valorada por el Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de México Nacional, respecto de lo cual las autoridades respectivas informaron lo siguiente: "Al respecto, en cumplimiento a lo solicitado y de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Amparo, con todo respeto le remito e informo lo siguiente: -Oficio 096.200.1.2.4./1163/2022 de diez de noviembre de dos mil veintidós, signado por la Encargada de la Coordinación de Servicios Modulares, mediante el cual remite el resumen clínico realizado por la Dra. Lilia Núñez Orozco del Servicio de Neurología. - Resumen clínico de diez de noviembre de dos mil veintidós, a nombre de la C. YOLANDA VAZQUEZ CASTILLO, a través del cual se informa que la quejosa acudió el veintidós de septiembre de dos mil veintidós a la valoración programada, no obstante se decidió su ingreso a hospitalización, por lo que se le realizo exploración física, IRM de Cerebro-neuroeje, del cual se advirtió Cerebro con enfermedad de pequeño vaso frontoparietal sin lesiones desmielanizantes agudas crónicas, no se corroboró el diagnóstico de esclerosis múltiple al momento de su hospitalización, se egresó el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, su pronóstico es adecuado para la vida y función, se recomendó seguimiento por consulta externa del servicio con vigilancia clínica trimestral y radiología anual." Atento a lo anterior, el encargado de la Dirección del Hospital Regional Morelia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, precisó lo siguiente: "Toda vez, que la paciente ********************fue enviada al Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, para dar continuidad a la atención medica que requiere en el Servicio de Neurología, el día 22 de septiembre de la presente anualidad. Por lo que de acuerdo al Resumen Clínico suscrito por la Dra. Liliana Núñez se diagnostica a la paciente con: secuelas de mielitis monofásica en 2016 sin diseminación en tiempo y espacio. Derivados de lo anterior la Dra. María del Consuelo Ramírez Álvarez; Coordinadora de medicina Interna informa que la paciente recibió una opinión del Centro medico de Noviembre, que no modifico su diagnóstico, ni tratamiento, se mantendrá a la paciente con vigilancia en la Consulta externa del Servicio de Neurología. Por lo anterior, se le agendó cita a la quejosa en el Servicio de neurología, para el día 15 de marzo de 2022, a las 13:20 horas, Dra. Eugenia Morelos, Medico Neurólogo, cita que solicito se notifique a la quejosa a través de esa autoridad para dejar legal constancia. Por ello, en proveído de once de enero de dos mil veintitrés se requirió a la quejosa para que en el término de tres días, manifestara si deseaba señalar como nuevo acto reclamado el diagnóstico que le fue señalado por la autoridad responsable, sin que hubiese realizado manifestación alguna al respecto. En consecuencia, como se anticipó tomando en consideración que las autoridades responsables le otorgaron la atención médica necesaria respecto del padecimiento que se aquejaba, y que después de diversos estudios determinaron que no se trataba de esclerosis múltiple, sino el de "Mielitis Monofásica" -respecto del cual no amplió su demanda-; en consecuencia, resulta evidente que se le restituyó en el pleno goce de sus derechos a la quejosa como si le hubiera concedido la protección constitucional. Sin que en el caso, se deba realizar una declaración en definitiva a una violación de derechos que le constituya la prerrogativa a recibir atención médica respecto del padecimiento que realmente le aqueja -"mielitis monofásica"- en tanto dure la videncia de la medida cautelar decretada en autos; toda vez que al no ampliar su demanda al respecto, no incorporó dicho acto a la Litis constitucional. En tal virtud, con apoyo en los artículos 63, fracción V, así como 61, fracción XXI y 73, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio Quinto. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************respecto de los actos reclamados al Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Michoacán y al Director y/o Responsable del Hospital Regional de Alta Especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Michoacán, materia de estudio del considerando cuarto. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Karla Martínez Arenas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa, en proveído de once de enero de dos mil veintitrés, para que manifestara si era su deseo señalar como el nuevo acto reclamado el diagnóstico que le fue señalado por la autoridad responsable, sin que haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado a la parte quejosa y con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se ordena continuar el presente juicio y una vez llegado el momento procesal oportuno se resolverá éste en los términos que presentó su demanda y conforme a los elementos allegados por las autoridades responsables. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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