Yolanda Pineda Guzmán
Expediente 552/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 552/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Yolanda Pineda Guzmán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente téngase por recibido el oficio suscrito por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado por este juzgado, informa que efectuó la compensación de cargas en el sistema de turno relativo al juicio de amparo en que se actúa, quedando asentada en dicho sistema con el número 001554/2020 rubro de demanda de amparo y contabilizada a favor de este órgano jurisdiccional, lo que acredita con la papeleta de turno que anexa al ocurso de cuenta, la cual se ordena glosar al inicio del presente expediente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Finalmente, del estado procesal que guardan los autos, así como del expediente electrónico formado con motivo del presente juicio, se advierte que el siete de agosto de dos mil veinte se recibió en este juzgado la demanda que originó el juicio en que se actúa, motivo por el cual no obra la papeleta de turno correspondiente; por tanto, mediante atento oficio que se gire a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, solicítese realice el registro y compensación correspondiente. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa si exhibió documentos originales y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas del cinco de octubre de dos mil veinte, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 552/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales anexadas por la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que hace constar que las partes no los formularon. El Juez acuerda: Ya que las partes no formularon alegatos precluye su derecho para hacerlo y se declara cerrado dicho periodo. Al no existir diligencia por desahogar se da por concluida la presente audiencia, con lo cual quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. SENTENCIA VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 552/2020, promovido por Yolanda Pineda Guzmán, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, [fojas 7 a 10], Yolanda Pineda Guzmán, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16 y 17, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Returno, admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, la cual se registró con el número II-288/2020, en donde el cuatro de agosto de la anualidad que transcurre, ordenó turnar a este juzgado por conocimiento previo. Una vez, recibido se registró con el número 552/2020, el doce de agosto siguiente se avocó a su conocimiento, admitió la demanda, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; finalmente se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede, por lo que ahora se procede a resolver el presente juicio de amparo al tenor de los siguientes C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el citado precepto legal, el criterio mencionado y atendiendo además al contenido de la demanda y las constancias que obran en el sumario, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad de Morelia, Michoacán: La negativa de darle acceso al expediente del 538/2015, que en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa promovió Rodolfo Moreno Camarena, en contra de la aquí quejosa. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. El Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil residente en esta ciudad de Morelia, Michoacán, aceptó la existencia del acto reclamado, aunque no en la forma como lo narra la quejosa [foja 28]. Lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado, consistentes en testimonio autorizado de las constancias del juicio ejecutivo mercantil 538/2015 del que emanan los actos reclamados [un tomo de prueba]. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto referido, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Procedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el caso, las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni este juzgador de oficio advierte la existencia de alguna, por lo que procede entrar al estudio de los conceptos de violación. Quinto. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. La promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribieran, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Al respecto, son infundados los conceptos de violación aducidos por la impetrante del amparo, por los motivos que se exponen a continuación. En efecto, la quejosa refiere que la autoridad responsable vulnera sus derechos porque no tuvo acceso al expediente 538/2015 desde el tres de marzo de dos mil veinte, quedando con ello en estado de indefensión, por lo que en virtud de dicha negativa desconoce el trámite para que no pueda defenderse, ya que está en vías de ejecución. Sin embargo, de las constancias del expediente de origen se desprende que -en oposición a lo que argumenta la quejosa- sí tuvo acceso a ese controvertido pues el tres de marzo de la anualidad que transcurre, compareció a señalar domicilio para recibir notificaciones, lo que se acordó al día siguiente [fojas 294 y 295 del tomo de pruebas]. Asimismo, se advierte que el trece de marzo de la presente anualidad, solicitó copias certificadas de diversas constancias, lo que se proveyó de conformidad el diecisiete de marzo siguiente, sin que se advierta que la peticionaria hubiese realizado el trámite respectivo para obtenerlas [foja 298 y 299 del tomo de prueba]. De modo que -contrario a lo que afirma la impetrante del amparo-, no se evidencia que la autoridad responsable le haya negado el acceso al expediente de origen, ya que incluso solicitó copias del mismo, sin que posteriormente hubiere comparecido a realizar el trámite para obtenerlas, lo que no es imputable al juez de los autos, por lo que no se advierte vulneración a sus derechos. En esas condiciones, al no prosperar los motivos de disenso aducidos y no advertirse deficiencia que suplir, lo que procede es negar el amparo solicitado. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a Yolanda Pineda Guzmán, por su propio derecho, contra los actos reclamados a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
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