Yoltic Ramos Martínez
Expediente 627/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Yoltic Ramos Martínez
- Fiscal Cuarta Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad
Actuaciones
- Principal
"...Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de uno de diciembre de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el desechamiento. Como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal..."
- Principal
... DESECHAMIENTO A efecto de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de amparo indirecto, se debe considerar que el normativo 113 de la ley de la materia, estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo indirecto para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Ahora bien, examinado en su integridad el escrito de demanda, a consideración del suscrito juzgador, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción I, de la propia ley de la materia, mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. ." En efecto, el primero de los numerales citados (61, fracción XXlll), establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando tal improcedencia se actualice de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o incluso de la misma Ley de Amparo. En términos del artículo 5°, antes transcrito, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, fundando su agravio por un acto u omisión de autoridad, o por la ley, el cual debe entenderse como todo menoscabo a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente, esto es, que la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. Esto es, que el quejoso como titular de un derecho subjetivo o de un derecho legítimo individual o colectivo, puede intentar la acción constitucional que nos ocupa cuando el acto de autoridad que reclame produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa, o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; en ese orden de ideas el juicio de amparo será improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta. En ese aspecto, en el caso concreto, el impetrante de amparo reclama el apercibimiento consistente en su presentación para el desahogo de una diligencia fijada para el treinta de noviembre de dos mil veintidós, mismo que le fue notificado mediante citatorio de dieciséis de noviembre pasado, emitido en los autos de la carpeta de investigación PZR/DVII/FEMUJ/F4/861/2022, del índice de la Fiscalía responsable. Sobre el particular, debe decirse que en dicho supuesto hasta este momento no se afectan sus derechos subjetivos, dado que dicha actuación o en su caso la sanción por su incumplimiento a lo requerido, no constituye un acto definitivo sino de realización incierta, pues las consecuencias que deriven de dicho mandamiento dependerán primeramente de la actividad previa que realice la parte quejosa al mandato de la autoridad responsable y, por otra, que la precitada autoridad decida ejercer dicha atribución legal, la que será en todo caso la que afecte los derechos sustantivos del promovente del amparo. Por tanto, el apercibimiento decretado por su sola emisión no incide en la esfera jurídica de la parte peticionaria, ni le ocasiona hasta este momento una afectación inmediata y directa a sus intereses, como dispone el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera implica que la afectación sea real y actual (al momento de la presentación de la demanda de amparo), sino que se trata de un acto futuro de realización incierta, en razón de que únicamente se le apercibe que de no cumplir con el requerimiento, se le aplicará la medida de apremio establecida en el artículo 104, fracción I, inciso c) del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que, no puede considerarse como un acto de aplicación de tal precepto legal invocado, dado que si bien se le apercibe con dicha medida de apremio, se desconoce cuál será la sanción coactiva que le será aplicada; de ahí que hasta este estadio, el obligado no cuenta con los elementos necesarios de defensa para impugnar en el juicio de amparo con motivo de su aplicación, la constitucionalidad de la norma que la regula....
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