Yohan Uriel Sánchez Cruz

Expediente 315/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 40 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
315/2022
Año
2022
Actuaciones
40
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Yohan Uriel Sánchez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    "... Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas hayan recurrido el proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, por el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196 de la Ley de Amparo, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Por lo anterior, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido; y, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del citado Acuerdo; este asunto se clasifica como destruible, pues se sobreseyó fuera de audiencia...."

  2. Incidental

    "... Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Como se encuentra ordenado en el juicio principal del cual deriva este incidente, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión; y, como consecuencia, con apoyo en el artículo 147 de la Ley de Amparo, se determina que quedan sin efecto las medidas decretadas en este cuaderno incidental. De autos se advierte que por una parte se negó y por otra se concedió tanto la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados por la parte quejosa. Por lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación; se ordena el archivo de este expediente. Por otra parte, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b) del citado acuerdo, se clasifica como conservable el incidente de suspensión, pues se concedió la medida cautelar provisional y definitiva respecto de los actos reclamados. Asimismo, como lo dispone el citado numeral, una vez que transcurran tres años, procédase a gestionarse su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal...."

  3. Principal

    "...Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término concedido a la parte quejosa en proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, para que recogiera los edictos ordenados con el objeto de emplazar a juicio a la parte tercera interesada; por tanto, se provee: Los artículos 5, fracción III; 26, incisos b) y k); 27, fracción III, incisos a) y b) y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 26.- Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: [.] b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable; [.] k) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten; y Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] III. El tercero interesado, pudiendo intervenir con ese carácter..." La interpretación sistemática de dichos preceptos, se advierte que la Ley de Amparo establece la forma en que deben ser emplazados a juicio los terceros interesados; a saber, mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por edictos que se publicarán a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. En el último supuesto, el emplazamiento de los terceros interesados está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos y el incumplimiento a tal obligación, provoca que no pueda llamarse al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica; en consecuencia, tampoco procede ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guardan los terceros interesados en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el controvertido constitucional pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la parte tercera interesada, debe estimarse que su emplazamiento constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento es atribuible a la parte quejosa, por no haber comparecido al Juzgado por medio de sus autorizados, a recoger los edictos o bien acreditar que carece de recursos económicos para sufragar el pago de su publicación, lo que impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, se torna improcedente, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por no recoger y, por ende, no publicarse los edictos a costa de la parte quejosa, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. No debe olvidarse que en el presente asunto, la orden de emplazar por edictos a la parte tercera interesada, fue en atención a que pese a la ardua investigación realizada, no se conoció su domicilio y la parte quejosa no desahogó diversos requerimientos que se le hicieron a fin de que proporcionara a este juzgado una dirección cierta y actual donde localizar a la parte tercera interesada de mérito. Así, se advierte que la parte quejosa al no haber comparecido a este juzgado, por conducto de sus autorizados, a recoger los edictos ordenados y no aportar elementos que permitan conocer por lo menos de manera indiciaria que carece de recursos para sufragar el costo de aquéllos, se traduce en una falta de interés tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo; por tanto, debe sobreseerse el presente asunto. Esto debe ser así, habida cuenta que con independencia de que este órgano jurisdiccional agotó la investigación correspondiente en relación con el domicilio de la parte tercera interesada, era obligación de la parte quejosa, recoger los edictos y efectuar su publicación, tal como lo ordena el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; al no haberlo hecho, es dable sobreseer fuera de audiencia, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto que se resuelve; además porque así lo dispone expresamente la jurisprudencia, cuya aplicación resulta obligatoria para este Juzgado de Distrito, en términos de lo dispuesto por el numeral 217 de la Ley de Amparo... A esa conclusión se llega, ya que si bien el Juzgador Federal debe ponderar las particularidades del caso, una vez realizada la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, de manera que si la parte quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos) y lo acredita en autos, el Consejo de la Judicatura Federal, debe realizar la publicación de los edictos respectivos; empero, de las constancias que integran el juicio de amparo que se resuelve no se advierte que la parte quejosa haya acreditado ante este órgano jurisdiccional carecer de recursos para efectuar la publicación de los edictos ordenados, de ahí que este órgano federal no está obligado a realizar la ponderación a que refiere la jurisprudencia 108/2010 antes transcrita. En ese sentido, es pertinente puntualizar que el juzgador debe ponderar los derechos subjetivos públicos que están en juego, ya que por un lado se tiene el derecho de la parte quejosa de acceso a la justicia y, por el otro, el que tienen los terceros interesados a intervenir en todas las etapas del proceso a fin de que subsista el acto reclamado y defender sus derechos. Por ello, se considera que existe imposibilidad para continuar con el procedimiento en el presente juicio de amparo, esto es, celebrar la audiencia constitucional y dictar sentencia, dado que si se actuara de esta manera, se podría irrogar perjuicio a la tercera interesada. Ahora, si bien es cierto existe la jurisprudencia de rubro: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO, es preciso destacar que dicho criterio jurisprudencial emanó de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados y en materia de amparo directo, en la que se tomó en consideración, que en muchos de esos casos los quejosos ya se encontraban internos en el reclusorio y que por esas condiciones no podían comparecer o tener el dinero para pagar su publicación, en cuyo caso se dijo, debe manifestarlo ante el órgano jurisdiccional y éste deberá ordenar su publicación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, para que de esta forma, no se impidiera a la parte quejosa el acceso a la justicia, máxime que tratándose de amparo directo estarían impedidos para volver a promoverlo. Circunstancias que no coinciden con las del caso particular, pues aquí se trata de amparo indirecto; además la parte quejosa, no comprobó imposibilidad física o económica alguna para sufragar el pago de la publicación de los edictos, y por la naturaleza de este juicio biinstancial la parte tercera interesada puede ofrecer pruebas. Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 26, incisos b) y k), 27, fracción III, incisos a) y b) y 5, fracción III, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado el presente acuerdo, archívese este asunto como concluido. Por todo lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, se instruye a la secretaría para que proceda a la cancelación de la misma en la agenda de audiencias respectiva..."

  4. Principal

    ".... Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que para el día de hoy se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no es posible su desahogo en virtud de que no ha se ha logrado el emplazamiento de del tercero interesado *-*-*-*-*-*-* Lo anterior, en virtud que mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés se giró el exhorto 89/2023, número de orden 332/2023 al Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo con sede en Pachuca, en turno, sin que hasta el momento se cuente con dato alguno de su diligenciación. Por tanto, solicítese vía correo electrónico al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo con sede en Pachuca, para que por la misma vía informe lo correspondiente al turno el exhorto citado en párrafos anteriores, o en su defecto indague sobre dicha comunicación, para que este juzgado se encuentre en condiciones de proveer lo correspondiente. En ese contexto, no se está en condiciones de llevarse a cabo; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la audiencia de mérito y se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo...."

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