Yohan Uriel Sánchez Cruz

Expediente 365/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 37 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
365/2022
Año
2022
Actuaciones
37
Última actuación
26/07/2023

Partes del expediente

  • Yohan Uriel Sánchez Cruz y Otros.
  • Yohan Uriel Sánchez Cruz
  • Roberto Pablo Mercado Zamora
  • Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral con residencia en Poza Rica, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Incidental

    "...Como se encuentra ordenado en el juicio principal del cual deriva este incidente, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión que se tramitó en original y duplicado. Ahora bien, de autos se advierte que se negó la suspensión provisional y definitiva a la parte quejosa. Por tanto, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se indica que, toda vez que en el presente expediente se negó suspensión provisional y definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 15 del citado Acuerdo General, motivo por el cual deben conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término del cual deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 23 del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirán los presentes cuadernos..."

  2. Principal

    "...Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas hayan recurrido el proveído de veintiséis de junio del año en curso, por el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido; y, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del citado Acuerdo; este asunto se clasifica como destruible, pues se sobreseyó fuera de audiencia. Por otro lado, el presente expediente no se considera de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General..."

  3. Principal

    "... Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintiséis de junio de dos mil veintitrés se ordenó notificar a la parte quejosa el contenido del citado acuerdo; sin embargo, de las constancias que integran el presente expediente se aprecia que no obra constancia de notificación realizada a dicha parte. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, se ordena al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, notifique a la parte quejosa el proveído de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, ello, para estar en condiciones de proveer lo correspondiente...."... (inserción del proveído de veintiséis de junio del dos mil veintitrés) ".Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término concedido a la parte quejosa en proveído de doce de junio de dos mil veintitrés, para que recogiera los edictos ordenados con el objeto de emplazar a juicio a la parte tercera interesada; por tanto, se provee: Los artículos 5, fracción III; 26, incisos b) y k); 27, fracción III, incisos a) y b) y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 26.- Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: [.] b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable; [.] k) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten; y Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] III. El tercero interesado, pudiendo intervenir con ese carácter..." La interpretación sistemática de dichos preceptos, se advierte que la Ley de Amparo establece la forma en que deben ser emplazados a juicio los terceros interesados; a saber, mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por edictos que se publicarán a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. En el último supuesto, el emplazamiento de los terceros interesados está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos y el incumplimiento a tal obligación, provoca que no pueda llamarse al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica; en consecuencia, tampoco procede ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guardan los terceros interesados en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el controvertido constitucional pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la parte tercera interesada, debe estimarse que su emplazamiento constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento es atribuible a la parte quejosa, por no haber comparecido al Juzgado por medio de sus autorizados, a recoger los edictos o bien acreditar que carece de recursos económicos para sufragar el pago de su publicación, lo que impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, se torna improcedente, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por no recoger y, por ende, no publicarse los edictos a costa de la parte quejosa, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. No debe olvidarse que en el presente asunto, la orden de emplazar por edictos a la parte tercera interesada, fue en atención a que pese a la ardua investigación realizada, no se conoció su domicilio y la parte quejosa no desahogó diversos requerimientos que se le hicieron a fin de que proporcionara a este juzgado una dirección cierta y actual donde localizar a la parte tercera interesada de mérito. Así, se advierte que la parte quejosa al no haber comparecido a este juzgado, por conducto de sus autorizados, a recoger los edictos ordenados y no aportar elementos que permitan conocer por lo menos de manera indiciaria que carece de recursos para sufragar el costo de aquéllos, se traduce en una falta de interés tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo; por tanto, debe sobreseerse el presente asunto. Esto debe ser así, habida cuenta que con independencia de que este órgano jurisdiccional agotó la investigación correspondiente en relación con el domicilio de la parte tercera interesada, era obligación de la parte quejosa, recoger los edictos y efectuar su publicación, tal como lo ordena el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; al no haberlo hecho, es dable sobreseer fuera de audiencia, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto que se resuelve; además porque así lo dispone expresamente la jurisprudencia, cuya aplicación resulta obligatoria para este Juzgado de Distrito, en términos de lo dispuesto por el numeral 217 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 16/2000-PL, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, página 211, que señala: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Así como el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, en la jurisprudencia número 108/2010 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXII, agosto de 2010, página 416, de texto y rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." A esa conclusión se llega, ya que si bien el Juzgador Federal debe ponderar las particularidades del caso, una vez realizada la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, de manera que si la parte quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos) y lo acredita en autos, el Consejo de la Judicatura Federal, debe realizar la publicación de los edictos respectivos; empero, de las constancias que integran el juicio de amparo que se resuelve no se advierte que la parte quejosa haya acreditado ante este órgano jurisdiccional carecer de recursos para efectuar la publicación de los edictos ordenados, de ahí que este órgano federal no está obligado a realizar la ponderación a que refiere la jurisprudencia 108/2010 antes transcrita. En ese sentido, es pertinente puntualizar que el juzgador debe ponderar los derechos subjetivos públicos que están en juego, ya que por un lado se tiene el derecho de la parte quejosa de acceso a la justicia y, por el otro, el que tienen los terceros interesados a intervenir en todas las etapas del proceso a fin de que subsista el acto reclamado y defender sus derechos. Por ello, se considera que existe imposibilidad para continuar con el procedimiento en el presente juicio de amparo, esto es, celebrar la audiencia constitucional y dictar sentencia, dado que si se actuara de esta manera, se podría irrogar perjuicio a la tercera interesada. Ahora, si bien es cierto existe la jurisprudencia de rubro: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO, es preciso destacar que dicho criterio jurisprudencial emanó de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados y en materia de amparo directo, en la que se tomó en consideración, que en muchos de esos casos los quejosos ya se encontraban internos en el reclusorio y que por esas condiciones no podían comparecer o tener el dinero para pagar su publicación, en cuyo caso se dijo, debe manifestarlo ante el órgano jurisdiccional y éste deberá ordenar su publicación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, para que de esta forma, no se impidiera a la parte quejosa el acceso a la justicia, máxime que tratándose de amparo directo estarían impedidos para volver a promoverlo. Circunstancias que no coinciden con las del caso particular, pues aquí se trata de amparo indirecto; además la parte quejosa, no comprobó imposibilidad física o económica alguna para sufragar el pago de la publicación de los edictos, y por la naturaleza de este juicio biinstancial la parte tercera interesada puede ofrecer pruebas. Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 26, incisos b) y k), 27, fracción III, incisos a) y b) y 5, fracción III, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado el presente acuerdo, archívese este asunto como concluido. Por todo lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, se instruye a la secretaría para que proceda a la cancelación de la misma en la agenda de audiencias respectiva."

  4. Principal

    ".Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término concedido a la parte quejosa en proveído de doce de junio de dos mil veintitrés, para que recogiera los edictos ordenados con el objeto de emplazar a juicio a la parte tercera interesada; por tanto, se provee: Los artículos 5, fracción III; 26, incisos b) y k); 27, fracción III, incisos a) y b) y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 26.- Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: [.] b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable; [.] k) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten; y Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] III. El tercero interesado, pudiendo intervenir con ese carácter..." La interpretación sistemática de dichos preceptos, se advierte que la Ley de Amparo establece la forma en que deben ser emplazados a juicio los terceros interesados; a saber, mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por edictos que se publicarán a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. En el último supuesto, el emplazamiento de los terceros interesados está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos y el incumplimiento a tal obligación, provoca que no pueda llamarse al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica; en consecuencia, tampoco procede ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guardan los terceros interesados en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el controvertido constitucional pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la parte tercera interesada, debe estimarse que su emplazamiento constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento es atribuible a la parte quejosa, por no haber comparecido al Juzgado por medio de sus autorizados, a recoger los edictos o bien acreditar que carece de recursos económicos para sufragar el pago de su publicación, lo que impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, se torna improcedente, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por no recoger y, por ende, no publicarse los edictos a costa de la parte quejosa, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. No debe olvidarse que en el presente asunto, la orden de emplazar por edictos a la parte tercera interesada, fue en atención a que pese a la ardua investigación realizada, no se conoció su domicilio y la parte quejosa no desahogó diversos requerimientos que se le hicieron a fin de que proporcionara a este juzgado una dirección cierta y actual donde localizar a la parte tercera interesada de mérito. Así, se advierte que la parte quejosa al no haber comparecido a este juzgado, por conducto de sus autorizados, a recoger los edictos ordenados y no aportar elementos que permitan conocer por lo menos de manera indiciaria que carece de recursos para sufragar el costo de aquéllos, se traduce en una falta de interés tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo; por tanto, debe sobreseerse el presente asunto. Esto debe ser así, habida cuenta que con independencia de que este órgano jurisdiccional agotó la investigación correspondiente en relación con el domicilio de la parte tercera interesada, era obligación de la parte quejosa, recoger los edictos y efectuar su publicación, tal como lo ordena el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; al no haberlo hecho, es dable sobreseer fuera de audiencia, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto que se resuelve; además porque así lo dispone expresamente la jurisprudencia, cuya aplicación resulta obligatoria para este Juzgado de Distrito, en términos de lo dispuesto por el numeral 217 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 16/2000-PL, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, página 211, que señala: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Así como el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, en la jurisprudencia número 108/2010 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXII, agosto de 2010, página 416, de texto y rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." A esa conclusión se llega, ya que si bien el Juzgador Federal debe ponderar las particularidades del caso, una vez realizada la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, de manera que si la parte quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos) y lo acredita en autos, el Consejo de la Judicatura Federal, debe realizar la publicación de los edictos respectivos; empero, de las constancias que integran el juicio de amparo que se resuelve no se advierte que la parte quejosa haya acreditado ante este órgano jurisdiccional carecer de recursos para efectuar la publicación de los edictos ordenados, de ahí que este órgano federal no está obligado a realizar la ponderación a que refiere la jurisprudencia 108/2010 antes transcrita. En ese sentido, es pertinente puntualizar que el juzgador debe ponderar los derechos subjetivos públicos que están en juego, ya que por un lado se tiene el derecho de la parte quejosa de acceso a la justicia y, por el otro, el que tienen los terceros interesados a intervenir en todas las etapas del proceso a fin de que subsista el acto reclamado y defender sus derechos. Por ello, se considera que existe imposibilidad para continuar con el procedimiento en el presente juicio de amparo, esto es, celebrar la audiencia constitucional y dictar sentencia, dado que si se actuara de esta manera, se podría irrogar perjuicio a la tercera interesada. Ahora, si bien es cierto existe la jurisprudencia de rubro: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO, es preciso destacar que dicho criterio jurisprudencial emanó de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados y en materia de amparo directo, en la que se tomó en consideración, que en muchos de esos casos los quejosos ya se encontraban internos en el reclusorio y que por esas condiciones no podían comparecer o tener el dinero para pagar su publicación, en cuyo caso se dijo, debe manifestarlo ante el órgano jurisdiccional y éste deberá ordenar su publicación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, para que de esta forma, no se impidiera a la parte quejosa el acceso a la justicia, máxime que tratándose de amparo directo estarían impedidos para volver a promoverlo. Circunstancias que no coinciden con las del caso particular, pues aquí se trata de amparo indirecto; además la parte quejosa, no comprobó imposibilidad física o económica alguna para sufragar el pago de la publicación de los edictos, y por la naturaleza de este juicio biinstancial la parte tercera interesada puede ofrecer pruebas. Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 26, incisos b) y k), 27, fracción III, incisos a) y b) y 5, fracción III, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado el presente acuerdo, archívese este asunto como concluido. Por todo lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, se instruye a la secretaría para que proceda a la cancelación de la misma en la agenda de audiencias respectiva."

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