Yolanda Vidaña Zamudio
Expediente 830/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 830/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Yolanda Vidaña Zamudio
- María Teresa Montelongo Torres
Actuaciones
- Principal
Visto; agréguese a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta que remite la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, por el cual remite copia certificada del auto de admisión y calificación de pruebas de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral 490/2018, de su índice, así como de las constancias de notificación practicadas a las partes del citado auto. Atento a lo anterior, considerando que en el caso, los quejosos Yolanda Vidaña Zamudio, María Teresa Montelongo Torres, Maribel Casas Ramírez, Arcelia Rodríguez Serrano, Alma Noelia Hernández Lomelí, Saúl Enrique Ríos Hernández, Flor del Rocío Favela Vela y María de Jesús Arredondo Gala, por sus propios derechos, acudieron a la presente instancia constitucional, doliéndose de la omisión de la autoridad responsable, de acordar y calificar las pruebas ofrecidas por dichos quejosos dentro del expediente laboral 490/2018, del índice de la responsable, es evidente que en el caso, ante la exhibición de las constancias de cuenta, sobreviene de manera notoria, manifiesta e indudable de una causal de improcedencia, siendo ésta una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, considerando lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 940, publicada en la página mil quinientos treinta, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Para una mejor comprensión de lo que aquí se resuelve, es importante realizar ciertas precisiones en cuanto a la naturaleza y contenido de la causal de improcedencia que se invoca. En principio, cabe precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en las páginas 2443, 731, 774 y 2161, de los Tomos XVIX, LXXXIX, XCIII y LVIII, del Semanario Judicial de la Federación, respectivamente, cuyos rubros y textos son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo y por lo mismo, no hay cesación de efectos." "ACTOS RECLAMADOS, CESACIÓN DE LOS. Para que se pueda estimar que han cesado los efectos del acto reclamado, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido, y la revocación debe ser definitiva y no provisional." "ACTO RECLAMADO, CUANDO HAY CESACIÓN DEL. Es cierto que la Ley de Amparo establece como causa de improcedencia, el hecho de que hayan cesado los efectos del acto reclamado; pero tratándose de actos que se tradujeron en una situación de hecho, esa cesación no puede producirse por la sola determinación de la autoridad responsable, revocando el acuerdo que dio origen anteriormente a ella, pues para que positivamente cesen esas consecuencias, es preciso que la autoridad, tras de revocar su resolución, dicte las medidas eficaces encaminadas a establecer positivamente las cosas al estado que tenían antes de ejecutarse el acto de que se trata." Del texto de las tesis reproducidas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a los quejosos en el goce de sus derechos fundamentales violados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de los quejosos, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que pueda ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Quedó destacado que los quejosos Yolanda Vidaña Zamudio, María Teresa Montelongo Torres, Maribel Casas Ramírez, Arcelia Rodríguez Serrano, Alma Noelia Hernández Lomelí, Saúl Enrique Ríos Hernández, Flor del Rocío Favela Vela y María de Jesús Arredondo Gala, reclamaron la omisión de acordar y calificar las pruebas dentro del juicio laboral 490/2018. Luego, mediante el oficio de cuenta la autoridad responsable, remite copia certificada del auto de admisión y calificación de pruebas de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral 490/2018, de su índice, así como de las constancias de notificación practicadas a las partes del citado auto. A los documentos anteriores se les otorga pleno valor probatorio en términos de los preceptos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por disposición de su ordinal 2°. Atento a lo anterior, queda de manifiesto que con el dictado de la determinación de cinco de noviembre de la presente anualidad por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, cesan los efectos del acto reclamado atribuidos por los quejosos a la autoridad responsable. Sustenta lo anterior, tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Texto: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Entonces, toda vez que han cesado los efectos del citado acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En vista de lo anterior, y toda vez que se encuentran programadas las diez horas con cincuenta minutos del doce de diciembre de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio, procede dejarla sin efectos, dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio constitucional; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
se publica auto de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, con efectos de notificar a la parte quejosa: Visto; agréguese a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta que remite la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, por el cual remite copia certificada del auto de admisión y calificación de pruebas de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral 490/2018, de su índice, así como de las constancias de notificación practicadas a las partes del citado auto. Atento a lo anterior, considerando que en el caso, los quejosos Yolanda Vidaña Zamudio, María Teresa Montelongo Torres, Maribel Casas Ramírez, Arcelia Rodríguez Serrano, Alma Noelia Hernández Lomelí, Saúl Enrique Ríos Hernández, Flor del Rocío Favela Vela y María de Jesús Arredondo Gala, por sus propios derechos, acudieron a la presente instancia constitucional, doliéndose de la omisión de la autoridad responsable, de acordar y calificar las pruebas ofrecidas por dichos quejosos dentro del expediente laboral 490/2018, del índice de la responsable, es evidente que en el caso, ante la exhibición de las constancias de cuenta, sobreviene de manera notoria, manifiesta e indudable de una causal de improcedencia, siendo ésta una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, considerando lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 940, publicada en la página mil quinientos treinta, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Para una mejor comprensión de lo que aquí se resuelve, es importante realizar ciertas precisiones en cuanto a la naturaleza y contenido de la causal de improcedencia que se invoca. En principio, cabe precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en las páginas 2443, 731, 774 y 2161, de los Tomos XVIX, LXXXIX, XCIII y LVIII, del Semanario Judicial de la Federación, respectivamente, cuyos rubros y textos son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo y por lo mismo, no hay cesación de efectos." "ACTOS RECLAMADOS, CESACIÓN DE LOS. Para que se pueda estimar que han cesado los efectos del acto reclamado, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido, y la revocación debe ser definitiva y no provisional." "ACTO RECLAMADO, CUANDO HAY CESACIÓN DEL. Es cierto que la Ley de Amparo establece como causa de improcedencia, el hecho de que hayan cesado los efectos del acto reclamado; pero tratándose de actos que se tradujeron en una situación de hecho, esa cesación no puede producirse por la sola determinación de la autoridad responsable, revocando el acuerdo que dio origen anteriormente a ella, pues para que positivamente cesen esas consecuencias, es preciso que la autoridad, tras de revocar su resolución, dicte las medidas eficaces encaminadas a establecer positivamente las cosas al estado que tenían antes de ejecutarse el acto de que se trata." Del texto de las tesis reproducidas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a los quejosos en el goce de sus derechos fundamentales violados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de los quejosos, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que pueda ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Quedó destacado que los quejosos Yolanda Vidaña Zamudio, María Teresa Montelongo Torres, Maribel Casas Ramírez, Arcelia Rodríguez Serrano, Alma Noelia Hernández Lomelí, Saúl Enrique Ríos Hernández, Flor del Rocío Favela Vela y María de Jesús Arredondo Gala, reclamaron la omisión de acordar y calificar las pruebas dentro del juicio laboral 490/2018. Luego, mediante el oficio de cuenta la autoridad responsable, remite copia certificada del auto de admisión y calificación de pruebas de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral 490/2018, de su índice, así como de las constancias de notificación practicadas a las partes del citado auto. A los documentos anteriores se les otorga pleno valor probatorio en términos de los preceptos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por disposición de su ordinal 2°. Atento a lo anterior, queda de manifiesto que con el dictado de la determinación de cinco de noviembre de la presente anualidad por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, cesan los efectos del acto reclamado atribuidos por los quejosos a la autoridad responsable. Sustenta lo anterior, tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Texto: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Entonces, toda vez que han cesado los efectos del citado acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En vista de lo anterior, y toda vez que se encuentran programadas las diez horas con cincuenta minutos del doce de diciembre de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio, procede dejarla sin efectos, dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio constitucional; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que la autoridad responsable Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, ha sido omisa en remitir las constancias que le fueron solicitadas por auto de diecisiete de octubre de la presente anualidad, no obstante haber recibido el oficio que al efecto se le remitió, como se desprende de la constancia de recibo que obra a foja once de estos autos. Consecuentemente, a efecto de estar en condiciones de resolver el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a la citada responsable, Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, para que dentro del término de tres días legalmente computados, remita a este juzgado copia certificada legible y en orden de las constancias relativas al acto reclamado, o bien, informe el motivo que le impide hacerlo; apercibida que de no acatar lo anterior, se le hará efectivo el medio de apremio contenido en auto de diecisiete de octubre de esta anualidad; esto es, se le impondrá una multa de cien días de valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que se haga efectivo dicho medio de apremio, en términos de lo dispuesto por los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo y Quinto Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de la fecha y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta minutos del doce de diciembre de dos mil diecinueve, para su verificativo.
- Principal
Visto; la demanda de amparo presentada por Yolanda Vidaña Zamudio, María Teresa Montelongo Torres, Maribel Casas Ramírez, Arcelia Rodríguez Serrano, Alma Noelia Hernández Lomelí, Saúl Enrique Ríos Hernández, Flor del Rocío Favela Vela y María de Jesús Arredondo Gala, por su propio derecho, contra actos del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, por violación a diversos preceptos Constitucionales, se acuerda: Con fundamente en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a Yolanda Vidaña Zamudio. Sin tramitar incidente de suspensión, al no haberse solicitado. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de la materia, pídase informe con justificación a la autoridad responsable, el cual debe rendir dentro del término de quince días siguientes al en que se notifique, donde expondrá las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo; en el entendido que de no rendirlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, conforme a lo dispuesto en el ordinal 117 en consulta. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no rendir el informe con justificación o que lo haga sin remitir la constancia en la forma indicada, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en comento y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se fijan las doce horas del trece de noviembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado al Ayuntamiento de Juan Aldama, Zacatecas, en consecuencia, con fundamento en el inciso b), de la fracción II, del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio al citado tercero interesado, debiendo correrle traslado con copia autorizada de la demanda con que se forma el expediente y se les hace saber el día y hora en que se llevará a cabo la audiencia constitucional Con apoyo en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a la parte quejosa y a la autoridad responsable para que en el supuesto que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, de las establecidas en el artículo 63 de la ley de la materia, lo hagan saber de inmediato a este juzgado, y de ser posible acompañar las constancias que así lo acrediten; pues, de no cumplir con esa obligación, se les impondrá a quien incumpla, una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que, en su caso, se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Con copia autorizada de este auto y de la demanda con que se formó el presente expediente, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Como lo solicita el quejoso, ténganse por autorizados a los licenciados Gustavo Castillo Vera e Iván Navarro Solís, para oír y recibir notificaciones, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en Callejón de Guadalajarita, número ciento nueve (109), Colonia Centro, en esta ciudad.
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