Yolanda Presciado Lozano
Expediente 355/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 355/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Yolanda Presciado Lozano
Actuaciones
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio 9237/2016, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, residente en la ciudad de Zacatecas y el testimonio de la ejecutoria de veintinueve de septiembre del año en curso, pronunciada por ese Tribunal Colegiado, de la que se desprende que la superioridad, declaró infundado el recurso de queja, interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de siete de julio de la presente anualidad, dictado por este Juzgado, bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja" acúsese recibo. En consecuencia, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, ni documentos originales o copia certificada que deban ser devueltos a las partes, y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias derivadas del mismo, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previo las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. En la inteligencia que para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico; por ende destruible.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para obrar como corresponda el escrito que suscribe Yolanda Presciado Lozano, mediante el cual interpone recurso de queja. Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja contra el auto de siete de julio de dos mil dieciséis. Por tanto, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado a la Superioridad, haciéndole saber que es cierto que el siete de julio del año en curso, se desechó de plano la demanda de garantías; con base en los fundamentos y por los motivos en el mismo asentados, remítase, el escrito original de expresión de agravios, presentado por la citada parte quejosa, así como copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, para lo que tenga a bien determinar dicho Tribunal.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Yolanda Presciado Lozano, contra actos del Jefe de Servicios Educativos de la Región 10 "A" Federalizada; el Juez acuerda: Regístrese en el libro de gobierno bajo el número que legalmente le corresponda y fórmese el expediente respectivo. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que en lo conducente dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En el caso, la quejosa señala como autoridad responsable al Jefe del Departamento de Servicios Educativos de la Región 10 "A" Federalizada; y, el acto reclamado lo hace consistir en: ". la falta de respuesta a mi escrito de denuncia de fecha 26 de abril de 2016 dirigido al Jefe del Departamento de Servicios Educativos de la Región 10 "A" Federalizada." Y, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se desprende que: 1. Yolanda Presciado Lozano, se desempeña como Trabajadora Social del C.A.M. No. 29 turno vespertino, perteneciente a la zona escolar No. 2 de la colonia Condesa en Guadalupe, Zacatecas. 2. El veinte de abril de dos mil dieciséis, a las doce horas, Yolanda Presciado Lozano se presentó en su lugar de trabajo, el C.A.M. No. 29, de educación especial, donde estuvo esperando por más de una hora, ya que no había personal administrativo ni de intendencia, que abriera su espacio de trabajo; comunicándose con la supervisora de la zona escolar No. 7, quien le indicó que probablemente se debía a una reunión, pero que desconocía el motivo real. 3. Una vez abiertas las instalaciones de la escuela Yolanda Presciado Lozano intentó comunicarse con la directora respecto al tema, pero se mantuvo ocupada. 4. A la hora de salida de Yolanda Presciado Lozano la directora de la escuela se comunicó con ella para informarle que al día siguiente debida presentarse en el horario de las catorce a las dieciocho horas, y que era su problema si aceptaba o no sin darle respuesta a la situación que se presentó por la mañana. 5. El veintidós de abril de dos mil dieciséis Yolanda Presciado Lozano se presentó a las trece cincuenta y cinco horas, en las instalaciones de la escuela y nuevamente se encontraban cerradas las oficinas, por lo que al igual que el día anterior, no le fue posible registrar la hora de ingreso. 6. Yolanda Presciado Lozano junto con otra compañera psicóloga que recibió la misma instrucción que ella en relación al horario de trabajo, se dispusieron a realizar sus labores en el área de cubículos que era la única abierta y con acceso a sanitarios de alumnas, pero sin agua, pues la llave de acceso principal se encontraba cerrada con candado, retirándose a las diecisiete horas, debido a que había solicitado cita médica al ISSSTE. 7. El veinticinco de abril de dos mil dieciséis, Yolanda Presciado Lozano se presentó a su centro de trabajo de manera habitual y todo transcurrió con normalidad; hasta la hora de registro de salida, la maestra encargada de la dirección entregó a Yolanda Presciado Lozano un oficio en el que se le comunica que se encuentra a disposición de la supervisora de la zona escolar No. 7 de educación especial, que sería la responsable de indicarle los horarios de trabajo y que por tanto, ya no podía acceder al C.A.M. No. 29, porque ya no era parte del personal, argumentando que se niega al trabajo colaborativo, dándole quince minutos para hacer entrega del material en resguardo y recoger sus pertenencias. 8. Al negarse Yolanda Presciado Lozano a realizar las indicaciones que le dieron intervino un maestro quien le indico que regresara al día siguiente a las catorce horas para que la directora estuviera presente. 9. Inconforme con lo anterior el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, Yolanda Presciado Lozano, realizón un escrito dirigido al Jefe del Departamento de Servicios Educativos de la Región 10 "A" Federalizada, en donde le hace de su conocimiento lo sucedido en contra de su persona y de sus labores profesionales para que tomara conocimiento y diera respuesta y solución a su problema, sin obtener hasta la fecha una respuesta; lo que ahora constituye el acto reclamado. De lo anterior se desprende, que los actos que la quejosa Yolanda Presciado Lozano, reclama del Jefe del Departamento de Servicios Educativos de la Región 10 "A" Federalizada, se traducen en esencia en la omisión por parte de la referida autoridad de resolver lo relativo a que la baja que sufrió de la labor que desempeñaba como Trabajadora Social del C.A.M. No. 29 turno vespertino, zona escolar No. 2, colonia Condesa en Guadalupe, Zacatecas y el haberla dejado a disposición de la supervisora de la zona escolar No. 7 de educación especial, para que le indicara los horarios de trabajo; sin embargo, tal omisión obedece a la actividad de dicha autoridad con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal dentro de su marco legal, y por ello, en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo. Se afirma ello, en razón que la propia quejosa en su demanda indica que acudió ante la autoridad señalada como responsable para hacerle del conocimiento lo sucedido en contra de su persona y de sus labores profesionales como Trabajadora Social del C.A.M. No. 29 turno vespertino, zona escolar No. 2, colonia Condesa en Guadalupe, Zacatecas, para que tomara conocimiento y diera respuesta y solución a su problema; y, que la autoridad responsable no ha dado respuesta a su petición. Así pues, como con anterioridad se asentó y como la propia quejosa Yolanda Presciado Lozano, lo afirma en su escrito de demanda el acto que reclama del Jefe del Departamento de Servicios Educativos de la Región 10 "A" Federalizada, se traduce en la omisión de dar respuesta a la petición que formuló para que diera solución a la baja que como Trabajadora Social del C.A.M. No. 29 turno vespertino, zona escolar No. 2, colonia Condesa en Guadalupe, Zacatecas, sufrió, omisión que se encuentra realizada por dicha autoridad con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones laborales de esa institución con su personal dentro de su marco legal, y por ello, en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello no implica que la referida dependencia, en otros supuestos atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter en función del ejercicio público, como podría ser en el caso legalmente considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación. Lo que en el caso no acontece, pues si bien es cierto el acto aquí reclamado se encuentra ejecutado por un organismo o funcionario de gobierno estatal, también lo es que estos tienen doble personalidad, por la función pública y encargo que desempeñan y, por el hecho de ser depositarios, administradores o representantes de los intereses económicos que constituyen el patrimonio del Estado; advirtiéndose así, que el acto aquí reclamado se encuentra ejecutado por la institución con el carácter de persona moral oficial de derecho privado, en base a las relaciones laborales que guardan con la quejosa en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; acto que queda comprendido dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; sino que como ya se indicó se debe atender al plano en que la autoridad actúa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6o.T.26 L, legible en la página 347, tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Asimismo, apoya en lo conducente la tesis P. XXVIII/97, consultable en la página 119, Tomo V, Febrero de 1997, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter." De igual forma, apoya en lo conducente la tesis XII.1o.8 L, legible en la página 1723, XIII, Marzo de 2001, Materia Laboral, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES UN FUNCIONARIO DE UNA UNIVERSIDAD, CUANDO SE LE FORMULE UNA PETICIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, QUE DERIVE DE UNA RELACIÓN LABORAL. La omisión de un funcionario de una universidad de dar respuesta al escrito de uno de sus empleados sobre las causas de su remoción, no puede resultar violatoria de la garantía de petición que consagra el artículo 8o. constitucional, atento a que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vinculaba, regida por ordenamientos de derecho laboral, siendo claro que en ese supuesto la posición del quejoso frente a la autoridad universitaria, no es la de un gobernado, pues el hecho de que en su solicitud invoque aquella norma constitucional, no cambia la naturaleza del acto mismo, el cual no emerge del imperio que corresponde a la universidad, como parte de la administración pública federal en la prestación de un servicio a cargo del Estado, la educación pública, sino que tiene como origen el acuerdo en que las partes, conforme a la ley que rige ese tipo de relaciones laborales, convienen las condiciones en que habrá de desarrollarse y puede terminar su relación, esto es, el reclamado no es un acto emitido en función del ejercicio público, de acuerdo al artículo 3o. de la Carta Magna, que afecte por sí y ante sí, de manera unilateral la esfera jurídica del gobernado." En las narradas condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por Yolanda Presciado Lozano, por propio derecho, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Como lo solicita la quejosa ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Eduardo Hernández Ramírez y José Alberto Zarate Juárez, y como solicita la quejosa a las licenciadas María Hildam Sughey Poblano Ibarra y Sofia Navarro García y a Jetzabel Jerami Pereyra Ledesma; únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos; y, como domicilio para tal efecto en la oficina que ocupa la Asesoría Jurídica Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación sito en calle lateral 1202, Torre B, Planta Baja, colonia Cerro del Gato, ciudad Gobierno en la ciudad de Zacatecas.
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