Yrma Yolanda Márquez Rodríguez

Expediente 1062/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1062/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
02/01/2018

Partes del expediente

  • Yrma Yolanda Márquez Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el trece de diciembre de la presente anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible.

  2. Principal

    Vista; la demanda de amparo presentada por Yrma Yolanda Márquez Rodríguez, por su propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales, el Juez acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1062/2017-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; asimismo, el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acato a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala como acto reclamado la determinación emitida por la autoridad responsable, Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas, en la audiencia de Conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral 271/2017, en que negó admitir el incidente de "calificación de empleo" interpuesto por la parte actora, aquí quejosa, respecto del ofrecimiento de trabajo realizado por la demandada a la hoy quejosa, en virtud que no se encuentra considerado ni regulado dentro de los incidentes establecidos en el artículo 197 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, éste último aplicado en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Establecido lo anterior, es pertinente señalar que de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el uno de septiembre de dos mil diecisiete, Yrma Yolanda Márquez Rodríguez, interpuso demanda laboral contra la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial de Gobierno del Estado de Zacatecas, en razón del despido injustificado del que afirma haber sido objeto, ejerciendo la acción de reinstalación, demandando diversas prestaciones. Dicha demanda fue admitida por auto de once de septiembre de dos mil diecisiete, fijándose las doce horas del diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. En dicha audiencia, la parte demandada, dio contestación a la demanda y realizó ofrecimiento de trabajo a la parte actora, por lo que la responsable determinó dar vista a la actora para que manifestara lo conducente dentro del término de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le tendría por no interesada en el ofrecimiento de trabajo; sin embargo, en dicha audiencia, la parte actora solicitó se turnara el expediente para resolver respecto a la aceptación de la acción de reinstalación por la parte demandada, y por consiguiente, el pago de todos y cada uno de los salarios caídos y, que en caso que la responsable no tomara en cuenta dicho allanamiento, se pronunciara sobre el deficiente ofrecimiento de trabajo y, con base en el mismo, interpuso el incidente de calificación de empleo, por considerar que dicho ofrecimiento es realizado de mala fe por la parte demandada; incidente el anterior, que la autoridad responsable negó admitir, en virtud que no se encuentra considerado ni regulado dentro de los incidentes establecidos en el artículo 197 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Acto reclamado. Con base en las porciones normativas trascritas, contenidas en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, es posible colegir que, contrario a como se establecía en la Ley de Amparo abrogada, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten a la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo, y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, únicamente cuando los actos en el juicio sean de imposible reparación, entendido dicho concepto como aquéllos actos que afecten materialmente derechos sustantivos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Pues bien, atendiendo al destacado acto que en esta instancia constitucional se reclama, se considera que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente, en razón de que conforme a la redacción de la fracción V del artículo 107, de la Ley de Amparo vigente, la determinación reclamada por la quejosa, no constituye un acto en el juicio que tenga sobre la esfera jurídica de ésta una ejecución de imposible reparación, que afecte materialmente sus derechos sustantivos, en los términos concebidos por el legislador ordinario, pues solo constituye una violación procesal que no afecta algún derecho fundamental tutelado a su favor en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país. En efecto, conforme a la anterior Ley de Amparo y de acuerdo a la jurisprudencia P./J. 4/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO."; se estableció que el juicio de control constitucional en que se combatan violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo cuando se reclama la sentencia definitiva; empero, de modo excepcional se podrían combatir dichas violaciones, cuando se afecta a las partes en grado predominante o superior. En relación con el indicado concepto, ".en grado predominante o superior.", se sostuvo que debía determinarse de forma objetiva, por lo que se tomó en cuenta la institución procesal que estuviera involucrada, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo; directrices que, se concluyó, confluyeron en las cuestiones inherentes a la personalidad, pues aun cuando constituían una cuestión formal que no se tradujera en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, sí estaba relacionada con un presupuesto procesal, sin el cual no queda debidamente integrada la litis, aunado a que la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Por los motivos apuntados es que se consideró que tales resoluciones constituyen una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto, en tanto que causan a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, conforme lo disponía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, remediable mediante el juicio de amparo indirecto, exceptuando la diversa hipótesis en que el acto reclamado constituya declaración de la responsable, relativa a que quien comparece por una de las partes demandadas, aquí parte quejosa, carece de personalidad, pues entonces, se trataría de una resolución que pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo. Ahora, conforme a la redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente (a diferencia de la fracción IV del numeral 114 de la Ley de Amparo abrogada), el legislador ordinario dio contenido a aquél concepto denominado "imposible reparación", pues al afecto determinó que por ello debe entenderse como los actos ".que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así, bajo la directriz establecida por el legislador ordinario al darle contenido a ese concepto, se considera que conforme a la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), en relación con el artículo 107, fracción III, de la Constitución Federal, el acto aquí reclamado no puede ser considerado como de aquéllos que afecten derechos sustantivos, puesto que la vulneración de derechos de que se duele la quejosa, respecto del acto emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas, al determinar en la audiencia de Conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral 271/2017, en que negó admitir el incidente de "calificación de empleo" interpuesto por la parte actora, aquí quejosa, respecto del ofrecimiento de trabajo realizado por la demandada a la hoy quejosa, en virtud que no se encuentra considerado ni regulado dentro de los incidentes establecidos en el artículo 197 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, constituye un acto procesal subsanable si la quejosa obtiene resolución favorable en el citado procedimiento de origen, pues así desaparecerían las consecuencias originadas por cualquier violación procesal que se hubiera cometido en la determinación que hoy reclama. Sin que sea obstáculo para concluir lo anterior que el debido proceso pueda considerarse como un derecho sustantivo, pues bajo esta línea de argumentación, se podría llegar a considerar que cualquier violación procesal afectaría ese derecho y, por ende, sería procedente el juicio de amparo contra cualquier acto intraprocesal que afecte el curso normal del procedimiento, independientemente de la magnitud de la violación procesal de que se trate, incluso procedería contra el desechamiento de todos los elementos de convicción ofertados por las partes, dado que ello incide de una u otra forma en su curso normal; extremos que se consideran jurídicamente improcedentes, al tenor del contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor que se analiza, que postula que el juicio de control constitucional sólo procede contra actos que afecten derechos sustantivos, dentro de los cuales no puede considerarse la determinación reclamada, en tanto que sus efectos y consecuencias pueden desaparecer con motivo del dictado de un fallo favorable. En relación con el tema de que se trata; atendiendo a la Ley de Amparo abrogada, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 4/2001 de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", sin embargo, el propio Máximo Tribunal del País en diversa jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), declaró inaplicable aquél criterio, por considerar medularmente que dada la connotación que el legislador aportó a la nueva Ley de Amparo respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia 4/2001, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece; concluyendo que, por tanto, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente el Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que ahora resulta incompatible con el nuevo texto legal, pues como se ha expuesto, dicho criterio se ocupó de darle contenido y alcance al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, la cual no especificaba lo que habría de entenderse por acto de imposible reparación, mientras que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, vigente a partir del tres del propio mes y año, da contenido a dicho concepto en su artículo 107, fracción V; hipótesis que no se actualiza en la resolución que constituye el acto reclamado en el presente asunto; y por ende, la demanda de garantías que se aquí se plantea deviene improcedente. La citada Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), corresponde a la Décima Época, Materia Común; se publicó el viernes seis de junio de dos mil catorce; y su contenido literal es el siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Bajo las anteriores consideraciones, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de garantías por concurrir en el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del ordinal 107 de la citada Ley. Se tiene por autorizados de la quejosa para oír y recibir notificaciones, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Manuel Antonio Valenzuela Cisneros y Edgar Rafael Laredo Méndez y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en Calle de Yanguas número doscientos veinte, colonia Centro, en Zacatecas.

  3. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE Y DE FACIL ACCESO Y POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL AUTO O RESOLUCIÓN DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista; la demanda de amparo presentada por Yrma Yolanda Márquez Rodríguez, por su propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales, el Juez acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1062/2017-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; asimismo, el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acato a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala como acto reclamado la determinación emitida por la autoridad responsable, Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas, en la audiencia de Conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral 271/2017, en que negó admitir el incidente de "calificación de empleo" interpuesto por la parte actora, aquí quejosa, respecto del ofrecimiento de trabajo realizado por la demandada a la hoy quejosa, en virtud que no se encuentra considerado ni regulado dentro de los incidentes establecidos en el artículo 197 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, éste último aplicado en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Establecido lo anterior, es pertinente señalar que de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el uno de septiembre de dos mil diecisiete, Yrma Yolanda Márquez Rodríguez, interpuso demanda laboral contra la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial de Gobierno del Estado de Zacatecas, en razón del despido injustificado del que afirma haber sido objeto, ejerciendo la acción de reinstalación, demandando diversas prestaciones. Dicha demanda fue admitida por auto de once de septiembre de dos mil diecisiete, fijándose las doce horas del diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. En dicha audiencia, la parte demandada, dio contestación a la demanda y realizó ofrecimiento de trabajo a la parte actora, por lo que la responsable determinó dar vista a la actora para que manifestara lo conducente dentro del término de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le tendría por no interesada en el ofrecimiento de trabajo; sin embargo, en dicha audiencia, la parte actora solicitó se turnara el expediente para resolver respecto a la aceptación de la acción de reinstalación por la parte demandada, y por consiguiente, el pago de todos y cada uno de los salarios caídos y, que en caso que la responsable no tomara en cuenta dicho allanamiento, se pronunciara sobre el deficiente ofrecimiento de trabajo y, con base en el mismo, interpuso el incidente de calificación de empleo, por considerar que dicho ofrecimiento es realizado de mala fe por la parte demandada; incidente el anterior, que la autoridad responsable negó admitir, en virtud que no se encuentra considerado ni regulado dentro de los incidentes establecidos en el artículo 197 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Acto reclamado. Con base en las porciones normativas trascritas, contenidas en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, es posible colegir que, contrario a como se establecía en la Ley de Amparo abrogada, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten a la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo, y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, únicamente cuando los actos en el juicio sean de imposible reparación, entendido dicho concepto como aquéllos actos que afecten materialmente derechos sustantivos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Pues bien, atendiendo al destacado acto que en esta instancia constitucional se reclama, se considera que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente, en razón de que conforme a la redacción de la fracción V del artículo 107, de la Ley de Amparo vigente, la determinación reclamada por la quejosa, no constituye un acto en el juicio que tenga sobre la esfera jurídica de ésta una ejecución de imposible reparación, que afecte materialmente sus derechos sustantivos, en los términos concebidos por el legislador ordinario, pues solo constituye una violación procesal que no afecta algún derecho fundamental tutelado a su favor en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país. En efecto, conforme a la anterior Ley de Amparo y de acuerdo a la jurisprudencia P./J. 4/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO."; se estableció que el juicio de control constitucional en que se combatan violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo cuando se reclama la sentencia definitiva; empero, de modo excepcional se podrían combatir dichas violaciones, cuando se afecta a las partes en grado predominante o superior. En relación con el indicado concepto, ".en grado predominante o superior.", se sostuvo que debía determinarse de forma objetiva, por lo que se tomó en cuenta la institución procesal que estuviera involucrada, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo; directrices que, se concluyó, confluyeron en las cuestiones inherentes a la personalidad, pues aun cuando constituían una cuestión formal que no se tradujera en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, sí estaba relacionada con un presupuesto procesal, sin el cual no queda debidamente integrada la litis, aunado a que la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Por los motivos apuntados es que se consideró que tales resoluciones constituyen una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto, en tanto que causan a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, conforme lo disponía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, remediable mediante el juicio de amparo indirecto, exceptuando la diversa hipótesis en que el acto reclamado constituya declaración de la responsable, relativa a que quien comparece por una de las partes demandadas, aquí parte quejosa, carece de personalidad, pues entonces, se trataría de una resolución que pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo. Ahora, conforme a la redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente (a diferencia de la fracción IV del numeral 114 de la Ley de Amparo abrogada), el legislador ordinario dio contenido a aquél concepto denominado "imposible reparación", pues al afecto determinó que por ello debe entenderse como los actos ".que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así, bajo la directriz establecida por el legislador ordinario al darle contenido a ese concepto, se considera que conforme a la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), en relación con el artículo 107, fracción III, de la Constitución Federal, el acto aquí reclamado no puede ser considerado como de aquéllos que afecten derechos sustantivos, puesto que la vulneración de derechos de que se duele la quejosa, respecto del acto emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas, al determinar en la audiencia de Conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral 271/2017, en que negó admitir el incidente de "calificación de empleo" interpuesto por la parte actora, aquí quejosa, respecto del ofrecimiento de trabajo realizado por la demandada a la hoy quejosa, en virtud que no se encuentra considerado ni regulado dentro de los incidentes establecidos en el artículo 197 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, constituye un acto procesal subsanable si la quejosa obtiene resolución favorable en el citado procedimiento de origen, pues así desaparecerían las consecuencias originadas por cualquier violación procesal que se hubiera cometido en la determinación que hoy reclama. Sin que sea obstáculo para concluir lo anterior que el debido proceso pueda considerarse como un derecho sustantivo, pues bajo esta línea de argumentación, se podría llegar a considerar que cualquier violación procesal afectaría ese derecho y, por ende, sería procedente el juicio de amparo contra cualquier acto intraprocesal que afecte el curso normal del procedimiento, independientemente de la magnitud de la violación procesal de que se trate, incluso procedería contra el desechamiento de todos los elementos de convicción ofertados por las partes, dado que ello incide de una u otra forma en su curso normal; extremos que se consideran jurídicamente improcedentes, al tenor del contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor que se analiza, que postula que el juicio de control constitucional sólo procede contra actos que afecten derechos sustantivos, dentro de los cuales no puede considerarse la determinación reclamada, en tanto que sus efectos y consecuencias pueden desaparecer con motivo del dictado de un fallo favorable. En relación con el tema de que se trata; atendiendo a la Ley de Amparo abrogada, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 4/2001 de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", sin embargo, el propio Máximo Tribunal del País en diversa jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), declaró inaplicable aquél criterio, por considerar medularmente que dada la connotación que el legislador aportó a la nueva Ley de Amparo respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia 4/2001, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece; concluyendo que, por tanto, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente el Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que ahora resulta incompatible con el nuevo texto legal, pues como se ha expuesto, dicho criterio se ocupó de darle contenido y alcance al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, la cual no especificaba lo que habría de entenderse por acto de imposible reparación, mientras que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, vigente a partir del tres del propio mes y año, da contenido a dicho concepto en su artículo 107, fracción V; hipótesis que no se actualiza en la resolución que constituye el acto reclamado en el presente asunto; y por ende, la demanda de garantías que se aquí se plantea deviene improcedente. La citada Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), corresponde a la Décima Época, Materia Común; se publicó el viernes seis de junio de dos mil catorce; y su contenido literal es el siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Bajo las anteriores consideraciones, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de garantías por concurrir en el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del ordinal 107 de la citada Ley. Se tiene por autorizados de la quejosa para oír y recibir notificaciones, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Manuel Antonio Valenzuela Cisneros y Edgar Rafael Laredo Méndez y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en Calle de Yanguas número doscientos veinte, colonia Centro, en Zacatecas.

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