Yolanda Santiago Cruz

Expediente 745/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
745/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • Yolanda Santiago Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, toda vez que el proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor al día siguiente; este juzgador determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General (juicios de amparo en los que se desechó la demanda), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros respectivos. Finalmente, téngase a la Secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    PREVIO AVISO A LA PARTE QUEJOSA: - - - -San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Yolanda Santiago Cruz, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso con el número 745/2022, regístrese en el libro de gobierno. Análisis de la demanda: Del análisis de la demanda de amparo, se advierte la quejosa, bajo protesta de decir verdad, refiere que tiene la calidad de víctima en la carpeta de investigación 35193/FVCE/CODDI/TLACOLULA/2021 del índice de la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en la que con tal carácter presentó escrito a esa representación social el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós solicitándole que pidiera al Juez de Control competente cita para la formulación de la imputación al denunciado y continuar con el proceso penal. Ahora, en la demanda de amparo señala como actos reclamados del Agencia del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca: La omisión de acordar y notificarle el escrito aludido. La dilación en la administración de justicia como lo contempla el artículo 17 constitucional, en la carpeta de investigación 35193/FVC/CODDI/TLACOLULA/2021, instruida contra Gabriel Santiago Cruz, la que desde diciembre de dos mil veintiuno, está debidamente integrada, y a la fecha no existe determinación por parte del Ministerio Público ni ha procedido a su judicialización. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el presente caso, se estima actualizada, de manera notoria y evidente, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, aplicado en sentido contrario; que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". En el caso concreto, en tratándose del sistema penal acusatorio, contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, procede el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual debe agotarse en cumplimiento al principio de definitiva que rige el juicio de amparo. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por medio del cual, se puede confirmar, revocar o modificar la determinación de que se trata, el precepto que establece: "Artículo 258.- Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." A esa determinación concluyó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, visible en página 909, Tomo I, agosto 2018, Libro 57, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 27990, en la que señaló que el artículo 258 de la codificación penal en comento prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no, De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora,, la víctima u ofendido podrá promover el juicio de amparo biinstancial. Precisó que tales determinaciones de la representación social no se limitan a las taxativamente previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. De tal manera, que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento d elos hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese y en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. La jurisprudencia a la que se hace referencia es la 1ª/J.78/2018, de de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." En ese sentido, la quejosa se encuentra obligada a agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, esto es, debió impugnar ante el Juez de Control la omisión de la autoridad responsable a través del medio de defensa que prevé el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por medio del cual, se puede confirmar, revocar o modificar los actos omisivisos que reclama en este juicio de amparo. Por lo tanto, al no agotar la parte agraviada previo a la promoción del juicio de amparo el medio ordinario de defensa señalado, por virtud del cual pudo haberse modificado, revocado o nulificado el acto controvertido, se actualiza en la especie la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En tal virtud, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Huerto de los Framboyanes, número 210, fraccionamiento Trinidad de las Huertas, Oaxaca de Juárez. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino (siete horas con cuarenta y cinco minutos a quince horas con cuarenta y cinco minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Del estado de los autos se desprende, las autoridades responsables no han dado cumplimiento con la sentencia ejecutoria dictada en autos, por tanto, con fundamento en artículo 192 de la Ley de Amparo, requiéraseles nuevamente, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, en el ámbito de sus atribuciones, cumplan con la ejecutoria de amparo, esto es: dejen insubsistentes las órdenes de desposesión y desalojo del predio comunal y casa habitación ubicado en la calle Vicente Guerrero sin número, en el centro de San Martín Peras, Juxtlahuaca, Oaxaca, y por ende permitirles regresar a su domicilio; asimismo, dejen insubsistentes las órdenes de privación de la libertad y de destierro de su comunidad dictadas en contra de Carmela Mendoza Rodríguez y Maura Martínez Reyes. Apercibidos que de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100, moneda nacional ($9,622.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la citada Unidad de Medida ($96.22) por cien (100), de conformidad con los numerales 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En consecuencia, atendiendo a la demora presentada para notificar los diversos proveídos dictados en el presente juicio a las autoridades responsables con sede en San Martín Peras, Juxtlahuaca, Oaxaca, con fundamento en los artículos 158 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298, 300, 301 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2 de dicho ordenamiento, ante la imposibilidad material y jurídica que asiste a esta juzgador de trasladarse al lugar donde se deberá verificar la encomienda, gírese atento despacho al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juxtlahuaca, Oaxaca, para que en auxilio a las labores de este juzgado, haga entrega de los oficios que deriven del presente acuerdo a las autoridades responsables Presidente, Síndico, Suplente del Síndico, Comandantes Primero y Segundo de la Policía, Municipales de San Martín Peras, Juxtlahuaca, Oaxaca, debiendo levantar acta circunstanciada de ello. Se apercibe al Juez citado, que deberá diligenciar en sus términos el despacho que se le envía, devolverlo a la brevedad posible, en la inteligencia que de no hacerlo, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil ochocientos once y un pesos 00/100, moneda nacional ($4,811.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la citada Unidad de Medida ($96.22) por cincuenta (50), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se logre el cumplimiento de la diligencia encomendada. NOTIFÍQUESE.

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