Yubiel Calleja Hernández

Expediente 800/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
800/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • Yubiel Calleja Hernández
  • Juzgado de Control del Circuito Sierra Sur, sede Sola de Vega, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar) haya recurrido la sentencia dictada por este Tribunal, en la que se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley antes invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Vista la certificación de la secretaría, devuélvase el disco DVD a la autoridad responsable Juez de Control del Circuito Judicial Sierra Sur, sede Sola de Vega, Oaxaca, que remitió con su informe justificado. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, se advierte que en esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó y concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), se determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación CUADERNO INCIDENTAL. ES DEPURABLE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA O LA DEFINITIVA Y PROVISIONAL Y DESTRUIBLE CUANDO SE CONCEDE SÓLO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, por lo tanto, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a) (incidentes de suspensión donde se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas), por lo tanto: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar, el acuerdo de archivo y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 800/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, ********************, promovió demanda de amparo contra actos del Juez de Control del Circuito Sierra Sur, sede Sola de Vega, ********************; Fiscal General del Estado de ******************** y Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la Fiscalía General del Estado de ********************, que más adelante se precisarán, los que estima violan los derechos fundamentales contenidos en el 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. La demanda fue turnada a este Juzgado Tercero de Distrito, a la que se le asignó el número 800/2022, en auto de siete de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se emplazó a los terceros interesados, así también se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; señalándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; por lo que se pronuncia sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por Acuerdo General 45/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La orden de aprehensión librada en contra del quejoso ********************, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado con ventaja, por el Juez de Control del Circuito Judicial Sierra Sur, sede Sola de Vega, ********************, en la causa penal ******************** de su índice, y su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez de Control del Circuito Judicial Sierra Sur, sede Sola de Vega, ********************; Servidor Público designado por acuerdo del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones y el Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de ********************, en su respectivo informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado. En apoyo se invoca la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 305, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, correspondiente a la Materia Común, Quinta Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se robustece con el disco en formato DVD que remitió el Juez responsable en apoyo a su informe, al que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación, pues no existe disposición expresa en la Ley de Amparo que así lo establezca, lo que además es acorde con la Jurisprudencia 2a./J. 58/2012 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, foja 830, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio. Los conceptos de violación formulados por el quejoso resultan infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir en su favor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En efecto, pues como correctamente lo estimó el Juez responsable, con las constancias que obran en los autos de la causa penal de origen, se acredita el cuerpo del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de ********************, previsto en los artículos 285, 299 en relación con el 301, fracciones II y IV, así como 302, y sancionado por el numeral 291, primer párrafo, todos del Código Penal del Estado de ********************. En principio, se estima oportuno destacar que el artículo 16, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce que únicamente la autoridad judicial puede librar una orden de aprehensión, la cual debe estar precedida de una denuncia o querella formulada en contra de un hecho que la ley señale como delito que sea sancionado con pena privativa de la libertad y con la condición de que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su tercer párrafo, establece lo siguiente: "Artículo 16. . No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". En este sentido, la orden de aprehensión al ser un acto de autoridad, debe ser emitida por escrito o en la audiencia respectiva, para que obre un registro íntegro y fidedigno, como lo es la videograbación correspondiente, debido a que produce una afectación en la esfera jurídica del gobernado al cual se dirige, esto es, su libertad personal; por ello, para que tal afectación pueda considerarse válida debe estar debidamente fundada y motivada. En relación con lo anterior, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales en esencia y en lo que aquí interesa, dispone lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." Del artículo transcrito, se desprende que para librar una orden de aprehensión, es menester que se cumplan los siguientes requisitos: a) Que la emita una autoridad judicial. b) Que exista denuncia o querella. c) Que la ley señale como delito el hecho denunciado. d) Que el delito tenga pena privativa de libertad. e) Que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho. f) Que exista la probabilidad que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; y g) Que el ministerio público advierta que existe necesidad de cautela. El primer requisito, consistente en que sea una autoridad judicial la que emita la orden de aprehensión se satisface, si se toma en consideración que el Ministerio Público solicitó al Juez de Control del Circuito Judicial Sierra Sur, sede Sola de Vega, ********************, otorgara la referida orden, con base en la petición formulada de manera oral en la diligencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno; por tanto, dicho requisito se encuentra colmado. Respecto al segundo requisito, es decir, sobre la existencia de una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, también se cumplió; puesto que, de la petición de orden de aprehensión realizada por la Representante Social se aprecia la existencia del acta de aviso policial de hechos de veinte de diciembre de dos mil veinte, realizada por el Agente Estatal de Investigaciones ********************, por el que hizo del conocimiento hechos con características del delito de homicidio calificado, por lo que se dio inicio a la carpeta de investigación ********************. El tercer y cuarto requisitos están íntimamente vinculados, ya que el primero de ellos consiste en que la ley señale como delito el hecho denunciado y por otro lado, se requiere que el tipo en cuestión sea sancionado con pena privativa de libertad. Al respecto, el delito por el cual se giró la orden de aprehensión en contra del quejoso es el de homicidio calificado, previsto en los artículos 285, 299 en relación con el 301, fracciones II y IV, así como 302, y sancionado por el numeral 291, primer párrafo, todos del Código Penal del Estado de ********************. Dichos numerales establecen: "Artículo 285.- "Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro". "Artículo 291.- A los autores de un homicidio calificado se les aplicará la pena de treinta a cuarenta años de prisión." "Artículo 299.- Se entiende que las lesiones y el homicidio, son calificados, cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía o a traición". "Artículo 301.- Se entiende que hay ventaja: . II.- Cuando el infractor es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que lo acompañan; . IV.- Cuando éste se halle inerme o caído y aquél armado o de pie." "Artículo 302.- Sólo será considerada la ventaja como colificativa (sic) de los delitos de que hablan los capítulos anteriores de este título, cuando sea tal que el delincuente no corra riesgo alguno de ser muerto ni herido por el ofendido y aquél no obre en legítima defensa." De los que se desprende, que efectivamente los hechos denunciados, están previstos como delito y además contienen una pena privativa de libertad, por lo que ambos requisitos en análisis, se encuentran satisfechos. Para el análisis de los requisitos contenidos en los incisos e) y f), éstos deben estudiarse en forma conjunta, de conformidad con el contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales, previstos en los artículos 261 y 265 del precitado Código; esto es, no resulta necesario analizar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad como se hacía antes de la entrada en vigor del mencionado Código. Se cita el siguiente criterio, que no obstante que se refiera al auto de vinculación a proceso, lo que de él interesa, es lo relativo a la precisión de: un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo; por ello la idea recién plasmada se encuentra sustentada en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Agosto 2017, Materia Penal, Registro 2014800, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En atención a los lineamientos expuestos por la jurisprudencia mencionada, lo que es relevante para el dictado de la orden de aprehensión es que el juez de origen debe establecer que se ha llevado a cabo un hecho y que ese hecho encuadre en una conducta que la ley señala como delito; además de establecer la intervención del indiciado en el hecho que se le atribuye, lo anterior con la información proporcionada por el Fiscal, para concluir si con los datos mencionados se encuentra una proporcionalidad entre lo adecuado y lo necesario. Pues bien, los extremos indicados, se encuentran previstos en los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen lo siguiente: "Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado." "Artículo 265. Valoración de los datos y prueba. El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios." Además, como requisito de todo acto de autoridad, la orden de aprehensión debe estar debidamente fundada y motivada, debiéndose entender por motivación que en el acto de autoridad han de señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas que se hayan tomado en consideración para su emisión; siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. Resulta aplicable la tesis XX.102 K, sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Materia Común, página 501, que dice: "MOTIVACIÓN. TODO ACTO DE AUTORIDAD DEBE SATISFACER EL REQUISITO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional debe existir en todo acto de autoridad (orden de aprehensión, auto de formal prisión, sentencia, etc.), en razón de que debe justificarse la aplicación de las normas jurídicas respectivas precisamente en el mandamiento escrito, con el objeto de que la parte afectada con el acto de molestia pueda conocerlo y estar en condiciones de producir o preparar su defensa". Es importante señalar, que el Juez de control no debe imponerse de los medios de prueba que obren en la carpeta de investigación, pues el fiscal que formule la petición, deberá reseñar y relatar en forma precisa los denominados antecedentes de investigación o elementos de prueba que existan en la carpeta de investigación, y será con base en tal información, con lo que el juzgador deberá emitir el acto de molestia, motivo por el cual no puede exigírsele en este estadio procesal, describir de forma tan detallada los elementos de prueba, precisamente por no tenerlos a la vista, pues se insiste, el juzgador emitirá su determinación con base en la información que de viva voz le sea proporcionada. Así pues, la fundamentación y motivación no pueden soslayarse por los juzgadores cuando emiten una orden de aprehensión, pues aun cuando, atento a esa regla general, de que los jueces de control no tienen acceso a la carpeta de investigación, permanece intacta su obligación de fundar y motivar sus determinaciones, inclusive en forma oral, en ese propio escenario procesal ante las partes ahí presentes. Efectivamente, en acatamiento al mandato que consigna el primer párrafo del artículo 16 constitucional, el Juez debe justificar argumentativamente si procede librar una orden de aprehensión. Es decir, la citada autoridad judicial cumplirá la exigencia de fundar y motivar sus actos, en la medida en que en sus determinaciones, en principio, citen los preceptos legales que los faculten para emitirlas, así como aquéllos que les sirvan de apoyo al caso particular; además, expresen los razonamientos lógicos y jurídicos que les conduzcan a determinar que el asunto sometido a su potestad, encuadra en los supuestos de las normas invocadas. En ese contexto, no puede pretenderse por parte de los juzgadores, atendiendo al principio de oralidad y de la ausencia de forma escrita de algunas actuaciones dentro del proceso una relajación en el deber de fundar y motivar las decisiones que asuman, pues, una motivación adecuada y suficiente se torna más necesaria que nunca, para evitar no solamente arbitrariedades reales, sino incluso irregularidades imaginadas por las partes en el juicio. Ahora, una vez analizado el disco versátil que exhibió en este juicio el Juez responsable, mismo en el que se contiene la grabación de audio y video de la audiencia de solicitud de orden de aprehensión de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se advierte que la a Juez responsable citó como datos relevantes de la carpeta de investigación (que previamente le relató el representación social), los cuales son los siguientes: A).- El acta de aviso policial de hechos de veinte de diciembre de dos mil veinte, realizada por el Agente Estatal de Investigaciones ********************, por el que hizo del conocimiento de la Representante Social hechos con características del delito de homicidio calificado, por lo que se dio inicio a la carpeta de investigación ********************, por el delito de homicidio calificado; por lo que con fundamento en el artículo 16 y 21 de la Constitución Federal; así como 141, fracción III, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó se librara orden de aprehensión en contra del aquí quejoso y otras personas por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de ********************; ilícito que refirió estar previsto en los artículos 285, 299, 301, fracciones II y IV, y 302; sancionado por el numeral 291 primera parte, todos del Código Penal vigente en el Estado; precisando que lo anterior derivó de los siguientes hechos: 1.- Que desde el día primero de enero del año dos mil veinte, existen conflictos entre los habitantes de Santiago Xochiltepec y Santiago Textitlán, Sola de Vega, ********************, por invasión de terrenos y por los recursos económicos que llegan al municipio de Santiago Textitlán, Sola de Vega ********************, que debido a ello en el mes de marzo del dos mil veinte se entabló una mesa de diálogo, pero los habitantes de Santiago Xochiltepec no quisieron llegar a ningún acuerdo. 2.- Que derivado de ese conflicto el día veinte de diciembre del año dos mil veinte, siendo aproximadamente la una treinta horas, pobladores de la agencia municipal de Santiago Xochiltepec, Santiago Textitlán, Sola de Vega ********************, empezaron a disparar en contra de las casas de la Agencia de Policía de Río Santiago, perteneciente a Santiago Textitlán Sola de Vega ********************, que cuando serían entre las siete u ocho de la mañana de veinte de diciembre de dos mil veinte, los ciudadanos ******************** y otros, quienes son habitantes de Santiago Xochiltepec, Santiago Textitlán, Sola de Vega ********************, rodearon la Agencia de Policía de Río Santiago, perteneciente al Municipio de Santiago Textitlán, Sola de Vega ********************, con armas de fuego amenazaron a los pobladores de Rio Santiago, para que se salieran de sus domicilios, comenzando así una balacera, situación que duró hasta el día veintiuno de diciembre del dos mil veinte, aproximadamente a las dieciocho horas. 3.- Por lo que siendo aproximadamente las catorce y quince del día veinte de diciembre del año dos mil veinte, cuando ******************** circulaba sobre la calle sin nombre de la comunidad de Río Santiago, Santiago Textitlán, Sola de Vega ********************, a la altura de la casa del señor ********************, llevando de copiloto a la víctima ********************, justo cuando daba vuelta sobre la calle para salir a la Agencia de Río Santiago, a prestar ayuda a los habitantes de esa Agencia, les empezaron a disparar, escuchando que los disparos provenían de la lomita por donde está la casa del señor ********************, viendo que las personas que disparaban eran ******************** y otros, quienes portaban armas largas, que el señor ********************, abrió la puerta y salió del vehículo, quien sólo dio unos pasos y cayó al suelo lesionado por los disparos de arma de fuego, mientras ******************** a bordo del vehículo se retiró del lugar, observando como ********************, corrió hacía la Agencia de Río Santiago y volvió a caer. 4.- La víctima ********************, fue auxiliado por la ambulancia de Santiago Textitlán, Sola de Vega ********************, realizando su traslado a la Unidad Médica Rural de Santiago Textitlán, lugar en el que falleció. 5.- Siendo la causa de la muerte de ********************, hemorragia interna intensa, por lasceración de órganos abdominales provocado por proyectil de arma de fuego. Que tales hechos se acreditaban con los siguientes datos de prueba: a).- Acta policial de aviso de hechos probablemente delictuosos realizado al Agente del Ministerio Público, de veintidós de diciembre de dos mil veinte, firmado por ********************, que en la fecha citada fecha a las diez horas mientras efectuada servicio de guardia en la comandancia ubicada en el centro de la Villa Sola de Vega, ********************, recibió una llamada telefónica de ********************, quien se identificó como Síndico Municipal de Santiago Textitlán, Sola de Vega ********************, informando sobre la existencia de un cadáver del sexo masculino de quien en vida respondió al nombre de ********************, en la Unidad Médica Rural de Santiago Textitlán, por consecuencia de disparos de arma de fuego que le realizaron pobladores de la Agencia Municipal de Santiago Xochiltepec, con quienes sostienen un enfrentamiento por un conflicto agrario; por lo que solicitó la presencia de Agentes Estatales de Investigación. b).- Acta de descripción, levantamiento y traslado de cadáver, de veintidós de diciembre de dos mil veinte, de cuyo contenido se aprecia que el Agente Estatal de Investigaciones ********************, con número de identificación ********************; y el encargado de servicios ********************, con número de identificación ********************, ********************, con número de identificación ********************, se trasladaron a bordo del vehículo oficial al municipio de Santiago Textitlán, ********************, donde los esperaba el Síndico Municipal, ********************, quien los condujo hasta la Unidad Médica Rural, donde fueron recibidos por ******************** quien dijo ser enfermera de esa Unidad, que a las veintitrés horas con treinta minutos dieron inició a la inspección ocular, en la que se hizo constar que el lugar es cerrado, no cuenta con luz natural, por lo que se utiliza luz artificial, es frío, que el lugar no se encuentra acordonado ni resguardado por la autoridad municipal, describe que tiene a la vista la unidad médica describiéndola, haciendo constar que en el área denominada puesto de vacunación es donde se encuentra el cuerpo sin vida de la víctima, el que consta de una puerta de aluminio de color blanco de ochenta y ocho centímetros de ancho por dos punto ocho centímetros de altura, que al ingresar tiene a la vista en el centro del cuarto un puesto de vacunación, un bulto cubierto con una sábana de color blanco, el cual se encuentra sobre una camilla hospitalaria, al descubrirlo tiene a la vista un cuerpo humano del sexo masculino, de aproximadamente cuarenta y ocho años de edad, de complexión obeso, inmóvil, que no reacciona a estímulos externos, al tacto presenta una temperatura igual a la del medio ambiente, ausencia de función respiratoria, de pulso, por lo que hace constar que dicho cuerpo se encuentra sin vida, identificándolo con el indicio la letra A, en posición de cubito ventral sobre la camilla metálica, con colchoneta de color azul, con su cabeza orientada al noreste y extremidad inferior al sureste, ambos brazos flexionados a la altura del pecho, sus pies extendidos, dicho cadáver se encontraba con la parte de la espalda descubierta, informándoles la enfermera ********************que el occiso llegó aún con vida a esa Unidad Médica, quien pidió que su última voluntad era que lo colocaran boca abajo, enseguida dichos agentes procedieron a colocar el cuerpo en posición de cubito doral en la citada camilla, describiendo su media filiación que se trata de un cadáver del sexo masculino, de aproximadamente cuarenta ocho años de edad, de complexión obeso, mide uno punto cincuenta y cinco metros, tez morena, cara ovalada, cabello corto, negro, lacio, frente prominente, cejas pobladas, ojos medianos cerrados, nariz cóncava, boca grande, labios gruesos, usa bigote, barba cortada, que viste una sudadera de color negro con gorro la que en el pecho cuenta con unas letras de color blanco V y una V invertida RBC y una B invertida a la altura del cuello, pantalón de mezclilla, cinturón de tela, calza huaraches. Aducen que al inspeccionar dicho cuerpo, al exterior y a simple vista encontraron orificio de forma circular, a la altura del abdomen, otra lesión en el costado derecho a la altura del abdomen con exposición de vísceras, que al preguntar si alguien lo conoce responde una persona que dijo llamarse ********************, quien refirió que se trataba de su concubino ********************, de cuarenta y ocho años de edad, que era vecino de San José El Fríjol, Santiago Textitlán, Sola de Vega, ********************. Y siendo las cero cero, cero cero cero cinco horas, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, se ordena el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado a la calle Morelos de Santiago Textitlán, donde queda depositado para la intervención del perito médico, se dio por terminada la diligencia de levantamiento de cadáver; anexando al acta correspondiente diecinueve placas fotográficas del lugar del hecho y los hallazgos. c).- Diligencia de identificación legal del cadáver, en la que intervino ********************, el veintidós de diciembre de dos mil veinte, ante la Agente del Ministerio Público de Sola de Vega, ********************, quien nombró como asesor jurídico al licenciado ********************, con cédula profesional ********************; y en dicha diligencia refirió la compareciente que la víctima ********************, fue su concubino, quien tenía cuarenta y ocho años de edad, ya que nació el dos de mayo de mil novecientos setenta y dos; que fue originario y vecino de San José El Fríjol, Santiago Textitlán, Sola de Vega, ********************; hijo de ******************** (vive) y ******************** (fallecida), de ocupación campesino; de estado civil unión libre; no era adicto a ninguna droga, no consumía alcohol, no fumaba; sabía leer y escribir; estudio la instrucción primaria. En seguida, la declarante manifestó que el veinte de diciembre de dos mil veinte, la víctima salió de su comunidad a las siete de la mañana, con destino a Santiago Textitlán, ********************, a una asamblea, que hasta las dieciséis horas se enteró de lo que había pasado por una llamada telefónica de su hermano ********************, quien le informó que habían matado a su concubino; por lo que se trasladó al centro de Santiago Textitlán, cuando llegó se percató que el cuerpo de su concubino se encontraba sin vida, en la clínica de Textitlán, donde le informaron que murió a causa de los disparos de arma de fuego. d).- Acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil ********************, con número de folio ********************, a nombre de ********************. e).- Entrevista de ********************, realizada por el Agente Estatal de Investigaciones ********************, de quince de septiembre de dos mil veintiuno, en lo que interesa manifestó que es originario de Santiago Textitlán, Sola de Vega, ********************, que desde el primero de septiembre de dos mil veinte, fue nombrado Síndico de ese Municipio, que el día veinte de septiembre de dos mil veinte, aproximadamente a las siete de la mañana recibió una llamada por radio portátil del Agente de Policía de la comunidad de Río Santiago ********************, quien le pidió se trasladara a esa comunidad porque había un problema muy fuerte, por lo que en compañía de ********************, Comisariado de Bienes Comunales, ********************, Secretario del Comisariado y ********************, Alcalde de ese municipio se trasladaron a Río Santiago, donde llegaron a las siete horas con treinta minutos, en donde se encontraban en una reunión todos los integrantes de la comunidad, informándole varias mujeres que aproximadamente a la una treinta y ocho de la mañana empezó el tiroteo por el ataque realizado por los habitantes de Santiago Xochiltepec, le pidieron que solicitará auxilio a las autoridades de gobierno para que los protegiera, ya que aproximadamente a las siete de la mañana, llegaron a ese lugar doce hombres armados quienes los amenazaron diciéndoles que su comunidad estaba rodeada y que iban a acabar con ellos apuntándoles con sus armas de fuego, que tuvo que intervenir el agente de policía ********************, el que les dijo que no les dispararan, que la gente de su comunidad no estaba haciendo nada, que no querían problemas, que esos hombres se retiraron del lugar, que al estar platicando el Síndico con los pobladores se escucharon balazos, que se resguardaron, después salió caminando con el secretario del comisariado por el cerro que le llaman el briche, llegando a la cabecera municipal como a las once de la mañana, ya lo esperaban varias personas de diferentes comunidades porque tenían programada una asamblea para ese día, a las que les comentó lo sucedido y estos le dijeron que se organizarían para ir a auxiliar a los niños, mujeres y ancianos, que fueron veinticinco personas las que salieron caminando hacía Río Santiago, que como a las dos de la tarde por radio le avisaron que ya habían matado a ********************, por lo que mandó la ambulancia para que fueran a dar la atención y trajeran el cuerpo de la víctima, el que aún recogieron con vida, lo llevaron a la clínica en donde falleció, lo que aproximadamente a las tres con cuarenta y cinco minutos se lo confirmó la enfermera ********************Vásquez, la que dio aviso al Ministerio Público de Sola de Vega, para que realizara las diligencias correspondientes, los que llegaron esa noche, que el veintidós de diciembre de dos mil veinte, se enteró que también habían matado al señor ********************, que se sabe que las personas que mataron a ********************, fueron ******************** y otros, que fueron los que refirieron los pobladores de Río Santiago. f).- Entrevista de ********************, de veintitrés de enero de dos mil veintiuno, ante el Agente Estatal de Investigaciones ********************, quien manifestó que su comparecencia era para declarar en relación a la muerte de ********************, manifestando que el día domingo veinte de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente a las siete horas, se encontraban en una asamblea los pobladores de la comunidad de Río Santiago, que a ese lugar llegaron un grupo de doce personas, vestidos de militares, portaban armas de alto poder, quienes les dijeron que estaban rodeados y que ahora si se los iba a cargar la chingada, que estas eran de Santiago Xochiltepec, entre ellos ******************** y otros, que intervino el agente de policía de ese lugar, quien les dijo calmados aquí no pasa nada, que se fueron caminando hacia abajo sobre la carretera disparando a las casas, que las personas se fueron a sus casas percatándose que estaban rodeados por personas armadas de Santiago Xochiltepec, que el declarante opto por esconderse en un arroyo que está arriba de la agencia de policía, por un espacio de seis horas por que la balacera no terminaba, que como a las catorce horas de ese día escucho que venía un vehículo por la calle donde vive el señor Donato, asomándose pudiendo ver que era un vehículo del comisariado de bienes comunales de Santiago Textitlán, una camioneta de color ********************, de la marca ********************, que el conductor era el señor ******************** la que para dar la vuelta se hecho de reversa, en cuya maniobra las personas que los atacaron dispararon, bajándose del vehículo el señor ********************, que venía de copiloto, a quien le dispararon cayó en la carretera, huyendo a bordo de la camioneta ******************** y ********************, se levantó y corrió rumbo a la población, después de unos minutos llegó la ambulancia para llevarse al señor ********************, quien aún estaba vivo, que pudo ver y reconocer a las personas que realizaron los disparos. g).- Entrevista de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, de ******************** ante el Agente Estatal de Investigaciones ********************, en lo que interesa manifestó que se presentó a declarar en relación a la muerte de ********************, quien era originario de San José El Fríjol, Santiago Textitlán, Sola de Vega, ********************, que el día veinte de diciembre de dos mil veinte, siendo aproximadamente las catorce horas, se encontraba en el palacio de Santiago Textitlán, ya que es secretario del consejo de vigilancia de ese municipio, que recibieron una llamada por radio del Agente de policía de Río Santiago ********************, que estaban siendo agredidos, rodeando las casas, que eran personas de Santiago Xochiltepec, pidiéndole apoyo para auxiliarlos, que ********************, se ofreció voluntariamente a acompañarlo a Río Santiago, que al llegar a ese lugar, al ir pasando a la calle sin nombre a la altura de la casa del señor ********************, al hacer una maniobra con la camioneta en la que viajaban se escucharon disparos de arma de fuego, que provenía de la parte de arriba, de una lomita por donde se ubica la casa del señor ********************, que al ver hacía la lomita vio a los pobladores de Santiago Xochiltepec, que disparaban reconociendo entre ellos a ******************** y otros, que en esos momentos el señor ********************, abrió la puerta del copiloto donde venía, se salió dio tres pasos diciéndole ya me chingaron cayendo al suelo, viendo que se paró y corrió hacía la población de Río Santiago, que lo vio otra vez que se cayó, yéndose de ese lugar a bordo de la camioneta, pidiendo ayuda a la ambulancia para que auxiliara al señor ********************, quien posteriormente falleció, agregando que pudo reconocer a esas personas que son pobladores de Santiago Xochiltepec, a donde anteriormente iba a realizar sus compras y por las reuniones que han tenido con la Secretaria de Gobierno y las autoridades agrarias. h).- Entrevista de ******************** de ocho de febrero de dos mil veinte, quien señaló ser presidente municipal de Santiago Textitlán, Sola de Vega, ********************, electo para el periodo dos mil veinte - dos mil veintidós. Dijo que en el mes de marzo de dos mil veinte, el cabildo de la comunidad en cuestión, entablaron una mesa de diálogo para tratar un asunto relativo a la invasión de terrenos por parte de Santiago Xochiltepec; y sobre recursos de los ramos veintiocho y treinta y tres. Indicó que los recursos del ramo veintiocho corresponden a gastos para escuela, viáticos y salud; y los relativos al ramo treinta y tres son para realizar obras prioritarias de la comunidad. Señaló que la comunidad de Santiago Xochiltepec solicitó se realizara la repartición del recurso de los ramos según el número de residentes, siendo un total de cuatro millones de pesos aproximadamente, obteniendo respuesta negativa, pues dicha comunidad recibía la cantidad de quince mil "ochocientos" pesos mensuales relativos al ramo veintiocho; y por lo que hace al ramo treinta y tres era de trescientos mil pesos anuales; y al municipio le correspondían dieciséis millones seiscientos veinticinco mil ochocientos setenta y cuatro pesos con cincuenta centavos anualmente, los cuales debían repartirse entre diez agencias de policía de Santiago Textitlán, por lo que no alcanzaba para ser repartido como lo solicitó la Agencia de Santiago Xochiltepec, por lo que no quieren aceptar más mesas de diálogo y pretenden resolver su inconformidad matando gente de la comunidad de Río Santiago, como forma de ejercer presión para que se les entregara dicho recurso, pues colindan con esa población al dividirlos una calle. Así, dice el testigo que el veinte de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente a las siete de la mañana, habitantes de Santiago Xochiltepec, rodearon la Agencia Municipal de Río Santiago, quienes iban armados; por lo que el ateste convocó a una reunión urgente en la cabecera municipal de Santiago Textitlán, a la que acudirían todas las agencias de dicho municipio, esto a las diez de la mañana. Sin embargo, por cómo se suscitaron las cosas, y la forma en que llegaron los pobladores de Santiago Xochiltepec a Río Santiago, no fue posible, por lo que en la reunión urgente a las ocho de la mañana, se nombrarían comisiones para auxiliar a los niños, mujeres y ancianos de Río Santiago, pues los pobladores de Santiago Xochiltepec estaban balaceando a ésta última comunidad. Señala el testigo que en ese evento lesionaron a ********************, lo que le informó ********************, quien integra la Agencia de Río Santiago; y que tal suceso duró hasta el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente a las seis de la tarde, pues el aludido ******************** vía telefónica le dijo que habían matado a ********************, quien formaba parte del rescate organizado para sacar de Río Santiago a los niños, mujeres y ancianos; y que aún había personas resguardadas en el municipio de Santiago Textitlán, que las personas que saben quienes mataron a ********************, y son ******************** y ********************, por ser las personas que estuvieron en el lugar de los hechos. i).- Entrevista de ********************, de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, quien refirió que se desempeñó como Agente de Policía de Río Santiago, Santiago Textitlán, Sola de Vega, ********************, que el veinte de diciembre de dos mil veinte, se empezaron a escuchar disparos de arma de fuego, en dirección a las casas de los habitantes de la Agencia de Río Santiago, por lo que las personas se salieron de sus casas refugiándose entre los cafetales, que como a las siete de la mañana se reunieron en el corredor de la Agencia para comentar el motivo porqué estaban siendo agredidos, que en esos momentos llegaron entre doce o catorce personas que traían armas largas, manifestándoles que estaban rodeados, disparándoles a unas mujeres que habían corrido hacía el río rumbo a la cabecera municipal, que se reunió con otras personas para sacar a los niños, a los viejitos y personas discapacitadas, llevándolas al monte, que como a las dos de la tarde vía radio le informaron que personas de Santiago Xochiltepec, le habían disparado al señor ********************, que como a las tres de la tarde se enteró vía radio que el señor ******************** ya había muerto, que la balacera duró hasta el día veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. j).- La media filiación de ********************, aportada por ********************, que no cuenta con ningún apodo, aproximadamente de treinta años de edad, de uno punto sesenta metros de altura, delgado, moreno, cabello negro lacio, cara alargada, frente angosta, cejas semipobladas, ojos café obscuro, nariz recta afilada, boca angosta, labios delgados, que su domicilio es conocido sobre la calle principal de Santiago Xochiltepec, Santiago Textitlán, Sola de Vega, ********************, de ocupación profesor. k).- Acta de defunción expedida el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, a nombre de ********************, con fecha de defunción veinte de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente a las quince horas con cuarenta cinco minutos, causa de la muerte hemorragia interna intensa por lasceración de órganos abdominales provocados por proyectil de arma de fuego, tipo de defunción violenta; certificado por el perito médico ********************, con cédula profesional ********************, firmada por el Oficial Primero del Registro Civil de Sola de Vega, ********************, licenciado ********************. l).- Protocolo de autopsia y reconocimiento médico exterior, de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, en el que el perito médico señala que se trata de un cadáver del sexo masculino, de edad aproximada de cuarenta y ocho años de edad, refiere que siendo las cero horas del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, en el domicilio ubicado en la calle de Morelos de Santiago Textitlán, Sola de Vega, ********************, realiza el reconocimiento médico de ley al fallecido de nombre ********************, el que se encontraba en una mesa de madera, en posición de cubito dorsal, que presentaba los signos de una muerte real y verdadera, por presentar ausencia de respuesta a estímulos externos, ausencia de ruidos cardio respiratorios, temperatura igual a la del medio ambiente, rigidez cadavérica generalizada, media filiación masculino de cuarenta y ocho años de edad, raza mestiza, piel morena, complexión robusta, talla uno punto sesenta y seis centímetros, peso corporal aproximado noventa kilogramos, cabello castaño obscuro lacio corto, frente mediana, cejas rectas separadas cantidad abundante, ojos ovalados con iris de color café obscuro, nariz raíz pequeña y base ancha, boca mediana, labios delgados, barba sin afeitar, bigote abundante desaliñado, cuello corto, refiere que al reconocimiento exterior presenta lesión por proyectil de arma de fuego, un orificio de característica de entrada por tener los bordes invertidos, anillo quimiotico escoriativo de forma irregular, longitud de orificio de entrada de siete centímetros de diámetro, localizado en flanco izquierdo del abdomen a ciento seis centímetros de plano de su circunscripción y a trece centímetros a la izquierda de línea media anterior, con orificio de salida en flanco derecho con eriseración de intestino delgado, con cuatro centímetros de longitud, equimosis perilisional a ciento tres centímetros del plano de sustentación y a siete centímetros a la derecha de la línea media anterior, concluyendo que la causa de la muerte de ********************, es debido a hemorragia interna intensa por lasceración de órganos abdominales provocados por proyectil de arma de fuego, anexa disco con treinta y ocho fotografías, dictamen realizado por el perito ********************, con cédula profesional ********************. m).- Diligencia de inspección ocular a vehículo de siete de marzo de dos mil veintiuno, realizada por el Agente Estatal de Investigaciones ********************, por la comparecencia de Marcos ******************** Hernández, secretario del consejo de vigilancia de bienes comunales de Santiago Textitlán, quien lleva el vehículo de la marca ********************, color ********************, con placas de circulación ******************** del Estado de ********************, propiedad del comisariado de bienes comunales de Santiago Textitlán, ********************, por ser en el que iban a bordo cuando resultó lesionado el señor ********************, haciendo constar que dicho vehículo se encuentra en buenas condiciones, en el costado derecho de la carrocería en la parte superior se observaron seis orificios pequeños de forma circular, los que cuentan con salida en la parte interna de la carrocería, observando el despostillamiento de los orificios en la parte trasera de la carrocería, los faros traseros rotos, en el costado izquierdo parte superior presenta un despostillamiento de la madera, en la parte inferior de la carrocería un orificio de forma circular, siendo un total de cuatro oficios con despostillamiento de la madera del lado izquierdo. Datos de prueba con los que la Agente del Ministerio Público sustentó la solicitud que realizó a la Juez de Control para que librara orden de aprehensión contra el quejoso por su probable intervención en la comisión del hecho calificado por la ley como delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de ********************; y respecto de los cuales pidió se les diera valor probatorio En ese sentido, al ocuparse del valor probatorio de los datos de prueba aportados por la representación social, la Juez de Control dijo que no advertía algún dato de ilicitud en su obtención ni incorporación; los que le permitieron establecer que existió un hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, consistente en que, desde el día primero de enero del año dos mil veinte, existen conflictos entre los habitantes de Santiago Xochiltepec, y Santiago Textitlán, por invasión de terrenos y por los recursos económicos que llegan al municipio de Santiago Textitlán, Sola de Vega ********************, que derivado de ese conflicto el día veinte de diciembre del año dos mil veinte, siendo aproximadamente las ocho horas, un grupo de pobladores de la agencia municipal de Santiago Xochiltepec, Santiago Textitlán, Sola de Vega ********************, rodearon la agencia de Policía de Rio Santiago, perteneciente a Santiago Textitlán Sola de Vega ********************, entre ellos se encontraba el aquí quejoso ******************** y otros, quienes con armas de fuego amenazaron a los pobladores de Rio Santiago, para que se salieran de sus domicilios, comenzando así una balacera, situación que duro hasta el día veintiuno de diciembre del dos mil veinte aproximadamente a las dieciocho horas. Por ese motivo, siendo aproximadamente las catorce horas del veinte de diciembre del año dos mil veinte, ******************** secretario del consejo de vigilancia de Santiago Textitlán, al recibir una llamada de auxilio por parte de ******************** Agente de Policía de Río Santiago, que estaban siendo agredidos, rodeando las casas, que eran personas de Santiago Xochiltepec, en compañía de ********************, quien se ofreció voluntariamente a acompañarlo, se dirigieron a Río Santiago, que al llegar a ese lugar, al ir pasando por la calle sin nombre a la altura de la casa del señor ********************, al hacer una maniobra con la camioneta en la que viajaban se escucharon disparos de arma de fuego, que provenía de la parte de arriba, de una lomita por donde se ubica la casa del señor ********************, que al ver hacía la lomita vio a los pobladores de Santiago Xochiltepec, que disparaban reconociendo entre ellos a ******************** y otros, que en esos momentos el señor ********************, abrió la puerta del copiloto donde venía, se salió dio tres pasos diciéndole ya me chingaron cayendo al suelo, viendo que se paró y corrió hacía la población de Río Santiago, que lo vio otra vez que se cayó, yéndose de ese lugar a bordo de la camioneta, pidiendo ayuda a la ambulancia para que auxiliara al señor ********************, quien posteriormente falleció, agregando que pudo reconocer a esas personas que son pobladores de Santiago Xochiltepec, a donde anteriormente iba a realizar sus compras y por las reuniones que han tenido con la Secretaria de Gobierno y las autoridades agrarias. En cuanto a la agravante, como adecuadamente lo sostuvo la Juez de Control, por el momento se encuentra satisfecha con los mismos datos de prueba, pues de éstos se advierte, que el imputado se encontraba en compañía de otros coagresores, los que se encontraban armados mientras que la víctima no, lo que les garantizaba una situación favorable que implicaba no correr riesgo de ser muerto o herido por la víctima. Por tanto, la responsable de manera fundada y motivada, concluyó que de los datos de prueba se aprecia una situación de superioridad del agresor sobre la víctima, por lo que en el caso particular, se demostró que el hecho delictivo se cometió con ventaja al estar el activo en compañía de otros sujetos más (doce o catorce personas), además de encontrarse armados. Por lo que hace a la probable participación de ********************, en el delito que se le imputa, el órgano responsable la tuvo por acreditada con los datos de prueba ya referidos en esta resolución, cuya intervención fue dolosa; de igual manera, estableció debidamente, que la forma de participación, lo fue en grado de coautor con dominio del hecho, en términos del artículo 2, fracción III, del Código Penal del Estado de ********************. Lo anterior, se considera acertado, pues de los datos de prueba expuestos (entrevista a los testigos presenciales de los hechos), se aprecia que la conducta realizada en contra de la vida del pasivo ********************, fue el resultado de las acciones conjuntas desplegadas por el inculpado y otros, quienes participaron en conjunto para ocasionarle un daño a la víctima; por tanto, de manera adecuada se estimó que el conjunto de acciones desplegadas por dichas personas resultó esencial para la consumación del hecho, ya que cada uno pudo hacerlo cesar o decidir consumarlo, optando por lo segundo, con lo cual es patente que quisieron y aceptaron el resultado. Con lo cual, se advierte que los imputados, aportaron las funciones esenciales o necesarias, para privar de la vida a la víctima, en tanto que realizaron una porción directa de la acción típica; esto es, que su intervención fue de manera conjunta y no aislada, con la finalidad de cometer el ilícito que se les reprocha. Motivo por el cual, contrario a lo que manifiesta el quejoso, los datos de prueba considerados por la Juez responsable, se estiman idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes, para demostrar, al menos indiciariamente, su probable participación en la comisión del hecho delictivo de homicidio (calificado), que se investiga. Necesidad de cautela. Por otra parte, en lo concerniente a la necesidad de cautela que haga necesaria la emisión de la orden de captura, se encuentra igualmente sustentada; pues la medida tomada por la Juez de Control, se basa en una necesidad de cautela que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, según lo establece la interpretación conjunta de los siguientes preceptos: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: . III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela." "Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares. Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento". De los artículos precitados, se obtiene que con la implementación de las medidas se pretende, entre otros extremos, asegurar la comparecencia del imputado al proceso, debiendo existir justificación en la necesidad de las mismas. De esta forma se contempla la posibilidad de que el juez de control emita una orden de captura para que el imputado sea llevado ante su potestad para la continuación del juicio penal, y así, con prontitud, se decida sobre las sanciones que, en su caso, deban imponérsele. La necesidad de cautela surgió como una medida de contrapeso propia del sistema penal acusatorio y adversarial en aras de evitar "abusos" por parte de las autoridades, al reducirse el "estándar probatorio" para el libramiento de una orden de aprehensión, entonces, la necesidad de cautela es un requisito que debe calificar el Juez de Control y motivar por qué a su parecer en el caso sometido a su consideración se encuentra justificada por el fiscal. En ese orden de ideas, la orden de aprehensión, en términos de lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, en relación con el diverso 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye una forma de conducción al imputado al proceso de carácter excepcional, cuya necesidad indefectiblemente deberá justificar la fiscalía ante el Juez de Control, y éste a su vez, deberá fundar y motivar por qué la tuvo por satisfecha. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 20/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2021956, consultable en la página 2553 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, Materia Penal, Décima Época, que establece: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA.- Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo indirecto sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión, sin mediación de citatorio, debe tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el fiscal solicita su libramiento es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo". En el presente asunto, la Juez responsable argumentó lo siguiente: "La Ministerio Público, sustenta dicha petición, tomando en consideración la calificación jurídica asignada a estos hechos, como lo son de los que se encuentran sancionados como aquellos que ameritan prisión preventiva de manera oficiosa, así también como lo es el hecho de que hayan intervenido doce personas, al respecto debo de precisar que si bien es cierto como lo refiere la Agente del Ministerio Público, estos hechos dada la calificación jurídica asignada, son aquellos que se encuentran previstos como los que ameritan prisión preventiva oficiosa en términos de lo que establece el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también no paso por alto el contexto en el cual suscitaron los mismos, es decir, que deriva precisamente de un conflicto que tiene la población de Río Santiago con la población de Santiago Xochiltepec, pertenecientes a la población de Santiago Textitlán, Sola de Vega, ********************, y que éste conflicto ha derivado precisamente, que los pobladores de Santiago Xochiltepec, realicen disparos hacia los pobladores de Río Santiago, es decir, si se optara por hacerlos comparecer a través de una cita judicial, esto podría representar un peligro mayor, no solo para los testigos y la víctima indirecta, sino incluso para desencadenar un problema mayor entre los pobladores de estas comunidades de Santiago Xochiltepec y Río Santiago, en ese sentido, lo que buscamos también a través de esta medida es minimizar el impacto que pudiera tener y contribuir a solucionar el conflicto entre los pobladores, es por eso que considero que la mejor forma de conducción de los indiciados a la audiencia de comunicación de imputación lo es la orden de aprehensión, tomando en cuenta que no solo se van a ver favorecidos los fines del proceso, sino que también se va a resguardar la integridad de los testigos, de la víctima indirecta y que incluso se pudiera minimizar el impacto que pudiera tener hacia los demás pobladores de la población de Río Santiago, previniendo la reacción que los pobladores de Santiago Xochiltepec pudieran tener al momento de enterarse que fueron denunciados ante las autoridades correspondientes por la comisión de estos hechos." Determinación que resulta correcta, pues al margen de que, como lo precisó la Juez Penal, la Agente del Ministerio Público al solicitar el libramiento de la orden de aprehensión, en lo relativo a la necesidad de la cautela, sostuvo como argumento que el delito atribuido era de aquéllos previstos en la Constitución Federal contra los que procedía imponer prisión preventiva oficiosa; la Juzgadora consideró procedente la orden de aprehensión pues existía un riesgo para la víctima indirecta y los testigos presenciales de los hechos, en caso de tratar de hacer comparecer a los imputados mediante citatorio judicial. De ahí que, si como criterio válido para la emisión de la orden de aprehensión puede invocarse el peligro para la víctima y los testigos; y en la especie el Juez determinó que en virtud de estos aspectos actualizados en el caso, debía librarse el mandamiento de captura; entonces, resultó acertada su resolución. Lo anterior pues en efecto, de los datos de prueba aportados por la representación social, se logró deducir, a manera de probabilidad, que dadas las circunstancias sociales en las que se suscitó el homicidio de la víctima, mismo que tuvo lugar en la comunidad de Río Santiago, por parte de un grupo de personas del poblado Santiago Xochiltepec, Sola de Vega, ********************, las que sólo están territorialmente separadas por una calle; y que dichos imputados decidieron amenezar la integridad física, incluso la vida de los habitantes de Río Santiago, como forma de presión para que se les entregaran determinadas cantidades provenientes de los recursos de los ramos veintiocho y treinta y tres; aunado a que la víctima fue una de las personas que integraron los grupos formados para auxiliar a los niños, mujeres y personas de la tercera edad, a trasladarse a Santiago Textitlán para resguardarse de los ataques propinados por habitantes de Santiago Xochiltepec. Entonces, es dable establecer que existe peligro para la víctima y los atestes, al ser habitantes de las agencias pertenecientes al municipio en el que también viven los imputados; lo que evidencia la necesidad de cautela. Así, resultan infundados los conceptos de violación, dado que contrario a lo argumentado por el quejoso, pues en el artículo 16 de la Constitución Federal se establecen los requisitos para la emisión de una orden de aprehensión; entre los que no se encuentra el de dar intervención a los imputados para que puedan ser oídos y vencidos, dada la naturaleza de dicha medida, que es la determinación cuya solicitud implica el ejercicio de la acción penal por parte de la representación social, con la finalidad de hacer comparecer al imputado ante el Juez de Control, a efecto de comunicarle imputación inicial y así garantizar su derecho a ser oído dentro de un juicio a efecto de que pueda hacer valer su derecho de defensa. Además, diverso a lo manifestado por el quejoso, la resolución impugnada está fundada y motivada, pues de su contenido se aprecia que la Juez invocó los preceptos que la sustentaron; así como la forma en que se adecuaron al caso planteado por la representación social. Asimismo, es incorrecto lo que dice el quejoso, en el sentido de que no se encuentra en alguno de los supuestos para que se ordene su detención, pues como ya se hizo notar al analizar el acto reclamado, la emisión de la orden de aprehensión implica una forma de hacer comparecer ante el Juez Penal a una persona sin su consentimiento, siempre que se cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el numeral 16 de la Constitución Federal, como aconteció en la especie. En consecuencia, se concluye que la orden de aprehensión reclamada, satisface los requisitos de fundamentación y motivación que para todo acto de autoridad exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los elementos de fondo establecidos en el diverso numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues de manera clara y congruente aborda el hecho considerado por la ley como el delito atribuido al hoy quejoso y también colma los requisitos de fondo que para tal efecto exige el segundo párrafo del citado artículo 16 constitucional. En esas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación y sin que se advierta queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Fiscal General del Estado de ******************** y Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la Fiscalía General del Estado de ********************, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia de la orden de aprehensión impugnada a la autoridad judicial responsable. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión y su ejecución reclamados al Juez de Control del Circuito Sierra Sur, sede Sola de Vega, ********************, Fiscal General del Estado de ******************** y Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la Fiscalía General del Estado de ********************, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    PREVIO AVISO... Número de expediente: 800/2022 Acuerdo: Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 800/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, ********************, promovió demanda de amparo contra actos del Juez de Control del Circuito Sierra Sur, sede Sola de Vega, ********************; Fiscal General del Estado de ******************** y Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la Fiscalía General del Estado de ********************, que más adelante se precisarán, los que estima violan los derechos fundamentales contenidos en el 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. La demanda fue turnada a este Juzgado Tercero de Distrito, a la que se le asignó el número 800/2022, en auto de siete de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se emplazó a los terceros interesados, así también se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; señalándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; por lo que se pronuncia sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por Acuerdo General 45/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La orden de aprehensión librada en contra del quejoso ********************, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado con ventaja, por el Juez de Control del Circuito Judicial Sierra Sur, sede Sola de Vega, ********************, en la causa penal ******************** de su índice, y su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez de Control del Circuito Judicial Sierra Sur, sede Sola de Vega, ********************; Servidor Público designado por acuerdo del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones y el Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de ********************, en su respectivo informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado. En apoyo se invoca la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 305, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, correspondiente a la Materia Común, Quinta Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se robustece con el disco en formato DVD que remitió el Juez responsable en apoyo a su informe, al que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación, pues no existe disposición expresa en la Ley de Amparo que así lo establezca, lo que además es acorde con la Jurisprudencia 2a./J. 58/2012 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, foja 830, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio. Los conceptos de violación formulados por el quejoso resultan infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir en su favor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En efecto, pues como correctamente lo estimó el Juez responsable, con las constancias que obran en los autos de la causa penal de origen, se acredita el cuerpo del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de ********************, previsto en los artículos 285, 299 en relación con el 301, fracciones II y IV, así como 302, y sancionado por el numeral 291, primer párrafo, todos del Código Penal del Estado de ********************. En principio, se estima oportuno destacar que el artículo 16, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce que únicamente la autoridad judicial puede librar una orden de aprehensión, la cual debe estar precedida de una denuncia o querella formulada en contra de un hecho que la ley señale como delito que sea sancionado con pena privativa de la libertad y con la condición de que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su tercer párrafo, establece lo siguiente: "Artículo 16. . No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". En este sentido, la orden de aprehensión al ser un acto de autoridad, debe ser emitida por escrito o en la audiencia respectiva, para que obre un registro íntegro y fidedigno, como lo es la videograbación correspondiente, debido a que produce una afectación en la esfera jurídica del gobernado al cual se dirige, esto es, su libertad personal; por ello, para que tal afectación pueda considerarse válida debe estar debidamente fundada y motivada. En relación con lo anterior, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales en esencia y en lo que aquí interesa, dispone lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." Del artículo transcrito, se desprende que para librar una orden de aprehensión, es menester que se cumplan los siguientes requisitos: a) Que la emita una autoridad judicial. b) Que exista denuncia o querella. c) Que la ley señale como delito el hecho denunciado. d) Que el delito tenga pena privativa de libertad. e) Que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho. f) Que exista la probabilidad que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; y g) Que el ministerio público advierta que existe necesidad de cautela. El primer requisito, consistente en que sea una autoridad judicial la que emita la orden de aprehensión se satisface, si se toma en consideración que el Ministerio Público solicitó al Juez de Control del Circuito Judicial Sierra Sur, sede Sola de Vega, ********************, otorgara la referida orden, con base en la petición formulada de manera oral en la diligencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno; por tanto, dicho requisito se encuentra colmado. Respecto al segundo requisito, es decir, sobre la existencia de una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, también se cumplió; puesto que, de la petición de orden de aprehensión realizada por la Representante Social se aprecia la existencia del acta de aviso policial de hechos de veinte de diciembre de dos mil veinte, realizada por el Agente Estatal de Investigaciones ********************, por el que hizo del conocimiento hechos con características del delito de homicidio calificado, por lo que se dio inicio a la carpeta de investigación ********************. El tercer y cuarto requisitos están íntimamente vinculados, ya que el primero de ellos consiste en que la ley señale como delito el hecho denunciado y por otro lado, se requiere que el tipo en cuestión sea sancionado con pena privativa de libertad. Al respecto, el delito por el cual se giró la orden de aprehensión en contra del quejoso es el de homicidio calificado, previsto en los artículos 285, 299 en relación con el 301, fracciones II y IV, así como 302, y sancionado por el numeral 291, primer párrafo, todos del Código Penal del Estado de ********************. Dichos numerales establecen: "Artículo 285.- "Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro". "Artículo 291.- A los autores de un homicidio calificado se les aplicará la pena de treinta a cuarenta años de prisión." "Artículo 299.- Se entiende que las lesiones y el homicidio, son calificados, cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía o a traición". "Artículo 301.- Se entiende que hay ventaja: . II.- Cuando el infractor es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que lo acompañan; . IV.- Cuando éste se halle inerme o caído y aquél armado o de pie." "Artículo 302.- Sólo será considerada la ventaja como colificativa (sic) de los delitos de que hablan los capítulos anteriores de este título, cuando sea tal que el delincuente no corra riesgo alguno de ser muerto ni herido por el ofendido y aquél no obre en legítima defensa." De los que se desprende, que efectivamente los hechos denunciados, están previstos como delito y además contienen una pena privativa de libertad, por lo que ambos requisitos en análisis, se encuentran satisfechos. Para el análisis de los requisitos contenidos en los incisos e) y f), éstos deben estudiarse en forma conjunta, de conformidad con el contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales, previstos en los artículos 261 y 265 del precitado Código; esto es, no resulta necesario analizar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad como se hacía antes de la entrada en vigor del mencionado Código. Se cita el siguiente criterio, que no obstante que se refiera al auto de vinculación a proceso, lo que de él interesa, es lo relativo a la precisión de: un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo; por ello la idea recién plasmada se encuentra sustentada en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Agosto 2017, Materia Penal, Registro 2014800, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En atención a los lineamientos expuestos por la jurisprudencia mencionada, lo que es relevante para el dictado de la orden de aprehensión es que el juez de origen debe establecer que se ha llevado a cabo un hecho y que ese hecho encuadre en una conducta que la ley señala como delito; además de establecer la intervención del indiciado en el hecho que se le atribuye, lo anterior con la información proporcionada por el Fiscal, para concluir si con los datos mencionados se encuentra una proporcionalidad entre lo adecuado y lo necesario. Pues bien, los extremos indicados, se encuentran previstos en los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen lo siguiente: "Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado." "Artículo 265. Valoración de los datos y prueba. El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios." Además, como requisito de todo acto de autoridad, la orden de aprehensión debe estar debidamente fundada y motivada, debiéndose entender por motivación que en el acto de autoridad han de señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas que se hayan tomado en consideración para su emisión; siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. Resulta aplicable la tesis XX.102 K, sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Materia Común, página 501, que dice: "MOTIVACIÓN. TODO ACTO DE AUTORIDAD DEBE SATISFACER EL REQUISITO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional debe existir en todo acto de autoridad (orden de aprehensión, auto de formal prisión, sentencia, etc.), en razón de que debe justificarse la aplicación de las normas jurídicas respectivas precisamente en el mandamiento escrito, con el objeto de que la parte afectada con el acto de molestia pueda conocerlo y estar en condiciones de producir o preparar su defensa". Es importante señalar, que el Juez de control no debe imponerse de los medios de prueba que obren en la carpeta de investigación, pues el fiscal que formule la petición, deberá reseñar y relatar en forma precisa los denominados antecedentes de investigación o elementos de prueba que existan en la carpeta de investigación, y será con base en tal información, con lo que el juzgador deberá emitir el acto de molestia, motivo por el cual no puede exigírsele en este estadio procesal, describir de forma tan detallada los elementos de prueba, precisamente por no tenerlos a la vista, pues se insiste, el juzgador emitirá su determinación con base en la información que de viva voz le sea proporcionada. Así pues, la fundamentación y motivación no pueden soslayarse por los juzgadores cuando emiten una orden de aprehensión, pues aun cuando, atento a esa regla general, de que los jueces de control no tienen acceso a la carpeta de investigación, permanece intacta su obligación de fundar y motivar sus determinaciones, inclusive en forma oral, en ese propio escenario procesal ante las partes ahí presentes. Efectivamente, en acatamiento al mandato que consigna el primer párrafo del artículo 16 constitucional, el Juez debe justificar argumentativamente si procede librar una orden de aprehensión. Es decir, la citada autoridad judicial cumplirá la exigencia de fundar y motivar sus actos, en la medida en que en sus determinaciones, en principio, citen los preceptos legales que los faculten para emitirlas, así como aquéllos que les sirvan de apoyo al caso particular; además, expresen los razonamientos lógicos y jurídicos que les conduzcan a determinar que el asunto sometido a su potestad, encuadra en los supuestos de las normas invocadas. En ese contexto, no puede pretenderse por parte de los juzgadores, atendiendo al principio de oralidad y de la ausencia de forma escrita de algunas actuaciones dentro del proceso una relajación en el deber de fundar y motivar las decisiones que asuman, pues, una motivación adecuada y suficiente se torna más necesaria que nunca, para evitar no solamente arbitrariedades reales, sino incluso irregularidades imaginadas por las partes en el juicio. Ahora, una vez analizado el disco versátil que exhibió en este juicio el Juez responsable, mismo en el que se contiene la grabación de audio y video de la audiencia de solicitud de orden de aprehensión de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se advierte que la a Juez responsable citó como datos relevantes de la carpeta de investigación (que previamente le relató el representación social), los cuales son los siguientes: A).- El acta de aviso policial de hechos de veinte de diciembre de dos mil veinte, realizada por el Agente Estatal de Investigaciones ********************, por el que hizo del conocimiento de la Representante Social hechos con características del delito de homicidio calificado, por lo que se dio inicio a la carpeta de investigación ********************, por el delito de homicidio calificado; por lo que con fundamento en el artículo 16 y 21 de la Constitución Federal; así como 141, fracción III, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó se librara orden de aprehensión en contra del aquí quejoso y otras personas por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de ********************; ilícito que refirió estar previsto en los artículos 285, 299, 301, fracciones II y IV, y 302; sancionado por el numeral 291 primera parte, todos del Código Penal vigente en el Estado; precisando que lo anterior derivó de los siguientes hechos: 1.- Que desde el día primero de enero del año dos mil veinte, existen conflictos entre los habitantes de Santiago Xochiltepec y Santiago Textitlán, Sola de Vega, ********************, por invasión de terrenos y por los recursos económicos que llegan al municipio de Santiago Textitlán, Sola de Vega ********************, que debido a ello en el mes de marzo del dos mil veinte se entabló una mesa de diálogo, pero los habitantes de Santiago Xochiltepec no quisieron llegar a ningún acuerdo. 2.- Que derivado de ese conflicto el día veinte de diciembre del año dos mil veinte, siendo aproximadamente la una treinta horas, pobladores de la agencia municipal de Santiago Xochiltepec, Santiago Textitlán, Sola de Vega ********************, empezaron a disparar en contra de las casas de la Agencia de Policía de Río Santiago, perteneciente a Santiago Textitlán Sola de Vega ********************, que cuando serían entre las siete u ocho de la mañana de veinte de diciembre de dos mil veinte, los ciudadanos ******************** y otros, quienes son habitantes de Santiago Xochiltepec, Santiago Textitlán, Sola de Vega ********************, rodearon la Agencia de Policía de Río Santiago, perteneciente al Municipio de Santiago Textitlán, Sola de Vega ********************, con armas de fuego amenazaron a los pobladores de Rio Santiago, para que se salieran de sus domicilios, comenzando así una balacera, situación que duró hasta el día veintiuno de diciembre del dos mil veinte, aproximadamente a las dieciocho horas. 3.- Por lo que siendo aproximadamente las catorce y quince del día veinte de diciembre del año dos mil veinte, cuando ******************** circulaba sobre la calle sin nombre de la comunidad de Río Santiago, Santiago Textitlán, Sola de Vega ********************, a la altura de la casa del señor ********************, llevando de copiloto a la víctima ********************, justo cuando daba vuelta sobre la calle para salir a la Agencia de Río Santiago, a prestar ayuda a los habitantes de esa Agencia, les empezaron a disparar, escuchando que los disparos provenían de la lomita por donde está la casa del señor ********************, viendo que las personas que disparaban eran ******************** y otros, quienes portaban armas largas, que el señor ********************, abrió la puerta y salió del vehículo, quien sólo dio unos pasos y cayó al suelo lesionado por los disparos de arma de fuego, mientras ******************** a bordo del vehículo se retiró del lugar, observando como ********************, corrió hacía la Agencia de Río Santiago y volvió a caer. 4.- La víctima ********************, fue auxiliado por la ambulancia de Santiago Textitlán, Sola de Vega ********************, realizando su traslado a la Unidad Médica Rural de Santiago Textitlán, lugar en el que falleció. 5.- Siendo la causa de la muerte de ********************, hemorragia interna intensa, por lasceración de órganos abdominales provocado por proyectil de arma de fuego. Que tales hechos se acreditaban con los siguientes datos de prueba: a).- Acta policial de aviso de hechos probablemente delictuosos realizado al Agente del Ministerio Público, de veintidós de diciembre de dos mil veinte, firmado por ********************, que en la fecha citada fecha a las diez horas mientras efectuada servicio de guardia en la comandancia ubicada en el centro de la Villa Sola de Vega, ********************, recibió una llamada telefónica de ********************, quien se identificó como Síndico Municipal de Santiago Textitlán, Sola de Vega ********************, informando sobre la existencia de un cadáver del sexo masculino de quien en vida respondió al nombre de ********************, en la Unidad Médica Rural de Santiago Textitlán, por consecuencia de disparos de arma de fuego que le realizaron pobladores de la Agencia Municipal de Santiago Xochiltepec, con quienes sostienen un enfrentamiento por un conflicto agrario; por lo que solicitó la presencia de Agentes Estatales de Investigación. b).- Acta de descripción, levantamiento y traslado de cadáver, de veintidós de diciembre de dos mil veinte, de cuyo contenido se aprecia que el Agente Estatal de Investigaciones ********************, con número de identificación ********************; y el encargado de servicios ********************, con número de identificación ********************, ********************, con número de identificación ********************, se trasladaron a bordo del vehículo oficial al municipio de Santiago Textitlán, ********************, donde los esperaba el Síndico Municipal, ********************, quien los condujo hasta la Unidad Médica Rural, donde fueron recibidos por ******************** quien dijo ser enfermera de esa Unidad, que a las veintitrés horas con treinta minutos dieron inició a la inspección ocular, en la que se hizo constar que el lugar es cerrado, no cuenta con luz natural, por lo que se utiliza luz artificial, es frío, que el lugar no se encuentra acordonado ni resguardado por la autoridad municipal, describe que tiene a la vista la unidad médica describiéndola, haciendo constar que en el área denominada puesto de vacunación es donde se encuentra el cuerpo sin vida de la víctima, el que consta de una puerta de aluminio de color blanco de ochenta y ocho centímetros de ancho por dos punto ocho centímetros de altura, que al ingresar tiene a la vista en el centro del cuarto un puesto de vacunación, un bulto cubierto con una sábana de color blanco, el cual se encuentra sobre una camilla hospitalaria, al descubrirlo tiene a la vista un cuerpo humano del sexo masculino, de aproximadamente cuarenta y ocho años de edad, de complexión obeso, inmóvil, que no reacciona a estímulos externos, al tacto presenta una temperatura igual a la del medio ambiente, ausencia de función respiratoria, de pulso, por lo que hace constar que dicho cuerpo se encuentra sin vida, identificándolo con el indicio la letra A, en posición de cubito ventral sobre la camilla metálica, con colchoneta de color azul, con su cabeza orientada al noreste y extremidad inferior al sureste, ambos brazos flexionados a la altura del pecho, sus pies extendidos, dicho cadáver se encontraba con la parte de la espalda descubierta, informándoles la enfermera ********************que el occiso llegó aún con vida a esa Unidad Médica, quien pidió que su última voluntad era que lo colocaran boca abajo, enseguida dichos agentes procedieron a colocar el cuerpo en posición de cubito doral en la citada camilla, describiendo su media filiación que se trata de un cadáver del sexo masculino, de aproximadamente cuarenta ocho años de edad, de complexión obeso, mide uno punto cincuenta y cinco metros, tez morena, cara ovalada, cabello corto, negro, lacio, frente prominente, cejas pobladas, ojos medianos cerrados, nariz cóncava, boca grande, labios gruesos, usa bigote, barba cortada, que viste una sudadera de color negro con gorro la que en el pecho cuenta con unas letras de color blanco V y una V invertida RBC y una B invertida a la altura del cuello, pantalón de mezclilla, cinturón de tela, calza huaraches. Aducen que al inspeccionar dicho cuerpo, al exterior y a simple vista encontraron orificio de forma circular, a la altura del abdomen, otra lesión en el costado derecho a la altura del abdomen con exposición de vísceras, que al preguntar si alguien lo conoce responde una persona que dijo llamarse ********************, quien refirió que se trataba de su concubino ********************, de cuarenta y ocho años de edad, que era vecino de San José El Fríjol, Santiago Textitlán, Sola de Vega, ********************. Y siendo las cero cero, cero cero cero cinco horas, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, se ordena el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado a la calle Morelos de Santiago Textitlán, donde queda depositado para la intervención del perito médico, se dio por terminada la diligencia de levantamiento de cadáver; anexando al acta correspondiente diecinueve placas fotográficas del lugar del hecho y los hallazgos. c).- Diligencia de identificación legal del cadáver, en la que intervino ********************, el veintidós de diciembre de dos mil veinte, ante la Agente del Ministerio Público de Sola de Vega, ********************, quien nombró como asesor jurídico al licenciado ********************, con cédula profesional ********************; y en dicha diligencia refirió la compareciente que la víctima ********************, fue su concubino, quien tenía cuarenta y ocho años de edad, ya que nació el dos de mayo de mil novecientos setenta y dos; que fue originario y vecino de San José El Fríjol, Santiago Textitlán, Sola de Vega, ********************; hijo de ******************** (vive) y ******************** (fallecida), de ocupación campesino; de estado civil unión libre; no era adicto a ninguna droga, no consumía alcohol, no fumaba; sabía leer y escribir; estudio la instrucción primaria. En seguida, la declarante manifestó que el veinte de diciembre de dos mil veinte, la víctima salió de su comunidad a las siete de la mañana, con destino a Santiago Textitlán, ********************, a una asamblea, que hasta las dieciséis horas se enteró de lo que había pasado por una llamada telefónica de su hermano ********************, quien le informó que habían matado a su concubino; por lo que se trasladó al centro de Santiago Textitlán, cuando llegó se percató que el cuerpo de su concubino se encontraba sin vida, en la clínica de Textitlán, donde le informaron que murió a causa de los disparos de arma de fuego. d).- Acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil ********************, con número de folio ********************, a nombre de ********************. e).- Entrevista de ********************, realizada por el Agente Estatal de Investigaciones ********************, de quince de septiembre de dos mil veintiuno, en lo que interesa manifestó que es originario de Santiago Textitlán, Sola de Vega, ********************, que desde el primero de septiembre de dos mil veinte, fue nombrado Síndico de ese Municipio, que el día veinte de septiembre de dos mil veinte, aproximadamente a las siete de la mañana recibió una llamada por radio portátil del Agente de Policía de la comunidad de Río Santiago ********************, quien le pidió se trasladara a esa comunidad porque había un problema muy fuerte, por lo que en compañía de ********************, Comisariado de Bienes Comunales, ********************, Secretario del Comisariado y ********************, Alcalde de ese municipio se trasladaron a Río Santiago, donde llegaron a las siete horas con treinta minutos, en donde se encontraban en una reunión todos los integrantes de la comunidad, informándole varias mujeres que aproximadamente a la una treinta y ocho de la mañana empezó el tiroteo por el ataque realizado por los habitantes de Santiago Xochiltepec, le pidieron que solicitará auxilio a las autoridades de gobierno para que los protegiera, ya que aproximadamente a las siete de la mañana, llegaron a ese lugar doce hombres armados quienes los amenazaron diciéndoles que su comunidad estaba rodeada y que iban a acabar con ellos apuntándoles con sus armas de fuego, que tuvo que intervenir el agente de policía ********************, el que les dijo que no les dispararan, que la gente de su comunidad no estaba haciendo nada, que no querían problemas, que esos hombres se retiraron del lugar, que al estar platicando el Síndico con los pobladores se escucharon balazos, que se resguardaron, después salió caminando con el secretario del comisariado por el cerro que le llaman el briche, llegando a la cabecera municipal como a las once de la mañana, ya lo esperaban varias personas de diferentes comunidades porque tenían programada una asamblea para ese día, a las que les comentó lo sucedido y estos le dijeron que se organizarían para ir a auxiliar a los niños, mujeres y ancianos, que fueron veinticinco personas las que salieron caminando hacía Río Santiago, que como a las dos de la tarde por radio le avisaron que ya habían matado a ********************, por lo que mandó la ambulancia para que fueran a dar la atención y trajeran el cuerpo de la víctima, el que aún recogieron con vida, lo llevaron a la clínica en donde falleció, lo que aproximadamente a las tres con cuarenta y cinco minutos se lo confirmó la enfermera ********************Vásquez, la que dio aviso al Ministerio Público de Sola de Vega, para que realizara las diligencias correspondientes, los que llegaron esa noche, que el veintidós de diciembre de dos mil veinte, se enteró que también habían matado al señor ********************, que se sabe que las personas que mataron a ********************, fueron ******************** y otros, que fueron los que refirieron los pobladores de Río Santiago. f).- Entrevista de ********************, de veintitrés de enero de dos mil veintiuno, ante el Agente Estatal de Investigaciones ********************, quien manifestó que su comparecencia era para declarar en relación a la muerte de ********************, manifestando que el día domingo veinte de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente a las siete horas, se encontraban en una asamblea los pobladores de la comunidad de Río Santiago, que a ese lugar llegaron un grupo de doce personas, vestidos de militares, portaban armas de alto poder, quienes les dijeron que estaban rodeados y que ahora si se los iba a cargar la chingada, que estas eran de Santiago Xochiltepec, entre ellos ******************** y otros, que intervino el agente de policía de ese lugar, quien les dijo calmados aquí no pasa nada, que se fueron caminando hacia abajo sobre la carretera disparando a las casas, que las personas se fueron a sus casas percatándose que estaban rodeados por personas armadas de Santiago Xochiltepec, que el declarante opto por esconderse en un arroyo que está arriba de la agencia de policía, por un espacio de seis horas por que la balacera no terminaba, que como a las catorce horas de ese día escucho que venía un vehículo por la calle donde vive el señor Donato, asomándose pudiendo ver que era un vehículo del comisariado de bienes comunales de Santiago Textitlán, una camioneta de color ********************, de la marca ********************, que el conductor era el señor ******************** la que para dar la vuelta se hecho de reversa, en cuya maniobra las personas que los atacaron dispararon, bajándose del vehículo el señor ********************, que venía de copiloto, a quien le dispararon cayó en la carretera, huyendo a bordo de la camioneta ******************** y ********************, se levantó y corrió rumbo a la población, después de unos minutos llegó la ambulancia para llevarse al señor ********************, quien aún estaba vivo, que pudo ver y reconocer a las personas que realizaron los disparos. g).- Entrevista de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, de ******************** ante el Agente Estatal de Investigaciones ********************, en lo que interesa manifestó que se presentó a declarar en relación a la muerte de ********************, quien era originario de San José El Fríjol, Santiago Textitlán, Sola de Vega, ********************, que el día veinte de diciembre de dos mil veinte, siendo aproximadamente las catorce horas, se encontraba en el palacio de Santiago Textitlán, ya que es secretario del consejo de vigilancia de ese municipio, que recibieron una llamada por radio del Agente de policía de Río Santiago ********************, que estaban siendo agredidos, rodeando las casas, que eran personas de Santiago Xochiltepec, pidiéndole apoyo para auxiliarlos, que ********************, se ofreció voluntariamente a acompañarlo a Río Santiago, que al llegar a ese lugar, al ir pasando a la calle sin nombre a la altura de la casa del señor ********************, al hacer una maniobra con la camioneta en la que viajaban se escucharon disparos de arma de fuego, que provenía de la parte de arriba, de una lomita por donde se ubica la casa del señor ********************, que al ver hacía la lomita vio a los pobladores de Santiago Xochiltepec, que disparaban reconociendo entre ellos a ******************** y otros, que en esos momentos el señor ********************, abrió la puerta del copiloto donde venía, se salió dio tres pasos diciéndole ya me chingaron cayendo al suelo, viendo que se paró y corrió hacía la población de Río Santiago, que lo vio otra vez que se cayó, yéndose de ese lugar a bordo de la camioneta, pidiendo ayuda a la ambulancia para que auxiliara al señor ********************, quien posteriormente falleció, agregando que pudo reconocer a esas personas que son pobladores de Santiago Xochiltepec, a donde anteriormente iba a realizar sus compras y por las reuniones que han tenido con la Secretaria de Gobierno y las autoridades agrarias. h).- Entrevista de ******************** de ocho de febrero de dos mil veinte, quien señaló ser presidente municipal de Santiago Textitlán, Sola de Vega, ********************, electo para el periodo dos mil veinte - dos mil veintidós. Dijo que en el mes de marzo de dos mil veinte, el cabildo de la comunidad en cuestión, entablaron una mesa de diálogo para tratar un asunto relativo a la invasión de terrenos por parte de Santiago Xochiltepec; y sobre recursos de los ramos veintiocho y treinta y tres. Indicó que los recursos del ramo veintiocho corresponden a gastos para escuela, viáticos y salud; y los relativos al ramo treinta y tres son para realizar obras prioritarias de la comunidad. Señaló que la comunidad de Santiago Xochiltepec solicitó se realizara la repartición del recurso de los ramos según el número de residentes, siendo un total de cuatro millones de pesos aproximadamente, obteniendo respuesta negativa, pues dicha comunidad recibía la cantidad de quince mil "ochocientos" pesos mensuales relativos al ramo veintiocho; y por lo que hace al ramo treinta y tres era de trescientos mil pesos anuales; y al municipio le correspondían dieciséis millones seiscientos veinticinco mil ochocientos setenta y cuatro pesos con cincuenta centavos anualmente, los cuales debían repartirse entre diez agencias de policía de Santiago Textitlán, por lo que no alcanzaba para ser repartido como lo solicitó la Agencia de Santiago Xochiltepec, por lo que no quieren aceptar más mesas de diálogo y pretenden resolver su inconformidad matando gente de la comunidad de Río Santiago, como forma de ejercer presión para que se les entregara dicho recurso, pues colindan con esa población al dividirlos una calle. Así, dice el testigo que el veinte de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente a las siete de la mañana, habitantes de Santiago Xochiltepec, rodearon la Agencia Municipal de Río Santiago, quienes iban armados; por lo que el ateste convocó a una reunión urgente en la cabecera municipal de Santiago Textitlán, a la que acudirían todas las agencias de dicho municipio, esto a las diez de la mañana. Sin embargo, por cómo se suscitaron las cosas, y la forma en que llegaron los pobladores de Santiago Xochiltepec a Río Santiago, no fue posible, por lo que en la reunión urgente a las ocho de la mañana, se nombrarían comisiones para auxiliar a los niños, mujeres y ancianos de Río Santiago, pues los pobladores de Santiago Xochiltepec estaban balaceando a ésta última comunidad. Señala el testigo que en ese evento lesionaron a ********************, lo que le informó ********************, quien integra la Agencia de Río Santiago; y que tal suceso duró hasta el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente a las seis de la tarde, pues el aludido ******************** vía telefónica le dijo que habían matado a ********************, quien formaba parte del rescate organizado para sacar de Río Santiago a los niños, mujeres y ancianos; y que aún había personas resguardadas en el municipio de Santiago Textitlán, que las personas que saben quienes mataron a ********************, y son ******************** y ********************, por ser las personas que estuvieron en el lugar de los hechos. i).- Entrevista de ********************, de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, quien refirió que se desempeñó como Agente de Policía de Río Santiago, Santiago Textitlán, Sola de Vega, ********************, que el veinte de diciembre de dos mil veinte, se empezaron a escuchar disparos de arma de fuego, en dirección a las casas de los habitantes de la Agencia de Río Santiago, por lo que las personas se salieron de sus casas refugiándose entre los cafetales, que como a las siete de la mañana se reunieron en el corredor de la Agencia para comentar el motivo porqué estaban siendo agredidos, que en esos momentos llegaron entre doce o catorce personas que traían armas largas, manifestándoles que estaban rodeados, disparándoles a unas mujeres que habían corrido hacía el río rumbo a la cabecera municipal, que se reunió con otras personas para sacar a los niños, a los viejitos y personas discapacitadas, llevándolas al monte, que como a las dos de la tarde vía radio le informaron que personas de Santiago Xochiltepec, le habían disparado al señor ********************, que como a las tres de la tarde se enteró vía radio que el señor ******************** ya había muerto, que la balacera duró hasta el día veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. j).- La media filiación de ********************, aportada por ********************, que no cuenta con ningún apodo, aproximadamente de treinta años de edad, de uno punto sesenta metros de altura, delgado, moreno, cabello negro lacio, cara alargada, frente angosta, cejas semipobladas, ojos café obscuro, nariz recta afilada, boca angosta, labios delgados, que su domicilio es conocido sobre la calle principal de Santiago Xochiltepec, Santiago Textitlán, Sola de Vega, ********************, de ocupación profesor. k).- Acta de defunción expedida el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, a nombre de ********************, con fecha de defunción veinte de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente a las quince horas con cuarenta cinco minutos, causa de la muerte hemorragia interna intensa por lasceración de órganos abdominales provocados por proyectil de arma de fuego, tipo de defunción violenta; certificado por el perito médico ********************, con cédula profesional ********************, firmada por el Oficial Primero del Registro Civil de Sola de Vega, ********************, licenciado ********************. l).- Protocolo de autopsia y reconocimiento médico exterior, de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, en el que el perito médico señala que se trata de un cadáver del sexo masculino, de edad aproximada de cuarenta y ocho años de edad, refiere que siendo las cero horas del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, en el domicilio ubicado en la calle de Morelos de Santiago Textitlán, Sola de Vega, ********************, realiza el reconocimiento médico de ley al fallecido de nombre ********************, el que se encontraba en una mesa de madera, en posición de cubito dorsal, que presentaba los signos de una muerte real y verdadera, por presentar ausencia de respuesta a estímulos externos, ausencia de ruidos cardio respiratorios, temperatura igual a la del medio ambiente, rigidez cadavérica generalizada, media filiación masculino de cuarenta y ocho años de edad, raza mestiza, piel morena, complexión robusta, talla uno punto sesenta y seis centímetros, peso corporal aproximado noventa kilogramos, cabello castaño obscuro lacio corto, frente mediana, cejas rectas separadas cantidad abundante, ojos ovalados con iris de color café obscuro, nariz raíz pequeña y base ancha, boca mediana, labios delgados, barba sin afeitar, bigote abundante desaliñado, cuello corto, refiere que al reconocimiento exterior presenta lesión por proyectil de arma de fuego, un orificio de característica de entrada por tener los bordes invertidos, anillo quimiotico escoriativo de forma irregular, longitud de orificio de entrada de siete centímetros de diámetro, localizado en flanco izquierdo del abdomen a ciento seis centímetros de plano de su circunscripción y a trece centímetros a la izquierda de línea media anterior, con orificio de salida en flanco derecho con eriseración de intestino delgado, con cuatro centímetros de longitud, equimosis perilisional a ciento tres centímetros del plano de sustentación y a siete centímetros a la derecha de la línea media anterior, concluyendo que la causa de la muerte de ********************, es debido a hemorragia interna intensa por lasceración de órganos abdominales provocados por proyectil de arma de fuego, anexa disco con treinta y ocho fotografías, dictamen realizado por el perito ********************, con cédula profesional ********************. m).- Diligencia de inspección ocular a vehículo de siete de marzo de dos mil veintiuno, realizada por el Agente Estatal de Investigaciones ********************, por la comparecencia de Marcos ******************** Hernández, secretario del consejo de vigilancia de bienes comunales de Santiago Textitlán, quien lleva el vehículo de la marca ********************, color ********************, con placas de circulación ******************** del Estado de ********************, propiedad del comisariado de bienes comunales de Santiago Textitlán, ********************, por ser en el que iban a bordo cuando resultó lesionado el señor ********************, haciendo constar que dicho vehículo se encuentra en buenas condiciones, en el costado derecho de la carrocería en la parte superior se observaron seis orificios pequeños de forma circular, los que cuentan con salida en la parte interna de la carrocería, observando el despostillamiento de los orificios en la parte trasera de la carrocería, los faros traseros rotos, en el costado izquierdo parte superior presenta un despostillamiento de la madera, en la parte inferior de la carrocería un orificio de forma circular, siendo un total de cuatro oficios con despostillamiento de la madera del lado izquierdo. Datos de prueba con los que la Agente del Ministerio Público sustentó la solicitud que realizó a la Juez de Control para que librara orden de aprehensión contra el quejoso por su probable intervención en la comisión del hecho calificado por la ley como delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de ********************; y respecto de los cuales pidió se les diera valor probatorio En ese sentido, al ocuparse del valor probatorio de los datos de prueba aportados por la representación social, la Juez de Control dijo que no advertía algún dato de ilicitud en su obtención ni incorporación; los que le permitieron establecer que existió un hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, consistente en que, desde el día primero de enero del año dos mil veinte, existen conflictos entre los habitantes de Santiago Xochiltepec, y Santiago Textitlán, por invasión de terrenos y por los recursos económicos que llegan al municipio de Santiago Textitlán, Sola de Vega ********************, que derivado de ese conflicto el día veinte de diciembre del año dos mil veinte, siendo aproximadamente las ocho horas, un grupo de pobladores de la agencia municipal de Santiago Xochiltepec, Santiago Textitlán, Sola de Vega ********************, rodearon la agencia de Policía de Rio Santiago, perteneciente a Santiago Textitlán Sola de Vega ********************, entre ellos se encontraba el aquí quejoso ******************** y otros, quienes con armas de fuego amenazaron a los pobladores de Rio Santiago, para que se salieran de sus domicilios, comenzando así una balacera, situación que duro hasta el día veintiuno de diciembre del dos mil veinte aproximadamente a las dieciocho horas. Por ese motivo, siendo aproximadamente las catorce horas del veinte de diciembre del año dos mil veinte, ******************** secretario del consejo de vigilancia de Santiago Textitlán, al recibir una llamada de auxilio por parte de ******************** Agente de Policía de Río Santiago, que estaban siendo agredidos, rodeando las casas, que eran personas de Santiago Xochiltepec, en compañía de ********************, quien se ofreció voluntariamente a acompañarlo, se dirigieron a Río Santiago, que al llegar a ese lugar, al ir pasando por la calle sin nombre a la altura de la casa del señor ********************, al hacer una maniobra con la camioneta en la que viajaban se escucharon disparos de arma de fuego, que provenía de la parte de arriba, de una lomita por donde se ubica la casa del señor ********************, que al ver hacía la lomita vio a los pobladores de Santiago Xochiltepec, que disparaban reconociendo entre ellos a ******************** y otros, que en esos momentos el señor ********************, abrió la puerta del copiloto donde venía, se salió dio tres pasos diciéndole ya me chingaron cayendo al suelo, viendo que se paró y corrió hacía la población de Río Santiago, que lo vio otra vez que se cayó, yéndose de ese lugar a bordo de la camioneta, pidiendo ayuda a la ambulancia para que auxiliara al señor ********************, quien posteriormente falleció, agregando que pudo reconocer a esas personas que son pobladores de Santiago Xochiltepec, a donde anteriormente iba a realizar sus compras y por las reuniones que han tenido con la Secretaria de Gobierno y las autoridades agrarias. En cuanto a la agravante, como adecuadamente lo sostuvo la Juez de Control, por el momento se encuentra satisfecha con los mismos datos de prueba, pues de éstos se advierte, que el imputado se encontraba en compañía de otros coagresores, los que se encontraban armados mientras que la víctima no, lo que les garantizaba una situación favorable que implicaba no correr riesgo de ser muerto o herido por la víctima. Por tanto, la responsable de manera fundada y motivada, concluyó que de los datos de prueba se aprecia una situación de superioridad del agresor sobre la víctima, por lo que en el caso particular, se demostró que el hecho delictivo se cometió con ventaja al estar el activo en compañía de otros sujetos más (doce o catorce personas), además de encontrarse armados. Por lo que hace a la probable participación de ********************, en el delito que se le imputa, el órgano responsable la tuvo por acreditada con los datos de prueba ya referidos en esta resolución, cuya intervención fue dolosa; de igual manera, estableció debidamente, que la forma de participación, lo fue en grado de coautor con dominio del hecho, en términos del artículo 2, fracción III, del Código Penal del Estado de ********************. Lo anterior, se considera acertado, pues de los datos de prueba expuestos (entrevista a los testigos presenciales de los hechos), se aprecia que la conducta realizada en contra de la vida del pasivo ********************, fue el resultado de las acciones conjuntas desplegadas por el inculpado y otros, quienes participaron en conjunto para ocasionarle un daño a la víctima; por tanto, de manera adecuada se estimó que el conjunto de acciones desplegadas por dichas personas resultó esencial para la consumación del hecho, ya que cada uno pudo hacerlo cesar o decidir consumarlo, optando por lo segundo, con lo cual es patente que quisieron y aceptaron el resultado. Con lo cual, se advierte que los imputados, aportaron las funciones esenciales o necesarias, para privar de la vida a la víctima, en tanto que realizaron una porción directa de la acción típica; esto es, que su intervención fue de manera conjunta y no aislada, con la finalidad de cometer el ilícito que se les reprocha. Motivo por el cual, contrario a lo que manifiesta el quejoso, los datos de prueba considerados por la Juez responsable, se estiman idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes, para demostrar, al menos indiciariamente, su probable participación en la comisión del hecho delictivo de homicidio (calificado), que se investiga. Necesidad de cautela. Por otra parte, en lo concerniente a la necesidad de cautela que haga necesaria la emisión de la orden de captura, se encuentra igualmente sustentada; pues la medida tomada por la Juez de Control, se basa en una necesidad de cautela que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, según lo establece la interpretación conjunta de los siguientes preceptos: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: . III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela." "Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares. Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento". De los artículos precitados, se obtiene que con la implementación de las medidas se pretende, entre otros extremos, asegurar la comparecencia del imputado al proceso, debiendo existir justificación en la necesidad de las mismas. De esta forma se contempla la posibilidad de que el juez de control emita una orden de captura para que el imputado sea llevado ante su potestad para la continuación del juicio penal, y así, con prontitud, se decida sobre las sanciones que, en su caso, deban imponérsele. La necesidad de cautela surgió como una medida de contrapeso propia del sistema penal acusatorio y adversarial en aras de evitar "abusos" por parte de las autoridades, al reducirse el "estándar probatorio" para el libramiento de una orden de aprehensión, entonces, la necesidad de cautela es un requisito que debe calificar el Juez de Control y motivar por qué a su parecer en el caso sometido a su consideración se encuentra justificada por el fiscal. En ese orden de ideas, la orden de aprehensión, en términos de lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, en relación con el diverso 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye una forma de conducción al imputado al proceso de carácter excepcional, cuya necesidad indefectiblemente deberá justificar la fiscalía ante el Juez de Control, y éste a su vez, deberá fundar y motivar por qué la tuvo por satisfecha. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 20/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2021956, consultable en la página 2553 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, Materia Penal, Décima Época, que establece: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA.- Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo indirecto sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión, sin mediación de citatorio, debe tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el fiscal solicita su libramiento es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo". En el presente asunto, la Juez responsable argumentó lo siguiente: "La Ministerio Público, sustenta dicha petición, tomando en consideración la calificación jurídica asignada a estos hechos, como lo son de los que se encuentran sancionados como aquellos que ameritan prisión preventiva de manera oficiosa, así también como lo es el hecho de que hayan intervenido doce personas, al respecto debo de precisar que si bien es cierto como lo refiere la Agente del Ministerio Público, estos hechos dada la calificación jurídica asignada, son aquellos que se encuentran previstos como los que ameritan prisión preventiva oficiosa en términos de lo que establece el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también no paso por alto el contexto en el cual suscitaron los mismos, es decir, que deriva precisamente de un conflicto que tiene la población de Río Santiago con la población de Santiago Xochiltepec, pertenecientes a la población de Santiago Textitlán, Sola de Vega, ********************, y que éste conflicto ha derivado precisamente, que los pobladores de Santiago Xochiltepec, realicen disparos hacia los pobladores de Río Santiago, es decir, si se optara por hacerlos comparecer a través de una cita judicial, esto podría representar un peligro mayor, no solo para los testigos y la víctima indirecta, sino incluso para desencadenar un problema mayor entre los pobladores de estas comunidades de Santiago Xochiltepec y Río Santiago, en ese sentido, lo que buscamos también a través de esta medida es minimizar el impacto que pudiera tener y contribuir a solucionar el conflicto entre los pobladores, es por eso que considero que la mejor forma de conducción de los indiciados a la audiencia de comunicación de imputación lo es la orden de aprehensión, tomando en cuenta que no solo se van a ver favorecidos los fines del proceso, sino que también se va a resguardar la integridad de los testigos, de la víctima indirecta y que incluso se pudiera minimizar el impacto que pudiera tener hacia los demás pobladores de la población de Río Santiago, previniendo la reacción que los pobladores de Santiago Xochiltepec pudieran tener al momento de enterarse que fueron denunciados ante las autoridades correspondientes por la comisión de estos hechos." Determinación que resulta correcta, pues al margen de que, como lo precisó la Juez Penal, la Agente del Ministerio Público al solicitar el libramiento de la orden de aprehensión, en lo relativo a la necesidad de la cautela, sostuvo como argumento que el delito atribuido era de aquéllos previstos en la Constitución Federal contra los que procedía imponer prisión preventiva oficiosa; la Juzgadora consideró procedente la orden de aprehensión pues existía un riesgo para la víctima indirecta y los testigos presenciales de los hechos, en caso de tratar de hacer comparecer a los imputados mediante citatorio judicial. De ahí que, si como criterio válido para la emisión de la orden de aprehensión puede invocarse el peligro para la víctima y los testigos; y en la especie el Juez determinó que en virtud de estos aspectos actualizados en el caso, debía librarse el mandamiento de captura; entonces, resultó acertada su resolución. Lo anterior pues en efecto, de los datos de prueba aportados por la representación social, se logró deducir, a manera de probabilidad, que dadas las circunstancias sociales en las que se suscitó el homicidio de la víctima, mismo que tuvo lugar en la comunidad de Río Santiago, por parte de un grupo de personas del poblado Santiago Xochiltepec, Sola de Vega, ********************, las que sólo están territorialmente separadas por una calle; y que dichos imputados decidieron amenezar la integridad física, incluso la vida de los habitantes de Río Santiago, como forma de presión para que se les entregaran determinadas cantidades provenientes de los recursos de los ramos veintiocho y treinta y tres; aunado a que la víctima fue una de las personas que integraron los grupos formados para auxiliar a los niños, mujeres y personas de la tercera edad, a trasladarse a Santiago Textitlán para resguardarse de los ataques propinados por habitantes de Santiago Xochiltepec. Entonces, es dable establecer que existe peligro para la víctima y los atestes, al ser habitantes de las agencias pertenecientes al municipio en el que también viven los imputados; lo que evidencia la necesidad de cautela. Así, resultan infundados los conceptos de violación, dado que contrario a lo argumentado por el quejoso, pues en el artículo 16 de la Constitución Federal se establecen los requisitos para la emisión de una orden de aprehensión; entre los que no se encuentra el de dar intervención a los imputados para que puedan ser oídos y vencidos, dada la naturaleza de dicha medida, que es la determinación cuya solicitud implica el ejercicio de la acción penal por parte de la representación social, con la finalidad de hacer comparecer al imputado ante el Juez de Control, a efecto de comunicarle imputación inicial y así garantizar su derecho a ser oído dentro de un juicio a efecto de que pueda hacer valer su derecho de defensa. Además, diverso a lo manifestado por el quejoso, la resolución impugnada está fundada y motivada, pues de su contenido se aprecia que la Juez invocó los preceptos que la sustentaron; así como la forma en que se adecuaron al caso planteado por la representación social. Asimismo, es incorrecto lo que dice el quejoso, en el sentido de que no se encuentra en alguno de los supuestos para que se ordene su detención, pues como ya se hizo notar al analizar el acto reclamado, la emisión de la orden de aprehensión implica una forma de hacer comparecer ante el Juez Penal a una persona sin su consentimiento, siempre que se cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el numeral 16 de la Constitución Federal, como aconteció en la especie. En consecuencia, se concluye que la orden de aprehensión reclamada, satisface los requisitos de fundamentación y motivación que para todo acto de autoridad exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los elementos de fondo establecidos en el diverso numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues de manera clara y congruente aborda el hecho considerado por la ley como el delito atribuido al hoy quejoso y también colma los requisitos de fondo que para tal efecto exige el segundo párrafo del citado artículo 16 constitucional. En esas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación y sin que se advierta queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Fiscal General del Estado de ******************** y Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la Fiscalía General del Estado de ********************, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia de la orden de aprehensión impugnada a la autoridad judicial responsable. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión y su ejecución reclamados al Juez de Control del Circuito Sierra Sur, sede Sola de Vega, ********************, Fiscal General del Estado de ******************** y Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la Fiscalía General del Estado de ********************, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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