Yolanda Felicitas Park Medina
Expediente 932/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 932/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Yolanda Felicitas Park Medina
Actuaciones
- Principal
MESA I "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio... del Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por medio del cual informa que se admitió a trámite el conflicto competencial entre órgano jurisdiccional y el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de los Magistrados de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual quedó registrado bajo el número ... NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, devuelve la demanda que dio origen a este asunto y tres copias de la misma, comunica que no acepta la competencia declinada para avocarse a su conocimiento Lo anterior, pues a su consideración, la resolución reclamada no requiere de ejecución material, toda vez que la autoridad responsable se limitó a reponer el procedimiento del juicio civil ... del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Insancia de Puerto Escondido, Oaxaca, de la cual no se advierte la imposición de una obligación alguna de hacer, además de que no modificó un derecho o situación previa establecida a favor del quejoso, ni implicó su situación actual. Ahora, debe indicarse que este órgano jurisdiccional no comparte el criterio expuesto y por tanto, sostiene su incompetencia legal para conocer del juicio de amparo mencionado. Ello, pues el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, es competente para conocer de la demanda que dio origen a este asunto, en virtud de que, tomando en consideración que la autoridad que debe reponer el procedimiento para continuarlo en el momento procesal indicado por la Sala responsable, tiene su residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, perteneciente al Municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, es indudable que resulta competente para conocer de este asunto, el Juez Sexto de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. En esas circunstancias, se insiste en que la competencia para continuar con la substanciación del juicio de mérito y emitir la resolución que proceda, corresponde a este último Juzgado. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo y punto décimo, fracción II, del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de julio de dos mil uno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a los conflictos de competencia, remítase este juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias de Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en el Estado de Oaxaca, para la substanciación y resolución del conflicto competencial planteado. Mediante transcripción, comuníquese lo anterior al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para que manifieste lo que estime pertinente, ante el Tribunal que corresponda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 932/2023. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase a la Secretaria a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen, según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. PARTE QUEJOSA ... por propio derecho. AUTORIDAD RESPONSABLE 1. Magistrados de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. ACTO RECLAMADO 1.- La sentencia de diecisiete de agosto de 2023 que no entra al estudio del fondo del asunto en el expediente.... 2.- El aplazamiento para no resolver la controversia en los términos del artículo 17 Constitucional. 3.- El Estado de inseguridad jurídica que provoca la responsable para no entrar al fondo del estudio de la cuestión planteada. 4.-La falta de análisis exhaustivo por parte de la responsable para interpretar las constancias del expediente ... del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA, CON RESIDENCIA EN SALINA CRUZ. Toda vez que la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente se debe considerar, si en el caso, la demanda de amparo promovida por ... da motivo para que este juzgado se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a la autoridad que señala como responsable, de no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Es aplicable al caso la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, quinta época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso ". En relación al análisis de la competencia es menester señalar que el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene que: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Los artículos transcritos, disponen que el Juez competente para conocer de un amparo, será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, el acto reclamado consiste en la sentencia de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, en la que no se entra al estudio del fondo del asunto en el expediente..., del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca. En ese sentido, no debe perderse de vista que en la tesis jurisprudencial número 1a./J. 118/2011 (9a.) la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que el juez de distrito competente para conocer de la demanda, en casos como el que se trata, es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso donde se materializan sus efectos, porque es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión; es decir, en la cual se instruye su juicio civil, como en la especie sucede. Sin que pase desapercibido, que el acto reclamado pudiera constituir un acto con aspectos declarativos; sin embargo, en el fondo implica o constituye un acto que contiene ejecución con aspectos positivos. Por identidad jurídica es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2183, Décima Época, Materias(s): Común, registro digital 160608, cuyo rubro y texto es el siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad". Es decir, la ejecución del acto reclamado corresponderá al Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, consistente en la ejecución de la sentencia de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, en la que no se entró al estudio del fondo del asunto en el expediente 100/2016, en virtud de que se decretó la reposición procedimiento. Con lo anterior, tomando en consideración que la autoridad que debe reponer el procedimiento para continuarlo en el momento procesal indicado por la Sala responsable, tiene su residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, perteneciente al Municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, es indudable que resulta competente para conocer de este asunto, el Juez de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, en turno. Así, conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto cuarto, fracción XIII, relativo al Decimotercer Circuito que en lo que interesa, establece: Los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." Máxime que, del escrito de demanda, se infiere que los efectos para los que el quejoso solicita la protección de la Justicia Federal, para que se entre al estudio de fondo de la sentencia de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, en el expediente ... Sirve de apoyo la jurisprudencia PC.VII.C. J/2 K (10a.), visible en la página 1667, del Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Plenos de Circuito, Décima Época, Plenos de Circuito, Materia Común, con registro digital 2010518, cuyos rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. AL TENER EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. La resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento tiene ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, el juicio de amparo contra dicha resolución debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden aludida, con independencia de donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y es acorde al nuevo marco constitucional de los diversos principios al debido proceso, de acceso efectivo a la justicia y de seguridad jurídica". En consecuencia, es incuestionable que la competencia para conocer de la demanda de amparo de que se trata, por razón de territorio, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz; por lo tanto, ESTE JUZGADO DECLARA CARECER DE COMPETENCIA LEGAL. REMISIÓN DE EXPEDIENTE Con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, se ordena remitir la demanda de amparo y tres copias de la misma, al Juez de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, en turno, quien resulta competente, solicitándole el acuse de recibo. CUADERNO DE ANTECEDENTES Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y en atención a la certificación realizada por la secretaria de este juzgado, autorizando con todas las facultades que confiere el artículo 12 de la ley de Amparo, a los profesionistas Bernardo Enrique Ramírez Caballero y Yamileth Luna Nazariega, a excepción de Oscar Enrique Ramírez Rios, Uriel Flores Ruiz, María Soledad Vásquez Cruz y Ana Isabel Aragón Anaya, a quien se le autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. CONSULTA ELECTRÓNICA. Ahora, atento a la certificación secretarial toda vez que si se encontró autorizado al usuario BERCAB, con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdicciones a cargo del propio Consejo, se autoriza a la promovente consulte el expediente electrónico de este asunto. Para ello la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá vincular el usuario que indica la promovente previa verificación de que los datos coincidan con el registro de la base que arroje el sistema; y agregar la constancia respectiva al expediente. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Hágase del conocimiento de las partes que en términos del oficio CJF/OM/DGEJ/J/8895/2013, suscrito por la Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, dichas partes se encuentran facultadas para que, por sí mismos, o a través de las personas que autoricen para oír y recibir notificaciones, bajo su más estricta responsabilidad, puedan consultar el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, para lo cual, las partes deberán señalar expresamente a las personas que autoricen con dichas facultades, quienes a su vez deberán satisfacer el procedimiento de registro indicado en la referida dirección electrónica, consistente en llenar el formulario respectivo, confirmar en la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcionen que se haya concretado su registro, imprimir la solicitud que resulte y presentarla ante este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre dicha autorización, toda vez que la misma solamente surtirá efectos una vez que se acuerde de conformidad. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber al quejoso que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE DETERMINACIONES Y OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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