Yessica Mariel Garcia Hernandez
Expediente 575/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 575/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Yessica Mariel Garcia Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente; por tanto, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de la quejosa YESSICA MARIEL GARCÍA HERNÁNDEZ, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de dieciséis de agosto del año en curso, y manifiesta que el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se ordenó remitir copia autorizada del acuerdo de (17/02/2022), así como del diverso de diez de diciembre de dos mil veintiuno; asimismo, que el tres de mayo del año en curso, el titular de la unidad jurídica del Centro de Conciliación laboral del Estado de Oaxaca, tuvo por recibidos dichos acuerdos, y que no tiene conocimiento que se haya remitido el expediente 28/2021, del índice del Juzgado Segundo Laboral. Ahora, dado que en proveído de veinticinco de agosto del año en curso, se reservó acordar los oficios del Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca y del Secretario Instructor del Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial del Centro, hasta en tanto la parte quejosa desahogara la prevención que se le formuló en auto de dieciséis de agosto actual, lo cual ya aconteció, por lo que al respecto se provee: PARTE QUEJOSA Yessica Mariel García Hernández, por propio derecho, en su calidad de actora en el procedimiento ordinario laboral 28/2021. AUTORIDAD RESPONSABLE Secretaria Instructora del Juzgado Segundo Laboral con competencia en todo el Estado de Oaxaca, con residencia en Santa María Ixcotel, Oaxaca. ACTOS RECLAMADOS: - El acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, donde se ordena la remisión del asunto al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca, en atención a que se hizo efectivo el apercibimiento realizado en auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en virtud de que la promovente no exhibió la constancia de no conciliación respecto a los demandados Juan Carlos Márquez Heine en su carácter de Secretario de Salud de Oaxaca y b) Ricardo Javier Páez López en su carácter de director de administración de los Servicios de Salud. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VULNERADAS. Derechos fundamentales contenidos en el artículo 14 y 16 Constitucional. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a la secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. DESECHAMIENTO Ahora, en el caso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, que establece que CUANDO SUBSISTA EL ACTO RECLAMADO PERO NO PUEDA SURTIR EFECTO LEGAL O MATERIAL ALGUNO POR HABER DEJADO DE EXISTIR EL OBJETO O LA MATERIA DEL MISMO: Art. 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, o bien, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la prerrogativa constitucional que se estime violada. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, Tesis: 2a./J. 181/2006, visible en la página 189 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Asimismo, se cita la jurisprudencia P./J.90/97, localizable en la página 9, del Tomo VI, Diciembre de 1997, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Bajo las consideraciones, en la especie, el acto reclamado lo constituye el acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en el que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, porque no exhibió la constancia de no conciliación respecto de los demandados Juan Carlos Márquez Heine en su carácter de Secretario de Salud de Oaxaca y b) Ricardo Javier Páez López en su carácter de director de administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, y se ordenó remitir el expediente 28/2021, del índice del Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial del Centro, al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca. Sin embargo, de las constancias que remitió el Secretario Instructor del Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial del Centro, en cumplimiento al requerimiento formulado el dieciséis de agosto de esta anualidad en este juicio de amparo, específicamente del acuerdo dictado el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en el expediente laboral 28/2021, de ese Juzgado, se advierte que en cumplimiento a la jurisprudencia con número de registro 2024649, bajo el rubro "SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL. UNA VEZ ADMITIDA LA DEMANDA, PROCEDE POR FALTA DE LAS CONSTANCIAS DE NO CONCILIACIÓN POR ALGUNOS DEMANDADOS (LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE A PARTIR DEL 2 DE MAYO DE 2019)", que establece la ruta que debe seguirse en caso, de que se demande a diversas personas, pero solo se exhibe la constancia de no conciliación respecto de una. En atención a ello, la responsable ordenó regularizar el procedimiento, dado que de la lectura de la demanda advirtió que el actor si exhibió la constancia de no conciliación respecto del demandado Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Oaxaca, pero no exhibió las constancias de no conciliación de los demandados Juan Carlos Márquez Heine en su carácter de Secretario de Salud de Oaxaca y Ricardo Javier Páez López, en su carácter de Director de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, por lo que requirió al actor para que exhiba dichas documentales, asimismo, ordenó suspender el procedimiento hasta en tanto conste en autos las constancias de no conciliación respecto de los demandados mencionados. En las relatadas circunstancias, se ve, la actualización de la hipótesis normativa que sustenta la causal de improcedencia reseñada, porque si bien, conforme al sumario constitucional, se supone la existencia del acto reclamado consistente en el acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en el que se hizo efectivo el apercibimiento de trece de diciembre de dos mil veintiuno, que implicaría la remisión del expediente 28/2021, del índice del Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial del Centro, al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca, con una sola constancia de no conciliación, ello ya no podrá acontecer dado que como ya se precisó el veintitrés de agosto de esta anualidad, el Juzgado Segundo Laboral, ordenó la suspensión del procedimiento, hasta en tanto obren en autos las constancias de los demás demandados por el actor en el citado expediente, en atención a ello, se reitera a pesar de que existe el proveído reclamado, lo cierto es que no puede surtir efecto legal alguno, toda vez que ha dejado de existir el objeto del mismo (remitir el expediente al Centro de Conciliación, con una sola constancia); luego, resultaría ocioso admitir a trámite la demanda, de un acto que no se puede ejecutar. De ese modo, al surtirse la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, procede DESECHAR por notoriamente improcedente la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. EL PRESENTE ACUERDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de la quejosa YESSICA MARIEL GARCÍA HERNÁNDEZ, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de dieciséis de agosto del año en curso, y manifiesta que el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se ordenó remitir copia autorizada del acuerdo de (17/02/2022), así como del diverso de diez de diciembre de dos mil veintiuno; asimismo, que el tres de mayo del año en curso, el titular de la unidad jurídica del Centro de Conciliación laboral del Estado de Oaxaca, tuvo por recibidos dichos acuerdos, y que no tiene conocimiento que se haya remitido el expediente 28/2021, del índice del Juzgado Segundo Laboral. Ahora, dado que en proveído de veinticinco de agosto del año en curso, se reservó acordar los oficios del Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca y del Secretario Instructor del Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial del Centro, hasta en tanto la parte quejosa desahogara la prevención que se le formuló en auto de dieciséis de agosto actual, lo cual ya aconteció, por lo que al respecto se provee: PARTE QUEJOSA Yessica Mariel García Hernández, por propio derecho, en su calidad de actora en el procedimiento ordinario laboral 28/2021. AUTORIDAD RESPONSABLE Secretaria Instructora del Juzgado Segundo Laboral con competencia en todo el Estado de Oaxaca, con residencia en Santa María Ixcotel, Oaxaca. ACTOS RECLAMADOS: - El acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, donde se ordena la remisión del asunto al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca, en atención a que se hizo efectivo el apercibimiento realizado en auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en virtud de que la promovente no exhibió la constancia de no conciliación respecto a los demandados Juan Carlos Márquez Heine en su carácter de Secretario de Salud de Oaxaca y b) Ricardo Javier Páez López en su carácter de director de administración de los Servicios de Salud. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VULNERADAS. Derechos fundamentales contenidos en el artículo 14 y 16 Constitucional. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a la secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. DESECHAMIENTO Ahora, en el caso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, que establece que CUANDO SUBSISTA EL ACTO RECLAMADO PERO NO PUEDA SURTIR EFECTO LEGAL O MATERIAL ALGUNO POR HABER DEJADO DE EXISTIR EL OBJETO O LA MATERIA DEL MISMO: Art. 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, o bien, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la prerrogativa constitucional que se estime violada. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, Tesis: 2a./J. 181/2006, visible en la página 189 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Asimismo, se cita la jurisprudencia P./J.90/97, localizable en la página 9, del Tomo VI, Diciembre de 1997, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Bajo las consideraciones, en la especie, el acto reclamado lo constituye el acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en el que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, porque no exhibió la constancia de no conciliación respecto de los demandados Juan Carlos Márquez Heine en su carácter de Secretario de Salud de Oaxaca y b) Ricardo Javier Páez López en su carácter de director de administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, y se ordenó remitir el expediente 28/2021, del índice del Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial del Centro, al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca. Sin embargo, de las constancias que remitió el Secretario Instructor del Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial del Centro, en cumplimiento al requerimiento formulado el dieciséis de agosto de esta anualidad en este juicio de amparo, específicamente del acuerdo dictado el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en el expediente laboral 28/2021, de ese Juzgado, se advierte que en cumplimiento a la jurisprudencia con número de registro 2024649, bajo el rubro "SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL. UNA VEZ ADMITIDA LA DEMANDA, PROCEDE POR FALTA DE LAS CONSTANCIAS DE NO CONCILIACIÓN POR ALGUNOS DEMANDADOS (LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE A PARTIR DEL 2 DE MAYO DE 2019)", que establece la ruta que debe seguirse en caso, de que se demande a diversas personas, pero solo se exhibe la constancia de no conciliación respecto de una. En atención a ello, la responsable ordenó regularizar el procedimiento, dado que de la lectura de la demanda advirtió que el actor si exhibió la constancia de no conciliación respecto del demandado Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Oaxaca, pero no exhibió las constancias de no conciliación de los demandados Juan Carlos Márquez Heine en su carácter de Secretario de Salud de Oaxaca y Ricardo Javier Páez López, en su carácter de Director de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, por lo que requirió al actor para que exhiba dichas documentales, asimismo, ordenó suspender el procedimiento hasta en tanto conste en autos las constancias de no conciliación respecto de los demandados mencionados. En las relatadas circunstancias, se ve, la actualización de la hipótesis normativa que sustenta la causal de improcedencia reseñada, porque si bien, conforme al sumario constitucional, se supone la existencia del acto reclamado consistente en el acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en el que se hizo efectivo el apercibimiento de trece de diciembre de dos mil veintiuno, que implicaría la remisión del expediente 28/2021, del índice del Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial del Centro, al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca, con una sola constancia de no conciliación, ello ya no podrá acontecer dado que como ya se precisó el veintitrés de agosto de esta anualidad, el Juzgado Segundo Laboral, ordenó la suspensión del procedimiento, hasta en tanto obren en autos las constancias de los demás demandados por el actor en el citado expediente, en atención a ello, se reitera a pesar de que existe el proveído reclamado, lo cierto es que no puede surtir efecto legal alguno, toda vez que ha dejado de existir el objeto del mismo (remitir el expediente al Centro de Conciliación, con una sola constancia); luego, resultaría ocioso admitir a trámite la demanda, de un acto que no se puede ejecutar. De ese modo, al surtirse la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, procede DESECHAR por notoriamente improcedente la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguense a sus autos los oficios del Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca y del Secretario Instructor del Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial del Centro, mediante los cuales cumplen con el requerimiento formulado en proveído de dieciséis de agosto del año en curso. Al respecto se reserva acordar sobre su contenido hasta en tanto la parte promovente, atienda el requerimiento formulado por este Juzgado el dieciséis del mes en curso. NOTIFÍQUESE.
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