Yolanda Reyes Cruz

Expediente 714/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
714/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
04/12/2020

Partes del expediente

  • Yolanda Reyes Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; cuatro de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto de trece de noviembre del año que transcurre, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, atendiendo a la certificación que antecede, y en términos de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de la materia y 25 del aludido Acuerdo General, se instruye al actuario de la adscripción que vincule las notificaciones que deriven de este proveído en el expediente electrónico, a fin de que coincida en su totalidad, con él expediente físico. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que al Actuario adscrito a este Juzgado, no le fue posible notificar a la quejosa YOLANDA REYES CRUZ, el proveído de trece de noviembre del año en curso, por los motivos expuestos. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a dicha parte por lista de acuerdos el citado auto, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en la Ciudad de Oaxaca o zonas conurbadas, para tal efecto. Notifíquese y cúmplase. INSERCIÓN: "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; trece de noviembre de dos mil veinte. Con la demanda de amparo promovida por YOLANDA REYES CRUZ, contra actos del Jefe del Departamento Comercial de Suministro de Servicios Básicos de la Zona Centro, Oaxaca de la Comisión Federal de Electricidad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 714/2020. Se instruye al Secretario de Juzgado a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, así como para que firme los oficios que deriven de este asunto. Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como autoridad responsable y actos reclamados lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: La inminente orden verbal o escrita para realizar el corte de suministro eléctrico de mi domicilio". De lo anterior se advierte que el quejoso reclama, esencialmente, el corte de suministro eléctrico de su domicilio, dado que por dichos de sus vecinos, le comentaron que iban a proceder a realizar el corte del suministro de luz en su domicilio, sino pagaba cierta cantidad por concepto de ajuste de facturación. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al efecto, de los artículos 61, fracción XXIII, 1º, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que provengan de entidades no consideradas como autoridades por carecer de facultades para incidir en la esfera jurídica de los gobernados. En esa tesitura, el Jefe del Departamento Comercial de Suministro de Servicios Básicos de la Zona Centro, Oaxaca de la Comisión Federal de Electricidad, no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, toda vez que carece de facultades decisorias y ejecutoras, en términos del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, así como de todas las notas distintivas señaladas. Resulta ilustrativa para esclarecer las características del ente autoritario, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página mil ochenta y nueve del tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, Novena Época, materia común de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Así como la jurisprudencia 2a./J.30/2018 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página quinientos treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, abril de dos mil dieciocho, materias común y civil, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluidos el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo. En efecto, el Jefe del Departamento Comercial de Suministro de Servicios Básicos de la Zona Centro, Oaxaca de la Comisión Federal de Electricidad, no es autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues no se ejerce un poder público que afecte de manera unilateral la esfera jurídica de quien solicita el amparo, pues los requisitos que solicita a fin de otorgar la prestación del servicio de energía eléctrica, no los exige investida de imperio o en un plan de supra a subordinación. Es aplicable la jurisprudencia: 2a./J. 112/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página doscientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, agosto de dos mil seis, Tomo XXIV, materias Administrativa, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACTÚA COMO PARTICULAR EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUANDO DETERMINA Y RECAUDA EL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. Cuando la Comisión Federal de Electricidad, en observancia de lo dispuesto en la Ley de Ingresos Municipal respectiva y conforme al acuerdo o contrato celebrado con el Ayuntamiento, determina y recauda el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, emitiendo el aviso-recibo correspondiente, no realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque no crea, modifica o extingue, unilateralmente, una situación que afecte la esfera legal del particular, sino que actúa en un plano de coordinación como particular en auxilio de la administración pública municipal, toda vez que ni del artículo 9o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica ni de la legislación municipal aplicable se advierte que la Comisión Federal de Electricidad tenga facultades coercitivas para exigir al contribuyente el pago de los derechos por el servicio de alumbrado público, sino que se establece cierto procedimiento administrativo de ejecución por parte de las autoridades municipales." Asimismo, es aplicable al caso la jurisprudencia: 2a./J. 71/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página mil doscientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, junio de dos mil dieciocho, Tomo II, materias Común, Administrativa, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 112/2006 SIGUE SIENDO APLICABLE A LOS ACTOS QUE REALIZA EN RELACIÓN CON LA DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Comisión Federal de Electricidad no realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando determina y recauda el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, en observancia a diversas leyes locales y conforme al convenio que celebre con las autoridades de ese nivel de gobierno. A pesar de que dicho criterio fue emitido conforme a la Ley de Amparo de 1936 abrogada, sigue siendo aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley que la sustituyó, porque a pesar de que ésta prevea la posibilidad de promover un juicio de amparo contra actos de particulares que sean equivalentes a los de autoridad, ambas legislaciones coinciden en condicionar su procedencia a la existencia de una función prevista en una norma jurídica, y cuyo efecto repercuta de manera unilateral y obligatoria en el ámbito de derechos de cierta persona. Esta situación no se actualiza cuando la Comisión Federal de Electricidad da a conocer las cantidades que el gobernado debe pagar por concepto de derechos por el servicio de alumbrado público en el aviso-recibo, pues esa facultad no implica otorgarle atribuciones para ejecutar el cobro, mismas que se reservan a las autoridades municipales." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, febrero de dos mil diecinueve, Tomo I, materias común, Administrativa, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica, autorizando únicamente para recibirlas e imponerse de autos a Arturo Silva Castellanos y José Jiménez Díaz, dado que no se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de los plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 25/2020, del citado órgano colegiado, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    MESA VI ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de agosto de dos mil veinte. Vistos los presentes autos de los que se advierte que al rendir su informe justificado la Directora de Procesos y Amparos de Secretaría de Bienestar con residencia en la Ciudad de México, negó el acto reclamado manifestando que no tiene injerencia en el acto reclamado, sino la Subsecretaria de Desarrollo Social y Humano a través de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, quien es la ejecutora del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, por lo que con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la Ley de Amparo, por lo tanto dése vista a la parte quejosa con dicha manifestación, por el término de tres días para que manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna se tendrá por autoridad no designada. Es aplicable a lo anterior, la tesis V.2o.37 A, visible en la página mil (.) (.) Asimismo, toda vez que de las constancias que acompañan la responsable Delegada de Programas para el desarrollo en el Estado de Oaxaca, se advierte la entrega a la quejosa el veintinueve de mayo de dos mil veinte, de la tarjeta de la Institución Bancaria "Banco Azteca" relativa al apoyo que le corresponde como Beneficiaria del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, sin embargo con ello no se indica que se le hayan realizado los depósitos mediante transferencias electrónicas correspondientes a dicho programa. En obvio dilaciones requiérase a la quejosa dentro del citado término de tres días informe a este juzgado si ya le fueron depositadas las cantidades a que se refiere en su demanda de garantías con motivo de ser beneficiaria del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Finamente, requiérase a Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca, para que dentro del antes citado término de tres días siguientes a su legal notificación, remita copia certificada y legible de las constancias de donde se advierte que le fue depositado mediante transferencia electrónica o por algún otro medio el apoyo correspondiente a la quejosa y los que refirió en su demanda; o en su caso informe el impedimento legal que tenga para ello; apercibido que de no cumplir con lo anterior se le hará efectiva la multa a que se refiere el auto de inicio. A fin de dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Por tanto, infórmese a las partes, que con motivo de la epidemia derivada del virus Covid-19, la misma se llevará a cabo sin su presencia física, sin perjuicio de que presenten pruebas y alegatos por escrito de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Salvo que de considerarlo necesario lo informen oportunamente o máximo con cinco días de anticipación, debiendo justificar la necesidad de ello a efecto de acordar lo procedente y adoptar las medidas pertinentes. Al margen de que por regla general está autorizado el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, con independencia de que el asunto se haya tramitado bajo el esquema tradicional, juicio en línea o una combinación de ambos, según lo dispone el artículo 25, del aludido Acuerdo General. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. NOTIFÍQUESE. MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de septiembre de dos mil veinte. Vistos los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de trece de agosto de dos mil veinte se dio vista a la parte quejosa, con la manifestación realizada por la Directora de Procesos y Amparos de Secretaría de Bienestar con residencia en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado en el que negó el acto reclamado y precisó que no tiene injerencia en el acto reclamado, sino la Subsecretaria de Desarrollo Social y Humano a través de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, quien es la ejecutora del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Por lo tanto, toda vez que no se advierte que la quejosa *** haya quedado notificada personalmente de dicho proveído, a fin de evitar violaciones procedimentales con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con dicho proveído, para que en el término de tres días para que manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna se hará efectivo el apercibimiento a que se refiere el mencionado auto. A fin de dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. EL PRESENTE ACUERDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE AMPARO MESA VI "... C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General Número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda, se deduce que el quejoso reclama: - La negativa de entregarle el dinero derivado del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, correspondiente a los bimestres julio- agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre de dos mil diecinueve. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Directora de Procesos y Amparos de la Secretaría de Bienestar, negó la existencia del acto recamado, pues refirió que la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, a través de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritatios, es la ejecutora del programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. El Presidente Municipal en mención, negó la existencia del acto reclamado; y si bien se advierte que al rendir informe justificado refirió intervenir en la entrega de dicho beneficio, como encargado de las cuestiones logísticas; lo cierto es que, el Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, en su informe justificado, dijo que el lugar al que debía acudir la quejosa a recibir el beneficio que le fue otorgado, era en la mesa de atención respectiva en la colonia Juquilita (Los Mogotes), por advertirse del talón del Formato Único Bienestar requisitado por los Servidores de la Nación, que esa es la localidad de la quejosa; y no en el Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán. ?? Lo anterior, sin que la quejosa aportara pruebas para corroborar lo contrario. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee el juicio de ampar, por lo que hace a las autoridades citadas. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir informe justificado, la Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar; negó la existencia del acto reclamado. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, pues en su informe justificado refirió que no realizó el pago a la quejosa del apoyo derivado del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, correspondiente a los bimestres julio-agosto dos mil diecinueve, septiembre-octubre dos mil diecinueve y noviembre-diciembre del mismo año -periodos anteriores a la presentación de la demanda (veintiocho de febrero de dos mil veinte), por no acudir en dos ocasiones consecutivas a recibir dicho beneficio económico. Por tanto, se tiene por cierto el acto que se le reclama. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Aduce la quejosa que tiene derecho a recibir el apoyo y beneficio que el gobierno federal le otorga, debido a que tiene sesenta y ocho años de edad y fue debidamente inscrita desde hace un año al programa; y ha acudido tanto en el municipio como en la Delegación del Estado de Oaxaca, sin que le entreguen el apoyo. Dichos conceptos de violación son infundados. Lo anterior, pues la regla 3.7.1 de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, establece: "3.7.1 Suspensión de la Emisión del Apoyo Económico [????  Cuando las personas beneficiarias incluidas en el esquema de Entrega de Apoyos en Efectivo, o su representante o adulto auxiliar, no se presenten a recibir los apoyos económicos hasta en dos ocasiones consecutivas. [.]." Ahora, del informe justificado rendido por la Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, se advierte que, en los registros consultados en el sistema CAPFA (Sistema de Captura de Fichas de Atención), existe el identificado con el número ID 24294917, a nombre de la quejosa, con fecha de solicitud el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, en el bimestre julio-agosto de esa anualidad como "activo emitible" (nueva incorporación por censo del bienestar); lo que, dice la responsable, significa que la peticionaria del beneficio cumplió con los requisitos y resultó beneficiaria del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. ????? Sin embargo, en el bimestre enero-febrero dos mil veinte, la quejosa aparece como "activo no emitible" (retención por no conbrar apoyos consecutivos); esto, dado que de la consulta en el Sistema CAPFA, historial de pagos en los biemestres julio-agosto, septiembre- octubre y noviembre-diciembre de dos mil diecinueve, los montos relativos a los apoyos económicos aprobados a la quejosa, no fueron cobrados por ésta, como se corrobora con la copia certificada de las capturas de pantalla del Sistema de Captura de Fichas de Atención. De ahí que, si conforme a las aludidas reglas de operación para el pago del apoyo otorgado a la quejosa, éste se suspenderá si en dos ocasiones consecutivas no acude a recibirlo, lo que en la especie aconteció; entonces, resultan infundados sus conceptos de violación, pues al ajustarse al supuesto legal, la autoridad estaba legitimada a no otorgarle el beneficio en cuestión. Máxime que la quejosa no ofreció medio de conviccíon para demostrar lo contrario. SEXTO. Publicación de datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis y en observancia de lo dispuesto en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mli diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a (...) en términos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, publíquese la presente resolución, en los términos precisados en el considerando sexto de esta determinación. Notifíquese personalmente. LOS PRESENTES PRPVEÍDOS Y RESOLUCIÓN SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA.

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