Yolanda Ávalos Beltrán
Expediente 255/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 255/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Yolanda Ávalos Beltrán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, este expediente principal es susceptible de destrucción, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al haberse sobreseído el juicio de amparo. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el expediente principal, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de abril de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 255/2022-II, promovido por ** Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, turnado a este juzgado el día hábil posterior, **, promovió demanda de amparo en contra de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y otra autoridad, de quienes reclamó la omisión de fijar fecha para su reinstalación en el juicio laboral de origen. Segundo. Derechos fundamentales que la quejosa estimó vulnerados. La quejosa señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En proveído de treinta de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron hora y fecha para la audiencia constitucional, misma que fue celebrada al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: De la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, así como del actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad: La omisión de fijar fecha para su reinstalación en el juicio laboral 577/2018. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al actuario adscrito a la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, pues al rendir informe justificado, así lo señaló. Sin que la parte quejosa, por sí ni por conducto de sus autorizados en amplios términos, se haya pronunciado al respecto. De modo que, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [...] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado por la quejosa a la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, no obstante ésta lo haya negado al rendir su informe con justificación. Se afirma lo anterior, pues la demanda que originó este asunto, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintiocho de marzo de dos mil veintidós; mientras que, la fijación de hora y fecha para la reinstalación laboral de la accionante del amparo, se determinó hasta en auto de once de abril de dos mil veintidós, es decir, posterior a que tuviera conocimiento de la demanda de amparo que originó este asunto. Lo anterior, pone de manifiesto que al momento de la presentación de la demanda que dio origen a este juicio de amparo, la omisión reclamada a la Junta responsable, sí existía. Las constancias remitidas por la Junta responsable, adjuntas a su informe con justificación, poseen valor probatorio pleno, de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es el Secretario de Acuerdos de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Ante lo anterior, se desvirtúa la negativa vertida por la Junta responsable y se tiene por cierto el acto que le fue endilgado. Quinto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima la actualización, de forma manifiesta e indudable, de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, en que se establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.) De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, este juicio de amparo, la quejosa se dolió, de la Junta responsable, de omisión de fijar fecha para su reinstalación en el juicio laboral 577/2018. Empero, como se desprende de las constancias con que acompañó su informe justificado la aquí responsable -previamente valoradas- la Junta responsable determinó fecha y hora para la reinstalación laboral de la aquí quejosa, el once de abril de dos mil veintidós, es decir, posterior a la presentación de la demanda de amparo que originó este asunto, de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, de la que tuvo conocimiento, como se desprende del sello respectivo, el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. En tal auto, la Junta responsable señaló las once horas del dos de mayo de dos mil veintidós, para tal objeto. Además, acreditó haber notificado a las partes dentro del juicio natural, de esa determinación. Así, se estima que las cosas han vuelto al estado que guardaban antes de la violación constitucional alegada por la quejosa, tal como si se le hubiese otorgado el amparo instado, pues la Junta responsable proveyó en torno al señalamiento de hora y fecha para reinstalar a la aquí quejosa en su fuente de trabajo, lo cual, no había efectuado, sino hasta que conoció de la existencia de este asunto. Por lo tanto, como se anunció, durante la tramitación de este juicio de amparo, cesó el acto omisivo reclamado y es pertinente sobreseer este juicio, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de la legislación de la materia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Así como la diversa tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio promovido por Yolanda Ávalos Beltrán, en contra de la autoridad que señaló en este juicio como responsable, por las razones expuestas en el considerando tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ** Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el pedimento presentado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; ténganse por hechas las manifestaciones que realiza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas, en la audiencia constitucional; lo anterior de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, respecto de la copia que solicita, dígasele que se esté a lo acordado en el auto admisorio, toda vez que en el mismo ya fue autorizada la expedición de copias a las partes sin necesidad de solicitarlo por escrito. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por la Presidenta y el Actuario adscrito a la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ambos con residencia en esta ciudad; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido de los informes en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades oficiantes, designando como delegada a la persona que indican en sus informes. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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