Yolamimis Frometa Mojena y Otros.
Expediente 690/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 690/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 28/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Yolamimis Frometa Mojena y Otros.
- Dayme Téllez González y Otros.
- Rafael Miguel León Rodríguez y Otros.
- Yolamimis Frometa Mojena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Declaratoria de estado Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno por el que se tuvo por no presentada la demanda. En consecuencia, se declara que la resolución ha causado estado, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que aunque se sobreseyó, se concedió la suspensión de plano, de conformidad con lo establecido en la fracción I, inciso a), del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, se hace constar que, no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo transitorio tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA DE LA ADSCRIPCIÓN SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE TEXTUALMENTE ESTABLECE: Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el escrito presentado por el licenciado *******, y téngasele solicitando el "desistimiento" de la demanda de amparo respecto de las personas de nombres A**********, por los motivos asentados en el mismo. Sin que haya lugar a acordar de conformidad su solicitud; en primer término, porque el promovente de la demanda, si bien fue quien instó la acción constitucional (como una especie de gestor judicial), lo hizo en representación de los directos quejosos, calidad que se asemeja a la del autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta que se logre la ratificación de la demanda y, con ese carácter, no se encuentra facultado para desistir de la acción de amparo. Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 188/2007, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, de octubre de 2007, materia común, página 211, del siguiente tenor: AUTORIZADO "EN TÉRMINOS AMPLIOS" PARA OÍR NOTIFICACIONES. NO TIENE FACULTADES PARA DESISTIR DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS. De la interpretación literal y causal teleológica del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, se colige que si bien al autorizado "en términos amplios" para oír notificaciones en el juicio de amparo se le confieren facultades de manera enunciativa y no limitativa, de tal suerte que puede considerársele como un auténtico representante judicial, su actuación dentro del juicio de garantías queda sujeta a la condición de que los actos que realice puedan estimarse necesarios para la defensa de los derechos de su autorizante. Por otra parte, el desistimiento constituye la renuncia de la parte accionante a los actos procesales o a su pretensión litigiosa, lo que pone de manifiesto la trascendencia de los efectos que genera; por tal motivo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 295, estableció como requisito necesario la ratificación del desistimiento de la parte quejosa, con la finalidad de que el juzgador se cerciore de que efectivamente es voluntad del demandante abdicar en su pretensión. En este orden de ideas, se concluye que el autorizado "en términos amplios" de las partes no tiene la facultad para desistir del juicio de amparo y sus recursos, en razón de que su autorización está condicionada a todos aquellos actos necesarios para la defensa de su autorizante, dentro de los cuales no queda comprendida tal figura, porque no se ubica en la línea de la defensa de los derechos de las partes del juicio de garantías, resultando necesario que estas últimas, no sus autorizados "en términos amplios", manifiesten expresamente la decisión de desistir del juicio y sus recursos, no solamente con la suscripción del ocurso correspondiente, sino mediante la celebración del acto procesal de la ratificación de esa expresión de voluntad. Aunado a lo anterior, toda vez que los párrafos cuarto y quinto del numeral 15 de la Ley de Amparo, establecen que, si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, se resolverá la suspensión definitiva, se ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Asimismo, transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. De este modo, se tiene que en este asunto, el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve se decretó la suspensión del proceso, de ahí que se encuentra vigente el plazo para que los directamente agraviados comparezcan a este órgano jurisdiccional y manifiesten su conformidad o no con la demanda de amparo presentada a su favor. Así, una vez que transcurra el plazo de un año que establece el ordinal en estudio, se acordará lo que en derecho corresponde. Notifíquese personalmente al promovente. Lo proveyó y firma el licenciado **********a, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, quien actúa ante la licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos se desprende que el diecinueve de septiembre del año en curso (foja 14), se tuvo a *******, promoviendo demanda de amparo en favor de *******, ******* y/o *******, *******, *******, *******, y otros, sin embargo, a la fecha no se ha logrado llevar a cabo la entrevista con los nombrados, a efecto de que manifiesten si es su deseo o no ratificar el mencionado escrito. Por tanto, dado que, de conformidad con el numeral 15 de la Ley de Amparo, este juzgado se encuentra obligado a agotar todas las medidas posibles a fin de lograr lo previo, se requiere al promovente de este juicio, a efecto de que, dentro del término de veinticuatro horas, contado legalmente, presente ante el local de este órgano jurisdiccional a *******, ******* y/o *******, *******, ******* y *******. Apercibido que de no cumplir con lo que en este auto se ordena, en términos de lo estatuido por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, previstas en los artículos 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalentes a cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional ($4,224.50). Finalmente, se ordena agregar como antecedente el informe de la suspensión de plano rendido por parte del Comisionado, Director General de Control y Verificación Migratoria, Director General de Regulación y Archivo Migratorio y Director General de Coordinación de Delegaciones, todos del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, toda vez que el cinco de los actuales, se tuvo por recibido el mismo y se proveyó lo conducente. Notifíquese personalmente a *******. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos los oficios de cuenta para que consten como legalmente correspondan, cuyo contenido fue certificado en esta misma fecha, al haberse cotejado con el personal remitente, a los cuales, se les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2. Es aplicable por analogía la tesis con número de registro 216635, de la Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, Abril de 1993, página 245, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que dice: DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX, VALOR PROBATORIO DE LOS. Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si éstos son certificados por el funcionario competente. En atención a su contenido, se tiene a la autoridad oficiante informando que los quejosos *********************, no acudieron al control de firmas establecido, los días veintiuno y veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, de lo cual, queda enterado este juzgado federal. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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