Yohana Lizet Saballos Saballos

Expediente 1051/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1051/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
20/04/2023

Partes del expediente

  • Yohana Lizet Saballos Saballos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto de veintisiete de marzo del año en curso. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que aunque se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados, se concedió la suspensión de plano, de conformidad con lo establecido en el inciso b), fracción II, del Artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión definitiva, el incidente de suspensión original es depurable, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación. Así, el duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Además, una vez transcurrido dicho término se deberá depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, conservando las resoluciones relativas que otorguen la suspensión definitiva. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente principal y el original del incidente de suspensión, deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto 1051/2022, ello, en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese Agréguense a los autos, para que obren como legalmente correspondan, el oficio y anexo de cuenta que remite el Sub-representante Local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad. Cumple requerimiento Atento a su contenido, téngase a la oficiante en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintidós de marzo del año en curso, remitiendo copia del ACUERDO DE SALIDA DE LA ESTANCIA PROVISIONAL POR MANDADO JUDICIAL de la quejosa *******. Sobreseimiento fuera de audiencia Con lo anterior, la suscrita estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.] De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los elementos siguientes: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, el catorce de noviembre de dos mil veintidós, la parte quejosa acudió a esta instancia reclamando, en esencia, lo siguiente: Detención, privación de libertad, y retención en la Estancia Provisional Juárez; Omisión de detención de necesidades de protección internacional; Inaplicación de los artículos 1º, 11, 14 y 16 Constitucionales; Emisión de alerta migratoria; Transgresión a la libertad de tránsito; y Deportación a su país de origen. Sin embargo, de las constancias que se atienden, se desprende el acuerdo de salida de la estancia provisional por mandato judicial de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual el Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, permitió la salida de *******, de la Estancia Provisional Juárez; y dejó sin efectos el acuerdo de presentación determinado por la autoridad migratoria; proveído que fue notificado a la directamente agraviada en esa misma data. Documentales que por ser públicas se les confiere valor probatorio pleno, en términos de lo que disponen los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. En esas condiciones, si el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, el Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, permitió la salida de *******, de la Estancia Provisional Juárez; y dejó sin efectos el acuerdo de presentación determinado por la autoridad migratoria; es indudable que cesaron los efectos de los actos reclamados al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo a la quejosa en el goce de las garantías violadas, es decir, volviendo a las cosas al estado que guardaban. Lo anterior, porque el efecto de una sentencia en la que se concediera la protección constitucional tendría por efecto precisamente el obligar a las autoridades migratorias responsables en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 11, 14 y 16 Constitucionales en concordancia con la Ley de Migración, cesar los actos inconstitucionales, y proveer lo conducente respecto al ingreso y salida de la quejosa al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de la directamente agraviada en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales; lo cual finalmente ocurrió debido a la actuación de las propias responsables. Es aplicable al caso, la tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para el verificativo de la audiencia constitucional. Domicilio Por otra parte, con fundamento en el artículo 28 de la Ley de Amparo, téngase al oficiante señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. No ha lugar acceso a expediente electrónico Ahora, la autoridad responsable Sub-representante Local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad, solicita de manera expresa la consulta del expediente electrónico y que las notificaciones que deriven del presente juicio se realicen bajo el usuario ******* mismo que se encuentra dado de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a nombre de *******, sin embargo, dicha persona no es parte en el presente juicio de amparo, ni figura como delegado de ninguna autoridad responsable, por lo que no ha lugar a acordar de conformidad su petición. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no obran en autos las constancias relativas al Acuerdo de Salida de la Estancia Provisional por Mandado Judicial de la quejosa *******. Requiere constancias. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, Encargado de la Estancia Provisional Juárez del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación Chihuahua, en esta ciudad, para que en un término de tres días, legalmente computado, remita copia certificada del Acuerdo de Salida de la Estancia Provisional por Mandado Judicial de la quejosa *******. Lo anterior, en el entendido de que de la constancia actuarial de catorce de noviembre de dos mil veintidós se advierte que el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en esta ciudad, localizo a la directamente agraviada en las instalaciones de la Estancia Provisional Juárez del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación Chihuahua, en esta ciudad. Apercibimiento. Se apercibe a dicha autoridad, de que caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá multa por cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de Amparo. Diferimiento A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para esta data y se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del diecinueve de abril de dos mil veintitrés, para su desahogo. Notifíquese en lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable de referencia. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese Agréguense a los autos, para que obren como legalmente correspondan, el oficio y anexo de cuenta que remite el Sub-representante Local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad. Requiere nuevamente Atento a su contenido, se tiene que la oficiante pretende dar cumplimiento a los diversos requerimientos formulados en autos; remitiendo al efecto diversas constancias que conforman el procedimiento administrativo del aquí quejoso, sin embargo, de las mismas no se advierte el Acuerdo de Salida de la Estancia Provisional por Mandado Judicial que mencionó en su informe sobre la suspensión de plano. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, Sub-representante Local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez, para que en un término de tres días, legalmente computado, remita copia certificada del Acuerdo de Salida de la Estancia Provisional por Mandado Judicial relativo a la quejosa Yohana Lizet Saballos Saballos. Domicilio y Delegados Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase al oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere. Acceso a expediente electrónico Ahora, la autoridad oficiante, solicita de manera expresa la consulta del expediente electrónico y que las notificaciones que deriven del presente juicio se realicen bajo el usuario *******, mismo que se encuentra dado de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a nombre del delegado *******, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo se provee: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se faculta a autoridad para que las promociones que presente en este asunto, pueda formularlas con su firma electrónica. 3. Se ordena practicar las notificaciones vía electrónica, incluso las de carácter personal, al Sub-representante Local del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad. Asimismo, hágase del su conocimiento, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. De igual forma, se le hace del conocimiento que en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordenen practicar en el presente asunto, se tendrán por realizadas una vez que haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, por sí o por conducto de cualquiera de las personas que hubiere autorizado para consultar ese expediente, al visualizar el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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