Yoan Jorge La Rosa Castañeda

Expediente 320/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
320/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • Yoan Jorge La Rosa Castañeda
  • Yoan Jorge La Rosa Castañeda y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diez de junio de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan las actuaciones, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el ordinal 86 de la normativa de la materia, sin que la quejosa, hubiere interpuesto recurso de revisión contra el proveído dictado el veinte de mayo anterior, en el que se sobreseyó en el juicio de amparo 320/2022; con fundamento en lo dispuesto en los arábigos 81, fracción I, inciso e), de la legislación aplicable, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria se declara que ha causado estado dicho acuerdo para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. En otro contexto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el precepto 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el normativo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino. Además, no obstante que se trata de un asunto sobreseído, que de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso a), sería destruible; sin embargo, al haberse decretado la suspensión de plano, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de tres años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido; por ello, se conservará en el archivo de valor jurídico la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. En tal virtud, con fundamento en el artículo 18, del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintidós Agréguese a los autos el oficio remitido vía electrónica con evidencia criptográfica de la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual adjunta la comunicación oficial 82/2022 y orden 163/2022 de su índice, que giró a efecto de notificar a los quejosos *** y ***, el proveído de veinticuatro de abril del año en curso; lo anterior, por haber aceptado este órgano de control constitucional conocer de la demanda promovida por los nombrados, y de la que inicialmente tramitara con el juicio de amparo 483/2022 Ahora, de las actuaciones remitidas específicamente de la diligencia de notificación realizada a los directos quejosos, se advierte que al requerimiento que se les formuló expresaron que ratificaban la demanda promovida a su nombre por Miguel Ángel Hernández Márquez; por lo que al efecto se acuerda ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 116, 117, y relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo de que se trata. Ahora, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, numeral que establece ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos Lo anterior, pues como se asentó en la certificación secretarial que antecede, en el sentido de que en el juicio de amparo 318/2022 del índice de este órgano de control constitucional, fue promovido por Miguel Ángel Hernández Márquez, en representación de Yoan Jorge la Rosa Castañeda y Mayren de la Caridad Rosell Oquendo, contra actos del Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y otras autoridades, consistentes en los mismos actos reclamados en la demanda del juicio para la protección de derechos fundamentales que se analiza; el cual previa suspensión de plano, se gestionan medidas respectivas a su admisión o desechamiento. De lo expuesto, se advierte que los actos reclamados en este juicio y en el diverso 318/2022 del índice de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, corresponden a los mismos quejosos, autoridades responsables y actos reclamados; en consecuencia, es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la invocada causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Funda lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 298, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, del Apéndice de 2011, Quinta Época, con registro 1002341, cuyo tenor literal es IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución Así como la tesis del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se invoca por identidad de razones jurídicas, visible a fojas 3029, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2019187, cuyo rubro y texto son: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia- , y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." En tales condiciones, al actualizarse la invocada causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, se sobresee en el presente juicio para la protección de derechos fundamentales, de conformidad con el arábigo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Es conveniente mencionar que algunos de los criterios jurisprudenciales que se han invocado en este acuerdo, no se oponen a la ley reglamentaria vigente, por lo que se aplicaron con sustento en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo. La decisión que se asume de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en todo caso deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las determinaciones judiciales respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. Al respecto, son aplicables, en lo conducente, las tesis sostenidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 530 y 525, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registros 2002359 y 2002286) de rubros y textos siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". Esto es, en términos de lo que dispone el artículo 1° constitucional, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, para efectuar el control de los actos de autoridad que constitucional y legalmente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgado federal, es que se analizó el juicio de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Finalmente, se levanta la reserva determinada en el proveído de diecisiete de los actuales, en el sentido de que la fedataria de la adscripción fue informada que no existen las autoridades que fueron señaladas como responsables: 4. Jefe del Departamento Jurídico de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca (AUTORIDAD RESPONSABLE) y 5. Agentes Federales de Migración en turno de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ventosa, Oaxaca, por tanto se deja de tener con tal carácter y se suspende y toda comunicación con ellas. Por tanto, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que realice las anotaciones correspondientes. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. De la razón practicada por la fedataria adscrita, se advierte que no fue posible enviar el oficio 6357/2022 y 6358/2022 y demás descritos en el proveído de once de septiembre del año en curso, dirigidos al 4. Jefe del Departamento Jurídico de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca (AUTORIDAD RESPONSABLE) y 5. Agentes Federales de Migración en turno de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ventosa, Oaxaca (autoridad responsable), respectivamente, en virtud de que, vía correo electrónico fue informada que las prenombradas autoridades no existen. En consecuencia, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto se reciba el exhorto número 82/2022 y orden 163/2022, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca de Juárez, residente en San Bartolo Coyotepec. Notifíquese

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA Se tiene por recibido el oficio de cuenta, firmado por la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en el que se transcribe el acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 483/2022 de su índice, del que se advierte remite por incompetencia la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Hernández Márquez, en representación de Yoan Jorge la Rosa Castañeda y Mayren de la Caridad Rosell Oquendo, contra actos del Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y otras autoridades, que hicieron consistir en lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS: a. La PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD de los extranjeros YOAN JORGE LA ROSA CASTAÑEDA y MAYREN DE LA CARIDAD ROSELL OQUENDO, víctimas del delito de ROBO CALIFICADO (CON VIOLENCIA) dentro de la carpeta de investigación CI-FIAZ/UAT- AZ-4/UI-1 S/D/2113/04-2022, misma que se sigue ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. b. el ALOJAMIENTO Y PRESENTACION de los quejosos en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración y la NEGATIVA de otorgarles Oficio de Salida de la Estación con Fines de Regularización, en virtud de ser víctimas del delito ROBO CALIFICADO (CON VIOLENCIA). c. La violación a sus derechos tales como REPRESENTACION LEGAL ASISTENCIA JURIDICA Y VISITAS. d. la NEGATIVA de otorgarles la Condición de Estancia de Visitante por Razones Humanitarias, derecho que gozan en virtud de ser víctimas de delito. e. VIOLACIONES al debido proceso". (sic) ACUSE DE RECIBO Por tanto, se ordena remitir el acuse de recibo correspondiente vía electrónica, de conformidad con el artículo 6, del capítulo segundo, del envío de documentos electrónicos entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado el diez de mayo de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación. SE ACEPTA COMPETENCIA Con fundamento en los numerales 37 y 48 de la normativa de la materia, en relación con el arábigo 55, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, acepta la competencia planteada y asume el conocimiento de la demanda de amparo de que se trata; por lo que se convalidan las actuaciones realizadas por el órgano declinante. ANOTACIONES Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 320/2022 VI-B. REQUERIMIENTO Ahora bien, SE RESERVA acordar respecto de la admisión de la demanda de amparo, en virtud de que no obra diligenciado el exhorto número 82/2022 y orden 163/2022, del índice del Juez declinante, que se giró a efecto de notificar a los quejosos Yoan Jorge la Rosa Castañeda y Mayren de la Caridad Rosell Oquendo. En mérito de lo anterior, solicítese al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca de Juárez, residente en San Bartolo Coyotepec, para que tenga a bien remitir la comunicación oficial de que se trata o bien informe el impedimento legal que para ello tuviere. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora bien, de las constancias que remitió el homólogo Federal se desprende que por auto de veinticuatro de abril del año en curso, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, tuvo por recibida la demanda de que se trata y, decretó la suspensión de oficio y de plano, a favor de los quejosos, por lo cual es innecesario pronunciarse al respecto. ESCRITO DEL PROMOVENTE Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito con firma electrónica y evidencia criptográfica del promovente Miguel Ángel Henandez Márquez, a través del cual bajo protesta decir verdad refiere que los directos quejosos Yoan Jorge la Rosa Castañeda y Mayren de la Caridad Rosell Oquendo, desisten del juicio de amparo, en su perjuicio, por así convenir a sus intereses. En consecuencia, se reserva acordar respecto de su contenido, hasta en tanto obre la comunicación oficial de referencia. AUTORIZADOS Se tienen como autorizados en términos del precepto 12 de la legislación aplicable, a Francisco Hamlet Escobar Contreras y Daniel Salazar Jauregui, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que los autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciados en derecho, no así respecto a la diversa persona Yaritzy Guadalupe Salgado Vaca, quien lo será conforme a lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo de dicho numeral. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Vista la certificación secretarial, tomando en cuenta que el usuario "jugal1801", está vinculado con la dirección del correo electrónico jugal1801@gmail.com; por lo que en términos de lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en sus numerales del 34 al 39; se autoriza la consulta a dicho usuario. Asimismo, en términos del arábigo 26, fracción IV de esa legislación, en relación con el diverso 55 del Acuerdo General citado, se autorizan las notificaciones de manera electrónica de todas las resoluciones derivadas del presente asunto, al referido usuario. Se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior, y como consecuencia el actuario tenga a bien notificar por tal medio la totalidad de las resoluciones que se dicten en este expediente, sin ulterior pronunciamiento. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.1o.P.34 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2017924 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Página: 2364, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." Asimismo, no pasa desapercibido que la parte quejosa también señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Goethe número 101, colonia Anzures Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 15900 en la Ciudad de México; sin embargo, notifíquesele electrónicamente, hasta en tanto previo requerimiento solicite una diversa forma de notificación, pues no pueden coexistir ambas designaciones y prevalece la vía electrónica atento al anterior criterio jurisprudencial. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Por otra parte, dado que en la especie el asunto que en esta data se provee fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 22 del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se les exhorta (invita) continúen dicha tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los ordinales 3 y 26, fracción IV, de la normativa de la materia, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. En el entendido que en caso contrario a lo anterior se harán las notificaciones por lista, misma que hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el numeral 17 de la Constitución; con fundamento en el diverso 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el arábigo 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ello hasta en tanto se reanuden las labores de manera ordinaria dada la suspensión decretada por la contingencia sanitaria en cita. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese.

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