Ynocente Sosa Castro y Otros.
Expediente 384/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 384/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ynocente Sosa Castro y Otros.
- Ynocente Sosa Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA; VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos el oficio 5330, signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, con el que acusa recibo del oficio 1512, mediante el cual le fueron devueltas las copias certificadas del cuaderno de secreto y de la causa penal 02/2016, lo anterior para los efectos legales consiguientes. Notifíquese. II-A-Penal
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, doce de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que los quejosos YNOCENTE SOSA CASTRO, VICENTE PÉREZ MARTÍNEZ, MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA VÁSQUEZ, MARILIHTD PÉREZ MARTÍNEZ, VÍCTOR AGUIAR RICARDEZ, ASAEL GARCÍA ALEGRÍA, ANTONIO MENDOZA GARCÍA y NICANOR LEYVA LÓPEZ, no hicieron manifestación alguna respecto de la propiedad de los billetes de depósitos N795299, N795300, N795301, N795302, N799140, N799137, N799138 y N799139, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (Bansefi), que amparan cada uno de ellos la cantidad de dos mil pesos ($2,000.00), por tanto, se hace efectivo el apercibimiento y se tiene como propietario de los mismos a Rafael Colina López. Ahora bien, como de autos se advierte que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria y toda vez, que en el incidente de suspensión relativo a este juicio se destaca que los quejosos YNOCENTE SOSA CASTRO, VICENTE PÉREZ MARTÍNEZ, MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA VÁSQUEZ, MARILIHTD PÉREZ MARTÍNEZ, VÍCTOR AGUIAR RICARDEZ, ASAEL GARCÍA ALEGRÍA, ANTONIO MENDOZA GARCÍA y NICANOR LEYVA LÓPEZ, exhibieron los billetes de depósitos N795299, N795300, N795301, N795302, N799140, N799137, N799138 y N799139, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (Bansefi), que amparan cada uno de ellos la cantidad de dos mil pesos ($2,000.00), como garantía que les fue fijada para que surtiera efectos la suspensión provisional que se les concedió. En consecuencia, devuélvase al depositante Rafael Colina López, los billetes de depósito debidamente endosados a su favor, previa identificación y recibo que se asiente en autos, haciéndole de su conocimiento que si no se presenta a recogerlo dentro del término de dos años naturales, contado a partir de la legal notificación de este proveído, se prescribirán a favor del Erario Federal. Notifíquese personalmente. II-A-Penal
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado en este juicio de garantías, el once de octubre de dos mil diecisiete (fojas 58 a 66), en el que se decretó sobreseer fuera de la audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido, y el original del incidente de suspensión glósese a este expediente, y guárdese provisionalmente el duplicado del referido incidente en el archivo de este Juzgado. En otro aspecto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude la fracción V, segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración o destrucción, en su caso, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del citado acuerdo general, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. II-A
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA, ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado procesal que guardan estos autos, y toda vez que el estudio de las causales de improcedencia, es de orden público y estudio preferente, es obligación de todo órgano de control constitucional que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, debe entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la jurisprudencia número II.1º. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 222780, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, este Juzgador, de manera oficiosa advierte la actualización de diversas causales de improcedencia manifiestas, notorias e indudables que imponen necesariamente sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia; ello en virtud de que, se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XVII y XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que los motivos de improcedencia del juicio constitucional que se invocarán a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesta, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que las causales de improcedencia de que se trata son operantes en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 404, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 425, del Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección-Improcedencia y Sobreseimiento, Apéndice de 2011, Novena Época, con número de registro 1002470, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior, no implica agravio o que se deje sin defensa a los amparistas, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a los quejosos de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque las causales de improcedencia subsistirían y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiestas e indudables, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegaren a aportar, sean desvirtuadas las causales aludidas. En razón de lo anterior, previó a entrar al estudio de las causales de improcedencia que se actualizan en este asunto, es importante precisar los antecedentes del caso: I. En proveído de doce de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo a YNOCENTE SOSA CASTRO, VICENTE PÉREZ MARTÍNEZ, MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA VÁSQUEZ, MARILIHTD PÉREZ MARTÍNEZ, VÍCTOR AGUIAR RICARDEZ, ASAEL GARCÍA ALEGRÍA, ANTONIO MENDOZA GARCÍA y NICANOR LEYVA LÓPEZ, promoviendo juicio de amparo, contra actos del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca y Encargado de la Subsede de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, ambos con residencia en esta ciudad; que hicieron consistir en la orden de aprehensión y su ejecución. II. El veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, rindiendo su informe justificado en el que manifestó que el acto reclamado (orden de aprehensión) era cierto respecto de los quejosos INOCENTE SOSA CASTRO, VICENTE PÉREZ MARTÍNEZ, MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA VÁSQUEZ, MARILI PÉREZ MARTÍNEZ, VÍCTOR RICARDEZ, ASAEL GARCÍA ALEGRÍA, ANTONIO MENDOZA GARCÍA y NICANOR LEYVA LÓPEZ. Precisando, que no había librado orden de aprehensión en contra de YNOCENTE SOSA CASTRO, MARILIHTD PÉREZ MARTÍNEZ y VÍCTOR AGUIAR RICARDEZ, por lo que no existía la certeza si los promoventes del amparo eran las mismas personas contra las que se dictó la orden de aprehensión aquí reclamada; en tal virtud se requirió a los citados quejosos a efecto de que acreditaran si el mandamiento aprehensorio impugnado podía ser ejecutado en sus personas (fojas 27 a 29). IV. Por proveído de tres octubre del presente año, por una parte, se tuvo por recibido el oficio 6363 del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, mediante el cual remitió copia certificada de la resolución de plazo constitucional de dos de octubre de dos mil diecisiete, del que se advierte que dictó auto de formal prisión en contra de los aquí quejosos YNOCENTE SOSA CASTRO, VICENTE PÉREZ MARTÍNEZ, MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA VÁSQUEZ, VÍCTOR AGUILAR RICARDEZ, AZAEL GARCÍA ALEGRÍA y ANTONIO MENDOZA GARCÍA, por el delito de Ataques a las Vías de Generales de Comunicación en su hipótesis de quien por cualquier medio interrumpa los servicios que operan en las vías generales de comunicación, previsto y sancionado por el artículo 533, primer párrafo, del Código Penal Federal y el diverso de Motín, previsto y sancionado por el artículo 152 del Código Penal del Estado de Oaxaca, cometidos en términos de lo dispuesto por os artículos 7°, fracción II, 8°, 9, párrafo primero y 13, fracciones II, III y IV, del Código Penal Federal y artículo 11, fracción III del Código Penal de Oaxaca. Y por otra, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veinticinco de septiembre del año en curso, únicamente por lo que se refiere a la quejosa MARILIHTD PÉREZ MARTÍNEZ, por lo que se declaró que se trataba de persona distinta de MARILI PÉREZ MARTÍNEZ, no así por lo que respecta a los diversos quejosos YNOCENTE SOSA CASTRO y VÍCTOR AGUILAR RICARDEZ, a quienes también se le requirió para tal efecto, ello en atención a que en el citado auto de formal prisión se establecieron correctamente los nombres de éstos (fojas 54 y 56). 1.- Causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo. Asentado lo anterior, es de precisarse que respecto de los actos reclamados por los quejosos YNOCENTE SOSA CASTRO, VICENTE PÉREZ MARTÍNEZ, MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA VÁSQUEZ, VÍCTOR AGUILAR RICARDEZ, AZAEL GARCÍA ALEGRÍA y ANTONIO MENDOZA GARCÍA, atribuidos al Juez Sexto de Distrito en el Estado con residencia en Salina Cruz, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo. En ese sentido la fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica [.]". La determinación que aquí se adopta se justifica con base en el oficio 6363, suscrito por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remitió copia certificada de la resolución de plazo constitucional de dos de octubre de dos mil diecisiete, emitida en la causa penal 2/2016, del índice de ese juzgado, en la que se dictó auto de formal prisión en contra de los quejosos YNOCENTE SOSA CASTRO, VICENTE PÉREZ MARTÍNEZ, MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA VÁSQUEZ, VÍCTOR AGUILAR RICARDEZ, AZAEL GARCÍA ALEGRÍA y ANTONIO MENDOZA GARCÍA, aquí quejosos, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ataques a las vías generales de comunicación, en la hipótesis de quien por cualquier medio interrumpa los servicios que operan en las vías generales de comunicación, previsto y sancionado por el artículo 533, primer párrafo, del Código Penal Federal, y el diverso de motín, previsto y sancionado por el artículo 152 del Código Penal del Estado de Oaxaca, en términos de los artículos 7, fracción II, 8°, 9°, párrafo primero, y 13, fracciones II, III y IV, del Código Penal Federal y artículo 11, fracción III, del Código Penal del Estado de Oaxaca. Documental a la cual se le confiere valor probatorio pleno por tratarse de instrumental de actuación judicial, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su artículo 2°. En apoyo se invoca la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En razón a lo anterior, es inconcuso que en la especie como ya se estableció se surte la causal de improcedencia que prevé la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de la Amparo, en razón de que se dio un cambio en la situación jurídica por lo hace a los quejosos YNOCENTE SOSA CASTRO, VICENTE PÉREZ MARTÍNEZ, MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA VÁSQUEZ, VÍCTOR AGUILAR RICARDEZ, AZAEL GARCÍA ALEGRÍA y ANTONIO MENDOZA GARCÍA, toda vez que el auto de formal prisión dictado en su contra, sustituyó procesalmente la orden de aprehensión reclamada de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, emitida en el referido proceso penal 2/2016, por lo que, en su caso, se consideran consumadas irreparablemente las violaciones constitucionales por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica que impera. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número VII.1o.P. J/42, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, visible a página 875, Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con número de registro 192163, cuyos rubro y texto, son del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999). Es correcto el sobreseimiento decretado por el a quo en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en el que se reclamó la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que consta en autos que la autoridad responsable, decretó formal prisión al quejoso y ello conlleva a establecer que ha operado un cambio de situación jurídica; lo anterior es así, atento la reforma del artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que en lo conducente dice: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto." 2.- Causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto del quejoso NICANOR LEYVA LÓPEZ, se tiene que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [...]" El referido precepto establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto que se reclame sea materia de diverso juicio constitucional que esté pendiente de resolución (litispendencia), promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque por violaciones constitucionales diversas. Es decir, la causa de improcedencia por litispendencia parte de la premisa de que el quejoso promueva un juicio de amparo contra la misma autoridad o autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, cuando previamente promovió un diverso juicio en el que existen las coincidencias mencionadas, y que éste se encuentre pendiente de resolución. La improcedencia por litispendencia se trata, entonces, de una institución jurídica que se apoya en los principios de unidad y economía procesal, así como en la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, siempre y cuando la controversia anteriormente planteada se encuentre pendiente de resolución, ya sea en el mismo juzgado o tribunal o en otro diferente, y en ambos conflictos, exista identidad sustancial en los elementos del litigio planteado, es decir, en cuanto a sujetos, objeto y pretensión. En el caso, para demostrar la actualización de la litispendencia, conviene precisar que la demanda origen de este expediente es promovida por Nicanor Leyva López y otros, contra actos del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca y Encargado de la Subsede de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, ambos residentes en esta ciudad, que hicieron consistir en la orden de aprehensión y su ejecución. Acto reclamado y autoridades responsables que resultan los mismos que los señalados en el diverso juicio de amparo 378/2017, del índice de este Juzgado, promovido por el citado quejoso Nicanor Leyva López y otros, como se advierte de la certificación secretarial realizada en el proemio de este acuerdo. Asimismo, de dicha certificación se aprecia que el veintiocho de septiembre del año en curso, en el diverso juicio de amparo 378/2017 se sobreseyó en el juicio, de conformidad con el artículo 61, fracción XVII, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, determinación que a la fecha se encuentra pendiente de causar estado, por lo que, al no haber alcanzado hasta esta fecha firmeza dicho sobreseimiento, pues se encuentra trascurriendo el término legal establecido para interponer en su caso el recurso de revisión, debe entenderse que dicho juicio aún no se encuentra concluido. Se considera así, en tanto que, al no existir un acuerdo que declare la firmeza de lo resuelto en un juicio de amparo, debe considerarse que se trata de un juicio pendiente de resolución. De tal forma que, si el quejoso, promueve de nueva cuenta demanda de amparo contra el mismo acto reclamado y autoridad responsable en un juicio de amparo pendiente de quedar firme, resulta evidente que la acción de amparo promovida resulta improcedente. Se invoca en lo sustancial la tesis número VI.2º. 121 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII (Junio de 1998), visible a fojas 655, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 196152 intitulada: "IMPROCEDENCIA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y EN UN JUICIO DIVERSO SE RECLAMA EL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El juicio de amparo en el que se reclama el mismo acto de autoridad que fue combatido en un diverso juicio de garantías anterior, en el cual el auto que desechó la demanda aún no ha causado ejecutoria por estar transcurriendo el término legal establecido para interponer el recurso de revisión, es improcedente de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción III de la ley de la materia, en virtud de que en tal hipótesis el acto reclamado debe entenderse que es materia del juicio de amparo no concluido; máxime que la conducta procesal del quejoso implica un evidente abuso en el ejercicio de la acción constitucional." En este orden de ideas, resulta indiscutible concluir que el presente juicio de amparo y el diverso 378/2017, ambos del índice de este órgano jurisdiccional, fueron promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables (Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca y Encargado de la Subsede de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, ambos residentes en esta ciudad), y por los propios actos reclamados (orden de aprehensión y su ejecución), aun cuando se encontraba pendiente de resolución, el diverso juicio 378/2017, por lo que se actualiza la causa de referencia contenida en la fracción X, del multicitado numeral 61 de la propia ley respecto de los actos reclamados por el quejoso Nicanor Leyva López atribuidos al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. Se invoca en apoyo, la determinación adoptada en la tesis VII.P. 83 K, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, consultable en la página 260, tomo XV, Enero de 1995, materia común, Octava Época, de registro 209531 con el rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de amparo que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." En las consideraciones planteadas para ambas causales de improcedencia que se actualizan, es procedente se decrete el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto los actos reclamados al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, residente en esta ciudad, de conformidad con el artículo 61, fracciones XVII y X, en relación con el diverso 63, fracción V de la Ley de Amparo, respecto de los quejosos YNOCENTE SOSA CASTRO, VICENTE PÉREZ MARTÍNEZ, MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA VÁSQUEZ, VÍCTOR AGUILAR RICARDEZ, AZAEL GARCÍA ALEGRÍA y ANTONIO MENDOZA GARCÍA, así como del diverso NICANOR LEYVA LÓPEZ, respectivamente. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido a la autoridad responsable Encargado de la Subsede de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, con residencia en esta ciudad, en virtud de no haber sido reclamado por vicios propios. En lo conducente resulta aplicable la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 91-96 Sexta Parte, visible a fojas 286, correspondiente a la Séptima Época, sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con número de registro 253622, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Sin que pase desapercibido para este juzgador que de conformidad con el artículo 64, párrafo segundo, de la ley de la materia, tratándose de la posible actualización de una causal de improcedencia deba darse vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga, sin embargo, en el caso en particular como ya quedo de manifiesto ningún beneficio traería a los quejosos concederle dicha vista, ya que resulta evidente e indudable las causales de improcedencia que se actualizaron (artículo 61, fracciones XVII y X de la Ley de Amparo) de modo que aunque se dé vista a los impetrantes de amparo, no es posible que la desvirtúen, por lo que, de otorgarse dicha vista se retrasaría la solución definitiva del asunto en contravención a lo que dispone el artículo 17 constitucional, que tutela el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia y que ésta sea expedita. Es aplicable a lo antes expuesto la jurisprudencia IV Región) 1o. J/11 (10a.) por reiteración sostenida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, publicada el viernes 11 de marzo de 2016, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, registro IUS número 2011251, que establece: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. PARA NO CONTRAVENIR EL DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA, ES INNECESARIO OTORGAR LA VISTA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL QUEJOSO NO TIENE POSIBILIDAD DE DESVIRTUAR LA CAUSA RELATIVA ADVERTIDA DE OFICIO, POR ACTUALIZARSE DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE. El artículo citado establece la obligación para los Tribunales Colegiados de Circuito de dar vista al quejoso por el término de tres días con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga cuando, de oficio, se advierta actualizada alguna de las causas de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley Amparo no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior. Sin embargo, dicho supuesto no se produce si el quejoso no tiene posibilidad de desvirtuar la causa de improcedencia advertida de oficio, por actualizarse de forma manifiesta e indudable; por ende, aunque se le concediera la vista, ello no le beneficiaría, pues se retrasaría en su perjuicio la solución definitiva del asunto en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tutela el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia y que ésta sea expedita, toda vez que él no podría desvirtuar la causa de improcedencia destacada, si de las constancias que integran el juicio de amparo se advierte, de manera patente, su existencia; de ahí que sea innecesario darle vista al quejoso por no traerle beneficio alguno." 3.- Sobreseimiento artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo Finalmente, respecto de los actos reclamados por la diversa quejosa MARILIHTD PÉREZ MARTÍNEZ, en su demanda de amparo, consistente en la orden de aprehensión y su ejecución, como ya se estableció en los antecedentes del caso, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, negó el acto reclamado (foja 26). En ese sentido, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados a la citada autoridad responsable, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bajo el número 284 aparece publicada en la página 305, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera parte, Segunda Sección, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, con número de registro 1002350 que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUÍDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Máxime que la quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar tal negativa, no obstante habérsele dado vista con el informe rendido por la responsable ordenadora, con la oportunidad a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, aunado al apercibimiento que se le efectuó en proveído de veinticinco de septiembre del año en curso, y el cual se le hizo efectivo el tres de octubre siguiente, en donde se determinó que la quejosa MARILIHTD PÉREZ MARTÍNEZ se trataba de persona distinta a MARILI PÉREZ MARTÍNEZ, contra quien sí existía librada una orden de aprehensión como se advierte del citado informe justificado en la causa penal 2/2016 (fojas< 54 y 55). Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido a la autoridad responsable Encargado de la Subsede de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, con residencia en esta ciudad, no obstante que dicha autoridad ejecutora haya convenido sobre la existencia del acto reclamado, pues la misma se desvirtúa con la negativa de la autoridad ordenadora en los términos en que rindió su informe justificado y ya precisados en el párrafo que antecede. Criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. Como consecuencia de lo todo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente asunto, que se fijó para las nueve horas con quince minutos del dieciséis de octubre de dos mil diecisiete (foja 10). Finalmente, para los efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se toma nota que las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en esta sentencia; sin embargo, aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la citada Ley, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y por oficio a las autoridades responsables. IIA-P
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