Yoan Jorge La Rosa Castañeda
Expediente 319/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 319/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Yoan Jorge La Rosa Castañeda
- Yoan Jorge La Rosa Castañeda y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los sobres que devuelven los Servicios de Paquetería "Estafeta" y Servicio Postal Mexicano, que contienen los oficios 10188/2022 y 8797/2022, dirigidos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con residencia en la Ciudad de México, en su carácter de tercera interesada. Observándose las leyendas, del primero, en la etiqueta de visita "D0A Cambio de domicilio. D03 Item rechazado por el destinario Oficialía. Observaciones Mal redactado", y del diverso "Cambió de domicilio". Ante tales condiciones, toda vez que en proveído de veinte de mayo del año en curso, se sobreseyó el presente juicio de amparo por los motivos ahí expuesto, auto que causo estado el veinte del mes que antecede, por tanto, resulta innecesario el reenvío de dichas piezas postales, toda vez que la aludida autoridad nunca fue emplazada. Cúmplase.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el sobre que devuelve el Servicio Postal Mexicano, que contiene el oficio 7431/2022 dirigido al Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con residencia en la ciudad de México. Con la leyenda "DEVUELVASE" "El destinatario no reside en el domicilio citado. San Ángel Rumbo a Celso de Jesús Contreras Empleado 035984 17 jun 2022 y rubrica". Ante tales condiciones, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, se comisiona a la sección de Actuaría para que de manera inmediata, remita dicha misiva a la cuenta de correo electrónico o a través del Servicio Postal Mexicano que tiene para tal efecto, con la indicación de que deberá remitirse mediante oficio a la dirección correcta, a fin de que tenga conocimiento de ello. Cúmplase
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinte de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el veinte de mayo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo por litispendencia; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; se destaca que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. DESTINO. Además, al tratarse de un asunto en el que se sobreseyó el juicio por litispendencia, pero se concedió la suspensión de plano, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso a), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente asunto no se formó incidente de suspensión. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se pondrán a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cúmplase.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintidós Vista la certificación que antecede y la diligencia de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el fedatario adscrito para llevar a cabo la diligencia encomendada en dicho proveído, a los quejoso Yoan Jorge la Rosa Castañeda y Mayren de la Caridad Rosell Oquendo, en virtud de que al comunicarse al número 951-228-28-37, fue atendido por la licenciada Adriana Argüelles, encargada de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en La Ventosa, Juchitán, Oaxaca, quien le manifestó que en seis de mayo del año en curso, les dieron su salida a los quejosos, en cumplimiento a lo ordenado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, dentro del juicio de amparo 240/2022. Atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, al no haberse podido localizar a los citados quejosos, a efecto de que ratificaran el desistimiento del presente asunto, se le tiene por no desistidos y se ordena continuar con el trámite del presente juicio. Ahora bien, advirtiéndose de las constancias que obran en autos, específicamente de la diligencia de notificación de veinticinco de abril de dos mil veintidós, realizada dentro de la comunicación oficial registrado con el exhorto 92/2022, orden 97/2022, que los directos quejosos expresaron que ratificaban la demanda promovida a su nombre por Miguel Ángel Hernández Márquez; por lo que al efecto se acuerda ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 116, 117, y relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo de que se trata. Ahora, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, numeral que establece: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos Lo anterior, pues como se asentó en la certificación secretarial que antecede, en el sentido de que en el juicio de amparo 318/2022 del índice de este órgano de control constitucional, fue promovido por Miguel Ángel Hernández Márquez, en representación de Yoan Jorge la Rosa Castañeda y Mayren de la Caridad Rosell Oquendo, contra actos del Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y otras autoridades, consistentes en los mismos actos reclamados en la demanda del juicio para la protección de derechos fundamentales que se analiza; el cual previa suspensión de plano, se gestionan medidas respectivas a su admisión o desechamiento. De lo expuesto, se advierte que los actos reclamados en este juicio y en el diverso 318/2022 del índice de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, corresponden a los mismos quejosos, autoridades responsables y actos reclamados; en consecuencia, es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la invocada causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Funda lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 298, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, del Apéndice de 2011, Quinta Época, con registro 1002341, cuyo tenor literal es: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Así como la tesis del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se invoca por identidad de razones jurídicas, visible a fojas 3029, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2019187, cuyo rubro y texto son: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia- , y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." En tales condiciones, al actualizarse la invocada causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, se sobresee en el presente juicio para la protección de derechos fundamentales, de conformidad con el arábigo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Es conveniente mencionar que algunos de los criterios jurisprudenciales que se han invocado en este acuerdo, no se oponen a la ley reglamentaria vigente, por lo que se aplicaron con sustento en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo. La decisión que se asume de modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, ni que en todo caso deba emitirse un pronunciamiento sobre la litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las determinaciones judiciales respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. Al respecto, son aplicables, en lo conducente, las tesis sostenidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 530 y 525, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registros 2002359 y 2002286) de rubros y textos siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". Esto es, en términos de lo que dispone el artículo 1° constitucional, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, para efectuar el control de los actos de autoridad que constitucional y legalmente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgado federal, es que se analizó el juicio de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Notifíquese en términos de ley.
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