Yessica Ivone Mendoza Mendoza

Expediente 331/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
331/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
04/07/2019

Partes del expediente

  • Director del Hospital Civil "Dr. Miguel Silva"
  • Yessica Ivone Mendoza Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo III-331/2019 promovido por Yessica Ivone Mendoza Mendoza a favor de Diego Mendoza Duque, contra actos del Secretario de Salud en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otra autoridad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Por otro lado, se hace constar y se certifica que el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de catorce de mayo de dos mil diecinueve a efecto de que manifestara si se encontraba conforme con el tratamiento conservador otorgado por las autoridades responsables en relación a la atención de su padecimiento, o si insistía en que se concretara su referencia a un hospital de alta especialidad para la práctica de algún procedimiento quirúrgico, comenzó a correr el veintitrés y feneció el veintisiete del mes y año en cita, sin que hubiese hecho manifestación alguna al respecto. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; asimismo, se hace efectivo el apercibimiento formulado a la parte quejosa mediante proveído de catorce de mayo del año en curso, por lo que se entiende que se encuentra conforme con el tratamiento conservador que ha recibido por parte de las autoridades responsables en relación a su padecimiento. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por el Apoderado de la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico y por ende representante legal del Director del Hospital General "Doctor Miguel Silva", ambos con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en copia certificada del expediente clínico del paciente Diego Mendoza Duque. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que únicamente los formuló la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita mediante pedimento 190/2019, presentado el veintiséis de abril de dos mil diecinueve. EL JUEZ: Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución.V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 31/2019-III promovido por Diego Mendoza Duque contra actos del Secretario de Salud en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de marzo del actual ante el Secretario en guardia de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, compareció Yessica Ivone Mendoza Mendoza a promover demanda de amparo en nombre de Diego Mendoza Duque, en contra de actos del Secretario de Salud en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, en los términos siguientes: "De la autoridad responsable denominada Secretario de Salud del Estado de Michoacán, reclamo la omisión de girar instrucciones a su estructura orgánica para salvaguardar la vida y la integridad física de mi abuelo el señor Diego Mendoza Duque, así mismo reclamo la omisión de preservar la vida y la integridad física de mi abuelo. Reclamo del Director del Hospital Civil 'Dr. Miguel Silva', la omisión para preservar y garantizar el derecho humano a la protección de la salud en favor de mi abuelo el señor Diego Mendoza Duque, el violentar el derecho humano a brindar el goce más alto de salud posible en favor de mi abuelo." En ese ocurso la promovente narró los antecedentes del caso y señaló como violados en perjuicio del quejoso directo los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante auto de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, se ordenó formar el expediente 331/2019-III y en el mismo proveído se decretó la suspensión de plano de los actos reclamado solicitando el informe respectivo a las autoridades señaladas como responsables y postergándose la admisión de la demanda, hasta en tanto se obtuviera la ratificación del quejoso directo. Así, una vez acontecido lo anterior ante el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante auto de veintisiete del mes y año mencionados, se admitió a trámite la demanda de garantías respecto de los actos reclamados y por las autoridades señaladas como responsables; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Finalmente, después de varios diferimientos, en el día y hora señalados para tal efecto, tuvo lugar la audiencia constitucional de mérito en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que la parte quejosa reclama actos de autoridades administrativas, cuyos efectos tienen repercusión dentro del ámbito territorial en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. De igual manera, resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a las autoridades responsables, consiste en: La falta de atención médica integral conforme al padecimiento que presenta -politraumatizado, traumatismo craneoencefálico y fractura completa de pelvis y acetábulo izquierdo-. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el apoderado jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud de Michoacán, estos por sí y en cuanto superior jerárquico y representante legal del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", dependiente de los Servicios de Salud Michoacán y de la Secretaría de Salud Michoacán, negó el acto que dentro del ámbito de sus atribuciones se atribuyó a cada una de las autoridades responsables antedichas. No obstante, es el caso que, conforme al informe que recayó a la suspensión de plano y las propias constancias que fueron allegadas a este sumario, se advierte la existencia del acto reclamado. Documentales anteriores a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335. De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. Del artículo citado, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, de manera que se destruyan todas sus consecuencias en forma total e incondicional de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Improcedencia que se justifica debido a que el examen constitucional se volvería ocioso frente a la paralización o destrucción del acto de autoridad, por lo que en tal aspecto la justicia federal se torna innecesaria. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia Emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Tesis de jurisprudencia 59/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 210, tesis 2a./J. 9/98, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. [Lo subrayado es propio]. Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dispone: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Amparo en revisión 2929/57. Esteban García A. 15 de enero de 1958. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Jesús Toral Moreno. Revisión fiscal 232/55. Enrique Escalante Patrón y coags. 24 de febrero de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Manuel Rodríguez Soto. Amparo en revisión 4882/54. Compañía Maderera de Campeche, S.A. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega. Revisión fiscal 333/55. Óscar Osorio M. y coags. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega. Amparo en revisión 20/97. Carlos Quevedo Procel. 9 de julio de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Tesis de jurisprudencia 9/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano. En el caso concreto, se recuerda que el acto reclamado se hace consistir en la falta de atención médica integral conforme al padecimiento que presenta el quejoso directo -politraumatizado, traumatismo craneoencefálico y fractura completa de pelvis y acetábulo izquierdo-. De las constancias remitidas por las autoridades responsables se colige que, en principio, el pasado diez de marzo del año en curso Diego Mendoza Duque fue ingresado al área de urgencia del Hospital Civil "Doctor Miguel Silva", con motivo de diversas lesiones ocasionadas por un vehículo de automotor, con más de veinticuatro horas de evolución y diagnóstico inicial de fractura de acetábulo izquierdo, por lo que al ingresar al citado nosocomio se le practicó la valoración médica pertinente. Además, es de destacarse que dentro del expediente clínico respectivo, obran las notas médicas levantadas por el personal de salud el once y doce de marzo, respectivamente, donde se observa la valoración inicialmente efectuada por el médico general y el especialista en traumatología y ortopedia, quien quedó en la espera de la tomografía con reconstrucción en 3D de acetábulo, además de interconsulta a medicina interna y de urología, para proceder, en su caso, a la valoración integral del paciente a través de una intervención quirúrgica. Posteriormente, el trece de marzo del año en curso el paciente fue valorado por el personal de psiquiatría, quien prescribió aumento en el tratamiento con quetiapina, en espera de la evolución. El diecinueve del mes y año mencionados se practicó la valoración correspondiente por el personal de neurocirugía, sin que se observara alteración neurológica, por lo que se ordenó su alta por parte de dicha área especialista. El veinte siguiente el paciente fue valorado de nueva cuenta por los especialistas en traumatología y ortopedia, quienes consideraron el tratamiento quirúrgico a base de reducción abierta y osteosíntesis, quedando pendientes de la información preoperatoria para programar la cirugía. El veintiuno de marzo se efectúo la valoración del área de psiquiatría, con diagnóstico delirium hipercinético, prescribiendo en ese momento las dosis de medicamento necesarias. El veintidós de marzo el personal de traumatología asentó la imposibilidad de programar alguna intervención quirúrgica, dada la existencia de tres pascientes previos, por lo que se decidió el envío del paciente al primer nivel de atención para otorgar la referencia correspondiente. El veintitrés posterior el mismo personal de traumatología y ortopedia dieron a conocer a los familiares del paciente su posible traslado al hospital de especialidad en León, Guanajuato, para continuar con el tratamiento. A pesar de la referencia aludida, el paciente continuó en el nosocomio, particularmente, el veinticinco de marzo en la nota médica de evolución se asentó la necesidad de su intervención quirúrgica en un hospital de especialidad, cambiando en ese momento el diagnóstico a consolidación vicioisa por lo que se requería osteotomía correctora; no obstante lo anterior, las autoridades sanitarias optaron por brindar el tratamiento conservador al paciente hasta en tanto se obtuviera respuesta sobre su traslado. De nueva cuenta, el veintiséis siguiente el área de traumatología y ortopedia llegó a la conclusión de que las mejores opciones de tratamiento lo era el conservador o el envío al hospital de alta especialidad en León, Guanajuato, para determinar tratamiento quirúrgico; por esta razón, en esta propia fecha, los familiares del paciente aceptaron su traslado al tercer nivel de atención. En la nota médica de veintiocho de marzo del año en curso se asentó el rechazo de la referencia de que se trata por el Hospital General de León; por tal motivo, los médicos tratantes otorgaron el tratamiento conservador que hasta ese momento se le había brindado al paciente. De esta manera, el veintinueve siguiente nuevamente se informó a los familiares del tratamiento conservador a base de tracción esquelética continua, por lo que, a pesar del alta vigente del paciente en el área de traumatología y ortopedia, se les hizo saber los riesgos potenciales de permanecer en el nosocomio. Finalmente, el dos de abril de dos mil diecinueve se continuó con el tratamiento mencionado, presentando recuperación parcial del estado de alerta, en esa fecha se otorgó alta de los servicios de neurocirugía, cirugía general, además, se informó a los familiares de las indicaciones médicas necesarias y la cita para traumatología y ortopedia para el día veintiséis de abril de la presente anualidad. Como se observa, de lo anterior se colige que las autoridades responsables han otorgado de manera constante la atención médica a su disposición para el tratamiento de su padecimiento y su evolución. Además, si bien es cierto que se asentó la necesidad de que el aquí quejoso fuera intervenido quirúrgicamente por una institución de alta especialidad, la referencia formulada por las autoridades aquí responsables, fue denegada por una diversa autoridad sanitaria, virtud de no encontrarse dentro del catálogo de servicios. No obstante tal circunstancia, se considera que este último actuar no puede ser atribuido a las autoridades responsables, de ahí que por auto de catorce de mayo de dos mil diecinueve este órgano jurisdiccional requiriera al quejoso para que manifestara si era o no su deseo señalar como autoridad responsable al Director de Especialidades de León, Guanajuato, y así incorporarlo a esta litis constitucional. Así, toda vez que en el término legal concedido el impetrante no realizó manifestación alguna, además de que tampoco hizo alegación sobre el tratamiento conservador brindado por las autoridades responsables, se considera que el acto reclamado ha cesado en sus efectos. Es de esta manera porque como quedó detallado, las autoridades sanitarias brindaron la atención médica de medicina general, psiquiatría, neurocirugía, traumatología y ortopedia, para asegurar el derecho a la salud del aquí quejoso, de manera que éste incluso presentó mejoría con el tratamiento conservador, dándose de alta de manera definitiva el pasado dos de abril de dos mil diecinueve. En esta medida, se estima que con el actuar de las autoridades responsables el acto reclamado ha cesado en sus efectos, de manera que las cosas han regresado al estado que guardaban hasta antes de la violación alegada, sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del particular, como si se hubiera concedido el amparo; actualizándose la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; consecuentemente, lo que procede es SOBRESEER el presente juicio de amparo promovido por Diego Mendoza Duque, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Diego Mendoza Duque, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy fe.-

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. REMITE CONSTANCIAS SOLICITADAS. Con vista a las partes, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, suscrito por el apoderado de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, éstos por sí y en cuanto superior jerárquico y por ende representante legal del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", mediante el cual remite las constancias que le fueron solicitadas mediante oficio 6809, de catorce de mayo del año en curso; documentales que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.Jso.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de mayo de dos mil diecinueve. ESTADO DE LOS AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente el informe justificado rendido por el Apoderado de la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico y por ende representante legal del Director del Hospital General "Doctor Miguel Silva", ambos con sede en esta ciudad, en el cual refiere que el veintiséis de abril de dos mil diecinueve se citó al quejoso Diego Mendoza Duque para consulta externa en traumatología y ortopedia con el médico tratante, sin que al día de hoy obre constancia de la valoración médica efectuada en esa data. Consecuentemente, requiérase a las autoridades responsables en cita, por conducto de su apoderado, a efecto de que remitan copia certificada de la nota médica levantada con motivo de dicha consulta externa, así como de toda aquella documentación inherente al expediente clínico del paciente aquí quejoso Diego Mendoza Duque, posterior al dos de abril del año en curso; apercibido que de no hacerlo o no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. SE REQUIERE A LA PARTE QUEJOSA. Por otra parte, toda vez que de las constancias que hasta este momento obran en autos, se observa que el Hospital de Especialidades de León, Guanajuato, negó la referencia para el servicio de traumatología y ortopedia, signada por el Doctor Lenin Hernández Flores; además, que el quejoso egresó de la hospitalización el dos de abril del presente año, bajo el tratamiento conservador prescrito por los médicos tratantes -a partir del cual al parecer presenta mejoría-; requiérase a la parte promovente para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que quede notificada del contenido del presente proveído, manifieste bajo protesta de decir verdad: 1.- Si hasta el momento se encuentra conforme con el tratamiento conservador que le han otorgado las autoridades responsables para atender su padecimiento, de manera que manifieste si insiste o no en que se concrete la referencia a un hospital de alta especialidad, específicamente, para que, de ser necesario, se le practique algún procedimiento quirúrgico. 2.- En caso de insistir en la referencia para la práctica de tratamiento quirúrgico, entonces deberá indicar si es su deseo señalar como autoridad responsable al Director del Hospital de Especialidades de León, Guanajuato, respecto de la negativa al servicio referenciado. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo concedido, se entenderá que se encuentra conforme con el tratamiento conservador que hasta el momento le han brindado las autoridades responsables. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

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