Ydelfonso o Idelfonso Espinosa Cortés
Expediente 1064/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1064/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 02/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ydelfonso o Idelfonso Espinosa Cortés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
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Morelia, Michoacán, dos de mayo de dos mil veintidós. ACUSE RECIBO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, suscrito por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso comunicado 7573 de este índice, por medio del cual se le comunicó que la sentencia emitida en autos causó ejecutoria, asimismo de los autos originales de las diligencias de jurisdicción voluntaria 113/2021 y el toca I-241/2021. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, dieciocho de abril de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. VISTOS; por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa que es a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución de veintiocho de febrero del año en curso, en la que por una parte se NEGÓ el juicio de amparo promovido por Ydelfonso Espinosa Cortés o Idelfonso Espinosa Cortés o Cortez, por conducto de su apoderado Mario Ordaz Rodríguez; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase la devolución de los dos tomos de pruebas que la autoridad responsable Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, adjuntó a su informe, consistente en las documentales consistentes en los autos originales de las diligencias de jurisdicción voluntaria 113/2021 y el toca I-241/2021, sin ser necesario acuse de recibo de las mismas, toda vez que el sello de recepción hace las veces de acuse de estilo. ARCHIVO. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. Juicio de amparo I-1064/2021 En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo y el original del incidente de suspensión, son SUSCEPTIBLES DE DEPURARSE, en razón de haberse negado el amparo y protección de la justicia federal y concedido la suspensión provisional y definitiva solicitadas; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio principal y el original del incidente. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiéranse los expedientes a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. DESTINO DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. PROMOCIÓN Finalmente, agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta firmado electrónicamente por Julio César Alfaro Gil, autorizado del tercero interesado Rafael Ojeda Rubio, por medio del cual solicita se cause ejecutoria la sentencia emitida el veintiocho de febrero del año actual, lo cual en esta data se proveyó al respecto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. SOLICITA CAUSE EJECUTORIA Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta firmado electrónicamente por Julio César Alfaro Gil, autorizado del tercero interesado Rafael Ojeda Rubio, por medio del cual solicita se cause ejecutoria la sentencia emitida el veintiocho de febrero del año actual. Sin embargo, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad a lo solicitado, toda vez que para la parte quejosa, aún se encuentra transcurriendo el termino de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la resolución dictada en este expediente, ello tomando en cuenta que dicho fallo le fue notificado de manera personal el diecisiete de marzo del presente año. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 1064/2021-I, promovido por Mario Ordaz Rodríguez, apoderado jurídico de Ydelfonso Espinosa Cortés o Idelfonso Espinosa Cortés o Cortez, contra actos del: Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Mario Ordaz Rodríguez, apoderado jurídico de Ydelfonso Espinosa Cortés o Idelfonso Espinosa Cortés o Cortez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y la autoridad responsable que precisó en los siguientes términos: "(.) III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Le resulta tal carácter al Magistrado de la Segunda Sala Civil Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; (.) IV. ACTO RECLAMADO: La resolución de data 18 dieciocho de octubre de 2021 dos mil veintiuno, y mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por el señor RAFAEL OJEDA RUBIO, por sí y en cuanto a Albacea Definitivo de la Sucesión Legítima Intestamentaria a bienes de la señora DELFINA RUBIO MELGOZA en contra del auto de fecha 13 trece de julio de 2021 dos mil veintiuno; dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, dentro de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria número 113/2021, y que para acreditar hechos, promoviera YDELFONSO ESPINOSA CORTÉS también conocido como IDELFONSO ESPINOSA CORTÉS. (.)." Actos que el promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de garantías que se atiende; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación; asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual fue celebrada el seis de enero de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 20/2021 del propio Pleno. Igualmente se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra actos emitidos en un asunto de naturaleza civil, que tienen ejecución dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción; esto es, esta ciudad de Morelia, Michoacán. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable, es el siguiente: La resolución de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, emitida dentro del Toca I-241/2021, por la que se revocó el proveído de trece de julio de dos mil veintiuno, dictado dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 113/2021, de la estadística del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, que promovió Ydelfonso Espinosa Cortés o Idelfonso Espinosa Cortés o Cortez, sobre rectificación de medidas, linderos y superficie, respecto de un inmueble identificado como "Cerro de en medio", ubicado en la tenencia de Villa Mendoza, municipio de Purépero, Michoacán, para ahora tener al aquí tercero con interés Rafael Ojeda Rubio, en su calidad de albacea definitivo de la sucesión a bienes de Delfina Rubio Melgoza, por opuesta a las citadas diligencias, concediéndole término para que presente la demanda respectiva, bajo apercibimiento de declarar infundada su oposición y continuar los tramites conducentes. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto que le fue atribuido. Tales afirmaciones se corroboran con las constancias consistentes los originales de las diligencias de jurisdicción voluntaria 113/2021, de la estadística del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, así como los originales del Toca I-241/2021 del índice del Magistrado responsable, que la referida autoridad acompañó a su informe justificado. Medios de convicción que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo tanto, se tiene por probada la existencia del acto que en esta vía constitucional es reclamado a la autoridad señalada. CUARTO. Inexistencia de causal de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. Resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En ese sentido, al no haberse hecho valer alguna causal de improcedencia que deba ser analizada por el suscrito; y, considerando que este juzgador no advierte de manera oficiosa la actualización de alguna hipótesis que torne improcedente el presente juicio, lo que se impone es realizar el examen del fondo del asunto, dando respuesta a los conceptos de violación formulados. QUINTO. Transcripción innecesaria de los conceptos de violación. De inicio, este juzgado federal estima innecesario transcribir los conceptos de violación, por considerarse que para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad exigidos por la Ley de Amparo, basta cumplir con tales requisitos al realizar el examen de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Estudio del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de garantías, se desprende que el promovente de la protección constitucional aduce medularmente que la resolución de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, emitida por la sala responsable, dentro del toca I-241/2021, es contraria a derecho por los siguientes motivos: I. Transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica en la medida que al revocarse el auto apelado para admitir la oposición presentada Rafael Ojeda Rubio en su carácter de albacea definitivo de la sucesión a bienes de Delfina Rubio Melgoza, se afectan las reglas del procedimiento porque ésta es extemporánea; II. No basta con que el apelante demostrara la existencia de un interés jurídico en la causa para revocar el auto apelado, sino que era necesario que su oposición de ajustará al plazo de tres días a que se refiere el numeral 109, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, de Ocampo. Anteriores circunstancias por las cuales el promovente de amparo, solicita a este juzgado que conceda el amparo y protección de la justicia de la unión. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso por los motivos que se exponen a continuación. Para un correcto entendimiento del asunto, conviene señalar que de la revisión de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtienen los siguientes antecedentes: Ydelfonso Espinosa Cortés o Idelfonso Espinosa Cortés o Cortez, promovió diligencias de jurisdicción voluntaria sobre rectificación de medidas, linderos y superficie, respecto de un inmueble identificado como "Cerro de en medio", ubicado en la tenencia de Villa Mendoza, municipio de Purépero, Michoacán; el conocimiento de dichas diligencias le correspondió al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, el que la registró con el expediente 113/2021, la admitió a trámite, y posteriormente, el trece de julio del mismo año, emitió un auto en el que determinó lo siguiente: "Visto el ocurso de cuenta que antecede, dígase al ciudadano RAFAEL OJEDA RUBIO, que no ha lugar a proveer de conformidad lo por él pedido, es decir, a tenerle por oponiéndose al trámite de las presentes diligencias, toda vez que, aun y cuando justifica ser albacea definitivo de la sucesión a bienes de la señora DELFINA RUBIO MELGOZA, no justifica que ella sea parte del presente asunto, pues como él mismo lo refiere, el colindante señalado por el promovente del presente asunto por el viento norte del predio materia de las presentes diligencias lo es los herederos de Elías Ojeda y no los herederos de Delfina Rubio Melgoza, de ahí lo antes resuelto. (.).". Inconforme con la anterior determinación, el ahora tercero con interés interpuso promovió recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien lo registró bajo el toca I-241/2021; y, una vez agotada la secuela procesal correspondiente, el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dictó sentencia en la que determinó lo siguiente: "[.] Los descritos agravios devienen esencialmente fundados y suficientes para revocar el auto apelado, según se pondrá de relieve a través de las consideraciones siguientes: Para justificar la anterior determinación se estima menester hacer una relación de las principales actuaciones que precedieron a la emisión del acuerdo, materia de este recurso de apelación y que, a saber, son las siguientes: [.] En ese contexto jurídico, esta Sala estima, como se anticipó, los motivos de disenso vertidos por el recurrente, en su calidad de albacea definitivo de la sucesión a bienes de Delfina Rubio Melgoza, devienen esencialmente fundados. En principio, es indispensable acotar que el examen de legalidad del proveído impugnado se verificará teniendo en cuenta que el gestionante acudió a manifestar su oposición con el trámite de rectificación de medidas y linderos aludido, precisando que lo hacía en dos calidades, la primera por propio derecho y, la segunda, en cuanto albacea definitivo de la sucesión a bienes de Delfina Rubio Melgoza. En este panorama jurídico, cabe decir, la manifestación de oposición anotada, formulada por Rafael Ojeda Rubio, por sí, deviene improcedente, virtud a que como se evidenció con la sinopsis procesal descrita en esta ejecutoria (III), él acudió al procedimiento y se hizo sabedor de su substanciación desde el día 20 veinte de abril de este año, a cuyo escrito el juez no acordó en cuanto al fondo de sus manifestaciones al estimar que carecía de carácter reconocido en el trámite. Ahora bien, el auto donde así lo resolvió se encuentra consentido, pues al respecto el citado compareciente no lo combatió, lo cual tiene como efecto jurídico que la decisión del juez primigenio de no reconocerle ningún carácter a Rafael Ojeda Rubio acarrea como consecuencia que así deba tenerse, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Aunado a ello, el hecho de que haya instado en este procedimiento, constituye evidencia del conocimiento que, en lo particular, tuvo de la substanciación de estas diligencias de jurisdicción voluntaria, lo que permite a este tribunal ad quem determinar que, a partir de ese momento, le corrió el término para exponer su deseo de oponerse al trámite, sin que aparezca de autos lo hubiese realizado dentro de los plazos legales, esto, porque si bien la legislación adjetiva civil no prevé un término en el que la parte convocada a un procedimiento voluntario, o enterado del mismo, pueda manifestar su oposición, entonces debe entenderse que, en este supuesto, el ejercicio de ese derecho opositor debe verificarse dentro del parámetro temporal fijado como regla general contemplada en el ordinal 109, fracción IV , del enjuiciamiento civil, es decir, dentro de los tres días siguientes a que manifiesta estar enterado de su tramitación. Luego, si como se patentizó, ello ocurrió el día 20 veinte de abril de 2021 dos mil veintiuno, y Rafael Ojeda compareció a manifestar su oposición, por sí, hasta el 12 doce de julio del mismo año, palmariamente su planteamiento es extemporáneo. Razón por la cual, esta alzada, al pronunciarse sobre el estudio de la legalidad del proveído rebatido, lo hará teniendo en consideración que la manifestación de oposición al trámite también fue formulado por la sucesión de Delfina Rubio Melgoza, por conducto del propio Rafael Ojeda Rubio, quien demostró ser el albacea definitivo, sucesión que por vez primera acude a estas diligencias hasta el 12 doce de julio pasado, haciendo evidente su intención de oponerse a la pretensión del gestionante de la rectificación de medidas y linderos. En esta línea de pensamiento, tenemos que los puntos de desacuerdo son fundados, cuenta habida que, como atinadamente lo arguye, el juez de primera instancia indebidamente consideró que la sucesión no había justificado tener calidad de colindante del predio sujeto a rectificación de medidas, lo cual, ciertamente es incorrecto, toda vez que el representante de la sucesión referida, además de allegar la instrumental pública con la que demuestra la existencia de la sucesión intestamentaria a bienes de Delfina Rubio Melgoza y acreditar el carácter con que acude a este procedimiento, también adjuntó una copia legalizada de la escritura identificada con el número 1457 mil cuatrocientos cincuenta y siete, del tomo 286 doscientos ochenta y seis, con registro 47,492 cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa y dos, elaborada por el entonces juez municipal, que actúa en funciones de notario público, y que data del 29 veintinueve de diciembre de 1936 mil novecientos treinta y seis. Probanza esta última, que sin prejuzgar sobre su eficacia probatoria, es suficiente para evidenciar que en la fecha precisada, el señor Elías Ojeda Martínez celebró un contrato de compraventa por medio del cual Delfina Rubio Melgoza obtuvo la propiedad de un bien inmueble rústico, denominado "el cerro de en medio", ubicado en la tenencia Villa Mendoza, municipio de Purépero, Michoacán. De donde se sigue, si el bien raíz que es materia de las diligencias de jurisdicción voluntaria tiene la misma denominación y ubicación que el propiedad de la autora de la sucesión en comento, del que el albacea apelante está exhibiendo el título de propiedad, haciendo la aclaración de que su padre Elías Ojeda Martínez dejó de ser colindante virtud a la enajenación que en el año de 1936 mil novecientos treinta y seis hizo a favor de Delfina Rubio Melgoza, y ser aquél a quien el promovente de las diligencias de jurisdicción voluntaria reconoce la calidad de colindante, ello es suficiente para estimar que la sucesión de quien a la postre sustituyó al colindante originario, sí tiene interés para actuar dentro de la presente rectificación de medidas pues, se insiste, sin prejuzgar sobre la idoneidad de las pruebas, hay datos objetivos suficientes que permiten inferir la existencia del interés jurídico de la sucesión para instar en este procedimiento manifestando su intención de oponerse a su tramitación, en términos de lo dispuesto en el artículo 1157 del cuerpo de leyes en cita, y para ello, no solo manifestó su deseo de oponerse, sino que acreditó el interés para hacerlo acompañando las pruebas relativas. Sirve de orientación, por analogía, a lo antes considerado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercero Circuito, de la literalidad siguiente: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, OPOSICIÓN A LAS DILIGENCIAS DE. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO EXIGE DILACIÓN PROBATORIA EN LA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). (.)" No estimarlo de ese modo, implicaría, ciertamente, vulnerar el derecho humano de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al quedar evidenciado interés jurídico de la sucesión gestionante, debe entenderse que debe tener acceso a la jurisdicción en los términos y plazos legalmente fijados para ello. Corolario de lo expuesto, lo que procede es revocar el auto apelado, el que desde ahora deberá regirse conforme a la redacción siguiente: "Visto el ocurso de cuenta, dígase al ciudadano RAFAEL OJEDA RUBIO, que no ha lugar a proveer de conformidad lo por él pedido, por propio derecho, toda vez que consta de autos que desde el 20 veinte de abril del presente año, ya había comparecido a este trámite y en el proveído que recayó a su petición le fue negado carácter para actuar en este procedimiento, por lo que al estar firme esa determinación, la misma continúa surtiendo sus efectos legales, a más de que su planteamiento es extemporáneo, pues si desde entonces estaba enterado de su substanciación, su intención de oponerse formulada el 12 doce de julio pasado, supera en demasía los 3 tres días con que contaba para hacerlo, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Por otra parte, teniendo en cuenta que la sucesión intestamentaria radicada a bienes de Delfina Rubio Melgoza, representada por su albacea definitivo, Rafael Ojeda Rubio, quien justifica tener esa calidad con la copia certificada del aludido juicio sucesorio, adjunta al escrito donde manifiesta su oposición al trámite de rectificación de medida, copia legalizada de la escritura pública número 1457 mil cuatrocientos cincuenta y siete, del tomo 286 doscientos ochenta y seis, con registro 47,492 cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa y dos, elaborada por el entonces juez municipal, que actúa en funciones de notario público, y que data del 29 veintinueve de diciembre de 1936 mil novecientos treinta y seis, documental pública de la cual, sin prejuzgar sobre su eficacia probatoria, se estima suficiente para evidenciar que en la fecha precisada, el señor Elías Ojeda Martínez celebró un contrato de compraventa por medio del cual Delfina Rubio Melgoza obtuvo la propiedad de un bien inmueble rústico, denominado "el cerro de en medio", ubicado en la tenencia Villa Mendoza, municipio de Purépero, Michoacán. Elementos los anteriores que devienen aptos para estimar que la citada sucesión tiene interés jurídico para exponer su oposición. Consecuentemente, se le tiene por oponiéndose a la tramitación de las presentes diligencias de jurisdicción voluntaria, lo que hace en la forma y términos de su ocurso de cuenta, razón por la cual el presente negocio se declara contencioso y se sujetará a los trámites establecidos para el juicio que corresponda; por tanto, se concede a la sucesión opositora el término de 8 ocho días para que presente la demanda respectiva, apercibido que de no hacerlo, a petición del promovente de esas diligencias, se declarará infundada la oposición y continuarán las diligencias para los trámites establecidos, esto con fundamento en el artículo 1157 del enjuiciamiento civil, lo que se ordena NOTIFICAR PERSONALMENTE para los efectos legales conducentes. Derivado de lo anterior, se suspende el desahogo de la prueba de inspección judicial decretada en el presente trámite voluntario. (.)" (.) Así, y con apoyo además en los artículos 572, 573, 574, 575, 576, 682 y relativos de la ley instrumental del ramo, se resuelve: PRIMERO. Esta Sala resultó competente para conocer y resolver el presente recurso. SEGUNDO. Los motivos de agravio vertidos por Rafael Ojeda Rubio, en su calidad de albacea definitivo de la sucesión a bienes de Delfina Rubio Melgoza, resultaron esencialmente fundados; en consecuencia, TERCERO. Se revoca el auto apelado, el que desde ahora deberá guardar la redacción contenida en el último apartado del Considerando TERCERO de esta ejecutoria. CUARTO. No se hace condena en costas por la tramitación de esta instancia." Resolución que constituye la materia de reclamo en esta instancia de control constitucional. Establecido lo anterior, debe señalarse que son infundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa; y, por otras razones, la resolución reclamada debe permanecer incólume. En ese sentido, debe precisarse que la materia de la litis constitucional se constriñe a determinar medularmente si tratándose de la oposición presentada en materia de diligencias de jurisdicción voluntaria, ¿existe o no un término para externar tal inconformidad?; igualmente, deberá responderse si: ¿es necesario acreditar un interés jurídico o legitimo para hacer uso de este derecho?. Sobre las interrogantes planteadas son ilustrativos los numerales 1153, 1156, 1157 y 1158 del Código Federal de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, que son del tenor siguiente: "Artículo 1153. La jurisdicción voluntaria, o vía de autorización, comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del Juez sin que se haya promovido ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Por tal motivo, a solicitud de los interesados y en auxilio a la administración de justicia, el Juez podrá autorizar al notario público propuesto para que conozca del asunto y resuelva lo conducente, asegurándose de que los actos se realicen conforme a la normatividad que rige la materia de que se trate precisando las acciones a seguir, de manera análoga a la normatividad procesal respectiva, interpretándola de manera sistemática y funcional exclusivamente para la actuación del notario público. El notario público, en caso de que exista o se presente controversia o contradicción entre partes, regresará el asunto al Juez respectivo de inmediato. Las actuaciones notariales en materia de jurisdicción voluntaria serán notificadas al Juez que haya autorizado, para efectos de su registro en el expediente respectivo." "Artículo 1156. Se admitirán cualesquiera documentos que se presentaren e igualmente las justificaciones que ofrecieren, sin necesidad de citación ni de ninguna otra solemnidad." "Artículo 1157. Si a la solicitud promovida se opusiere alguno que tenga derecho para hacerlo, el negocio se hará contencioso y se sujetará a los trámites establecidos para el juicio que corresponda. El Juez, al declarar contencioso el asunto, señalará un término de ocho días al opositor para que presente su demanda. Si no lo verificare dentro del término establecido, a petición del promovente, se declarará infundada la oposición y continuarán las diligencias de jurisdicción voluntaria sus trámites." "Artículo 1158. Si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés para ello, el Juez la desechará de plano Igualmente desechará las oposiciones presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, reservando el derecho al opositor. " Como se observa de los numerales transcritos, las diligencias de jurisdicción voluntaria comprenden los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del Juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. En caso de oposición por quien tenga personalidad e interés jurídico para hacerla, el negocio se hará contencioso, para lo cual, se sujetará a los términos establecidos para el juicio que corresponda y el Juez, al declarar contencioso el negocio, señalará al opositor un término de ocho días para que presente su demanda, con la penalidad que de no hacerlo en dicho término, ésta se declarara infundada continuándose con el trámite de las diligencias. Lo relevante de este tipo de procedimientos es que: I.- La legislación de la materia no contempla expresamente un término para ejercitar el derecho de oposición; y, II.- Si el opositor (quien se estime afectado con las diligencias de jurisdicción voluntaria) justifica ante el juez de las diligencias su derecho para oponerse -interés jurídico o legítimo-, tal oposición implica la promoción de una controversia que no puede resolverse en diligencias de jurisdicción voluntaria. Ello requiere de un debate contradictorio, con audiencia y debida citación de la parte interesada, lo que obliga al juzgador que conozca de éstas a pronunciarse en un primer momento, sobre si reconoce el carácter e interés que aduce el opositor, para entonces, cerrar las diligencias y volverlas contenciosas, otorgando el término que dispone la ley al opositor para formular la demanda que corresponda, bajo la penalidad prevista en la ley. Las anteriores afirmaciones se realizan en la medida que si bien es cierto que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, no establece plazo determinado por un número de días para que la parte legítima plantee su oposición al trámite de las diligencias de jurisdicción voluntaria, debemos tener presente el artículo 1158 del mismo cuerpo normativo, que señala: "Si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés para ello, el Juez la desechará de plano, igualmente desechara las oposiciones presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, reservando el derecho al opositor", esto es, al no establecer prohibición expresa, bajo el principio de legalidad, dicho numeral implícitamente determina que la oposición puede plantearse en cualquier momento, mientras no se dé el supuesto de haberse efectuado el acto motivo de la jurisdicción voluntaria. De tal manera que, si el artículo en comento, es la norma especial, debe prevalecer respecto de la general contemplada en el numeral 109, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, que señala el término de tres días que aduce el quejoso debe servir como guía para determinar la oportunidad de la oposición formulada, lo que es incorrecto, pues en todo caso, en la especie, opera el principio de especialidad de la ley. Máxime que dada la naturaleza de las diligencias de jurisdicción voluntaria (donde no se desarrolla propiamente un juicio donde las partes traban una controversia), es indudable que cualquier parte que estime alguna afectación a su esfera jurídica, en ejercicio de las garantías consagradas por los artículos 14 y 17 Constitucionales, tiene derecho de oponerse dentro del procedimiento como expresamente lo prevé en el artículo 1157 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo. Toda vez que una diligencia de jurisdicción voluntaria nunca podrá tener el alcance de fijar derechos y obligaciones que puedan afectar a un tercero que no haya sido previamente oído en juicio ajustado a las formalidades esenciales del procedimiento; de ahí que los argumentos esgrimidos por el quejoso en el sentido de que la determinación recurrida en esta sede constitucional transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica, porque el Magistrado responsable omitió considerar que la oposición presentada Rafael Ojeda Rubio en su carácter de albacea definitivo de la sucesión a bienes de Delfina Rubio Melgoza, es extemporánea, resulta infundado. Lo anterior porque lo que prevé la ley es que el opositor debe demostrar la existencia de un interés jurídico o legitimo -según sea el caso-, para poder manifestar su inconformidad con las diligencias y volverlas contenciosas, sin que se prevea un término para ejercitar tal oposición, pues estimar lo contrario supondría privilegiar formalismos procedimentales excesivos e injustificados sobre el derecho de acceso a la justicia. En todo caso, si eso hubiese querido el legislador, expresamente se encontraría dentro del capítulo relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria que las oposiciones a éstas deben plantearse en determinados días, y no dejarlo sujeto a interpretación. Por otra parte, siguiendo el nuevo parámetro de regularidad constitucional establecido en nuestro artículo 1° de la Carta Magna, la única interpretación permisible es aquella que otorga a las personas la protección más amplia, de suerte que en protección al principio de mayor beneficio, lo correcto es considerar que el derecho de acceso a la justicia es preferente y prioritario sobre un formulismo procedimental, pues incluso, esta interpretación es compatible con las formalidades esenciales del procedimiento que deben imperar en cualquier procedimiento en el que se puedan ver afectados derechos de terceros. Sirven de orientación a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las tesis sustentadas por la Tercera y Cuarta Sala del mismo órgano colegiado, de rubros y contenidos siguientes: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017). Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en el cual alegó que los artículos 91 y 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que prevén la resolución del recurso de revisión en sede administrativa, son contrarios al mandato previsto en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que no contemplan que se privilegie la resolución de fondo del asunto sobre los formalismos procedimentales. La Jueza de Distrito que conoció del asunto consideró que la disposición constitucional de referencia contiene una regla que confiere poder a la autoridad legislativa, mas no un derecho subjetivo público a favor de la persona, lo cual implica que hasta en tanto no se ejerza esa atribución por parte del Congreso de la Unión, a fin de adecuar las normas legales al texto del artículo 17 de la propia Constitución, las situaciones jurídicas imperantes en materia de resolución de recurso de revisión en sede administrativa no debían cambiar. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que a la entrada en vigor de la adición al artículo 17, tercer párrafo, contenida en el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, todas las autoridades judiciales y aquellas con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país deben privilegiar la resolución de fondo de los conflictos sometidos a su potestad sobre los formalismos procedimentales, siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes. Lo anterior, con independencia de que las normas que rigen sus procedimientos no establezcan expresamente dicha cuestión. Justificación: Del análisis de la reforma constitucional mencionada, se advierte que el Constituyente Permanente consideró que, para hacer frente a la problemática consistente en la "cultura procesalista", la cual genera que en el desahogo de una parte importante de asuntos se atiendan cuestiones formales y se deje de lado el fondo y, por tanto, sin resolver la controversia efectivamente planteada, debía adicionarse al artículo 17 constitucional, el deber de las autoridades de privilegiar, por encima de aspectos formales, la resolución de fondo del asunto. Se dijo, que este deber exige también un cambio en la mentalidad de las autoridades para que en el despacho de los asuntos no se opte por la resolución más sencilla o rápida, sino por el estudio que clausure efectivamente la controversia y la aplicación del derecho sustancial. Además, se precisó que la incorporación explícita de tal principio en la Constitución General pretende que éste permee el sistema de justicia a nivel nacional, es decir, que todas las autoridades judiciales y con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país se vean sometidas a su imperio, pero más allá de su obligatoriedad, reconozcan la razón y principio moral que subyacen a la adición al artículo 17 constitucional. Por lo anterior, esta Sala concluye que a la entrada en vigor de la referida adición, todas las autoridades jurisdiccionales deben privilegiar la resolución de los conflictos sometidos a su potestad, con independencia de que las normas que rigen sus procedimientos no establezcan expresamente dicha cuestión, puesto que del análisis teleológico de la reforma constitucional, se desprende la intención relativa a que este principio adicionado apoyara todo el sistema de justicia nacional para que las autoridades privilegiaran una resolución de fondo sobre la forma, evitando así reenvíos de jurisdicción innecesarios y dilatorios de la impartición de justicia." "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, OPOSICIÓN A LAS DILIGENCIAS DE, CUANDO AFECTAN DERECHOS DE TERCEROS (LEGISLACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI). Las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria "son actos fuera de juicio". Consecuentemente, dada la naturaleza de la jurisdicción voluntaria, donde no hay controversia entre partes, si las diligencias afectan los derechos de tercero, indudablemente este tiene derecho de oponerse dentro del procedimiento como expresamente lo prevé en el artículo 929 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí. Si la tramitación concluyó no por eso se debe considerar privado al tercero de sus derechos de manera definitiva, pues esa conclusión sería violatoria del artículo 14 constitucional, toda vez que el tercero resultaría privado de sus derechos sin haber sido previamente oído en juicio ajustado a las formalidades esenciales del procedimiento." "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, EFECTOS DE LAS DILIGENCIAS EN. Es indudable que por medio de las diligencias de jurisdicción voluntaria, no se fijan derechos ni obligaciones y, que, por tanto, quien resulte afectado a causa de esas diligencias no puede ser privado por virtud de las mismas de derecho alguno, respecto de los bienes a que aquéllas se refieran, pudiendo hacer valer esos derechos en cualquier tiempo, oponiéndose a la práctica de las repetidas diligencias, a fin de que si la oposición es fundada, la cuestión se resuelve mediante el juicio contencioso que corresponde." "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LA, NO CONSTITUYEN COSA JUZGADA. La resolución que aprueba unas diligencias en jurisdicción voluntaria, no constituye la verdad legal, puesto que no se dirime en tales diligencias una controversia del orden judicial." Tal conclusión se obtiene al margen de que no se compartan parte de las consideraciones argumentativas de la determinación combatida, en el sentido de que para oponerse a las diligencias se tiene un término de tres días, así como que bajo ese panorama temporal, fue inoportuna la oposición del aquí tercero interesado por propio derecho. Ello es, que precisamente por la naturaleza que tienen las diligencias de jurisdicción voluntaria, éstas son determinaciones que no constituyen cosa juzgada, puesto que en éstas no se dirime una controversia del orden judicial. De ahí que al no adquirir firmeza, es indudable que mientras no se concluya la materia de las diligencias, cualquier persona que se estime agraviada puede inconformarse en cualquier momento, previo acreditamiento de su interés jurídico o legítimo. Prueba de lo anterior es que incluso el numeral 594 de la propia norma procesal, prevé lo siguiente: "Artículo 594. Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva. Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que prevengan las leyes, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente." En suma, lo procedente es negar la protección constitucional instada por Mario Ordaz Rodríguez, apoderado jurídico de Ydelfonso Espinosa Cortés o Idelfonso Espinosa Cortés o Cortez, contra el acto que reclamó al Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Finalmente, como dato importante, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Mario Ordaz Rodríguez, apoderado jurídico de Ydelfonso Espinosa Cortés o Idelfonso Espinosa Cortés o Cortez, respecto del acto reclamado al Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando quinto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe, hoy veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
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